CE - 110010315000202300445011SENTENCIA20230504154154

Demandante: René Lozano Guerrero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-00445-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Radicación N.º: 11001-03-15-000-2023-00445-01

Demandante: RENÉ LOZANO GUERRERO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA , SALA TERCERA DE ORALIDAD Temas: Tutela contra providencia judicial – relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 9 de marzo de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta mediante la cual se negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 31 de enero de 2023 al buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, el señor René Lozano Guerrero, actuando a través de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Tercera de Oralidad , con el fin de que sean

web de la Secretaría General de esta Corporación, el señor René Lozano Guerrero, actuando a través de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Tercera de Oralidad , con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de ju sticia, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas.

2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión del fallo proferido por la autoridad demandada el 28 de octubre de 2022, mediante el cual se revocó la sentencia dictada por el Juzgado 30 de Oralidad del Circuito Judicial de Medellín, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 05001-23-33030-2017-00559-00/02, presentada por el actor contra la Administradora Colombiana de Pensiones (de ahora en adelante, Colpensiones) para, en su lugar,

negarlas.Demandante: René Lozano Guerrero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-00445-01

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1.2. Pretensión

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

En consecuencia, dejar sin efectos la SENTENCIA N° 307 del 28 de octubre del

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

En consecuencia, dejar sin efectos la SENTENCIA N° 307 del 28 de octubre del 2022 PROFERIDA POR LA SALA TERCERA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, en el proceso con radicado 05001 33 33 030 2017 00229 02, ordenándole a la accionada proferir sentencia de reemplazo, en donde se reconozca las pretensiones de la demanda y se ordene la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados por el accionante en el último año de servicios siendo estos: Asignación básica mensual, sobresueldo, Subsidio de alimentación, Auxilio de Transpo rte, Bonificación por servicios prestados, Prima de servicios, Prima de navidad, Prima de vacaciones y Sueldo de Vacaciones, todos cotizados y enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, haciendo primar la legalidad y el orden jurídico aplicable al caso concreto siendo este: el Parágrafo Transitorio N° 5 del Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 53 de la Constitución Política, el Artículo 96 de la Ley 32 de 1986, el Artículo 1° de la Ley 33 de 1985, el Artículo 4° de la ley 4° de 1966, el Artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, el Artículo 185 del Decreto 407 de 1994 y el Decreto 446 de 1994, tal y como lo ordenó el Juzgado 30 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en la d ecisión que resolvió la

407 de 1994 y el Decreto 446 de 1994, tal y como lo ordenó el Juzgado 30 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en la d ecisión que resolvió la primera instancia.1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor René Lozano Guerrero nació el 20 de septiembre de 1971. Trabajó en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (de ahora en adelante, INPEC) desde el 18 de agosto de 1993 hasta el 30 de septiembre de 2015 en el cargo de Dragoneante, es decir, por un periodo de 22 años, 1 mes y 12 días.

5. Mediante Resolución GNR 71285 del 3 de marzo de 2014, Colpensiones reconoció a favor del señor Lozano Guerre ro pensión de vejez, conforme con lo previsto en la Ley 32 de 1986.

6. Posteriormente, el actor solicitó al ente previsional la reliquidación de la pensión, con el fin de que la mesada se calculara a partir de una tasa de reemplazo del 75 % y con inclusión de la totalidad de factores salariales devengados en el último año de servicios, esto es, las primas de riesgo, navidad, de servicios, de capacitación y de seguridad, así como el auxilio de transporte, el subsidio de unidad familiar, el subsidio de alimentación, la bonificación de recreación y sobresueldo.

1 Transcripción del texto original con posibles errores.Demandante: René Lozano Guerrero

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad

familiar, el subsidio de alimentación, la bonificación de recreación y sobresueldo.

1 Transcripción del texto original con posibles errores.Demandante: René Lozano Guerrero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-00445-01

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7. A través de Resolución GNR 345052 de 2016, Colpensiones negó la solicitud del señor Lozano Guerrero. Contra esa decisión elevó recurso de apelación, pero se resolvió de manera desfavorable por Resolución VPB 45956 de 2016.

8. Inconforme con ello, el accionante interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y solicitó declarar la nulidad de aquellos actos administrativos y , en consecuencia, ordenar la reliquidación de su pensión en los términos ya descrit os. Lo anterior, en virtud de la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994, normas que, a su juicio, remiten a la Ley 33 de 1985 para efectos de la liquidación de la pensión.

9. El Juzgado 30 Administrativo de Oralidad de l Circuito Judicial Medellín, mediante sentencia del 1° de junio de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda . De tal forma, ordenó reliquidar la pensión especial de vejez reconocida al demandante con una tasa de remplazo del 75% del IBL del último año

de la demanda . De tal forma, ordenó reliquidar la pensión especial de vejez reconocida al demandante con una tasa de remplazo del 75% del IBL del último año de servicios y con inclusión de los factores salariales enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, sobre los cuales se realizaron los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

10. Señaló el a quo que la Ley 32 de 1986 no contempló los factores para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación allí regulada. Por tanto, según lo previsto en el artículo 114 de tal norma, era procedente la remisión, respecto de los aspectos no regulados, a las normas vigentes para los empleados públicos del orden nacional, esto es, a la Ley 33 de 1985.

11. No obstante, adujo que dicha disposición no era aplicable a los servidores cobijados por un régimen especial, como los servidores del INPEC, pues están excluidos de ello conforme con el artículo 1, inciso 24 de esta ley. En tal sentido, adujo que el Decreto 1045 de 1978 era el aplicable al demandante y, por tanto, para la liquidación de su pensión, se debían tener en cuenta el 75% del promedio devengado en el últ imo año de servicios, conforme con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 4.º de 1996.

12. Colpensiones presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Tercera de Oralidad en sentencia del 28 de octubre de 2022 . Mediante tal providencia revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Oralidad en sentencia del 28 de octubre de 2022 . Mediante tal providencia revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

13. La autoridad judicial afirmó que el demandante es beneficiario del régimen especial pues ingresó a trabajar al INPEC el 18 de agosto de 1993, esto es, antes de la vigencia del Decreto 2090 de 2003. Agregó que, si bien la Ley 32 de 1986 regula la pensión de jubilación para los trabajadores del INPEC, no consagró cuáles son los factores salariales que deben ser tenidos en cuenta para su liquidación. En este orden de ideas, argumentó que el artículo 114 de dicha ley previó la remisiónDemandante: René Lozano Guerrero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-00445-01

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a las normas vigentes aplicables a los empleados del orden nacional en aquellos aspectos no regulados.

14. Citó el artículo 1.º del Decreto 691 de 1994 y señaló que, conforme con dicha norma, entre los servidores del orden nacional incorporados al Sistema General de Pensiones a partir del 1.º de abril de 1994 figuran los empleados del INPEC. Precisó que, de acuerdo con la Corte Constitucional y el Consejo de Estado , los miembros del INPEC vinculados hasta el 27 de julio de 2003 estaban cobijados por el régimen de transición previsto por el Decreto 2090 de 2003. Añadió que, por tanto, su

del INPEC vinculados hasta el 27 de julio de 2003 estaban cobijados por el régimen de transición previsto por el Decreto 2090 de 2003. Añadió que, por tanto, su liquidación pensional se rige por lo establecido en los artículos 21 de la Ley 100 de 1993 y 114 de la Ley 32 de 1986, el parágrafo transitorio 5.º del Acto Legislativo 01 de 2005 y el Decreto 1950 del mismo año.

15. Puso de presente que en atención a tales normas y a la jurisprudencia del Consejo de Estado 2, la liquidación de la pensión especial del demandante , efectuada sobre los factores salariales del Decreto 1158 de 1994 devengados en los últimos 10 años de servi cios, se enc ontraba ajustada a los parámetros fijados por dicha corporación . Agregó que, si bien el demandante e ra un empleado del INPEC beneficiado por un régimen especial pensional, su situación se encontraba regida por las reglas fijadas por la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado . En este orden de ideas, señaló que para el cálculo de su IBL debía aplicarse el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 3 con la inclusión de los factores salariales sobre los que se hayan efectuado los aportes al

Sistema de Pensiones.

16. La sentencia de segunda instancia fue notificada el 31 de octubre de 2022 mediante correo electrónico.

1.4. Sustento de la vulneración

17. La parte actora expuso que el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Tercera de Oralidad, al revocar la sentencia proferida por el Juzgado 30

mediante correo electrónico.

1.4. Sustento de la vulneración

17. La parte actora expuso que el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Tercera de Oralidad, al revocar la sentencia proferida por el Juzgado 30

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

18. Con respecto al defecto sustantivo, manifestó que su situación pensional se encontraba regulada por la Ley 33 de 1985, la cual fue desconocida por la accionada al aplicar indebidamente las reglas de derecho fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2018.

2 Específicamente, la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de dicha corporación el 28 de agosto de 2018. 3 ARTÍCULO 21. Ingreso Base de Liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta Ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si éste fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.Demandante: René Lozano Guerrero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-00445-01

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19. Argumentó que en la providencia cuestionada se aceptó que goza de un

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19. Argumentó que en la providencia cuestionada se aceptó que goza de un régimen pensional especial regulado en la Ley 32 de 1986 y cuya aplicación se da por remisión del parágrafo transitorio 5.º del Acto Legislativo 01 de 2005; añadió que, no obstante, al momento de determinar el IBL, se aplicó erróneamente los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 , pues estos artículos cuentan con “ unos destinatarios específicos, como son: aquellas personas cuyas pensiones se encuentran reguladas en el régimen general de pensiones o quienes se encuentran inmersos en el Régimen de Transición, condiciones que en ningún momento cumple el accionante”.

20. Afirmó que su situación no se encontraba regulada por el Decreto 2090 de 2003, sino por la Ley 32 de 1986, por disposición expresa del parágrafo transitorio 5.º del Acto Legislativo 01 de 2005 que consagra los siguientes dos regímenes pensionales aplicables a los funcionarios del INPEC según la fecha de ingreso a la

institución:

Un primer sistema, dirigido a los funcionarios que ingresaron con posterioridad a la entrada en vigencia7 del Decreto 2090 del 2003, a quienes se les aplica dicha disposición normativa, cuyos requisitos y beneficios pensionales son los establecidos en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 793 del 2003. Un segundo sistema, dirigido a los funcionarios que ingresaron con anterioridad a la entrada

dicha disposición normativa, cuyos requisitos y beneficios pensionales son los establecidos en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 793 del 2003. Un segundo sistema, dirigido a los funcionarios que ingresaron con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 del 2003, a quienes su pensión se sujetará a lo regulado en la Ley 32 de 1986, siendo aplicables lo previsto en el Decreto 407 de 1994, la Ley 4 de 1966 y el Decreto 1045 de 1978.

21. Sostuvo que la demandada incurrió en el defecto alegado al determinar que el IBL de su pensión “se debe regir por lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta únicamente los factores salariales enlistados en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994”. Lo anterior pues, a su juicio, el caso en concreto no está regulado por el régimen de alto riesgo que trata el Decreto 2090 de 2003, pues es “ un destinatario específico de la Ley 32 de 1986 (esta no corresponde a un régimen de alto riesgo, sino a un régimen pensional especial), por haber ingresado al servicio, antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de

2003”.

22. Precisó que realizó cotizaciones por los factores salariales consignados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, a saber: asignación básica mensual, sobresueldo, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones y sueldo de vacaciones. Por tanto, expuso que el tribunal ha debido ordenar que se

sobresueldo, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones y sueldo de vacaciones. Por tanto, expuso que el tribunal ha debido ordenar que se tuvieran en cuenta todos los factores salariales sobre los que efectivamente realizó cotizaciones para efecto de liquidar su mesada pensional.

23. Agregó que, al establecer que los actos administrativos demandados estaban ajustados al ordenamiento jurídico, la autoridad judicial avaló “ un claro enriquecimiento sin causa en favor del fondo de pensiones ”, pues se le realizaronDemandante: René Lozano Guerrero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-00445-01

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“deducciones para efectos de cotizaciones y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones”.

24. En relación con el desconocimiento del precedente alegado, explicó que la sentencia de unificación del 28 de agosto del 2018 no le era aplicable, pues su situación no estaba regulada por la Ley 33 de 1985 , tal como fue indicado por el Consejo de Estado en la sentencia del 6 de agosto de 20204 al señalar que:

“el Consejo de Estado se pronunció respecto de la forma de establecer el IBL cuando se trate de eventos en los que la persona se encuentre en el régimen de transición. Sin embargo, se advierte que en el caso concreto las reglas fijadas en este no resultan extensibles a los miembros del cuerpo de custodia y

cuando se trate de eventos en los que la persona se encuentre en el régimen de transición. Sin embargo, se advierte que en el caso concreto las reglas fijadas en este no resultan extensibles a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, pues se trata de empleados exceptuados de la aplicación de la Ley 33 de 1985”.

1.5. Admisión de la demanda

25. El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, mediante auto del 2 de febrero de 2023: i) admitió la demanda; ii ) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés, al Juzgado 30 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín y a Colpensiones.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad

26. Por medio de escrito enviado el 8 de febrero de 2023 a la Secretaría General del Consejo de Estado, la autoridad judicial accionada solicitó que no se accediera a las pretensiones del demandan te pues su intención es acudir a una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en cuestión.

27. Puso de presente que no se configuraron los defectos formulados por el tutelante pues, por el contrario, la prov idencia fue profer ida con observancia del debido proceso, con competencia para decidir el asunto y en aplicación de la normativa que regula la situación en concreto.

28. Manifestó que en el fallo que profirió se determinó que el actor se encuentra beneficiado con el régimen especial, pues laboró en el INPEC del 18 de agosto de

normativa que regula la situación en concreto.

28. Manifestó que en el fallo que profirió se determinó que el actor se encuentra beneficiado con el régimen especial, pues laboró en el INPEC del 18 de agosto de 1993 al 30 de septiembre de 2015 y, por tanto, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 estaba prestando sus servicios en dicha institución.

29. Agregó que tal régimen especial no reguló cuáles eran los factores salariales a tener en cuenta para el cálculo del IBL y que el artículo 114 de la Ley 32 de 1986

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6.08.20. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 63001-23-33-000-2018-00155-01.Demandante: René Lozano Guerrero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-00445-01

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previó que los aspectos no previstos allí se aplicarían las normas que regulan la situación de los empleados públicos del orden nacional, entre quienes se encuentra el actor al haber pertenecido a aquella entidad penitenciaria.

30. Indicó que, en este orden de ideas, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han establecido que aquellos vinculados hasta el 27 de julio de 2003 son beneficiarios del régimen de transición, como en el caso del señor Lozano

30. Indicó que, en este orden de ideas, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han establecido que aquellos vinculados hasta el 27 de julio de 2003 son beneficiarios del régimen de transición, como en el caso del señor Lozano Guerrero. Por tanto, añadió que este debe someterse a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que dispone que “los factores serán aquellos sobre los cuales se realizó la cotización”.

31. En tal sentido, señaló que el fallo objeto de la acción constitucional estuvo motivado conforme con las normas aplicables y vigentes para el actor y para la liquidación de su pensión y tomando e n consideración los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los cuales se acreditó su cotización.

1.6.2. Colpensiones

32. Mediante memorial remitido el 9 de febrero de 2023 a la Secretaría General del Consejo de Estado, la entidad solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela al no materializarse ningún vicio, defecto o vulneración de derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial demandada.

33. Argumentó que el actor pretende utilizar este proceso constitucional como una instancia adicional al trámite ordinario y que, en todo caso, el fallo cuestionado no es contrario a derecho. Por tanto, al dejarl o sin efectos se desconocería el carácter vinculante del precedente establecido por la Corte Constitucional y el

Consejo de Estado.

34. Afirmó que decidir sobre el fondo de las pretensiones del accionante y conceder el amparo solicitado invadiría la órbita del juez ordinario y su autonomía,

Consejo de Estado.

34. Afirmó que decidir sobre el fondo de las pretensiones del accionante y conceder el amparo solicitado invadiría la órbita del juez ordinario y su autonomía, con lo cual se excederían las competencias del juez constitucional, en la medida en que no se acreditó vulneración alguna a garantías fundamentales ni la existencia de un perjuicio irremediable. Precisó que no existe afectación al mínimo vital del señor Lozano Guerrero, pues la pensión reconocida supera el salario mínimo legal mensual vigente.

35. Puso de presente que en la sentencia de unificación del Consejo de Estado que fue aplicada se adopta la misma postura de la Corte Constitucional, esto es, que el IBL a tener en cuenta en el régimen de transición es el señalado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Aunado a ello, sostuvo que respecto del régimen anterior aplicable a cada caso en concreto, únicamente se debía aplicar lo relativo a la edad, semanas y tasa de reemplazo.Demandante: René Lozano Guerrero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-00445-01

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1.7. Sentencia de primera instancia

36. Por medio de fallo proferido el 9 de marzo de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda al no encontrar configurados los defectos formulados por la parte actora.

36. Por medio de fallo proferido el 9 de marzo de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda al no encontrar configurados los defectos formulados por la parte actora.

37. Precisó que mediante el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política dispuso en su inciso séptimo que, a partir de su vigencia – esto es, 25 de julio del mismo año – quedaban suprimidos los regímenes pensionales especiales como regla general, con las excepciones o condiciones señaladas en dicha norma.

38. Consideró que, conforme con dicho a cto legislativo, “la determinación legal de que una prestación tenga carácter salarial computable como factor pensional implica que sobre él se efectúen los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”, lo cual tiene sustento en el artículo 48 constituc ional que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho.

39. Evidenció que en la sentencia acusada se determinó que el señor Lozano Guerrero era destinatario del régimen previsto por la Ley 32 de 1986, por lo que se le debía reconocer su pensión de jubilación en los términos allí contemplados , es decir, en una cuantía equivalente al promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicio.

40. En este orden de ideas, expuso que el tribunal no desconoció las normas que regulan el régimen especial de los miembros del INPEC, pues concluyó que para ser acreedor de la pensión de jubilación debía cumplir con la exigencia del artículo 96 de aquella ley, puesto que su incorporación a la institución tuvo lugar antes de la

regulan el régimen especial de los miembros del INPEC, pues concluyó que para ser acreedor de la pensión de jubilación debía cumplir con la exigencia del artículo 96 de aquella ley, puesto que su incorporación a la institución tuvo lugar antes de la entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003. Lo anterior, tal como fue regulado por el parágrafo transitorio 5.º del Acto Legislativo 01 del 2005.

41. Al respecto, indicó que no se incurrió en el defecto sustantivo alegado pues no se desatendió la normatividad que regula la situación del tutelante y añadió:

diferente es que no se haya ordenado calcular su mesada con base en el 75% de lo devengado durant e el último año de servicios, como lo pretendía el demandante, al estimar que para tal propósito se debía acudir al criterio jurisprudencial vigente en material pensional.

42. Sostuvo que, de forma acertada, el tribunal precisó que los factores del IBL debían ser aquellos sobre los que se haya realizado efectivamente el aporte o cotización y que se encuentren enlistados taxativamente en el Decreto 1158 de 1994, “por ser la norma vigente a la fecha en la que adquirió el estatus”.Demandante: René Lozano Guerrero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-00445-01

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43. Encontró razonables los argumentos de la demandada al determinar que las

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43. Encontró razonables los argumentos de la demandada al determinar que las personas vinculadas al INPEC antes del 28 de julio de 2003 – fecha en la que entró en vigor el Decreto 2090 de 2003 – y que desempeñaron actividades de alto riesgo, como es el caso del actor, le resultan aplicables las prerrogativas de edad y tiempo de servicios establecidas en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 para la obtención de su pensión.

44. Agregó que, no obstante, en dicha ley no se establece la forma de liquidar la prestación, por lo q ue remite a las normas vigentes para los servidores públicos nacionales y, por tanto, la accionada concluyó acertadamente que:

el IBL se determina con base en el promedio de los ingresos obtenidos por el pensionado en los últimos 10 años de servicio, incluyendo en su liquidación los factores salariales previstos para ese efecto en el Decreto 1158 de 1994, aplicable para todos los servidores públicos a partir de la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones.

45. Estimó que tampoco se incurrió en el desc onocimiento del precedente formulado, pues se aplicaron las reglas fijadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, consistentes en que el IBL no hace parte del régimen de transición consagrado en el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 . Por tanto, afirmó que su cálculo se debe establecer en los términos del inciso 3.º de tal

transición consagrado en el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 . Por tanto, afirmó que su cálculo se debe establecer en los términos del inciso 3.º de tal norma, en concordancia con su artículo 21 y únicamente teniendo en cuenta los factores salariales sobre los que se hubiera cotizado.

46. Advirtió que el tribunal sí tuvo en cuenta las calidades con las que contaba el señor Lozano Guerrero para el reconocimiento de su pensión, pues tuvo en consideración que su estatus de pensionado lo adquirió luego de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993. Agregó que, no obstante, la demandada consideró, en virtud de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, que no era procedente acceder a la reliquidación pensional solicitada pues los factores salariales que deben ser tenidos en cuenta para el cálculo del IBL son únicamente aquellos respecto de los cuales se efectuaron las cotizaciones al sistema.

47. Explicó que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T -109 de 2019 reiteró la posición adoptada en dicha providencia de unificación, en cuanto a la aplicación del IBL conforme con e l inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 21 de dicha normatividad. Precisó que allí se contempló que las reglas de derecho proferidas eran aplicables tanto al régimen general como a los especiales de pensión.

48. En relación con lo alegado frente al desconocimiento del precedente de la sentencia del 6 de agosto de 2020, dictada por la Sección