CE - 110010315000202301041011SENTENCIA20230525103937

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01041-01

Accionante: ANA LIGIA SÁNCHEZ AVENDAÑO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A Y OTRO Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / medio de control de reparación directa / muerte ocurrida en la actividad militar / defectos fáctico y sustantivo

Acción de tutela - sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia del 30 de marzo de 2023 mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

La señora Ana Ligia Sánche z Avendaño, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con el fin de que se ampararan su s derechos fundamentales al debido

interpuso acción de tutela contra el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con el fin de que se ampararan su s derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con fundamento en los siguientes:ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01041 -01

Accionante: Ana Ligia Sánchez Avendaño

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1. HECHOS

1.1. La señora Ana Ligia Sánchez Avendaño y otros presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa– Policía Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios causados con ocasión del fallecimiento del patrullero Saín Fernando Saldaña Sánchez en los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2014 en el corregimiento de Miraflores (Cauca) “mientras se encontraba en cumplimiento de sus funciones”.

1.2. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, a través de fallo del 26 de mayo de 2020, negó las pretensiones de la demanda, al concluir que las circunstancias en las que ocurrió el daño constituían un riesgo propio del servicio que asumió voluntariamente cuando se incorporó a la Institución.

26 de mayo de 2020, negó las pretensiones de la demanda, al concluir que las circunstancias en las que ocurrió el daño constituían un riesgo propio del servicio que asumió voluntariamente cuando se incorporó a la Institución.

1.3. Apelada la decisión por la parte demandante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A mediante sentencia del 8 de septiembre de 2022 confirmó lo resuelto por el a quo, al considerar que no se comprobó́ que el daño alegado resultara como producto de un comportamiento activo u omisivo de la Policía Nacional.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La demandante sostuvo que las providencias cuestionadas adolecen de los defectos sustantivo y fáctico, toda vez que, en su entender, la afirmación del Tribunal relacionada con que el ataque sufrido por el patrullero SAIN FERNANDO SALDAÑA fue de carácter sorpresivo y queACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01041 -01

Accionante: Ana Ligia Sánchez Avendaño

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 no se probó que la institución tuviera conocimiento previo sobre qu é unidades de la policía iban a ser atacadas es totalmente contraria a la realidad, puesto que del Oficio núm. S-2014-005081 SUBCO-COSEC3 no se probó que la institución tuviera conocimiento previo sobre qu é unidades de la policía iban a ser atacadas es totalmente contraria a la realidad, puesto que del Oficio núm. S-2014-005081 SUBCO-COSEC38; de la copia del libro de minuta de servicios del 01 al 15 de diciembre de 2014; de la copia del libro de minuta de g uardia del 01 al 15 de diciembre de 2014; del Instructivo número 003 DIPON OFPLA del 3 de febrero de 2012 y de los testimonios de los agentes CESAR AUGUSTO GONZALEZ MANOSALVA, GERMAN ALIRIO LEON HERNANDEZ y del señor SERGIO VILLAMIZAR MALDONADO, se despren de, sin duda alguna, que la policía nacional s í tenía conocimientos de los ataques programados por los subversivos pues, incluso, la dirección general de la POLICÍA NACIONAL estructuró el plan operacional núm. 003 DIPON OFPLA, del cual no se llevó a cabo ni el más mínimo lineamiento.

También, en múltiples consignas se informó sobre el posible ataque al personal de la unidad del EMCAR a la que pertenecía el occiso . Así, en las minutas recaudadas como pruebas en número de hoja 110 y 111, se puede ver claramente cómo el 6 de diciembre de 2014, en consigna de 17:50 hr ., el patrullero SAIN FERNANDO SALDAÑA manif estó que precedían hostigamientos con ametralladora y lanzamiento de artefactos por parte del frente 32 en el corregimiento de Miraflor , realizando dicha actividad a través de plan pistola o franco tiro, además

precedían hostigamientos con ametralladora y lanzamiento de artefactos por parte del frente 32 en el corregimiento de Miraflor , realizando dicha actividad a través de plan pistola o franco tiro, además de recibir información relacionada con que al desplazarse a jugar futbol podían correr el riesgo de ser víctimas de hostigamiento, dejando como advertencia extremar medidas de seguridad.

Por otr a parte, señaló que el Tribunal incurrió en una indebida interpretación de las normas de carácter superior, pues se aplicaron de manera errónea los artículos 2 y 218 de la Constitución. En ese sentido, indicó que el ingreso a la carrera a las Fuerzas Militares no implica una renuncia a derecho a la vida, esto, de acuerdo con la obligación queACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01041 -01

Accionante: Ana Ligia Sánchez Avendaño

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 tiene el Estado de garantizar la seguridad dentro del conflicto armado interno a los funcionarios , cuestión que, con la muerte del señor Saín Fernando Saldaña Sánchez, no se cumplió, pues estuvo sometido a una amenaza cierta y real derivada de la alteración del orden público en el municipio de Miraflores (Cauca).

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«PRIMERO: TUTELAR, el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la

municipio de Miraflores (Cauca).

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«PRIMERO: TUTELAR, el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora ANA LIGIA SÁNCHEZ AVENDAÑO y otros, vulnerados por JUZGADO TREINTA Y OCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, en su sentenc ia de primera instancia con fecha del veintiséis (26) de mayo del año 2020, del proceso de reparación directa con radicado número 110013336038201700087 -00, y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA-SUCESIÓN TERCERASUBSECCIÓN A, en su sen tencia de segunda instancia con fecha del ocho (08) de septiembre del año 2022, SIENDO LA Magistrada Ponente: BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA, profirió fallo de segunda instancia en el cual decía lo siguiente: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 26 de mayo de 2020 proferida por el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., pero por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia, en razón a lo expresado en este proveído

SEGUNDO: ADOPTAR: las medidas necesarias para que no se vulnere el derecho a la administración de justicia y al debido proceso».

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 3 de marzo de 2023, la Sección Quinta de esta corporación admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado

a la administración de justicia y al debido proceso».

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 3 de marzo de 2023, la Sección Quinta de esta corporación admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A como accionados y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01041 -01

Accionante: Ana Ligia Sánchez Avendaño

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 Policía Nacional y a las señoras Lucy Maricela Sánchez Avendaño y Yine Yovana Saldaña Sánchez (en representación de Dylan Styven Romero Saldaña y Joher Zair Gutiérrez Saldaña).

4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , por conducto de la magistrada ponente de la decisión cuestionada, señaló que la decisión adoptada por esa corporación no adolece de los defectos endilgados, pues realizó un análisis probatorio crítico e integral de los elementos de convicción aportados y practicados en el proceso y no omitió explicar cómo, pese a que puede existir responsabilidad del Estado en eventos en los que miembros de la Fuerza Pública sufran lesiones o pierdan la vida, en el asunto bajo examen no se probaron los elementos de responsabilidad.

omitió explicar cómo, pese a que puede existir responsabilidad del Estado en eventos en los que miembros de la Fuerza Pública sufran lesiones o pierdan la vida, en el asunto bajo examen no se probaron los elementos de responsabilidad.

4.2. El Juzgado Treinta y Ocho Administrativo de Bogotá remitió el expediente de reparación directa digitalizado.

4.3. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, señalando que en el asunto no se configura la vulneración de los derechos fundamentales alegada por la parte accionante, toda vez que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó la decisión que en derecho correspondía y con fundamento en las pruebas aportadas al proceso.

5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 30 de marzo de 2023 declaró la improcedencia de la acción de tutela por ausencia del requisito de relevancia constitucional, toda vez que la accionante intentó reabrir un debate probatorio que se concluyó en el proceso ordinario, desnaturalizando así la acción constitucional.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01041 -01

Accionante: Ana Ligia Sánchez Avendaño

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 Igualmente, señaló que frente a los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente , no cumplió con la carga

Bogotá D.C. – Colombia 6 Igualmente, señaló que frente a los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente , no cumplió con la carga argumentativa suficiente para estudiar el fondo del asunto.

6. IMPUGNACIÓN

La accionante recurrió el fallo de primera instancia, argumentando que, contrario a lo señalado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, su inconformidad no se dirige a abrir una tercera instancia respecto del proceso de reparación directa sino a demostrar una verdadera afectación de sus derechos fundamentales que se traduce en un defecto sustantivo por indebida interpretación e inaplicación de normas de carácter superior y en un defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos , particularmente la impugnación formulada por la entidad demandante, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A al proferir la sentencia del 8 de septiembre de 2022 mediante la cual confirmó el fallo por el cual se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa formulada por la señora Ana Ligia Sánchez Avendaño y otros contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.

Previamente a lo anterior se deberá establecer la procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01041 -01

Previamente a lo anterior se deberá establecer la procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01041 -01

Accionante: Ana Ligia Sánchez Avendaño

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2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama d el poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser cont rolada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias

residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el d elicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

1 Corte Constitucional, sentencia C-590-05. 2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001 -03-15-0002009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01041 -01

Accionante: Ana Ligia Sánchez Avendaño

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 Los presupuestos generales respo nden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio

Bogotá D.C. – Colombia 8 Los presupuestos generales respo nden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado t odos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) q ue no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acció n constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, org ánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.

2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional

inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.

2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con lo s requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01041 -01

Accionante: Ana Ligia Sánchez Avendaño

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.

2.1.2. Así mismo se observa que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y ex traordinarios para obtener el amparo constitucional.

2.1.3. Se advierte, igualmente, que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado desde la fecha de expedición de la sentencia cuestionada (el 8 d e septiembre de 2022) hasta la radicación de la acción de tutela ( el 27 de febrero de 2023).

2.1.4. Finalmente, con respecto al requisito de relevancia constitucional, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asunto

de febrero de 2023).

2.1.4. Finalmente, con respecto al requisito de relevancia constitucional, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asunto tiene una marcada importancia 3. Así, en sentencia T -114 de 2002, indicó que los asuntos legales cumplen con este requisito cuando de ellos se desprenden violaciones a los derechos fundamentales.

En efecto, ha señalado que: «(…) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».4

3 Corte Constitucional. Sentencia T 136 de 2015. Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa. 4 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01041 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver sí es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos fáctico y sustantivo en que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.

2.2. Defecto sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional 5, el defecto material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales6, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, “(i) un a norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquell as de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder

sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquell as de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición”7.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y

5 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras. 6 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 7 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01041 -01

Accionante: Ana Ligia Sánchez Avendaño

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decis ión “(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en

hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,(viii) no se encuentra debi damente justificada y por ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constit ución”8. Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente9.

2.3. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional 10 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa 11, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, compr ende las omisiones en la valoración de

8 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 9 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

8 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 9 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 10 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 11 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01041 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva12, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de

es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le cor responde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»13.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3. Caso concreto

Determinada la procedencia de la presente acción de tutela, la Sala procede a determinar si se configuran lo s defectos planteados por la demandante.

Al efecto, la señora Sánchez Avendaño afirma que el Tribunal incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, por cuanto, de manera contraria a lo probado en el proceso, concluyó que el ataque sufrido por el patrullero fue de carácter sorpresivo y que no se derivó de alguna

12 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 13 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01041 -01

Accionante: Ana Ligia Sánchez Avendaño

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Accionante: Ana Ligia Sánchez Avendaño

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 acción u omisión de la entidad, cuando, en su entender, las pruebas practicadas dieron cuenta del conocimiento que tenía la entidad de los ataques programados por los subversivos , tanto así que , incluso, la dirección general de la POLICÍA NACIONAL estructuró el plan operacional núm. 003 DIPON OFPLA, del cual no se llevó a cabo ni el más mínimo lineamiento.

También, en múltiples consignas se informó sobre el posible ataque al personal de la unidad del EMCAR a la que pertenecía el occiso. Así, en las minutas recaudadas como pruebas en número de hoja 110 y 111, se puede ver claramente cómo el 6 de diciembre de 2014, en consigna de 17:50 hr., el patrullero SAIN FERNANDO SALDAÑA manifestó que precedían hostigamientos con ametralladora y lanzamiento de artefactos por parte del frente 32 en el corregimiento de Miraflor, realizando dicha actividad a través de plan pistola o franco tiro, además de recibir información relacionada con que al desplazarse a jugar futbol podían correr el riesgo de ser víctimas de hostigamiento, dejando como advertencia extremar medidas de seguridad.

Por otra parte, señal a que el Tribunal incurrió en una indebida interpretación de las normas de carácter superior, pues se aplicaron de manera errónea los artículos 2 y 218 de la Constitución. En ese sentido,

advertencia extremar medidas de seguridad.

Por otra parte, señal a que el Tribunal incurrió en una indebida interpretación de las normas de carácter superior, pues se aplicaron de manera errónea los artículos 2 y 218 de la Constitución. En ese sentido, indicó que el ingreso a la carrera a las Fuerzas Militares no implica una renuncia a derecho a la vida, esto, de acuerdo con la obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad dentro del conflicto armado interno a los funcionarios, cuestión que, con la muerte del señor Saín Fernando Saldaña Sánchez, no se cumplió, pues estuvo sometido a una amenaza cierta y real derivada de la alteración del orden público en el municipio de Miraflores (Cauca).ACC IÓN DE TUT EL A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01041 -01

Accionante: Ana Ligia Sánchez Avendaño

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 14 Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en el expediente, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, al proferir la sentencia de segunda instancia, consideró lo siguiente:

«24. Así las cosas, está probado que, para el 8 de diciembre de 2014, el señor Saldaña se dirigió́, con otro compañero, a comprar implementos de aseo en la tienda “donde don Luís”,

«24. Así