CE - 110010315000202302753011SENTENCIA20230922113458

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02753-01

Demandante: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., ventiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02753-01

Demandante: JORGE ALFREDO SANTAELLA AYALA Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN A

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –

REPARACIÓN DIRECTA – PRIVACIÓN INJUSTA DE LA

LIBERTAD – DECISIÓN RAZONABLE.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 27 de junio de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Los señores Jorge Alfredo Santaella Ayala, María Consuelo Cuberos Gómez, María

Segunda, Subsección B, que negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Los señores Jorge Alfredo Santaella Ayala, María Consuelo Cuberos Gómez, María Juliana Santaella Cuberos y Jorge Andrés Santaella Cuberos, mediante apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: DECLARAR que la Sentencia del tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023), proferida por el CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, adolece de graves defectos sustantivos al ignorar la ley y el precedente judicial.

SEGUNDA: DECLARAR que la Sentencia del tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023), proferida por el CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, vulnera gravemente el derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad de mis mandantes.

TERCERA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, TUTELAR los derechos fundamentales de mis mandantes, dejando sin efectos la Sentencia del tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023), proferida por el CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN A.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: El 22 de mayo de 2002, el señor Santaella Ayala present ó denuncia contra los señores Saturnino Cáceres Bermúdez y (su sobrino) Jorge Cáceres, por el presunto

El 22 de mayo de 2002, el señor Santaella Ayala present ó denuncia contra los señores Saturnino Cáceres Bermúdez y (su sobrino) Jorge Cáceres, por el presunto delito de lavado de activos, en dicha oportunidad manifestó que los mencionadosRadicado: 11001-03-15-000-2023-02753-01

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señores valiéndose de su amistad, le pidieron hacer traslado de dinero a través de sus cuentas bancarias; sin embargo, nunca le informaron el origen de estos. Por lo anterior, la fiscalía general de la Nación inició la investigación pertinente y vinculó al señor Santaella Ayala a dicho trámite, y en resolución del 3 de septiembre de 2004 le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva y el 25 de noviembre de 2005 profirió resolución de acusación y mantuvo la medida de detención.

El trámite del proceso penal se surtió ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de Cúcuta que, en sentencia del 19 de marzo de 2010, declaró penalmente responsable al señor Santaella Ayala del delito de lavado de activos, en grado de coautoría, y lo condenó a seis (6) años de prisión.

penalmente responsable al señor Santaella Ayala del delito de lavado de activos, en grado de coautoría, y lo condenó a seis (6) años de prisión.

La anterior decisión fue apelada por el señor Santaella Ayala y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en providencia del 5 de noviembre de 2010 la confirmó. El 16 junio de 2011, la INTERPOL en cumplimiento de la orden de captura detuvo al señor Santaella Ayala en Venezuela y lo puso a disposición de las autoridades competentes.

Contra las referidas decisiones, el señor Santaella Ayala interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal que en sentencia del 24 de julio de 2013 declaró la nulidad de todo lo actuado, ordenó retrotraer la actuación penal hasta la etapa de instrucción y en consecuencia decretó la libertad provisional del señor Santaella Ayala , al considerar las decisiones objeto de casación carecían de motivación.

En razón a lo expuesto , el señor Jo rge Alfredo Santaella Ayala , junto con sus familiares, ejerció medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la fiscalía general de la Nación, con el fin de que se las declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad que soportó y que, en su sentir, fue injusta.

El conocimiento del medio de control de reparación directa en primera instancia correspondió al Tribunal Administrativo del C undinamarca, Sección Tercer a, Subsección B que en sentencia del 11 de octubre de 2017 negó las pretensiones de

El conocimiento del medio de control de reparación directa en primera instancia correspondió al Tribunal Administrativo del C undinamarca, Sección Tercer a, Subsección B que en sentencia del 11 de octubre de 2017 negó las pretensiones de la demanda al considerar que el daño reclamado resultaba incierto en la medida en que el proceso penal no había concluido en cumplimiento de la decisión proferida por el 24 de julio de 2013 por la Corte Suprema de Justicia. Explicó que la pretensión del actor de que le fueran reconocidos los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad fue formulada antes de tiempo, dado que solo es posible establecer si la privación fue injusta o no hasta tanto se concluya el proceso penal con una decisión que definiera la situación del actor. La anterior decisión fue apelada por el actor y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en providencia del 3 de febrero de 2023, confirmó la decisión al considerar que el juez penal de primera instancia halló graves indicios que lo condujeron a la certeza racional de la responsabilidad penal, razón por la que concluyó que la privación de la libertad del señor Santaella Ayala s e encontraba sustentada desde la etapa de instrucción en la que se tenía claridad en que las conductas desplegadas encuadraban en el tipo penal de lavado de activos yRadicado: 11001-03-15-000-2023-02753-01

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enriquecimiento ilícito en grado de coautoría , razón por la que no había lugar a reconocer los perjuicios reclamados.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en lo s defectos fáctico, orgánico, sustantivo y violación directa de la constitución, con fundamento en las razones que se pasan a señalar.

Explicó que la autoridad judicial demandada al hacer el análisis de responsabilidad bajo el error judicial desconoció la jurisprudencia del propio Consejo de Estado, pues señaló que no se cumplía con el segundo requisito exigido por el artículo 67 de la ley 270 de 1996, es decir, que la providencia contentiva del error está en firme , cuando en muchas ocasiones independientemente de la firmeza de la decisión, se ha estudiado el material probatorio y el precedente horizontal en lo que respecta al título de imputación de error jurisdiccional.

Además, indicó que el Consejo de Estado desconoció los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia al afirmar contrario a lo concluido por la Sala de Casación Penal que sí existió motivación en las decisiones de los jueces penales de instancia, ya

Además, indicó que el Consejo de Estado desconoció los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia al afirmar contrario a lo concluido por la Sala de Casación Penal que sí existió motivación en las decisiones de los jueces penales de instancia, ya que es claro que es el juez penal el competente para tomar esta determinación.

Manifestó que la providencia objeto de reproche desconoce abiertamente el precedente judicial, el principio de juez natural consagrado en el artículo 15 de la Ley 600 del 2000 lo que desencadenó en la configuración de defecto orgánico, pues el juez demandado en segunda instancia del medio de control de reparación directa se atribuyó competencias que no le corresponde n al manifestar que contrario a la decisión proferida en casación, el proceso penal si se encontraba motivado; pues es el recurso extraordinario de casación el escenario señalado por la Ley para determinar si existió o no motivación en las decisiones de los jueces penales de instancia; por lo tanto, tal competencia no correspondía al Juez de lo Contencioso Administrativo.

Frente al defecto fáctico manifestó que no existían pruebas suficientes sobre su participación en los delitos que le fueron imputados, puesto que nunca se acreditó tal circunstancia dentro de la investigación, y en razón a esto el juez de lo contencioso administrativo carecía de competencia par a concluir aspectos que no se demostraron ante la jurisdicción penal, como lo fue su responsabilidad en el presunto delito.

Asimismo mencionaron que se incurrió en defecto sustantivo, toda vez que a su juicio de manera errónea se indicó que no resultaría procedente el estudio del título de imputación denominado error judicial, porque no se configuró el presupuesto exigido

delito.

Asimismo mencionaron que se incurrió en defecto sustantivo, toda vez que a su juicio de manera errónea se indicó que no resultaría procedente el estudio del título de imputación denominado error judicial, porque no se configuró el presupuesto exigido en el artículo 67.2 de la Ley 270 de 1996, esto es que “la providencia contentiva del error este en firme ”, circunstancia que a juicio de la parte demandante todas luces desconocía la postura jurisprudencial del Consejo de Estado , en l a que se ha indicado que en casos en los que no se encuentre en firme la providencia es procedente el estudio de dicho título de imputación cuando el hecho produjo efectos, y, con ello, se produjo un daño cierto, tal como ocurre en el caso objeto de estudio.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02753-01

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Finalmente, frente a la violación directa de la Constitución Política indicaron que con la decisión adoptada el 3 de febrero de 2023, por el Cons ejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, no se garantizó de manera real, efectiva y material, los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia, del señor J orge Alfredo Santaella Ayala en la medida

Tercera, Subsección A, no se garantizó de manera real, efectiva y material, los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia, del señor J orge Alfredo Santaella Ayala en la medida en que a su juicio se encontró probado que su privación de la libertad se dio de manera injusta.

4. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A por intermedio del ponente de la decisión objeto de reproche solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional debido a que lejos de buscar la protección de los derechos fundamentales alegados, lo pretendido por los actores es desnaturalizar la acción de tutela para rea brir el debate surtido al interior del medio de control de reparación directa, convirtiendo la presente solicitud de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario, lo que resulta desacertado.

Explicó que la decisión cuestionada se profirió en estricto apego a las garantías sustanciales y procesales con atención al precedente jurisprudencial aplicable, por lo que se considera que la acción constitucional invocada no tiene vocación de prosperar.

Mencionó que no invadió la órbita del juez natural del proceso penal, en la medida en que, en sede del medio de control invocado, la labor argumentativa se realizó en ejercicio de su autonomía e independencia en la decisión , la cual además estuvo dirigida a establecer la existencia de un daño antijurídico a partir de verificar si en las providencias proferidas en la jurisdicción penal se incurrió en un ejercicio irregular, arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional por falta absoluta de motivación ,

providencias proferidas en la jurisdicción penal se incurrió en un ejercicio irregular, arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional por falta absoluta de motivación , análisis que condujo a concluir que no se evidenció un yerro de esta magnitud, dado el contenido argumentativo de las providencias.

Precisó que la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación, no fue suficiente para emitir una condena contra la Rama Judicial, ya que para que exista responsabilidad patrimonial del Estado es necesario que se demuestre un ejercicio caprichoso o infundado de la actividad judicial, presupuesto que no se halló acreditado , razón por la que no era proc edente acceder a lo pretendido por los demandantes.

A lo anterior se agrega que, no es suficiente que se hubiese dejado sin efecto una decisión judicial -lo que consideró la Corte Suprema en ejercicio de su autonomía, para que se emita condena patrimonial vía reparación directa, pues, para ello, se requiere demostrar que la decisión controvertida se emitió como resultado de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del orden jurídico que comporte evidenciar que el juzgador se separó del ordenamiento jurídico y emitió una decisión de conformidad con su propio arbitrio.

Finalmente, adujó que la decisión objeto de reproche se basó en el régimen de falla genérica del servicio, pues el título de imputación por error judicial so lo se activa frente a providencias ejecutoriadas y en firme, calidad que no ostentaban las sentencias condenatorias que fueron objeto del recurso de casación resuelto por la

genérica del servicio, pues el título de imputación por error judicial so lo se activa frente a providencias ejecutoriadas y en firme, calidad que no ostentaban las sentencias condenatorias que fueron objeto del recurso de casación resuelto por la Corte Suprema de Justicia, a la par de que si lo que se alegaba era un daño porRadicado: 11001-03-15-000-2023-02753-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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privación injusta de la libertad, tal título de imputación solo está disponible para las restricciones provenientes de medidas previas a la definición de la responsabilidad penal; de manera que, no es dable entender por qué ahora los accionantes se quejan de la labor que adelantó la Sección Tercera del Consejo de Estado en procura de definir el fondo de las pretensiones , sin negarlas por corresponder a una petición anticipada frente a un proceso penal sobre el que no se trajo evidencia de haber finalizado.

5. Intervenciones

La fiscalía general de la Nación explicó conforme con la jurisprudencia del alto tribunal constitucional, que la única manera para que proceda transitoriamente el amparo constitucional de un derecho fundamental es la configuración de un perjuicio irremediable, circunstancia que no se presenta en el caso objeto de estudio.

tribunal constitucional, que la única manera para que proceda transitoriamente el amparo constitucional de un derecho fundamental es la configuración de un perjuicio irremediable, circunstancia que no se presenta en el caso objeto de estudio.

Señaló que la acción constitucional resulta improcedente por cuanto la parte actora no sustentó las causales específicas de procedibilidad para que proceda el estudio de fondo de la acción de tutela, y contrario a esto lo que pretende la parte actora es hacer uso de la solicitud de amparo como una instancia adicional al proceso ordinario.

El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial señaló que no se encuentra acreditada la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, puesto que la decisión objeto de reproche se profirió en ejercicio de la autonomía judicial y de forma razonable.

Adujo que la acción de tutela no se puede convertir en una instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la r evisión permanente y a perpetuidad de las decisiones judiciales.

Por su parte la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta advirtió que lo pretendido por la parte actora con el amparo constitucional es un nuevo análisis del proceso adelantado bajo el medio de control de reparación directa.

Recalcó que, en el caso objeto de estudio lo pretendido es controvertir una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada y cuenta con presunción de legalidad, por lo que era dable declarar la improcedencia de la acción constitucional.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B

que hizo tránsito a cosa juzgada y cuenta con presunción de legalidad, por lo que era dable declarar la improcedencia de la acción constitucional.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B remitió el expediente del proceso ordinario, pero no se pronunció respecto a los hechos alegados en el trámite de la referencia.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en providencia del 27 de junio de 2023, negó la acción de tutela al considerar que la sentencia objeto de reproche no incurrió en ninguno de los defectos alegados por la parte actora.

Explicó que en el caso concreto no fueron vulnerados los derechos fundamentales invocados en la medida en que las decisiones cuestionadas no se realizó un análisisRadicado: 11001-03-15-000-2023-02753-01

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arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los defectos fáctico, sustantivo, orgánico, ni por violació n directa de la Constitución que amerite la intervención del juez de tutela.

y legal, que constituya una vía de hecho por los defectos fáctico, sustantivo, orgánico, ni por violació n directa de la Constitución que amerite la intervención del juez de tutela.

Finalmente adujo que, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió en el marco del proceso de reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.

7. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, reiteró los argumentos del escrito inicial e indicó que el Consejo de Estado, en la sentencia del 3 de febrero de 2023, no realizó un estudio de la cuestión decidida en la providencia de primer grado; por el contrario, centró su estudio en las sentencias del proceso penal adelantado en su contra y en ese sentido, ejerció una facultad diferente, propia del recurso extraordinario de casación.

Conforme a lo expuesto, solicitó se revoque el fallo recurrido y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales

persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnera dos o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanis mo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedenc ia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp . 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1 , para lo cual

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatori as de derechos fundamentales,

que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatori as de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2023-02753-01

Demandante: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un c aso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En los términos de la impugnación , le corresponde a la Sala determinar si debe modificar, revocar o confirmar la decisión impugnada que negó la acción de tutela , para lo cual deberá estudiar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en la sentencia del 3 de febrero de 2023 , incurrió en los defectos fáctico4, sustantivo5, orgánico6 y violación directa de la Constitución 7, al adecuar el título de

A, en la sentencia del 3 de febrero de 2023 , incurrió en los defectos fáctico4, sustantivo5, orgánico6 y violación directa de la Constitución 7, al adecuar el título de

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perj uicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 4 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T -015 de 2012 señaló que se produce

que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 4 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T -015 de 2012 señaló que se produce cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas determinantes para identif icar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no p robado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. 5 La jurisprudencia constitucional ha considerado el defecto sustantivo como el que se configura cuando la decisión judicial se apoya en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea porque ha sido derogada, porque ella o su aplicación al caso concreto es inconstitucional o, porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se ha aplicado. En este sentido, se podría configurar un defecto sustantivo siempre que: (i) la decisión cuestionada se funde en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso , no se encuentra vigente por haber sido derogada , o ha sido declarada inconstitucional ; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución Política le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sente ncias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii)

la Constitución Política le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sente ncias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática ; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a esta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador. 6 En palabras de la Corte Constitucional, «existe vía de hecho por defecto orgánico, cuando se configura falta de competencia del juez que conoce del caso. La competencia, que ha sido definida como el grado o la medida de la jurisdicción, tiene por finalidad delimitar el campo de acción, función o actividad que corresponde ejercer a una determinada entidad o autoridad pública, haciendo efectivo de esta manera el principio de seguridad jurídica. Este principio representa un límite para la autoridad pública que administra justicia, en la medida que las atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en los térm