CE - 110010315000202303027001SENTENCIA20230710160423

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202303027-00

Actor: Departamento de Risaralda Demandados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otro1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de inmediatez

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) a cceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202303027-00

Actor: Departamento de Risaralda

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado2, presentó acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado , porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 10 de

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado2, presentó acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado , porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 10 de noviembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 660012333000202000520-01, vulneró sus dere chos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, con el fin de que se declararan nulas i) la Resolución Sanción por no declarar núm. 162412019000019 de 22 de mayo de 2019, por la c ual resolvió imponer sanción por no haber presentado la declaración de retención por el período 6 del año gravable 2014; ii) la Resolución núm. 992232020000032 de 3 de julio de 2020, por la cual se decide el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo mencionado anteriormente; iii) la Liquidación Oficial Retenciones en la Fuente – Aforo núm. 162412019000015 de 17 de junio de 2019 y su anexo; y iv) la Resolución núm. 162362020000003 de 21 de agosto de 2020, que confirmó lo resuelto en la Liquidación Oficial. Precisó que, a título de

y su anexo; y iv) la Resolución núm. 162362020000003 de 21 de agosto de 2020, que confirmó lo resuelto en la Liquidación Oficial. Precisó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) se considere que el Departamento no está obligado al pago de la sanción impuesta; y ii) se declare como bien presentada la declaración de retención en la fuente y por lo tanto se declare la firmeza del acto administrativo.

2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_PODER(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.3

Núm. único de radicación: 110010315000202303027-00

Actor: Departamento de Risaralda

4. Indicó que, el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia de 26 de mayo de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

5. Sostuvo que, la Sección Cuarta del Consejo de Estado , mediante sentencia de 10 de noviembre de 2022, resolvió lo siguiente: “[…] 1. Confirmar la sentencia apelada […]”.

5.1 Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Así, corresponde establecer si, como lo aduce el apelante, la ineficacia de la declaración de retención presentada sin pago no implicó que su declaración se tuviera por no presentada, en función de lo cual se analizará si era procedente la imposición de la sanción por no declarar. Seguidamente, si resultaban aplicables a los hechos discutidos por la actora las modificaciones que sobre el artículo 580 -1 del ET

por no presentada, en función de lo cual se analizará si era procedente la imposición de la sanción por no declarar. Seguidamente, si resultaban aplicables a los hechos discutidos por la actora las modificaciones que sobre el artículo 580 -1 del ET efectuaron las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018 en virtud del principio de favorabilidad, dado que estos dispositivos previeron mecanismos para subsanar la ineficacia de las dec laraciones de retención en la fuente presentadas sin pago, que afirma el demandante fueron cumplidas y dotan de validez su declaración sin necesidad de satisfacer el pago de intereses, de modo que no podría ser sancionada, y en el evento de que la deuda fu era insatisfecha el procedimiento para obtener el pago era el cobro coactivo y no el aforo. De resolverse las anteriores cuestiones en contra del actor, la Sala revisará si la autoridad tributaria vulneró el derecho al debido proceso del extremo activo al proferir la liquidación oficial de aforo sin que la resolución sanción estuviera en firme; si la multa fue correctamente cuantificada; si existen dudas que deban resolverse en favor del contribuyente, y si la sanción era improcedente por cuenta de la falta de acreditación del daño a la demandada o por la concurrencia de una causal exculpatoria […]”.

[…]

“[…] - En un hecho no controvertido entre las partes, el que la declaración de retención en la fuente por los impuestos de renta, IVA y timbre del sexto p eríodo de 2014 a cargo de la demandante fue ineficaz, debido a que la presentó sin el pago total de las sumas autoliquidadas en el plazo límite de su presentación (14 de julio de 2014), con

cargo de la demandante fue ineficaz, debido a que la presentó sin el pago total de las sumas autoliquidadas en el plazo límite de su presentación (14 de julio de 2014), con lo cual, la Sala estima que, contrario a lo argumentado por la ape lante, la ineficacia de su declaración no dotó de validez, eficacia la presentación de la declaración por lo que incurrió en el tipo infractor de no haber presentado la declaración tributaria, gobernada por el artículo 643 ibidem. No prospera el cargo de apelación […]”.

[…]

“[…] la Sala advierte que la disposición aplicable para la época de los hechos corresponde al artículo 580 -1 del ET, en su versión antes de la modificación introducida por las leyes 1819 de 2016 y 2010 de 2019, la cual, si bien mutó l a herramienta jurídica para que los agentes de retención enervaran la consecuencia de ineficacia, esta variación normativa no se puede emplear de forma retroactiva en el sub lite, aun cuando eventualmente le fuera más benévola al actor, porque la norma cuya aplicación se discute no es de naturaleza sancionadora, sino que regula aspectos propios del cumplimiento de las obligaciones tributarias -formales y4

Núm. único de radicación: 110010315000202303027-00

Actor: Departamento de Risaralda

sustancialesde los agentes de retención, así como la forma que el legislador dispuso para que las auto liquidaciones de retención en la fuente presentadas sin pago cobraran efectos jurídicos, lo cual no obedece a aspectos del ejercicio del ius puniendi del Estado. Agréguese que las partes concuerdan en que una parte de la deuda

para que las auto liquidaciones de retención en la fuente presentadas sin pago cobraran efectos jurídicos, lo cual no obedece a aspectos del ejercicio del ius puniendi del Estado. Agréguese que las partes concuerdan en que una parte de la deuda autoliquidada se pagó posterior al vencimiento del plazo para declarar, así que no se enmarca en el supuesto fijado en el inciso 5.° del artículo 580-1 ibdem (sic), que regía en la época de los hechos. No prospera el cargo y la Sala se releva de pronunciarse sobre los supuestos fáctic os que debía cumplir el demandante para enervar la ineficacia de su declaración de retención, a la luz de las normas posteriores a los hechos […]”.

[…]

“[…] Conforme a la normativa expuesta, y a efectos de resolver la litis trabada entre las partes, se d estaca que las normas que gobiernan el procedimiento de aforo no exigen la firmeza de la resolución sanción como requisito para que la Administración pueda expedir la liquidación oficial de aforo, ejecutoria que está disciplinada por el artículo 829 del ET ; por tanto, queda desvirtuado el argumento formulado por el demandante, pues no se discute que el acto de determinación se hubiera proferido luego de notificada la resolución que sancionó al actor por no declarar. Agréguese que esta Sección ha considerado que, a la luz de la normativa del procedimiento de aforo, la sanción por no declarar y la liquidación oficial de foro son actos provenientes de procedimientos que pueden ser independientes, acumulados o simultáneos, de manera que el acto sancionador no es requisito para la expedición de la liquidación

aforo, la sanción por no declarar y la liquidación oficial de foro son actos provenientes de procedimientos que pueden ser independientes, acumulados o simultáneos, de manera que el acto sancionador no es requisito para la expedición de la liquidación oficial de aforo (sentencias del 10 de marzo de 2022, exp. 25481, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello, y del 27 de octubre de 2022, exp. 23653, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), lo cual refuerza que tamp oco es indispensable que ese acto sancionador esté ejecutoriado, a efectos de habilitar la expedición de la liquidación oficial. No prospera el cargo de apelación […]”.

[…]

“[…] la Sala precisa que el artículo 745 del ET invocado por el actor, establece que las dudas provenientes de vacíos probatorios existentes en el momento de practicar las liquidaciones o de fallar los recursos, cuando no sea posible eliminarlas, deben resolverse a favor del contribuyente, siempre que este no tenga la obligación de acreditarlos. En esa medida, se observa que no existe ningún tipo de duda originada en vacíos probatorios del procedimiento sancionatorio y de aforo seguido por la demandada que deba resolverse en favor del demandante, ni tampoco se debía esclarecer algún tipo de requisito que debieran cumplir los gastos, como lo sugiere el actor, a efectos de constituir la base para multar al demandante por infringir el deber formal de declarar. No prospera el cargo […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: QUE SE DECLARE que la autoridad judicial accionada, a través de

formal de declarar. No prospera el cargo […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: QUE SE DECLARE que la autoridad judicial accionada, a través de la providencia judicial referenciada, se encuentran vulnerando los derechos5

Núm. único de radicación: 110010315000202303027-00

Actor: Departamento de Risaralda

fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de la accionante.

SEGUNDO: QUE SE TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia la accionante, que se encuentran lesionados por parte de la autoridad judicial accionada, a través de la providencia judicial referenciada.

TERCERO: QUE SE ORDENE a la autoridad judicial accionada proferir una nueva sentencia mediante la cual se respeten los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia del DEPARTAMENTO DE RISARALDA, dejando sin efecto la decisión judicial controvertida en la que se confirmó la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión de mayo 26 del año 2022.

CUARTO: QUE SE ADOPTEN las demás medidas que se estimen pertinentes para la protección de nuestros derechos fundamentales […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable de una norma jurídica y en la causal de violación directa de la Constitución. Para tal efecto,

consideró lo siguiente:

accionada incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable de una norma jurídica y en la causal de violación directa de la Constitución. Para tal efecto, consideró lo siguiente:

“[…] Sea lo primero mencionar que la falta de pago de las declaraciones de retención en la fuente dejó de ser una causal para considerarla como no presentada , como hasta ese momento lo disponía el literal e) del artículo 580 del Estatuto Tributario, el cual fue derogado por el artículo 67 de la Ley 1430 del año 2010. La consecuencia de presentar una declaración de retención sin pago total es que la misma no produce efectos legales tal como lo dispone el artículo 580 -1 E.T.; es de gran relevancia realizar esta distinción porque una cosa es que la declaración no se hubiese presentado, caso en el que procede la sanción por no declarar contenida en el artículo 643 del E.T., y otra es que la misma no produzca efectos legales en la que no procede la sanción del artículo 643 del E.T. porque la misma sí fue presentada. En el presente asunto, la declaración de retención en la fuente del periodo 06 del año gravable 2014 fue presentada, sin pago total, en Julio 14 del año 2014.

Es necesario precisar que, en el ordenamiento tributario no existe disposición sancionatoria para las declaraciones de retención en la fuente que se presentan sin pago y, menos aún, una norma donde se establezca que las declaraciones de retención en la fue nte presentadas sin pago se consideran como no presentadas. Por esta razón, aquellas declaraciones, aunque no produzcan ningún efecto legal, se encuentran plenamente PRESENTADAS, se cumple con el deber de declarar y, por ende, NO PROCEDE la sanción por no declarar contenida en el artículo 643

Por esta razón, aquellas declaraciones, aunque no produzcan ningún efecto legal, se encuentran plenamente PRESENTADAS, se cumple con el deber de declarar y, por ende, NO PROCEDE la sanción por no declarar contenida en el artículo 643 ibídem, la cual fue aplicada por la Autoridad tributaria al Departamento de Risaralda, la proferir la Resolución sanción por no Declarar No. 162412019000019 del 22 de mayo de 2019 […]”.

[…]

“[…] El Consejo de Estado en su providencia expuso claramente que la falta de pago de las declaraciones de retención en la fuente dejó de ser una causal para tenerla por no presentada (pág.6); pero arbitrariamente asigna a las declaraciones que no6

Núm. único de radicación: 110010315000202303027-00

Actor: Departamento de Risaralda

producen efectos legales por falta de pago el tipo infractor sancionable con el articulo 643 E.T. (no haber presentado la declaración de retención), cuando en esta disposición legal no se estipula sanción para las declaraciones de retención en la fuente que se presentan sin pago […]”.

[…]

“[…] La Constitución Política dispone que toda actuación, procedimiento y proceso administrativo sancionatorio esté consagrado en norma de carácter legal, constituyendo el Debido Proceso en una limitación a los poderes del Estado al corresponderle al leg islador establecer previamente la infracción, la sanción y la definición de las autoridades administrativas competentes para realizar la investigación e imponer la sanción. En este sentido, el Debido Proceso tiene como propósito sujetar las actuaciones a r eglas específicas de orden sustantivo y

definición de las autoridades administrativas competentes para realizar la investigación e imponer la sanción. En este sentido, el Debido Proceso tiene como propósito sujetar las actuaciones a r eglas específicas de orden sustantivo y procedimental, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas en ellas involucrados, al no permitir que ninguna decisión administrativa o judicial dependa del propio arbitrio del funcionario que la tome, sino que la decisión dependa de los procedimientos señalados por la ley […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 9 de junio de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Cuarta del Consejo de Estado ; y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, al Tribunal Administrativo de Risaralda y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar lo siguiente:

“[…] debe tenerse en cuenta que la Secretaría de la Sección Cuarta notificó por estado electrónico la sentencia el 28 de noviembre de 2022, de conformidad con el inciso 2.° del artículo 203 del CPACA, en consonancia con el artículo 295 del CGP. Bajo el criterio acogido por la Sección Cuarta, a partir del día siguiente a dicha fecha inicia a correr el término de seis meses para promover la demanda de tutela,

Bajo el criterio acogido por la Sección Cuarta, a partir del día siguiente a dicha fecha inicia a correr el término de seis meses para promover la demanda de tutela, oportunidad que en el caso finalizaba el 29 de mayo de 2023. Pese a esta circunstancia jurídica, la demand a de tutela fue enviada por la demandante al correo electrónico de la Secretaría General de esta corporación el 06 de junio de 2023, cuando habían transcurrido más de seis meses (índice 2 de Samai) […]”.

10. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las siguientes razones:7

Núm. único de radicación: 110010315000202303027-00

Actor: Departamento de Risaralda

“[…] La acción de tutela presentada por la parte accionante carece de relevancia constitucional al observar que las pretensiones están dirigidas y encaminadas a inmiscuirse en la competencia e independencia de la autoridad judicial accionada, al evidenciarse que la única intención del actor es utilizar esta acción como una tercera instancia para reabrir una discusión que ya fue dirimida por el Juez Natural […]”.

[…]

“[…] La parte accionante sustenta en el escrito de tutela que este requisito se cumple de manera satisfactoria, como quiera que la sentencia de segunda instancia del 10 de noviembre de 2022 fue notificada por estado el 28 de noviembre de 2022, quedando ejecutoriada desde el 01 de diciembre de 2022. Sin embargo, se observa que la radicación judicial de esta acción de tutela fue el 6 de junio de 2023 como

quedando ejecutoriada desde el 01 de diciembre de 2022. Sin embargo, se observa que la radicación judicial de esta acción de tutela fue el 6 de junio de 2023 como consta en la página Samai de la Rama Judicial […] En consecuencia, la acción de tutela no se interpu so dentro del plazo razonable de 6 meses desconociendo los lineamientos señalados por el Consejo de Estado, lo cual genera la improcedencia de este requisito […]”.

[…]

“[…] la autoridad judicial accionada en ningún momento desconoció el principio de legalidad al momento de analizar la sanción cuestionada por el accionante. Por el contrario, el proceder de la autoridad judicial estuvo legalmente fundado en la respectiva norma aplicable […] La autoridad judicial accionada no vulneró el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante debido a que el simple hecho de proferir un pronunciamiento contrario a los intereses de este no materializa por sí solo una vulneración a estos derechos fundamentales. Es imprescindible demostrar que el administrador de justicia actuó sin ningún fundamento jurídico o probatorio al momento de tomar la decisión, además de impedir el derecho de defensa y contradicción, para acreditar la violación al debido proceso y demás garantías fundamentales […]”.

11. El Tribunal Administrativo de Risaralda allegó copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 660012333000202000520-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad

del derecho identificado con el número único de radicación 660012333000202000520-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''8

Núm. único de radicación: 110010315000202303027-00

Actor: Departamento de Risaralda

Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defens a judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

14. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es

transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

14. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de inmediatez.

15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

Núm. único de radicación: 110010315000202303027-00

Actor: Departamento de Risaralda

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Núm. único de radicación: 110010315000202303027-00

Actor: Departamento de Risaralda

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

17. Esta Sección adoptó 8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 9, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la

constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

19. De lo ex puesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.10

Núm. único de radicación: 110010315000202303027-00

Actor: Departamento de Risaralda

vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer l ugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.

generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de descono cer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de inmediatez.

Acerca del requisito general de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela

23. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 12 estableció que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la

23. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 12 estableció que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la

10 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrat ivo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 12 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"11

Núm. único de radicación: 110010315000202303027-00

Actor: Departamento de Risaralda

sentencia SU-961 de 199913, consideró lo siguiente:

“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible d e establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible d e establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.

24. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito general de inmediatez dentro del marco de la acción