CE - 110010315000202303169011SENTENCIA20231005153718

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01

Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Demandado: Sección Cuarta del Consejo de Estado

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia y ii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 3 de agosto de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela con tra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir las providencias de 26 de octubre de 2022 y 9 de diciembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el2

de octubre de 2022 y 9 de diciembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01

Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

número único de radicación 08001-23-33-000-2020-00649-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2.Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en síntesis, son los siguientes:

3.Advirtió que, present ó demanda contra la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que: i) se declarara la nulidad de la Resolución núm. 0000659 del 26 de agosto de 2019, por medio de la cual se liquida ron intereses por giro extemporáneo del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 20 18, del porcentaje ambiental y se decretó la existencia de una obligación legal a favor de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico; y de la ii) Resolución núm. 0001036 del 27 de diciembre de 2019, que resolvió el recurso de reposición presentado contra la Resolución núm. 0000659 del 26 de agosto de 2019.

4. El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 1° de junio de 2022, resolviendo negar las pretensiones de la demanda.

contra la Resolución núm. 0000659 del 26 de agosto de 2019.

4. El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 1° de junio de 2022, resolviendo negar las pretensiones de la demanda.

5. El actor interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión de primera instancia, el cual fue concedido por el Tribunal en auto del 23 de junio de 2022, ordenando su remisión a la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

6. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió la providencia de 26 de octubre

de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] 1. Admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad con la Ley 2080 de 2021, contra la sentencia del 1 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C.

2. Por Secretaría informar si dentro del término de ejecutoria de este auto las partes allegan memoriales.

3. De no presentarse memoriales, el expediente pasará al despacho para emitir decisión de fondo […]”.3

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Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

7. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió la providencia de 9 de diciembre

de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] 1. Negar el recurso de reposición interpuesto por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, contra el auto del 26 de octubre de 2022, conforme a las

de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] 1. Negar el recurso de reposición interpuesto por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, contra el auto del 26 de octubre de 2022, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

2. Por Secretaría, continúese el trámite que corresponda para el recurso de súplica

[…]”.

8. La Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró que:

“[…] Se precisa que, comoquiera que la reposición es un recurso ordinario, las razones que lo sustentan deben ser verdaderos motivos de inconformidad frente a la decisión judicial que se controvierte. De lo contrario, el recurso carecería de objeto y, por lo tanto, no estaría llamado a prosperar.

Por su parte, el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, se fundamenta en la falta de competencia funcional de esta Sección, en el sentido que no es competente para conocer sobre las tasas o en su d efecto, lo que derive de estas. Señalando que de conformidad con el Acuerdo Nro. 080 del 12 de marzo de 2019, la distribución de los procesos que no se encuentran en cabeza de otras secciones, corresponde entonces a la Sección Primera de la Corporación.

Debe recordarse que la finalidad del recurso de reposición es que la autoridad que dictó la providencia pueda corregir los errores de juicio y, eventualmente, lo vicios en que hubiese podido incurrir.

Ahora bien, esta Sección en providencia del 13 de dic iembre de 2021, en proceso adelantado por la misma parte demandante y demandada, con supuestos facticos y jurídicos similares, dispuso “el asunto de referencia sí corresponde a la Sección

Ahora bien, esta Sección en providencia del 13 de dic iembre de 2021, en proceso adelantado por la misma parte demandante y demandada, con supuestos facticos y jurídicos similares, dispuso “el asunto de referencia sí corresponde a la Sección Cuarta, ya que se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos proferidos en el marco del procedimiento de cobro coactivo, de conformidad con el artículo 13, numeral 6, de las reglas de reparto de asuntos de la Sección Cuarta.” Por lo que no se está frente a una falta de competencia funcional.

Adicionalmente, dentro del mismo proceso, en providencia del 24 de marzo de 2022, que resuelve recurso de súplica contra la anterior decisión, dispuso “al existir una regla especial de competencia en cabeza de la Sección Cuarta del Consejo de Estado respecto a los procesos de nulidad y restablecimiento que se adelanten contra actos administrativos proferidos en el marco del proceso administrativo de cobro coactivo, no es procedente afirmar que el presente asunto tiene una naturaleza residual y debía ser conocido por la Sección Primera de esta Corporación.”

A modo de conclusión, se señala que el recurso de reposición debe ser negado, toda vez que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, cuenta con la competencia para conocer del presente proceso, ten iendo en cuenta que también ha conocido procesos similares entre las partes […]”.4

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Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. El actor solicitó en su escrito de tutela:

Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1ª Que se ampare el Derecho Fundamental al Debido Proceso (art. 29 C.P.) y al acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA y se dejen sin efectos jurídicos los autos de fecha 26 de octubre de 2022 y 9 de diciembre de 2022, proferidos por la Magistrada, Dra. MYRIAM STELLA GUTIERREZ DE ARGÜELLO de la SECCION CUARTA de la Sala de lo Contencioso Administrativo del CONSEJO DE ESTADO dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derech o radicado No. 08 -00123-33-000-2020-00649-01 (26842).

2ª Que consecuencialmente, se ordene a la accionada enviar el expediente a la Sección Primera del Consejo de Estado por la competencia establecida en el Reglamento Interno de esta Honorable Corporación […]”.

Actuación

10.El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 6 de julio de 2023; i) admitió la acción de tutela ; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Cuarta del Consejo de Estado ; y iii) vinculó al Tribunal Administrativo del Atlántico, a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre

Administrativo del Atlántico, a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

11. La Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró que:

“[…] La corroboración del requisito de relevancia constitucional exige que el juez constitucional evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales. Por tal motivo, debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para a dicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa.

En el caso bajo examen, la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional porque el accionante trata de convertir la tutela en una instancia adicional al proceso5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01

Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

en la medida que los argumentos de la tutela ya fueron resueltos por el juez ordinario. Esto es así porque la discusión planteada con relación a la falta de competencia de esta Sección para conocer del proceso ordinario, fue objeto de

en la medida que los argumentos de la tutela ya fueron resueltos por el juez ordinario. Esto es así porque la discusión planteada con relación a la falta de competencia de esta Sección para conocer del proceso ordinario, fue objeto de pronunciamiento expreso por el demandante en el recurso de reposición interpuesto contra el auto que admitió el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 1 de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico […]”.

12. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, al haberse configurado la falta de legitimación en la causa por pasiva.

13. El Tribunal Administrativo del Atlántico y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

14. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 3 de agosto de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la CRA.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado […]”.

14.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Como se expuso en precedencia, la vulneración alegada por la parte actora se concretó con las providencias de 26 de octubre y 9 de diciembre de 2022. Se recuerda que, en la primera de las decisiones reprochadas se admitió el recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia, mientras que en el

concretó con las providencias de 26 de octubre y 9 de diciembre de 2022. Se recuerda que, en la primera de las decisiones reprochadas se admitió el recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia, mientras que en el segundo, se rechazó un recurso de reposición presentado contra el anterior auto.

50. La parte actora insistió en que la Sección Cuarta no es competente para tramitar el asunto que se ventila al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2020 -00649-01, por no ser de carácter tributario. Explicó que se desconoció el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece los criterios de especialidad de las distintas Salas y Secciones de la corporación, y que la autoridad judicial reprochada no justificó, de conformidad con la norma aludida, por qué podía conocer el proceso. Asimismo, indicó que la Sección Primera de este organismo colegiado era la competente y que ello lo había desarrollado ampliamente en otro medio de control con similares supuestos fácticos y jurídicos. 51. Para la Sala, el asunto que pretende someter a debate del juez constitucional el ente territorial acc ionante carece de relevancia constitucional por las razones que pasan a exponerse […]”.

[…]6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01

Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

“[…] 60. De conformidad con lo anterior, para la Sala los reproches de la parte tutelante carecen de relevancia constitucional, pues caen en simples conjeturas

Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

“[…] 60. De conformidad con lo anterior, para la Sala los reproches de la parte tutelante carecen de relevancia constitucional, pues caen en simples conjeturas frente a la interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada sobre las reglas de reparto, las cuales confunde con la competencia legalmente asignada a este cuerpo colegiado.

61. Así las cosas, la providencia objeto de estudio no es vulneradora de garantías de raigambre ius fundamental, ni se encuentra razón o fundamento con carga constitucional que implique que el juez estudie de fondo la decisión citada. Se itera, el reproche de la parte actora recae en una confusión entre las figuras de reparto interno y competencia legal, cuya función es exclusiva del legislador.

62. Lo anterior no obsta para aclarar que entre las Secciones del Consejo de Estado se pueden proponer conflictos sobre el conocimiento de un asunto, de acuerdo con las reglas de reparto y especialidad previstas en el Acuerdo 080 de 2019, pero estos los proponen las Salas corresp ondientes y los resuelve el presidente de la corporación.

63. En vista de lo esbozado, corresponde declarar que este mecanismo judicial es improcedente porque no reviste relevancia constitucional dado que no existe una carga mínima argumentativa que contr ovierta la providencia de 9 de diciembre de

2022. Lo anterior, se reitera, porque los cargos de esta tutela se dirigen a cuestionar por qué una Sección del Consejo de Estado está tramitando un asunto, cuya competencia tiene legalmente asignada por confundi r esta figura con las reglas de reparto fijadas en el reglamento interno del cuerpo colegiado […]”.

por qué una Sección del Consejo de Estado está tramitando un asunto, cuya competencia tiene legalmente asignada por confundi r esta figura con las reglas de reparto fijadas en el reglamento interno del cuerpo colegiado […]”.

La impugnación

15.El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con fundamento en lo siguiente:

“[…] Manifiesta la Honorable Sección Quinta que no accede a la solicitud de amparo deprecada porque no existe relevancia constitucional en el escrito de tutela, así:

“60. De conformidad con lo anterior, para la Sala los reproches de la parte tutelante carecen de relevancia constitucional, pues caen en simples conjeturas frente a la interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada sobre las reglas de reparto, las cuales confunde con la competencia legalmente asignada a este cuerpo colegiado.

61. Así las cosas, la providencia objeto de estudio no es vulneradora de garantías de raigambre ius fundamental, ni se encuentra razón o fundamento con carga constitucional que implique que el juez estudie de fondo la decisión citada. Se itera, el reproche de l a parte actora recae en una confusión entre las figuras de reparto interno y competencia legal, cuya función es exclusiva del legislador.

62. Lo anterior no obsta para aclarar que entre las Secciones del Consejo de Estado se pueden proponer conflictos sobre el conocimiento de un asunto, de acuerdo con las reglas de reparto y especialidad previstas en el Acuerdo 080 de 2019, pero estos los proponen las Salas correspondientes y los resuelve el presidente de la corporación”7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01

los proponen las Salas correspondientes y los resuelve el presidente de la corporación”7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01

Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

No estoy de acuerdo con la anterior postura de la Sección Quinta porque considera el suscrito que sí se cumplieron los requisitos de la sentencia SU-215 de 2022 en el sentido que se satisfizo a cabalidad las siguientes exigencias:

“(…), la relevancia constitucional protege el carácter su bsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenid o estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”

En el caso bajo estudio la Consejera Ponente MYRIAM STELLA GUTIERREZ ARGÜELLO, ha violado arbitrariamente el derecho fundamental al Debido Proceso del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, toda vez que esquiva el

En el caso bajo estudio la Consejera Ponente MYRIAM STELLA GUTIERREZ ARGÜELLO, ha violado arbitrariamente el derecho fundamental al Debido Proceso del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, toda vez que esquiva el principio de especialidad que gobierna las Altas Cortes, puesto que de forma grosera, no explica con el Reglamento del Consejo de Estado en la mano (Acuerdo No. 080 de 20 19) cuáles son las razones de derecho para afirmar que sí es competente para conocer del presente asunto, sino que simplemente invoca como precedente que ya se conoció de un asunto similar entre las mismas partes, cual es el proceso radicado 08001 -23-33-000-2018-01048-01 (25280), proceso que fue sometido a un incidente de nulidad contra su sentencia, la que fue negada y contra el cual cursa actualmente un recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, es decir, “ Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación” cuyo radicado es 11001 -03-15-000-2022-03745-00 Sala Especial de Decisión No. 26 de lo Contencioso Administrativo.

Este caso es de relevancia constitucional porque desarrolla el alcance de un derecho fundamental, pues existe una vulneración clara al debido proceso, habida consideración que no es cierto como lo dice el fallo impugnado que cualquier sección puede resolver cualquier asunto porque la norma legal prevalece sobre el acuerdo de reparto de los asuntos que contienen las diferentes demandas que llegan al Consejo de Estado.

consideración que no es cierto como lo dice el fallo impugnado que cualquier sección puede resolver cualquier asunto porque la norma legal prevalece sobre el acuerdo de reparto de los asuntos que contienen las diferentes demandas que llegan al Consejo de Estado.

Si así fuera, entonces, ¿para qué se expidió el Acuerdo No. 080 de 2019?, entonces, mejor no se hubiera expedido y que suceda como sucede en la mayoría de los tribunales administrativos del país con excepción del de Cundinamarca en los cuales, cualquier Magistrado puede conocer de cualquier asunto y en ese caso nos gobernaría el principio de la promiscuidad y no el principio de la especialidad […]”.

[…]

“[…] Como se puede apreciar, es la misma Constitución Política la que consagra que el Consejo de Estado se divide en Salas y Secciones PARA SEPARAR LAS FUNCIONES JUDICIALES DE LAS OTRAS QUE LE SEAN ATRIBUIDAS POR LA CARTA POLÍTICA Y POR LA NORMA LEGAL, es decir, la especialidad de las salas y secciones del Consejo de Estado es un asunto de raigambre constitucional y no una confusión entre las figuras de reparto interno y competencia legal, como lo pretende hacer ver la Sección Quinta quien actúa como A Quo en esta acción de tutela. Si la especialidad es un asunto constitucional no puede decirse que es una diferencia conceptual entre las instituciones de reparto interno y competencia8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01

Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

atribuida por la Ley, por lo que debe considerarse que este asunto sí tiene relevancia constitucional.

Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

atribuida por la Ley, por lo que debe considerarse que este asunto sí tiene relevancia constitucional.

Si la especialidad no fuera de relevancia constitucional, entonces, debe permitirse que la Sección Quinta que conoce de asuntos electorales, conozca de procesos laborales o que la sección tercera que conoce de asuntos contractuales y de responsabilidad, conozca de asuntos como los que conoce la Sala de Consulta y Servicio Civil, entonces, la especialidad no aplicaría y existiría caos en el Consejo de Estado donde cualquier sala o sección conocería de cualquier tema jurídico.

Así las cosas, es clara la obligatoriedad de los funcionarios judiciales de actuar conforme a la Ley, fundar sus actuaciones con principios hermenéuticos que se apliquen en las características particulares de cada caso, puesto que la indebida interpretación de la norma conlleva a la vulneración de los derechos fundamentales y la congestión de la justicia […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los cas os expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''. 2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01

Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Problema jurídico

18.Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procede nte la acción de

Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Problema jurídico

18.Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procede nte la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

19.Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia , procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

20.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

21.Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-0132810

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01

Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

22.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos

la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

23.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.

24.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

25.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de l a Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 8 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 9 Consejo de Esta