CE - 110010315000202304068001SENTENCIA20230830155418

Demandante: Fredy Güiza Patiño

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04068-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04068-00

Demandante: FREDY GÜIZA PATIÑO

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia constitucional. Derecho a la igualdad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia , de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Fredy Güiza Patiño, por intermedio de apoderado judicial, mediante escrito enviado por correo electrónico el 27 de julio de 2023, presentó acción de tutela con

1.1. La solicitud de amparo

El señor Fredy Güiza Patiño, por intermedio de apoderado judicial, mediante escrito enviado por correo electrónico el 27 de julio de 2023, presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las mencionadas garantías las consideró vulneradas con ocasión de las sentencias del 2 de diciembre de 2021, del Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por medio de la cual se negaron las pretensiones deprecadas y del 16 de marzo de 2023 , del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que confirmó la decisión de primer grado, dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 11001-33-35-022-2021-00022-00/01, que promovió contra la Unidad Nacional de Protección (UNP).

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones son las siguientes:

PRIMERA. Que se cobijen los derechos fundamentales a la Igualdad, Debido Proceso y Administración de Justicia de FREDY GÜIZA PATIÑO vulnerados por lo decidido en la Sentencia de Primera Instancia del dos (2) de diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Bogotá D.C. y la Sentencia de Segunda Instancia del dieciséis (16) de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Demandante: Fredy Güiza Patiño

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A y otro

de Cundinamarca.Demandante: Fredy Güiza Patiño

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04068-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDA. Que, en consecuencia, se revoquen la Sentencia de Primera Instancia del dos (2) d e diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Bogotá D.C. y la Sentencia de Segunda Instancia del dieciséis (16) de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERA. Que, en consecuencia, se o rdene al Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Bogotá D.C. y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconocer las pretensiones del proceso .1 (Negrillas y mayúsculas sostenidas originales)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta providencia:

1.3.1. El señor Fredy Güiza Patiño ingresó a laborar el 6 de marzo de 1995, al extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, inicialmente como detective alumno grado 326-03 y, a partir del 22 del mismo mes y año como detective grado 208-06.

Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, inicialmente como detective alumno grado 326-03 y, a partir del 22 del mismo mes y año como detective grado 208-06.

1.3.2. Mediante la Resolución No. 044 de 27 de diciembre de 2011, el señor Güiza Patiño fue incorporado a la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, en el cargo de oficial de protección grado 13, con ocasión de la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad -DASdispuesta por el Decreto 4057 de 31 de octubre de 2011.

1.3.3. Mediante petición de 15 de enero de 2021, el tutelante solicitó a la Unidad Nacional de Protección -UNP-, el reconocimiento de la actividad que desarrolla en la entidad como de alto riesgo y, en consecuencia, se realizara la cotización adicional de 10% para pensión, con retroactividad desde el 1.° de enero de 2012 , pedimento atendido en forma adversa a sus intereses por medio de l oficio N.° OFI21-00001475 de 22 de enero de 2021.

1.3.4. El accionante presentó, por conducto de apoderado judicial, demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo antes referido que le negó las peticiones laborales.

1.3.5. Del referido proceso, c onoció en primera instancia el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , bajo el radicado 11001 -33-35-0222021-00022-00, autoridad judicial que en sentencia de 2 de diciembre de 2021, negó las pretensiones deprecadas, al considerar que, en atención a que el demandante

2021-00022-00, autoridad judicial que en sentencia de 2 de diciembre de 2021, negó las pretensiones deprecadas, al considerar que, en atención a que el demandante no cumplió con los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estaba cobijado por el régimen previsto en Sistema General de Pensiones, en el cual no se encontraba calificada como de alto riesgo la actividad desarrollada por los detectives vinculados al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-.

1.3.6. Contra la anterior decisión el demandante interpuso recurso de apelación, para lo cual iteró los argumentos del escrito inicial e indicó que estaba probado que después del año 2012, prestó servicios como hombre de protección del esquema

1 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.Demandante: Fredy Güiza Patiño

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04068-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de seguridad del señor Ju an Carlos Gaviria Trujillo, las cuales también fueron certificadas por el Archivo Central, luego, en su sentir, debía darse aplicación a lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Política.

1.3.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección A, en fallo de 16 de marzo de 2023, confirmó la providencia recurrida, para lo cual,

dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Política.

1.3.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección A, en fallo de 16 de marzo de 2023, confirmó la providencia recurrida, para lo cual, después de referirse a la antinomia existente entre los artículos 7.° del Decreto Ley 4057 de 2011 2 y 3.° del Decreto 4067 de 2011 3, y de precisar que prevalecía la primera, dada su jerarquía normativa, señaló que el régimen prestacional que gobernaba la situación del demandante era el previsto para el personal de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, esto es, el general de la carrera administrativa y, comoquiera que no existe norma que estableciera que estos desarrollan actividades de alto riesgo, no era posible hacer cotizaciones pensionales de tal naturaleza.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que la s autoridades judiciales cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, a l debido proceso y de acceso a la administración de justicia, para lo cual, en primer lugar, hizo referencia de manera sucinta al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial.

Alegó enseguida que, en las sentencias reprochadas se incurrió en un defecto sustantivo, pues, se realizó una interpretación exegética y orgánica de las normas aplicables al caso, para concluir equivocadamente que las actividades desarrolladas en la Unidad Nacional de Protección -UNPno eran de alto riego, cuando estas mismas funciones adelantadas en el extinto Departamento Adm inistrativo de Seguridad -DAS-, conllevaron a que dicha entidad efectuara las cotizaciones a

en la Unidad Nacional de Protección -UNPno eran de alto riego, cuando estas mismas funciones adelantadas en el extinto Departamento Adm inistrativo de Seguridad -DAS-, conllevaron a que dicha entidad efectuara las cotizaciones a pensión deprecadas, hasta el momento de su disolución.

En ese orden, resaltó que tal como se argumentó en las distintas etapas del proceso ordinario, en las dos entidades realizó las mismas acciones, con los mismos elementos logísticos y a cargo de la protección de la misma persona, luego, ni la administración ni los operados judiciales podían desconocer que se exponía laboralmente a un alto riesgo y, por lo tanto, era merecedor de las prerrogativas que comporta tal situación.

Iteró que se configuraba el referido yerro por errónea interpretación de la ley, pue s al hacerse un estudio sistemático del Decreto 1835 de1994, que integró el cargo de detective del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, junto con las reglas fijadas en la sentencia C-853 de 2013, era claro que ten ía derecho a la cotización especial adicional, pues en realidad si desempeñó funciones de alto riego.

2 Artículo 7°. Régimen de personal. El régimen salarial, prestacional, de carrera y de administración de personal de los servidores que sean incorporados será el que rija en la entidad u organismo receptor, con excepción del personal que se incorpore al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional cuyo régimen salarial y prestacional lo fijará el Presidente de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. 3 ARTICULO 3º. Los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad - DASincorporados

Nacional cuyo régimen salarial y prestacional lo fijará el Presidente de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. 3 ARTICULO 3º. Los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad - DASincorporados en la Unidad Nacional de Protección, UNP, conservarán los beneficios salariales y prestacionales que venían percibiendo, con excepción de la prima de riesgo que quedó incorporada a la asignación básica y a la bonificación especial por compensación, hasta su retiro de la entidad .Demandante: Fredy Güiza Patiño

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04068-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otra parte, aseveró que se incurrió en desconocimiento de precedente , comoquiera que las autoridades judiciales accionadas no atendieron, pese a que se les puso de presente, la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección C del 22 de julio de 2020, dictada en el expediente 11001334204620170026601, que en un caso con similar situación fáctica, accedió a la cotización especial de alto riesgo.

Precisó que además dicha corporación expidió en el proceso 11001333502220190027101, fallo de 8 de septiembre de 2022, en el que concedió la pretensión reclamada, luego, existían 2 antecedentes sobre el tema.

Finalmente, indicó que la inaplicación del precedente sin la carga argumentativa

11001333502220190027101, fallo de 8 de septiembre de 2022, en el que concedió la pretensión reclamada, luego, existían 2 antecedentes sobre el tema.

Finalmente, indicó que la inaplicación del precedente sin la carga argumentativa requerida para su justificación , vulnera claramente su derecho fundamental a la igualdad, comoquiera que, en su sentir, ante dos casos con situaciones fácticas análogas, debe realizarse un juicio de igualdad «complejo» que permita verificar si hay lugar a un trato diferente o si, por el contrario, en virtud de dicho principio constitucional debe ser el mismo para ambos escenarios.

En ese orden, señaló que respecto a las decisiones judiciales, se espera que están sean iguales ante circunstancias idénticas, en atención a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, razón por la cual, al no tenerse en cuenta el precedente judicial, como sucedió en su caso, omitiendo los requisitos de transparencia y suficiencia, se trasgrede la prerrogativa constitucional en comento.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 31 de julio de 20234, el despacho sustanciador de esta decisión admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, así como a los magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al titular del Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , en calidad de accionados, y les otorgó el término de dos días para que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Judicial de Bogotá , en calidad de accionados, y les otorgó el término de dos días para que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Como tercero con interés, vinculó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) [parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho controvertido ], para que, si lo consideraba del caso, interviniera en la presente acción, dentro de la misma oportunidad concedida a la parte demandada.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la información de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso ordinario donde se dictó la providencia censurada.

Finalmente, reconoció al abogado Fredy Alejandro Güiza Álvarez como apoderado judicial del tutelante , de conformidad con el poder allegado electrónicamente al expediente.

4 Corregido por auto de 22 de agosto de 2023, respecto al nombre del tutelante.Demandante: Fredy Güiza Patiño

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

www.consejodeestado.gov.co 1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A5

Por conducto del magistrado ponente de la decisión cuestionada, la corporación en comento señaló que la tutela era improcedente comoquiera que no hubo trasgresión a ninguna garantía constitucional del accionante, sumado a que tampoco acreditó una situación de grave, inminente y urgente que ameritara una protección inmediata.

1.6.2. Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá6

El titular del referido despacho judicial , después de hacer un recuento sobre el trámite que se le dio al proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho en la primera instancia, solicitó que se tuvieran en cuenta los argumentos de hecho y de derecho expuestos en su sentencia, en los cuales no se advertía, por acción u omisión, la amenaza o vulneración de alguna prerrogativa superior del actor.

1.6.3. Unidad Nacional de Protección -UNPLa referida entidad, por conducto del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en mensaje de datos de 8 de agosto de 2023, solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo, comoquiera que no hubo violación alguna a los derechos fundamentales del actor. Asimismo, deprecó la desvinculación del presente trámite, por cuanto, los reparos están dirigidos contra las sentencias que resolvieron su caso, frente a las cuales no tiene ninguna injerencia, luego carece de legitimación en la causa por pasiva.

reparos están dirigidos contra las sentencias que resolvieron su caso, frente a las cuales no tiene ninguna injerencia, luego carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.4. El apoderado del actor, en correo de 9 de agosto de 2023, solicitó no tener en cuenta la respuesta allegada por la Unidad Nacional de Protección -UNP-, por cuanto, en su sentir, se presentó de forma extemporánea y, el 24 del presente mes allegó copia de la sentencia del 11 de octubre de 2022, de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictada en el expediente 11001-33-42-051-2019-00274-02.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela presentada por el señor Fredy Güiza Patiño, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

5 Mediante correo electrónico de 3 de agosto de 2023. 6 Con mensaje de datos del 2 de agosto de 2023.Demandante: Fredy Güiza Patiño

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2. Cuestiones previas

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2. Cuestiones previas

La Unidad Nacional de Protección -UNPen su escrito de intervención solicit ó su desvinculación del presente trámite, por no estar legitimada en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala la negará, comoquiera que la presencia de la referida entidad en la presente acción constitucional es en calidad de tercero con interés y no como parte accionada.

Frente a lo solicitado por la parte demandante, la misma no resulta procedente comoquiera que de conformidad con el inciso 3º artículo 8º de la Ley 2213 de 20227, el término concedido en el auto admisorio de la tutela inició dos días después de recibido el mensaje, esto es, el 8 de agosto de 2023, día precisamente en que se recepcionó la respuesta de la Unidad Nacional de Protección -UNP-.

Finalmente se precisa que, si bien el actor cuestiona las sentencia s de primera y segunda instancia dictadas en el proceso ordinario, el estudio en el presente trámite se realizara respecto de la dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por ser la que puso fin al asunto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales del accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 16 de marzo de 2023, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A confirmó la providencia del

fundamentales del accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 16 de marzo de 2023, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A confirmó la providencia del Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , que negó las pretensiones del medio de control de nulida d y restablecimiento del derecho que promovió contra la Unidad Nacional de Protección -UNP-.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia j udicial; (ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad , en especial , el de la relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.

7 «La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. » 8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:

8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 9 El recuento de esos criterios se encuentra e n las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.Demandante: Fredy Güiza Patiño

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-04068-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual resulta pertinente , en primer lugar, recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU -215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales . Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de

advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202212 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional.

10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramíre z Ramírez. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.Demandante: Fredy Güiza Patiño

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04068-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

1. Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

1. Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

1. Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria.

judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre13.

2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por el tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que , las inconformidades planteadas no contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué el asunto implica la intervención del fallador de esta sede , sumado a que l o pretendido es utilizar este escenario como una instancia adicional del proceso ordinario.

En efecto, si bien el actor presentó una extensa solicitud de amparo, lo cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación d e la Corte Constitucional, SU -215 de 2022 , además que los reparos planteados en este escenario ya fueron resueltos por los jueces naturales.

Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el

fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita

13 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.Demandante: Fredy Güiza Patiño

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental . Esto, ya que la competencia de este operador judicial se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones a