CE - 110010315000202304127001SENTENCIA20230921160703

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202304127-00

Actora: Mery Rodríguez Bohórquez Demandados: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de inmediatez

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Casanare.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Casanare, porque, a su juicio, i) el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 17 de noviembre de 2022, y ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de 25 de febrero de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y

de noviembre de 2022, y ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de 25 de febrero de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202304127-00

Actora: Mery Rodríguez Bohórquez

850012333000201600040-02: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fomag, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , con el fin de que se declarara la nulidad “[…] de los oficios 600 51 -02 de 14 de abril y 20150170419061 de 2 de junio, ambos de 2015, por los que la secretaría de educación de Casanare y la Fiduciaria La Previsora SA (Fiduprevisora), respectivamente, negaron «[…] el reconocimiento de la sanción moratoria a que tiene derecho [la actora ] por el no pago oportuno de sus cesantías definitivas reconocidas en la resolución 2314 de 24 de agosto de 2010 […]” , y a titulo de

respectivamente, negaron «[…] el reconocimiento de la sanción moratoria a que tiene derecho [la actora ] por el no pago oportuno de sus cesantías definitivas reconocidas en la resolución 2314 de 24 de agosto de 2010 […]” , y a titulo de restablecimiento del derecho, “[…] se ordene a la accionada sufragar la referida sanción, debidamente indexada, y pagar costas procesales […]”.

4. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia de primera instancia el 25 de febrero de 2021, mediante la cual, “[…] declaró de oficio probada la excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, se inhibió para pronunciarse de fondo respecto de la controversia […]”.

5. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia el 17 de noviembre de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] 1º. Confírmase la sentencia de 25 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que declaró de oficio probada la excepción de cosa juzgada en el proceso instaurado por la señora Mery Rodríguez Bohórquez contra la Nación – Ministerio de Educaci ón Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), por las razones consignadas en la parte motiva. […]”.

5.1. Al respecto consideró lo siguiente:3

Núm. único de radicación: 110010315000202304127-00

Actora: Mery Rodríguez Bohórquez

“[…] De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar (i) si el medio exceptivo denominado cosa juzgada tiene vocación de

Actora: Mery Rodríguez Bohórquez

“[…] De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar (i) si el medio exceptivo denominado cosa juzgada tiene vocación de prosperidad en el presente asunto, y, en caso negativo, (ii) si a la demandante le asiste o no el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias, por el pago tardío de sus cesantías definitivas. […]”.

[…]

“[…] En el sub lite se tiene que, mediante fallo de 22 de marzo de 2013, el Juzg ado Tercero (3º) Administrativo de Descongestión de Yopal accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 8500133-31-703-2012-0007400 incoada por la actora contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fomag, en la que reclamaba la «[…] sanción moratoria […] derivada del retraso en el pago de una liquidación de unas cesantías definitivas cuyo desembolso fue supeditado por la entidad demandada al turno de radicación de la solicitud y a la disponibilidad de presupuesto»2 (sic).

En este orden de ideas, se procederá a dilucidar si en este asunto existe cosa juzgada frente a las súplicas planteadas dentro del presente medio de control, para lo cual resulta oportuno analizar a través del siguiente cuadro comparativo si se colman o no los presupuestos procesales exigidos en el precitado artículo 303 del CGP, para que se configure ese fenómeno:

resulta oportuno analizar a través del siguiente cuadro comparativo si se colman o no los presupuestos procesales exigidos en el precitado artículo 303 del CGP, para que se configure ese fenómeno:

“[…] Así las cosas, de acuerdo con el precitado derrotero jurisprudencial del Consejo de Estado y conforme al cotejo efectuado en precedencia, en el litigio que ahora nos ocupa se acreditan los tres supuestos que configuran la cosa juzgada, en la medida en que (i) las partes son las mismas, pues ambos procesos fueron instaurados por la

2 De acuerdo con lo consignado en el acápite de problema jurídico de la citada providencia de 22 de marzo de 2013.4

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Actora: Mery Rodríguez Bohórquez

accionante contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag, y (ii) existe identidad de objeto, toda vez que, pese a tratarse de actos diferentes (los acusados), el problema jurídico decidido en el proceso 85001-33-31-703-2012-00074-00 coincide con el formulado en la presente controversia, esto es, determinar si hay lugar al reconocimiento de la sanción moratoria deprecada por la actora, ante la tardanza de la Administración de pagar las cesantías definitivas liquidadas a su favor, a través de Resolución 2314 de 24 de agosto de 2010.

De igual modo, (iii) la causa concuerda con la anterior demanda, habida cuenta de que las cesantías definitivas cuya mora invoca la recurrente, son aquellas otorgadas por medio de la citada Resolución 2314, por tanto, no es dable volver a efectuar un

De igual modo, (iii) la causa concuerda con la anterior demanda, habida cuenta de que las cesantías definitivas cuya mora invoca la recurrente, son aquellas otorgadas por medio de la citada Resolución 2314, por tanto, no es dable volver a efectuar un estudio sobre este mismo aspecto.

Por otra parte, la tesis planteada en la alzada, concerniente a que no se configuró la cosa juzgada en razón a que entre los actos administrativos demandados en los citados expedientes trascurrieron más de tres (3) años11 , carece de asidero jurídico por cuanto, por un lado, no existe normativa alguna que contenga una excepción en tal sentido y, por otro, el desconocimiento de este fenómeno conllevaría vulnerar el principio de seguridad jurídica, fundamental para una eficiente, eficaz y justa prestación del servicio de administración de justicia.

Asimismo, se advierte que en el proceso adelantado por el J uzgado Tercero (3º) Administrativo de Descongestión de Yopal se determinó que el 25 de febrero de 2011 fueron giradas a la interesada las cesantías definitivas, sin perjuicio de que no las hubiera retirado por la omisión de cobrarlos de manera oportuna; en consecuencia, no resulta viable, como lo pretende aquella, intentar revivir con el asunto sub judice una controversia que fue zanjada con antelación, máxime cuando, de estar inconforme con algún aspecto del fallo allí adoptado, dejó de interponer el recurso de apelación, lo que denota el descuido en que incurrió, que no puede ser enmendado o corregido con este nuevo trámite.

Por consiguiente, respecto de las pretensiones de la demanda del proceso de la

apelación, lo que denota el descuido en que incurrió, que no puede ser enmendado o corregido con este nuevo trámite.

Por consiguiente, respecto de las pretensiones de la demanda del proceso de la referencia se cumplen los requisitos para la configu ración de la institución jurídicoprocesal de la cosa juzgada, al existir identidad de objeto, causa y partes.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró de oficio probada la excepción de cosa juzgada […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA: Se me amparen los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, los que aparecen vulnerados con las providencias judiciales que pusieron fin a la instancia.

SEGUNDA: Dejar sin validez y sin efectos la sentenci a proferida el 25 de febrero de 2021 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE y 17 de noviembre de5

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Actora: Mery Rodríguez Bohórquez

2022 por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B.

TERCERA: En virtud de lo anterior, amparar los Derechos Fundamentales implorados

2022 por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B.

TERCERA: En virtud de lo anterior, amparar los Derechos Fundamentales implorados y proferir la decisión que en sede constitucional corresponda conforme a lo expuesto anteriormente […]”.

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de agosto de 2023; i) admitió la acción de tutela , ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Casanare; y iii) vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Ma gisterio, a la Fiduciaria La Previsora S.A. 3 y al Departamento de Casanare , en calidad de tercero s con interés legítimo , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó que “[…] en lo concerniente a los hechos sobre los cuales se fundamenta me atengo a lo que se demuestre durante el trámite y, en cuanto dice relación con los motivos de inconformidad con la providencia de 17 de noviembre de 2022 proferida dentro del referido asunto, somos del criterio que las razones que le sirvieron de fundamento están consignadas en sus motivaciones, las que deben dar suficientemente cuenta de aquellas. […]”.

9.El Tribunal Administrativo de Casanare, manifestó que, “[…] la providencia objeto

están consignadas en sus motivaciones, las que deben dar suficientemente cuenta de aquellas. […]”.

9.El Tribunal Administrativo de Casanare, manifestó que, “[…] la providencia objeto de tutela no trasgrede los derechos constitucionales invocados por la accionante […]”. Al respecto señaló lo siguiente:

“[…] me permito indicar que de conformidad con las consideraciones efectuadas en la providencia emitida por esta Corporación el 25 de febrero de 2021, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 85001-2333-000-2016-00040-00, no se vulneran los derechos fundamen tales a que hacen referencia la accionante, porque la decisión adoptada se profirió de conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del CPACA, sin la modificación efectuada con la Ley 2080 de 2021, según el cual, en

3 Como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.6

Núm. único de radicación: 110010315000202304127-00

Actora: Mery Rodríguez Bohórquez

la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada.

En el análisis correspondiente, se valoraron las pruebas aportadas al proceso, también se verificaron los presupuestos de la cosa juzgada en los expedientes 201600040-00 y Nos. 2012-00074-00, concluyendo que en efecto se configuró el medio exceptivo; contrario a lo señalado por la accionante, la suscrita sí firmó de manera electrónica la providencia objeto de tutela, como en efecto lo dispone la Circular PCSJC20-19 de 2020 expedida por la presidente y el director ejecutivo del Consejo

exceptivo; contrario a lo señalado por la accionante, la suscrita sí firmó de manera electrónica la providencia objeto de tutela, como en efecto lo dispone la Circular PCSJC20-19 de 2020 expedida por la presidente y el director ejecutivo del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se encuentra vigente, cuya autenticidad se puede validar con el código que aparece al final de la sentencia1, ingresándolo al link https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica/. Por tanto, no se configura la nulidad por falta de firma de la ponente, a que alude la tutelante.

Finalmente, me permito indicar que la presente tutela no cumple con el principio de inmediatez, por cuanto la sentencia de segunda instancia se notificó el 20 de enero de 20234, y desde esa fecha a la radicación de la acción (31 de julio de 2023), han transcurrido 6 meses y 11 días […]”.

10. La Fiduciaria La Previsora S.A. 5 solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo y su desvinculación de la acción de amparo, toda vez que, no está legitimado en la causa por pasiva.

11. La Gobernación de Casanare solicitó su desvinculación del presente trámite de tutela, al haberse configurado la falta de legitimación en la causa por pasiva.

12. La Nación – Ministerio de Educación Nacional guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.

4https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=8500123330002016000400211 00103 5 Como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.7

Núm. único de radicación: 110010315000202304127-00

Actora: Mery Rodríguez Bohórquez

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como m ecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

15. Advierte la Sala que, la Fiduciaria La Previsora S.A. 6 y la Gobernación del Casanare solicitaron que se le desvinculara del presente tramite de tutela, al

Cuestión previa

15. Advierte la Sala que, la Fiduciaria La Previsora S.A. 6 y la Gobernación del Casanare solicitaron que se le desvinculara del presente tramite de tutela, al haberse configurado la falta de legitimación en la causa por pasiva.

16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés

legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante d e la actora o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

17. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en

los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguien te: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones

legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones

6 Como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería8

Núm. único de radicación: 110010315000202304127-00

Actora: Mery Rodríguez Bohórquez

de la actora y las razones de la oposición por el demandado, mediante sent encia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…). La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que la actora le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública

vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[8 ]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales d e la actora, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

18. La Sala advierte que , la Fiduciaria La Previsora S.A. y la Gobernación del Casanare solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece n de legitimación en la causa por pasiva.

19. Al respecto, es preciso indicar que, por un lado, la Fiduciaria La Previsora S.A., es tercero con interés directo, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el numero único de radicación 8500123-33-000-2016-00040-02; y por otro lado , la Gobernación del Casanare, es parte demandada en el proceso de medio de control de nulidad y restablecimiento del

restablecimiento del derecho identificado con el numero único de radicación 8500123-33-000-2016-00040-02; y por otro lado , la Gobernación del Casanare, es parte demandada en el proceso de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el numero único de radicación 85001 -23-33-000-201600040-02.

20. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Fiduciaria La Previsora S.A. y a la Gobernación del Casanare les asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.9

Núm. único de radicación: 110010315000202304127-00

Actora: Mery Rodríguez Bohórquez

21. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Fiduciaria La Previsora S.A. y la Gobernación del Casanare.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de la inmediatez.

tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de la inmediatez.

23. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a l acceso a la administración de justicia v), procediendo posteriormente a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

24.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el fut uro determine la ley y la propia doctrina judicial.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.10

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.10

Núm. único de radicación: 110010315000202304127-00

Actora: Mery Rodríguez Bohórquez

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

25.Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 11, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

26.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de pr ocedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimien to del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no s e trate de tutela contra tutela.

27.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

27.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.

28. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instru mento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administ rativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328. 11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 12 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.11

Núm. único de radicación: 110010315000202304127-00

Actora: Mery Rodríguez Bohórquez

29.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la

Núm. único de radicación: 110010315000202304127-00

Actora: Mery Rodríguez Bohórquez

29.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

30. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento del requisito general de inmediatez como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional14.

Acerca del requisito general de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela

31.Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199115 estableció que la acción de tutela puede presentarse en t odo momento, no significa que no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la sentencia SU-961 de 199916 dijo:

“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de

está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.

32.Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito general de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 14 Corte Constitucional. Sentencia C590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 15 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política" 16 Corte Constitucional, sentencia SU