CE - 110010315000202304386001SENTENCIA20230921113832

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000 2023 04386 00

Referencia: Acción de tutela

Actores: CARLOS EDUARDO CARDONA MEJÍA Y OTROS.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR

FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ. EL TÉRMINO DE LOS SEIS MESES DEBE CONTABILIZARSE DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA CUESTIONADA, SIN QUE EL HECHO DE QUE NO

SE HUBIESE PROFERIDO EL AUTO DE OBEDECIMIENTO Y

CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL A QUO IMPLIQUE UN PARÁMETRO

DIFERENTE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA

IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por los actores contra

el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

ARMENIA1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO2.

1 En adelante el JUZGADO. 2 En adelante el TRIBUNAL.2

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2 En adelante el TRIBUNAL.2

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Los señores CARLOS EDUARDO CARDONA MEJÍA , MYRIAM LUCÍA BUSTAMANTE MARTÍNEZ , MARÍA CAMILA y MARÍA PAULA CARDONA LONDOÑO, actuando a través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad , al acceso a la administración de justicia y al principio de confianza legítima , los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido las sentencias de 5 de noviembre de 2021 y 27 de octubre de 2022, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 630013340005-2016-00258-00.

I.2.- Hechos

Indicaron que el 12 de junio de 2014, el señor CARLOS EDUARDO CARDONA MEJÍA sufrió un accidente de tránsito que le caus ó una pérdida de capacidad del 28%, mientras se movilizaba en una3

Número único de radicación: 110010315000 2023 04386 00

CARDONA MEJÍA sufrió un accidente de tránsito que le caus ó una pérdida de capacidad del 28%, mientras se movilizaba en una3

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motocicleta en el MUNICIPIO DE ARMENIA3.

Comentaron que el accidente fue causado por la imprudencia de un conductor de un vehículo cargador compacto de propiedad del ente territorial aludido , que “[…] sin previo aviso realizó un giro a la izquierda, invadiendo de manera repentina el carril por el cual transitaba el Sr. CARDONA MEJÍA […]”.

Informaron que en el año 2016 promovieron un medio de control de reparación directa contra el MUNICIPIO con la finalidad de obtener el pago de los perjuicios que les fueron causados , con ocasión del accidente aludido.

Precisaron que el proceso aludido fue identificado con el número único de radicación 630013340005-2016-00258-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 5 de noviembre de 2021, denegó las pretensiones de la demanda al estimar que el accidente fue causado por el actuar imprudente del motociclista que decidíó adelanta r el vehículo oficial por el último carril izquierdo de la calzada que estaba ocupado de

3 En adelante el MUNICIPIO.4

imprudente del motociclista que decidíó adelanta r el vehículo oficial por el último carril izquierdo de la calzada que estaba ocupado de

3 En adelante el MUNICIPIO.4

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forma parcial por este.

Agregaron que interpusieron el recurso de apelación respectivo ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 27 de octubre de 2022, confirmó la decisión recurrida, al determinar que “[…] la conducta del señor Carlos Eduardo Cardona Mejía en el momento en que se desplazaba en su motocicleta fue la causa eficiente del daño alegado, toda vez que este realizó acciones de manera imprudente, faltando al deber objetivo de cuidado y precaución […]”.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentaron que en el presente caso el término de los 6 meses para la interposición de la acción de tutela debe contabilizarse desde el 23 de febrero de 2023, fecha en la que el expediente “[…] regresó al Juzgado de Origen para acatar lo dispuesto por el Superior […]” , esto es, luego de haberse surtido la segunda instancia.

Adujeron que el JUZGADO accionado incurrió en una indebida valoración probatoria, porque su decisión se basó en la declaración del conductor del vehículo del ente territorial, así como en declaraciones de un ciudadano que no presenció el accidente y dejó5

valoración probatoria, porque su decisión se basó en la declaración del conductor del vehículo del ente territorial, así como en declaraciones de un ciudadano que no presenció el accidente y dejó5

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de lado el informe de las autoridades de tránsito.

Precisaron que al señor CARLOS EDUARDO CARDONA MEJÍA no se le podía haber atribuido la culpa del accidente por haber adelantado por la izquierda, porque “[…] pues como es conocido ampliamente por los actores viales, los adelantamientos se realizan por este lado de la vía y no por la derecha […]”.

Agregaron que las circunstancias de peligrosidad del vehículo oficial fueron tomadas contra la víctima sin que, en todo caso, el JUZGADO hubiese analizado una posible concurrencia de culpas.

Agregaron que el JUZGADO restó valor a los testigos que presentaron, sin que existie ra prueba sobre algún elemento de sospecha para favorecerlos.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó como pretensiones, las siguientes: “[…] 1. Solicito se declare que las siguientes autoridades judiciales y sus respectivas sentencias, a saber: (I) Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, en Oralidad por proceso radicado bajo el No. 63 - 001-33-40-005-2016-00258judiciales y sus respectivas sentencias, a saber: (I) Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, en Oralidad por proceso radicado bajo el No. 63 - 001-33-40-005-2016-0025800 emitida el 05 de noviembre de 2021 II) El Tribunal Administrativo de Armenia, Quindío, al haber proferido la6

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sentencia del 27 de octubre de 2022 dentro del radicado número 630013340005201600258-01 incurrieron en DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991, al omitir dar aplicación a las reglas definidas para dar aplicación a la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, no d ar aplicación a los presupuestos establecidos jurisprudencialmente en el título de imputación responsabilidad objetiva por concurrencia de actividades peligrosas, e indebida valoración probatoria.

2. Solicito se proceda a la tutela jurídica de los derechos constitucionales fundamentales a la IGUALDAD, DEBIDO

PROCESO y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y CONFIANZA LEGÍTIMA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, que han sido vulnerados flagrantemente por (I) Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, en Oralidad por proceso

PROCESO y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y CONFIANZA LEGÍTIMA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, que han sido vulnerados flagrantemente por (I) Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, en Oralidad por proceso radicado bajo el No. 63-001-33-40005-2016-00258-00 emitida el 05 de noviembre de 2021 II) El Tribunal Administrativo de Armenia, Quindío, al haber proferido la sentencia del 27 de octubre de 2022 dentro del radicado nú mero 630013340005201600258-01materializándose tales violaciones en la sentencia de primera instancia y segunda instancia proferidas dentro del medio de control en mención.

3. Que, como consecuencia de la disposición anterior, SE DEJE SIN EFECTOS las siguientes decisiones judiciales: sentencia emitida el 05 de noviembre de 2021 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, en Oralidad por proceso radicado bajo el No. 63 -001-33-40005-2016-00258-00 y sentencia del 27 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Armenia, Quindío, dentro del radicado número 630013340005201600258-01 y en su lugar, se declare la responsabilidad administrativa y pa trimonial del Municipio de Armenia, por los hechos ocurridos el 12 de junio de 2014 que afectaron la integridad física y moral del Sr. CARLOS EDUARDO CARDONA MEJÍA y en virtud de los daños previamente demostrados a todos los demandantes se proceda a declarar las condenas indicadas en las pretensiones del medio de control inicial […]”.

I.5.- Defensa7

CARDONA MEJÍA y en virtud de los daños previamente demostrados a todos los demandantes se proceda a declarar las condenas indicadas en las pretensiones del medio de control inicial […]”.

I.5.- Defensa7

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I.5.1.- La PREVISORA S.A , vinculad a en calidad de tercer a con interés directo en las resultas del proceso, indicó que la acción de tutela no cumple con los requisitos generales de procedibilidad de inmediatez y relevancia constitucional.

Agregó que la sentencia de 27 de octubre de 2022, a través de la cual el TRIBUNAL resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en el proceso ordinario, fue notificada el día siguiente, mientras que la solicitud de amparo fue radicada 10 meses después.

Destacó que la solicitud de amparo est á soportada en los mismos argumentos que los actores formularon en el recurso de apelación que interpusieron contra la sentencia proferida por el JUZGADO.

Anotó que, en todo caso, la decisión del TRIBUNAL obedeció a un análisis de todas las pruebas obrantes en el plenario, con base en las cuales determinó que la causa del daño alegado fue ron las acciones imprudentes del motociclista.

I.5.2.- El MUNICIPIO, vinculado en calidad de tercero con interés

cuales determinó que la causa del daño alegado fue ron las acciones imprudentes del motociclista.

I.5.2.- El MUNICIPIO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, manifestó que en su sentir la presente acción de tutel a carece del requisito de relevancia8

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constitucional, comoquiera que lo pretendido por los actores es utilizar este mecanismo como una instancia adicional de un proceso en el que sus pretensiones fueron denegadas.

Destacó que la valoración probatoria efectuada tanto por el JUZGADO como por el TRIBUNAL se fundamentó en las reglas de la sana crítica, sin que se pueda desconocer que ambas autoridades coincidieron en que debían denegarse las pretensiones allí reclamadas.

I.5.3El JUZGADO se limitó a remitir copia del expediente digital contentivo de la acción de reparación directa objeto de estudio, sin realizar pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.

I.5.4El TRIBUNAL pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de9

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guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de9

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conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como10

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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales11

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ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso

anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al12

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momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.13

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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, los actores pretenden que se deje n sin efecto las sentencia s de 5 de noviembre de 2021 y 27 de octubre de 2022 , proferida s por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, mediante la s cuales fueron denegadas las pretensiones, dentro del medio de control de reparación directa identificada con el número único de radicación 630013340005 2016 00258 01.

La controversia tiene origen en un accidente de tránsito en el que el señor CARLOS EDUARDO CARDONA MEJIA resultó lesionado mientras conducía una motocicleta, cuya causa atribuyó a una imprudencia del conductor de un vehículo oficial.14

señor CARLOS EDUARDO CARDONA MEJIA resultó lesionado mientras conducía una motocicleta, cuya causa atribuyó a una imprudencia del conductor de un vehículo oficial.14

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El reproche de los actores subyace del hecho que, en su sentir, hubo una indebida valoración de las pruebas, comoquiera que se rest ó valor a los testimonios que presentaron, a la vez que se privilegió los que favorecían al ente territorial, además que no se tuvo en cuenta que pudo haber una concurrencia de culpas.

La Sala centrará su análisis en la sentencia de 27 de octubre de 2022, comoquiera que fue la providencia que puso fin al medio de control de reparación directa objeto de la controversia.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y el principio de confianza legítima de los actores, al proferir la sentencia de 27 de octubre de 2022 aludida.

En ese orden de ideas , la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito de la inmediatez.15

octubre de 2022 aludida.

En ese orden de ideas , la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito de la inmediatez.15

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Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del mecanismo […]”4.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso, para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

4 Corte Constitucional, sentencia T -941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.16

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interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que5:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar, proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, sostuvo6:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial para la

5 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.17

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protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela, es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta claramente desproporcionado el control constitucional de

interpone contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta claramente desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.

[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material , que la hace definitiva e inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”. (Destacado fuera de texto).

En el ex