CE - 110010315000202304506001SENTENCIA20230928114108

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2023-04506-00

Demandante: EDINSON FERNANDO HERNÁNDEZ SANTIAGO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA

JUDICIAL. SANCIÓN MORATORIA POR EL PAGO

TARDÍO DE CESANTÍAS A DOCENTE OFICIAL

AFILIADO A FOMAG. SE DECLARA IMPROCEDENTE

LA ACCIÓN DE TUTELA POR EL INCUMPLIMIENTO

DEL REQUISITO DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: se cuestionó la s entencia de segunda instancia mediante la cual se confirmó la decisión de negar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. A juicio del actor, esa providencia incurrió en desconocimiento del precedente judicial, defecto sustantivo y violación direct a de la Constitución. Sin embargo, la Sala declarará improcedente el amparo por cuanto el interés de la parte actora es emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Edinson Fernando Hernández Santiago1, por intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Huila para la protección de sus derechos constitucionales

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Edinson Fernando Hernández Santiago1, por intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Huila para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia, i gualdad y seguridad social consagrados en los artículos 13, 29, 48 y 229 de la Carta Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de 7 de marzo de 2023 proferida por dicha autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

1 Mediante escrito presentado el 24 de agosto de 2023.2

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04506-00

Demandante: Edinson Fernando Hernández Santiago Acción de tutela

Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. El señor Edinson Fernando Hernández Santiago sostuvo que se desempeñó como docente estatal al servicio de la entidad territorial certificada de Educación de Neiva y que , por lo tanto , para el período 2020 , tenía derecho al pago de los intereses a las cesantías a más tardar el 31 de enero del 2021, cesantías que debían ser consignadas hasta el 15 de febrero del 2021.

1. El 27 de agosto de 2021, el actor le solicitó al FOMAG el pago y reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

1. Con Oficio no. 9/1/2021 de 1 de septiembre de 2021, la Secretaría de Educación municipal le negó lo solicitado.

1. Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó la nulidad de ese acto administrativo2.

1. Mediante sentencia del 1 3 de diciembre del 2022, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva negó las pretensiones de la demanda por considerar que los docentes tienen un régimen especial de cesantías y no les es aplicable el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1. Apeló esa decisión con fundamento en que los docentes tienen derecho a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en virtud de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, la cual ha sido acatada por el Consejo de Estado.

1. A través de sentencia del 7 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la decisión en razón a que los docentes oficiales vinculados al FOMAG se rigen por la norma especial consagrada en la Ley 91 de 1989, la cual no contempló la sanción por no consignación oportuna de las cesantías en una cuenta individual para cada docente antes del 14 de febrero del año correspondiente.

2 Proceso con radicación no.41001-33-33-002-2022-00055-00/01.3

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04506-00

2 Proceso con radicación no.41001-33-33-002-2022-00055-00/01.3

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04506-00

Demandante: Edinson Fernando Hernández Santiago Acción de tutela

2. Los fundamentos de la vulneración

La parte actora reprochó la sentencia del 7 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila porque, en su criterio, esa autoridad incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución.

Respecto del defecto sustantivo por la indebida interpretación de las normas, expuso que la sanción moratoria descrita en la Ley 50 de 1990 sí le es aplicable a los docentes oficiales vinculados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, toda vez que la sentencia SU -332 de 2019 hizo extensivo su alcance en virtud del principio de favorabilidad, de modo que el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación también les debe ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación.

Frente al desconocimiento del precedente, el demandante alegó que el tribunal desconoció las sentencias SU-098 de 17 de octubre de 2018, SU -195 de 2012, SU336 de 2017 y C -486 de 2016 de la Co rte Constitucional, así como las sentencias del Consejo de Estado proferidas en los procesos nos. 2013 -00666-01, 2013336 de 2017 y C -486 de 2016 de la Co rte Constitucional, así como las sentencias del Consejo de Estado proferidas en los procesos nos. 2013 -00666-01, 201300756-01, 2012-00212-02, 2014-00173-01, 2014-00208-01, 2014-00254-01, 201400132-01, 2014-00815-01, 2015-00331-01, 2015-00445-01, 2014-01127-01, 201700134-01, 2015-90008-01, 2014-90022-01, 2017-00931-01, 2015-00075-01, 201700795-01, 2019 -00359-01, 2019 -00376-01, 2015 -00509-01, 2015 -90124-01, las cuales fueron claras en señalar que, en virtud del principio de favorabilidad, procede aplicar lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues los docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.

Con fundamento en las decisione s que invocó como desconocidas, manifestó que en el régimen anualizado, aplicable al caso de los docentes vinculados después de 1990 y 1996, es lógico que se exija la afiliación y el pago oportuno del auxilio de cesantías, ya que la consignación es la mane ra de garantizar el acceso a la prestación, sistema que solo puede ser equitativo si las personas pueden contar con su pago de forma oportuna para poder disponer de la prestación en cualquiera de los eventos en que se permite.4

cesantías, ya que la consignación es la mane ra de garantizar el acceso a la prestación, sistema que solo puede ser equitativo si las personas pueden contar con su pago de forma oportuna para poder disponer de la prestación en cualquiera de los eventos en que se permite.4

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04506-00

Demandante: Edinson Fernando Hernández Santiago Acción de tutela

Una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a otros trabajadores del Estado que gozan de ella, pues su derecho estaría limitado por tener una categoría específica dentro de los trabajadores estatales.

En el régimen de los docentes se puede aplicar de manera completa la norma especial, excepto en caso de vacío normativo, en donde es posible acudir al régimen general, lo que determina la aplicación de la Ley 50 de 1990, en virtud del principio de igualdad y de favorabilidad.

Según el precedente del Consejo de Estado, el demandante tiene derecho a la sanción moratoria por la no consignación de cesantías, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, disposición que es más favorable respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales, máxime cuando su ámbito de aplicación se extiende a todos los empleados públicos.

De acuerdo con las providencias judiciales que fueron desconocidas, no resulta cierto que la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990 solo opera para los docentes que no se han afiliado al FOMAG, pues para poder generar la obligación de consignar por parte de un deudor, es necesario que este conozca exactamente

cierto que la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990 solo opera para los docentes que no se han afiliado al FOMAG, pues para poder generar la obligación de consignar por parte de un deudor, es necesario que este conozca exactamente dónde, a quién y cuándo pagar, circunstancia que no podría realizar el ministerio si previamente no conoce si el docente se encuentra o no afiliado a dicho fondo.

Finalmente, el actor consideró que se incurrió en una violación directa de la Constitución por no aplicarse el principio de favorabilidad descrito en el artículo 53 de la Carta Política ni lo dispuesto en la sentencia SU-332 de 2019.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo an terior la parte demandante solicitó que se acceda a las siguientes súplicas:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L HUILA en la sentencia proferida el día 3/7/2023, en el expediente rad. No. 41001333300220220005501, transgredió los derechos fun damentales:

AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,

SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA

EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A

LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRAC IÓN DE JUSTICIA,5

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04506-00

Demandante: Edinson Fernando Hernández Santiago Acción de tutela

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO

JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO

Demandante: Edinson Fernando Hernández Santiago Acción de tutela

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos (…)”.

(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

4. Actuación procesal

Mediante auto de 28 de agosto de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Huil a, así como la vinculación al titular del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, el secretario de Educación Departamental de Huila, la ministra de Educación Nacional y el director del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magi sterio (FOMAG), entregándoles copia de la demanda y los anexos.

Departamental de Huila, la ministra de Educación Nacional y el director del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magi sterio (FOMAG), entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Intervenciones de las autoridades demandadas

El Tribunal Administrativo de Huila expuso sus argumentos de contestación e indicó, en síntesis, que no incurrió en un defecto sustantivo ni desconoció el precedente, al señalar que los docentes oficiales vinculados al FOMAG eran beneficiarios de normas especiales , debido a que con la sentencia SU -573 de 2019 se varió la posición que se expuso en la sentencia SU -098 de 2018 y, por lo tanto, a l os docentes como el actor no es posible aplicarles el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

De igual manera, manifestó que el actor no cumplió con el requisito de relevancia constitucional necesario para que proceda la tutela contra una decisión judicial pues se limitó a exponer los mismos argumentos que sirvieron de sustento al recurso de apelación.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Neiva señaló que no se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra6

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04506-00

Demandante: Edinson Fernando Hernández Santiago Acción de tutela

decisiones judiciales debido a que no es suficiente que se alegue la violación de los derechos fundamentales, sino que la controversia debe versar sobre asuntos con relevancia constitucional y debidamente fundamentada.

La Fiduprevisora, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG) solicitó que

relevancia constitucional y debidamente fundamentada.

La Fiduprevisora, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG) solicitó que se le desvincule del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva y que se declare improcedente la acción de tutela ya que no se vulneró ningún derecho fundamental, pues, lo que se pretende es utilizar la acción de tutela con el ánimo invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad.

De igual manera, destacó que el actor realizó una indebida valoración del contenido de la sentencia SU-098 de 2018, debido a que en dicha providencia se decidieron casos particulares y concretos, por lo que no es posible extenderle sus efectos.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) Cuestión preliminar: de la solicitud de desvinculación, 2) finalidad de la acción de tutela y 3) el caso concreto.

1. Cuestión preliminar: de la solicitud de desvinculación

En primer término, es preciso señalar que, en sus informes de respuesta, la Fiduprevisora solicitó ser desvinculado del presente trámite por considerar que no le asiste legitimación en la causa p or pasiva, dado que la presunta vulneración de los derechos fundamentales se le atribuyó al Tribunal Administrativo de Huila; no obstante, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a tal solicitud en consideración a que su vinculación se dio como tercero con interés, por cuanto actuó como parte

los derechos fundamentales se le atribuyó al Tribunal Administrativo de Huila; no obstante, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a tal solicitud en consideración a que su vinculación se dio como tercero con interés, por cuanto actuó como parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 41001-33-33002-2022-00055-00/01, razón por la cual le asiste interés en el asunto y, por tanto, se negará dicha solicitud.

2. La finalidad de la acción de tutela7

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04506-00

Demandante: Edinson Fernando Hernández Santiago Acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de de fensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

3. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía

transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

3. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al Tribunal Administrativo del Huila con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados , presuntamente vulnerados con ocasión de l a decisión judicial adoptada en la sentencia del 7 de marzo de 2023, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente, sustantivo y violación directa de la Constitución Política.

Por su parte, la autoridad demandada manifestó que no se vulneraron los derechos de la demandante, que no se incurrió en un desconocimiento del precedente y aclaró que el fallo del 7 de marzo de 2023 se atuvo a lo dispuesto en la sentencia SU-573 de 2019.

En los términos en los que fue propuesta la controversia la Sala declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional porque todos sus planteamientos se dirigieron de manera exclusiva a discutir argumentos que ya fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso ordinario, por las razones que procederán a exponerse:8

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04506-00

Demandante: Edinson Fernando Hernández Santiago Acción de tutela

1. La actora alegó que se desconocieron las sentencias SU -098 de 2018, SU -195 de 2012, SU-336 de 2017, C-486 de 2016 proferidas por la Corte Constitucional, así como otras decisiones dictadas por esta Corporación en las cuales se aplicó la Ley

de 2012, SU-336 de 2017, C-486 de 2016 proferidas por la Corte Constitucional, así como otras decisiones dictadas por esta Corporación en las cuales se aplicó la Ley 50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad3.

1. Asimismo, consideró que se configuró un defecto sustantivo por i ndebida interpretación de las normas, ya que sí tiene derecho a la sanción moratoria descrita en la Ley 50 de 1990 en su condición de docente oficial vinculada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, toda vez que la sentencia SU -332 de 2019 hizo extensivo su alcance en virtud del principio de favorabilidad.

1. Por último, frente a la violación directa de la Constitución manifestó que se debía aplicar el artículo 53 de la Constitución Política y por principio de favorabilidad hacer extensible el alcance de la Ley 50 de 1990.

1. Sin embargo, de entrada, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con miras a que se admitiera que, con base en el precedente de la Corte Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado y en virtud del principio de favorabilidad, proce de aplicar lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1. Ahora bien, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la parte demandante indicó, en los mismos términos que ahora plantea, que la Corte Constitucional y la Secc ión Segunda del Consejo de Estado en un sinnúmero de

1. Ahora bien, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la parte demandante indicó, en los mismos términos que ahora plantea, que la Corte Constitucional y la Secc ión Segunda del Consejo de Estado en un sinnúmero de providencias ha reconocido que, al igual que los demás servidores públicos comprendidos en el marco del artículo 123 de la Constitución Política, los docentes de la educación pública son sujetos destinat arios de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales contemplada en la Ley 50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad.

1. Por su parte, en el fallo de 7 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto

3 2013-00666-01, 2013-00756-01, 2012-00212-02, 2014-00173-01, 2014-00208-01, 2014-00254-01, 2014-00132-01, 2014-00815-01, 2015-00331-01, 2015-00445-01, 2014-01127-01, 2017-00134-01, 2015-90008-01, 2014-90022-01, 2017-00931-01, 2015-00075-01, 2017-00795-01, 2019-00359-01, 2019-00376-01, 2015-00509-01, 2015-90124-01 y 08001-23-33-000-2013-00666-01.9

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04506-00

Demandante: Edinson Fernando Hernández Santiago Acción de tutela

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04506-00

Demandante: Edinson Fernando Hernández Santiago Acción de tutela

consideró que, de conformidad con el desarrollo jurisprudencial sobre el ámbito de aplicación normativa del sector docente, le era aplicable lo consagrado en la Ley 91 de 1989, la cual no contempla indemnización alguna por el no pago de los intereses de las cesantías a los docentes,

1. En consecuencia, no se le podían aplicar las disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías y de los intereses a las mismas, estipuladas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, pues son incompatibles con el régimen especial docente, en los

siguientes términos:

“Por su parte, el artículo 1º del Decreto 52 de 1975 señaló que a partir del 1º de enero de 1975 todo patrono obligado a pagar cesantías a sus trabajadores conforme al CST, les reconocerá y pagará intereses del 12% anual sobre los saldos que a 31 de diciembre de cada año tenga este a su favor por concepto de cesantía, los cu ales se pagarán en el mes de enero del año siguiente a aquel en que se causaron y si ello no ocurre “deberá cancelar al asalariado a título de indemnización y por una sola vez un valor adicional igual al de los intereses causados”.

Como en precedencia se estableciera, la liquidación y pago de las cesantías de los docentes no se somete a las previsiones del CST y por ello no resultan acreedores de la sanción moratoria por su consignación

Como en precedencia se estableciera, la liquidación y pago de las cesantías de los docentes no se somete a las previsiones del CST y por ello no resultan acreedores de la sanción moratoria por su consignación inoportuna que prevé el artículo 99-3 de la Ley 50 de 199011, por lo q ue igual suerte corren los intereses de dichas cesantías y en tal virtud no se someten a las previsiones del Decreto 52 de 197512 que reconoció dicha prestación a los trabajadores particulares.

Así las cosas, los intereses a las cesantías de los docentes se someten al artículo 15-3 de la Ley 91 de 1989 el cual prevé que se reconocerán y pagarán sobre el saldo de cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés certif icada por la Superintendencia Financiera, previéndose como fecha de pago los meses de marzo o mayo del año siguiente a su causación (art. 4 Acuerdo 39 de 1998) sin establecerse sanción alguna por su pago inoportuno.”

1. En esa medida, esta Corporación den ota que los argumentos planteados tanto en el recurso de apelación como en el escrito de tutela se dirigen a lo mismo, esto es, que se dé aplicación a algunas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, con el fin de que se reconozca que tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1. Para la Sala resulta claro que, si bien la autoridad judicial demandada en la

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1. Para la Sala resulta claro que, si bien la autoridad judicial demandada en la providencia objeto de tutela no se pronunció de forma expresa frente a cada una de10

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04506-00

Demandante: Edinson Fernando Hernández Santiago Acción de tutela

las providencias invocadas como desconocidas, lo cierto es que todas ellas se citaron con el fin de que el juzgador reconociera que sí le eran aplicables, en virtud del principio de favorabilidad, las disposiciones consagradas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1 de la Ley 52 de 1975 y, por ende, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas, análisis jurisprudencial que, en todo caso, el tribunal sí realizó, con base en diferentes sentencias, y a partir del cual le fue posible establecer que la demandante no era beneficiaria del régimen general anualizado de cesantías.

1. Ahora, para sus tentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a los estudiados en el proceso ordinario dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión tendiente a que se hiciera un a nálisis jurisprudencial sobre el ámbito de aplicación normativa del sector docente, con el fin de que se reconociera y pagara al demandante la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías

discusión tendiente a que se hiciera un a nálisis jurisprudencial sobre el ámbito de aplicación normativa del sector docente, con el fin de que se reconociera y pagara al demandante la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas consagrado en la Ley 50 de 1990.

1. Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados y discutidos en el proceso ordinario y se dirigieron de manera exclusiva a que se reconociera que tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1. En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso ordinar io y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

1. En ese orden de ideas, esta Sala declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En méri to de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B –,11

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04506-00

Demandante: Edinson Fernando Hernández Santiago Acción de tutela

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B –,11

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04506-00

Demandante: Edinson Fernando Hernández Santiago Acción de tutela

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

F A L L A :

1º) Deniégase la solicitud de desvinculación formulada la Fiduprevisora, quien actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de FOMAG.

2°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Edinson Fernando Hernández Santiago por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado (Firmado electrónicamente).

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Magistrado (Firmado electrónicamente) Aclara voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,

(Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Magistrado (Firmado electrónicamente) Aclara voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.