CE - 110010315000202304533001SENTENCIA20230928165304

Radicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00

Accionante: Ever Quijano Capera y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00

Demandante: EVER QUIJANO CAPERA Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de relevancia constitucional cuando el debate planteado por el demandante pretende reabrir la controversia ya resuelta por el juez natural

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Ever Quijano Capera y otros contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señores Ever, Ruth, Délida, Diego Alexander y Herlhin Johan Quijano Capera; Yeison Fermín, Anwar Fernando, Leidy Johanna y Yeimi Carolina Quijano Prada; Juan Arley, Yair, Arlenis y Diana Mayerly Osorio

1.1. Los señores Ever, Ruth, Délida, Diego Alexander y Herlhin Johan Quijano Capera; Yeison Fermín, Anwar Fernando, Leidy Johanna y Yeimi Carolina Quijano Prada; Juan Arley, Yair, Arlenis y Diana Mayerly Osorio Capera y María de los Ángeles Capera de Quijano, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a las “garantías judiciales” , que estim aron vulnerados con ocasión de las sentencias del 7 de diciembre de 2021 dictada por el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué, y del 23 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que denegaron las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación1.

1 Proceso que se tramitó bajo el radicado 73001-33-33-006-2018-00249-01.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00

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1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, los demandantes manifiestan que interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por la privación presuntamente injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Ever Quijano Capera, entre el 13 de julio y el 12 de noviembre de 2009.

la indemnización de los perjuicios causados por la privación presuntamente injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Ever Quijano Capera, entre el 13 de julio y el 12 de noviembre de 2009.

Señalan que, mediante sentencia del 7 de diciembre de 2021, el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué denegó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, a través del proveído de febrero 23 de 2023.

1.3. La parte actora alegó en la tutela que las anteriores decisiones incurrieron en violación directa de la Constitución y vulneraron el derecho a la igualdad, porque en otros asuntos que se encontraban en las mismas circunstancias fácticas y jurídicas, el tribunal decidió en sentido distinto, accediendo a las pretensiones de las demandas.

1.3.1. En concreto, se refirió a las sentencias de: (i) 27 de octubre de 2022 (exped. 73001-33-33-002-2018-00299-01, demandantes: Manuel Fernando García Moreno y otros); (ii) 2 de noviembre de 2022 ( exped. 73001-33-33-012-2018-00322-01, demandantes: Martha Cecilia Orozco Campos y otros), y (iii) 10 de noviembre de 2022 (exped. 73001-33-33011-2018-00307-01, demandantes: Alcibíades Romero Reinoso y otros), en las que, según alega, el tribunal resolvió asuntos en los que, al igual que en el presente, las capturas se dieron en zona rural del municipio de

011-2018-00307-01, demandantes: Alcibíades Romero Reinoso y otros), en las que, según alega, el tribunal resolvió asuntos en los que, al igual que en el presente, las capturas se dieron en zona rural del municipio de Chaparral (Tolima), por hechos relacionados con el delito de rebelión, y los capturados eran campesinos de la región, quienes finalmente fueron absueltos porque no existían elementos probatorios en su contra.

En este caso, según alegan, en la audiencia de juicio oral llevada a cabo el 16 de julio de 2016, la Fiscalía solicitó la absolución de los acusadosRadicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00

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porque no contaba con elementos materiales probatorios que demostraran que hubieran incurrido en e l delito de rebelión . En consecuencia, el Ju zgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué con función de conocimiento prof irió sentencia absolutoria, la cual cobr ó ejecutoria el mismo día, por la no interposición de recursos.

1.3.2. Luego, alegó que la decisión cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de agosto de 20202, proferida en reemplazo del fallo del 15 de agosto de 2018 3, en cumplimiento de una orden de tutela4, y en armonía con la sentencia SU-072 del 5 de julio de

reemplazo del fallo del 15 de agosto de 2018 3, en cumplimiento de una orden de tutela4, y en armonía con la sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, proferida por la Corte Constitucional5.

La decisión invocada, según la parte actora, sostiene que el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que luego termina con decisión de absolución, prescripción o cualquier otro evento que la libera de la responsab ilidad penal, no es suficiente para condenar al Estado, sino que el juez de la reparación directa debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta, es decir, si fue razonable, proporciona l y legal, y en tal caso, s i constituye un daño antijurídico imputable a la administración, para lo cual debe establecer si el hecho no existió, o si la conducta es atípica, caso en el cual se aplica el régimen de responsabilidad objetiva.

Con base en lo anterior dijo que en este caso la antijuridicidad del daño estaba configurada porque, de la sentencia del proceso penal se desprendía que el hecho no existió y que la conducta era atípica, que el detenido no cometió el delito y que se dio aplicación al principio in dubio pro reo . Por lo tanto, debía aplicarse el régimen objetivo de responsabilidad, y al juez administrativo no le correspondía realizar el estudio de la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida.

2 Con ponencia del consejero José Roberto Sáchica Méndez, bajo el radicado: 66001-23-31-000-2010-0023501 (46947). 3 Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.

2 Con ponencia del consejero José Roberto Sáchica Méndez, bajo el radicado: 66001-23-31-000-2010-0023501 (46947). 3 Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. 4 Impartida en el asunto con radicado: 11001-03-15-000-2019-00169-01. 5 Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación alegó que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad y que los demandantes no se encuentran expuestos a un perjuicio irremediable. Además, dijo que pretenden revivir oportunidades procesales perdidas. No obstante, no indicó cuál medio de defensa tuvieron a su alcance y no utilizaron. As í mismo, manifestó que la parte actora no sustent ó debidamente las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

Sostuvo que las decisiones cuestionadas se ajustaron a lo manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, que dijo que el estudio de una privación de la libertad debe determinar si ésta es razonada y proporcionada, y que el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, debe definir el régimen de imputación a partir

el estudio de una privación de la libertad debe determinar si ésta es razonada y proporcionada, y que el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, debe definir el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso. Además, adujo que no se aplicó de manera intempestiva e injustificada un cambio jurisprudencial.

2.2. El Director Seccional de Administración Judicial de Ibagué alegó que la solicitud de amparo es improcedente porque la parte actora pretende reabrir un debate que ya se llevó en el proceso judicial y retrotraer actuaciones y etapas procesales que ya se surtieron dentro del proceso contencioso administrativo.

2.3. El Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna aRadicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00

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esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

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esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. Los señores Ever, Ruth, Délida, Diego Alexander y Herlhin Johan Quijano Capera; María de los Ángeles Capera de Quijano, Yeison Fermín, Anwar Fernando , Leidy Johanna y Yeimi Carolina Quijano Prada ; Juan Arley, Yair, Arlenis y Diana Mayerly Osorio Capera instauraron demanda de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, persiguiendo la indemnización de los perjuicios causados por la privación presuntamente injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Ever Quijano Capera, entre el 13 de julio y el 12 de noviembre de 2009.

3.2.2. Mediante sentencia del 7 de diciembre de 2021, el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué denegó a las pretensiones de la demanda , decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, a través del proveído de febrero 23 de 2023.

3.2.3. La parte actora interpuso acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por las anteriores providencias.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se con vierta en una

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se con vierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sente ncia C–590 de 2005, al sintetizar los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contraRadicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00

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decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación 6, indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU -215 de 2022 7, la Corte Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de

contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En este caso, la parte actora invocó los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a las “garantías judiciales”, que estimaron vulnerados con ocasión de las sentencias de diciembre 7 de 2021, dictada por el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué, y de febrero 23 de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que denegaron las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida contra la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, proceso que se tramitó bajo el radicado 73001-33-33-006-2018-00249-01.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo

constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González). 7 M. P. Natalia Ángel Cabo.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00

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3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia s judiciales es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jur isdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar

expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al ju ez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado por la juris prudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573 de 2019 8, el alto tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:

8 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022Radicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00

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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 9.

3.3.1.3. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho10:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los

no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatizaa problemas de carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios […]”.

9 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una in stancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”. 10 Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).Radicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00

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En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022, y reiterando lo expuesto en la SU -128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado” , pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción del juez de t utela en asuntos que no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatori a o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una se ntencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión

su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad - de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente queRadicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00

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este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

3.3.2. Caso concreto

3.3.2.1. En este caso, la Sala recuerda que las inconformidades que plantea la parte actora en la tutela consisten en: (i) la violación del

3.3.2. Caso concreto

3.3.2.1. En este caso, la Sala recuerda que las inconformidades que plantea la parte actora en la tutela consisten en: (i) la violación del derecho a la igualdad, porque en este caso el Tribunal Administrativo del Tolima no decidió de la misma forma que en otros tres asuntos, en los que sí accedió a las pretensiones, pese a que se trataba de las mismas circunstancias fácticas y jurídicas, y (ii) el desconocimiento del precedente fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de agosto de 2020 , porque pese a que de l fallo del proceso penal se desprendía que el hecho no existió y que la conducta era atípica , la decisión cuestionada no aplicó el régimen de responsabilidad objetiva.

La Sala advierte que los dos argumentos de la tutela corresponden a la causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales de desconocimiento del precedente . E n el primer caso del precedente horizontal, es decir, el del propio Tribunal Administrativo del Tolima, y en el segundo caso del precedente vertical, fijado por la Sección Tercera de esta corporación.

Al respecto, se debe tener en cuenta que esta Sala, e n sentencia del 19 de noviembre de 2021 11, sostuvo que la acción de tutela contra providencia judicial en la que se alega el desconocimiento del precedente exige, como carga argumentativa mínima, que se identifique: (i) la providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales (iii)

exige, como carga argumentativa mínima, que se identifique: (i) la providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales (iii) deben ser aplicables al caso a resolver, y (iv) los problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o similares.

11 Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).Radicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00

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En el caso sub examine, en cuanto al pronunciamiento del 6 de agosto de 2020, proferido por la Sección Tercera de esta corporación, los actores se limitaron a identificarlo y a esbozar sus argumentos principales, pero sin identificar el problema jurídico que allí se resolvió y sin siquiera efectuar una comparación entre los hechos estudiados en ambos casos, para acreditar que las reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi le fueran aplicables a su asunto particular. Por tanto, la Sala estima que respecto de esta decisión invocada no se cumple la mínima carga argumentativa requerida para analizar si se ha configurado el desconocimiento del precedente.

Por otra parte, en cuanto a los pronunciamientos del propio Tribunal Administrativo del Tolima, los demandantes señalaron que se trataba de hechos similares, porque (i) las capturas se dieron en zona rural del

desconocimiento del precedente.

Por otra parte, en cuanto a los pronunciamientos del propio Tribunal Administrativo del Tolima, los demandantes señalaron que se trataba de hechos similares, porque (i) las capturas se dieron en zona rural del municipio de Chaparral, (ii) por hechos relacionados con el delito de rebelión, (iii) los capturados eran campesinos de la región , y (iv) los acusados finalmente fueron absueltos por que no existían elementos probatorios suficientes en su contra.

Además, la Sala advierte que la demanda de tutela contiene un cuadro en el que, en tres columnas, identifica los datos de cada precedente invocado, las circunstancias fácticas de cada caso y la tesis del tribunal. En esta última columna, en los tres casos, transcribe un aparte de cada fallo invocado, todos los cuales señalan lo siguiente, de manera idéntica, salvo por los datos específicos de cada proceso12:

“En el sub-lite, advierte la Sala que se encuentra demostrado el daño alegado respecto de la detención o privación de la libertad, toda vez que al demandante efectivamente se le restringió su libertad en razón al punible de rebelión, por lo que se pudo determinar que la privación de la libertad - daño - se presentó del 14 de julio de 2009 al 6 de noviembre de 2009, es decir, 3 meses y 22 días.

En este punto, indica la Sala que armonizando las actuales posturas jurisprudenciales de la Corte Constitucional 13 y del Consejo de

12 Aparte tomado de la sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente: 73001-33-33-002-2018-00299-01, demandantes: Manuel Fernando García Moreno y otros.

12 Aparte tomado de la sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente: 73001-33-33-002-2018-00299-01, demandantes: Manuel Fernando García Moreno y otros. 13 Cita original: “Corte Constitucional, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas”.Radicación: 11001 03 15 000 2023 04533 00

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Estado14, en cuanto al análisis de responsabilidad por los eventos de privación injusta de la libertad, partiendo propiamente de la antijuridicidad, puede concluirse que ésta se configura sin mayores exigencias cuando las causales de liber tad se originan en que i) el hecho no existió y ii) la conducta era objetivamente atípica, en los que incluso se ha avalado el título de imputación de responsabilidad objetiva; y en los demás supuestos, relacionados con la absolución porque iii) no cometió el delito, iv) se dio aplicación del principio in dubio pro reo, y v) otros eventos de liberan (sic) la responsabilidad penal, la antijuridicidad queda supeditada al análisis de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, pues no resultaba suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en estos eventos, sino que es imprescindible, determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración”.

resultaba suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en estos eventos, sino que es imprescindibl