CE - 110010324000202200267001AUTOQUERESUELNIEGAMEDI20230712104822

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: NULIDAD Expediente: 11001-0324-000-2022-00267-00

Actor: DANIEL EDUARDO ROMERO VITOLA Demandada: RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Tema: Niega medida cautelar de suspensión provisional del Acuerdo 2586 de 2004 modificado por el Acuerdo PSAA14-10136 de 22 de abril de 2014, y de las Circulares DEAJC 160 de 2004 y DEAJC17 -4 de 2017 . Regulación de inmovilización de vehículos por orden judicial

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisio nal de los efectos jurídicos del Acuerdo 2586 de 2004 , modificado por el Acuerdo PSAA14-10136 de 22 de abril de 2014, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y de las Circulares DEAJC 160 de 2004 y DEAJC17-4 de 2017 , expedidas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

1. El ciudadano Daniel Eduardo Romero Vitola, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la Rama Judicial en la que elevó las siguientes pretensiones:

de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la Rama Judicial en la que elevó las siguientes pretensiones:

«[…] declarar la nulidad del acuerdo N° 2586 de 2004 (modificado por el acuerdo N° PSAA14-10136 del 22 de abril de 2014) proferido por el Consejo Superior de la Judicatura y las circulares DEAJC 160 de 2004 y DEAJC174 DE 2017 expedidas por el Director Ejec utivo de Administración Judicial […]».

2. Este Despacho, mediante auto de 9 de septiembre de 202 22, admitió la demanda y ordenó notificar al Director Ejecutivo de la Rama Judicial.

I.2. Solicitud de medida cautelar

3. En escrito separado, el demandante solicitó la suspensión provisional del «[…] acuerdo N° 2586 de 2004 (modificado por el acuerdo N° PSAA14-10136 del 22 de

1 Índice 2, SAMAI. 2 Índice 15, SAMAI.Radicación: 11001-03-24-000-2022-00267-00

Demandante: Daniel Eduardo Romero Vitola

2 abril de 2014) proferido por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y las circulares DEAJC 160 de 2004 y DEAJC17 -4 DE 2017 expedidas por el DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL […]», tras considerar que esos actos administrativos vulneran los artículos 29, 150-2, 189-11 y 257-3 de la Constitución Política y 79, 85 y 103 de la Ley 270 de 1996.

que esos actos administrativos vulneran los artículos 29, 150-2, 189-11 y 257-3 de la Constitución Política y 79, 85 y 103 de la Ley 270 de 1996.

4. Como sustento de tal vulneración, se remitió a los argumentos de la demanda, en la que sostuvo que debía declararse la nulidad de los actos acusados ante la falta de competencia para la expedición de los mismos y por la violación de los artículos 29, 150 ─numeral 2 y último inciso─ 189 numeral 11 y 257 numeral 3 de la Carta Política y de los artículos 79, 85 y 103 de la Ley 270 de 1996.

5. En tal sentido , sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura no está habilitado ni legal ni constitucionalmente para reglamentar el artículo 167 de la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito-; tampoco puede establecer procedimientos de selección para escoger al particular colaborador que prestaría el servicio de parqueadero para la inmovilización de vehículos por orden judicial; ni puede crear procedimientos administrativos sancionatorios.

6. Aseveró que el artículo 167 de la Ley 769 de 2002 dispone que los vehículos inmovilizados por orden judicial deben ser lleva dos a un parqueadero bajo la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, asignando una función en cabeza tal dirección, de l a cual se origina la necesidad de custodiar tales vehículos.

7. Expuso que tal disposición no establece de qué manera se debe llevar a cabo dicha responsabilidad -directamente o con el apoyo de particulares -; tampoco ordena deba crearse un procedimiento para la selección del particular

custodiar tales vehículos.

7. Expuso que tal disposición no establece de qué manera se debe llevar a cabo dicha responsabilidad -directamente o con el apoyo de particulares -; tampoco ordena deba crearse un procedimiento para la selección del particular colaborador, y no establece un procedimiento sancionatorio en caso de incumplimientos; sin embargo, tales aspectos que fueron regulados por el Consejo Superior de la Judicatura y por la Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial.

8. Hizo énfasis en que el Consejo Superior de la Judicatura carecía de competencia para reglamentar lo previsto en el artículo 167 de la Ley 769 de 2002, teniendo en cuenta que tal norma no establece esa habilitación , a lo que

agregó lo siguiente:

«[…] Lo que no podía hacer era crear o regular un procedimiento para escoger al particular colaborador que prestaría el servicio de parqueadero, porque ello es competencia de otra autoridad, del Congreso de la Republica (último inciso del artículo 150 de la constitución política) y su reglamentación es competencia del presidente de la república (numeral 11 de l artículo 189 de la constitución política), y dichos aspectos ya se encuentra n desarrollados tanto en la ley 80 de 1993 (por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) como en su decreto reglamentario, el decreto 1082 de 2015 […]»Radicación: 11001-03-24-000-2022-00267-00

Demandante: Daniel Eduardo Romero Vitola

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9. Afirmó que el Consejo Superior de la Judicatura , para efectos de cumplir con la obligación impuesta por la ley consistente en custodiar los vehículos, decidió:

Demandante: Daniel Eduardo Romero Vitola

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9. Afirmó que el Consejo Superior de la Judicatura , para efectos de cumplir con la obligación impuesta por la ley consistente en custodiar los vehículos, decidió:

«[…] regular la participación de particulares que prestaran ese servicio, a los cuales vincularía eludiendo la ley 80 de 1993, creando para ello una convocatoria con requisitos habilitantes propios pero excluyendo los previstos en la ley, dejando de lado la revisión de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el estado (…) Bajo este entendido, el Consejo Superior de la Judicatura desconoció la celebración de un contrato, no obstante, reguló la forma como se presentaba el servicio, el plazo de ejecución, el precio e incluso dispone un propio procedimiento sancionatorio en caso de que el servicio no se prestara de conformidad a como el mismo lo reguló, aspecto para el cual tampoco tiene competencia (…) De esto último es importante destacar que la creación de procedimientos administrativos es de reserva legal (numeral 2 del a rtículo 150 de la constitución política), la participación de particulares en la prestación de algún servicio, la provisión de bienes o la realización de obras para el estado amerita procedimientos de selección en los que se debe garantizar, entre otros as pectos, el debido proceso, y disponer de requisitos objetivos y proporcionales los cuales deben ser previamente establecidos, lo s cuales permitan rechazar o aceptar a esos particulares, brindándoles las garantías de controversia y control judicial […]».

10. Se refirió a la Circular DEAJC 160 de 2004 para aseverar que esta profundiza en aspectos no regulados por el precitado acuerdo:

de controversia y control judicial […]».

10. Se refirió a la Circular DEAJC 160 de 2004 para aseverar que esta profundiza en aspectos no regulados por el precitado acuerdo:

«[…] como lo son las obligaciones del prestador del servicio de parqueaderos (numeral 4°) sin tener competencia para ello, dado que la facultad de expedir “órdenes, directrices y orientaciones” emanadas del primer inciso del artículo 103 de la ley 270 de 1996, no le permiten al Director Ejecutivo de Administración judicial, regular o reglamentar aspectos no previstos en las normas superiores, como lo sería en este caso, obligaciones de la prestación del servicio de parqueaderos reguladas en las leyes antes citadas. […]».

11. Aludió, igualmente, a la Circular DEAJC17-4 de 2017, señalando que, a través de ella, se reglamentó, en forma detallada, el procedimiento administrativo con el que se busca sancionar a los particulares que presten el servicio de parqueadero para la inmovilización de vehículos por orden judicial, y cuestionó

que ello:

«[…] no solo es contrario a la ley 1437 de 2011 y a la reserva legal de la que hemos hablado anteriormente respecto de los procedimientos administrativos, sino que contraria el art ículo 29 constitucional, al prever procedimientos lesivos del debido proceso y el derecho de defensa, bajo el entendido que no se dispone de ningún tipo de recursos ni controles frente a las actuaciones que pueden desarrollar las distintas direcciones seccionales, al respecto de la reserva legal para procedimientos sancionatorios es bueno revisar lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-412 de 2015 que nos recuerda que su fundamento está en el

a las actuaciones que pueden desarrollar las distintas direcciones seccionales, al respecto de la reserva legal para procedimientos sancionatorios es bueno revisar lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-412 de 2015 que nos recuerda que su fundamento está en el “principio de democracia y de división de los pode res” no pudiendo ser la misma entidad que aplica la sanción, la que crea el procedimiento, las faltas y las sanciones […]».Radicación: 11001-03-24-000-2022-00267-00

Demandante: Daniel Eduardo Romero Vitola

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II. TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

12. De la solicitud de medida cautelar se corrió traslado3 a la entidad demandada para que se pronunciara sobre la misma en el término de cinco días (5) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.

13. La Rama Judicial, por conducto de apoderad o judicial4, se opuso al decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de las disposiciones acusadas por cuanto no se cumplió con el requisito de carga argumentativa respecto de las razones por las cuales se estima que debe accederse a la cautela. Anotó que el accionante se limitó a manifestar que la aplicación de las citadas decisiones administrativas comporta riesgos disciplinarios, penales y fiscales.

14. Estimó que no existía infracción de las disposiciones invocadas como fundamento de los actos cuya suspensión se solicita puesto que, en primer lugar, su competencia para expedir el acto se deriva de los artículos 257 numeral 3 de la Carta Política, 167 de la Ley 769 de 2002 y 85 numeral 13 de la Ley 270.

su competencia para expedir el acto se deriva de los artículos 257 numeral 3 de la Carta Política, 167 de la Ley 769 de 2002 y 85 numeral 13 de la Ley 270.

15. Adujo, de otra parte, que no era cierto que se estuviera suscribiendo un contrato estatal con el tercero colaborador, puesto que:

«[…] Conforme el mencionado Acuerdo 2586 del 15 de septiembre de 2004, se determinó que las autoridades encargadas de inmovilizar vehículos en virtud de orden impartida por Jueces de la República, con el fin de materializar sobre ellos medidas cautelares, deberán llevarlos inmediatamente los aprehendan, a un parqueadero que se encuentre debidamente registrado ante la Dirección Seccional de Administración Judicial, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, del lugar donde se produzca la inmovilización, y que los parqueaderos interesados debían inscribirse previamente ante las direcciones seccionales acreditando una serie de documentos para acceder al registro (…) Lo anterior impli ca que no hay relación contractual entre la Nación -Rama Judicial y los parqueaderos, no hay objeto, no hay un pago o remuneración, ya que esta se obtiene del cobro de tarifas, solo hay una habilitación para que haga parte de un registro, recordando que el artículo 167 de la Ley 769 de 2009 se refiere a parqueaderos autorizados (…) De norma alguna se desprende que los parqueaderos deban ser contratados y/o operados por el Consejo Superior de la Judicatura o la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pues no es una función relacionada con su naturaleza u objeto, sino que se habló de que serían responsabilidad, que es muy diferente (…) Debe

Consejo Superior de la Judicatura o la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pues no es una función relacionada con su naturaleza u objeto, sino que se habló de que serían responsabilidad, que es muy diferente (…) Debe hacerse claridad en que la finalidad de conformar el registro de parqueaderos no corresponde a la vinculación de u na persona natural o jurídica del estado, ni prestar o envestirse de una función pública ya sea de forma temporal o definitiva, ni tampoco contratar con el estado, ninguna de esas situaciones se presenta en estos casos, para los cuales existe una reserva legal dado que se trata de limitar el acceso a una función pública, caso distinto al asunto bajo análisis donde el registro de parqueaderos habilitados es una autorización para recibir vehículos inmovilizados por orden de un juez de la república con el fin de materializar medidas cautelares, custodia que no implica el ejercicio de una función pública, sino a un servicio propio de su naturaleza comercial como parqueadero,

3 Auto de 9 de septiembre de 2022. Índice 16, Samai. 4 Índice 23, Samai.Radicación: 11001-03-24-000-2022-00267-00

Demandante: Daniel Eduardo Romero Vitola

5 recibiendo un pago que corre a cargo del demandado, y sin que exista tampoco relación contractual alguna con la Rama Judicial […]».

16. En tercer lugar, indicó que no se estableció un procedimiento sancionatorio puesto que no se van a imponer sanciones pecuniarias ni contractuales y, simplemente, las normas se refieren a la exclusión cuando s e presenten irregularidades en el desarrollo de la actividad. En tal sentido, destacó lo

siguiente:

«[…] desde la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en desarrollo

simplemente, las normas se refieren a la exclusión cuando s e presenten irregularidades en el desarrollo de la actividad. En tal sentido, destacó lo siguiente:

«[…] desde la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en desarrollo de lo establecido en los artículos 98 y siguientes, se ha impartido directrices a las Direcciones Seccionales como en la Circular 160 del 19 de noviembre de 2004 conforme las tareas asignadas en los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, así como del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 que dispone que corresponde a los Direct ores Seccionales ejercer sus funciones conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, no se trata de una reglamentación del reglamento (…) Como fue de público conocimiento, se presentaron múltiples quejas y denuncias sobre diferentes irregularidades que se presentan con los parqueaderos, los cuales incluyen cobro abusivo o excesivo de tarifas, desaparición de vehículos inmovilizados, vehículos puestos a rodar en otras ciudades del país y ne gativa de atención a los usuarios, las que sirvieron como fundamento para que se expidiera la primera de las circulares demandadas, esto es, la Circular DEAJC17 -4 del 13 de enero de 2017, en la cual se impartían directrices para conjurar estas situaciones (…) En este orden de ideas, claramente no dispone un procedimiento sancionatorio, sino que tiene como objetivo superar los inconvenientes que se venían presentando con los parqueaderos que hacían parte del registro y que afectan la imagen y majestad de la justicia, de la que se deriva su legitimidad, credibilidad, buen nombre y prestigio […]».

inconvenientes que se venían presentando con los parqueaderos que hacían parte del registro y que afectan la imagen y majestad de la justicia, de la que se deriva su legitimidad, credibilidad, buen nombre y prestigio […]».

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

17. Para efectos de resolver la solicitud cautelar y por razones metodológicas, la Sala Unitaria empezará por efectuar: (i) un análisis de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; (ii) un estudio de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo; para posteriormente (iii) resolver el caso concreto.

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

18. Uno de los motivos que inspiraron la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011 está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez.

Fue así como el nuevo Código creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en su artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para «proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».Radicación: 11001-03-24-000-2022-00267-00

Demandante: Daniel Eduardo Romero Vitola

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19. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte debidamente sustentada, y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la

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19. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte debidamente sustentada, y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

20. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas

(numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas de un perjuicio irremediable (numerales 1 segunda parte, 2 y 3) , por lo que v ienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa5.

21. En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, como ya se anunció, este cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción de la norma que señala que «podrá decretar las q ue considere necesarias »6. No obstante lo anterior, a voces del artículo 229 del CPACA, su decisión estará sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar

regulado en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar «documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses , que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla».

III.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo acusado

22. En el marco de las diversas medidas cautelares, instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo 7 se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 231 y siguientes del

CPACA.

23. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso ordinario en el que se hubiere

5 Artículo 230 del CPACA 6 Artículo 229 del CPACA 7 El artículo 230 del CPACA. señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “vulnerante o amenazante”, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto

o amenazante”, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos; (numeral 5) Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.Radicación: 11001-03-24-000-2022-00267-00

Demandante: Daniel Eduardo Romero Vitola

7 decretado tal medida, esto en razón de que s u finalidad está dirigida a «evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».8

24. Respecto de los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA sobre la procedencia de una solicitud cautelar de suspensión provisional, esta Sección recientemente precisó que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, se entiende acreditada en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas9. En tal sentido, la Sala, en la providencia de 13 de mayo de 202110, precisó lo siguiente:

«[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se

en la providencia de 13 de mayo de 202110, precisó lo siguiente:

«[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “fumus boni iuris”, o la apariencia de buen derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […]11» (se resalta)

III.3. El caso concreto

25. Tal y como se expuso en los antecedentes de la presente providencia , el demandante solicita la suspensión provisional del Acuerdo 2586 de 2004 , modificado por el Acuerdo PSAA14-10136 de 22 de abril de 2014, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y de las Circulares DEAJC 160 de 2004 y DEAJC17-4 de 2017 , expedidas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, tras sostener que esos preceptos normativos vulneran los artículos 2912,

8 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Judicial, tras sostener que esos preceptos normativos vulneran los artículos 2912,

8 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; auto de 19 de junio de 2020; Expediente con núm. único de radicación: 11001032400020160029500 10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 54001 -23-33-000-2018-0028501, CP. Oswaldo Giraldo López. 11 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-0324-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánchez Sánchez) al señalar que: “[…] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”. 12 «[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (…) Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…) En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable (…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido

se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable (…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (…) Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso […]».Radicación: 11001-03-24-000-2022-00267-00

Demandante: Daniel Eduardo Romero Vitola

8 150-213,189-1114 y 257-315 de la Constitución Política y 79 16, 8517 y 10318 de la Ley 270 de 1996.

13 «[…] ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones […]» 14 «[…] ARTICULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes […]» 15 «[…] ARTÍCULO 257. <Texto original revivido según la Sentencia C-285-16> Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones: (…) 3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la

15 «[…] ARTÍCULO 257. <Texto original revivido según la Sentencia C-285-16> Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones: (…) 3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador […]». 16 «[…] ARTÍCULO 79. DEL CONSEJO EN PLENO. Las dos Salas del Consejo Superior de la Judicatura, se reunirán en un solo cuerpo para el cumplimiento de las siguientes funciones:

1. Adoptar el informe anual que será presentado al Congreso de la República sobre el estado de la Administración de Justicia.

2. Adoptar, previo concepto de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, el Plan de Desarrollo de la Rama Judicial y presentarlo al Gobierno Nacional para su incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo;

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de Justicia;

4. Adoptar y proponer proyectos de ley relativos a la administración de Justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales;

5. Elegir al Presidente del Consejo, quien tendrá la representación institucional de la Corporación frente a las demás ramas y autoridades del Poder Público, así como frente a los particulares. Así mismo elegir al Vicepresidente de la Corporación;

6. Promover y contribuir a la buena imagen de la Rama Judicial, en todos sus órdenes, frente a la comunidad; y,

7. Dictar el reglamento interno del Consejo […]».

6. Promover y contribuir a la buena imagen de la Rama Judicial, en todos sus órdenes, frente a la comunidad; y,

7. Dictar el reglamento interno del Consejo […]». 17 «[…] ARTÍCULO 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. <Ver Notas del Editor> Corresponde a la Sala Administrativa del

Consejo Superior de la Judicatura:

1. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al Gobierno Nacional, el cual deberá incorporar el proyecto que proponga la Fiscalía General de la Nación.

2. Elaborar el proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo para la Rama Judicial, con su correspondiente Plan de Inversiones y someterlo a la aprobación del Consejo en Pleno.

3. Autorizar la celebración de contratos y convenios de cooperación e intercambio que deban celebrarse conforme a la Constitución y las leyes para asegurar el funcionamiento de sus programas y el cumplimiento de sus fines, cuya competencia corresponda a la Sala conforme a la presente Ley.

4. Aprobar los proyectos de inversión de la Rama Judicial.

5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las Salas de éstos y los Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así