CE - 110010325000201801756001SENTENCIA20230713103920

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2018-01756-00 (6349-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1

Demandado: Álvaro de Jesús Jaramillo Mesa

Temas: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003. Violación del debido proceso. Cuantía reconocida no excede lo debido.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia proferida el 12 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Antioquia2, por medio de la cual se confirmó parcialmente la decisión del 1° de diciembre de 2015 emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín y se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Álvaro de Jesús Jaramillo Mesa.

1. Antecedentes

emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín y se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Álvaro de Jesús Jaramillo Mesa.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP, en ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, solicitó la revisión de la sentencia proferida el 12 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que confirmó parcialmente la decisión del 1° de diciembre de 2015 emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

1 En adelante UGPP. 2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 05001 -33-33-001-2014-00402-01; actor: Álvaro de Jesús Jaramillo Mesa, demandado: UGPP.2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01756-00 (6349-2018) Demandante: UGPP con radicado 05001-33-33-001-2014-00402-01, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Álvaro de Jesús Jaramillo Mesa y, en consecuencia, declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 45809 del 2 de octubre de 2013 y 51154 del 5 de noviembre de esa anualidad, por medio de las cuales la UGPP negó la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio.

del 5 de noviembre de esa anualidad, por medio de las cuales la UGPP negó la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio.

Como consecuencia de lo anterior solicitó i) declarar que Álvaro de Jesús Jaramillo Mesa no es acreedor de un derecho adquirido; ii) ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, y con los factores salariales previstos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, aplicando las reglas establecidas en las sentencias C -168 de 1995, C -258 de 2013, SU-230 del 2015, SU -427 de 2016, SU -210 de 2017, SU -395 de 2017, SU -631 de 2017, T039 de 2019 y los autos A326 de 2016 y A229 de 2017, todas proferidas por la Corte Constitucional; y iii) condenar a Álvaro de Jesús Jaramillo Mesa a restituir a la entidad recurrente la totalidad de los dineros recibidos en exceso por el reconocimiento pensional.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Álvaro de Jesús Jaramillo Mesa nació el 3 de marz o de 1944; laboró por más de 20 años en el Ministerio de Hacienda y adquirió el estatus de pensionado el 3 de marzo de 1999.

• Mediante Resolución 22807 del 10 de octubre de 2000, la Caja Nacional de

20 años en el Ministerio de Hacienda y adquirió el estatus de pensionado el 3 de marzo de 1999.

• Mediante Resolución 22807 del 10 de octubre de 2000, la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E. 3 le reconoció una p ensión de vejez, cuya liquidación se efectuó sobre el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios.

• Con Resolución 45809 del 2 de octubre de 2013, la UGPP negó la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, al considerar que en vigencia de la Ley 100 de 1993 solo lo cobijó el régimen de transición en lo referente a la edad, tiempo y monto «más no para los factores de salario» previstos en el régimen ant erior. Esta decisión fue confirmada a través de la Resolución 51154 del 5 de noviembre de 2013.

• Inconforme con la anterior decisión, Álvaro de Jesús Jaramillo Mesa, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, presentó una demanda en orden a que se declare su nulidad, por cuanto, a su juicio, la UGPP no aplicó el régimen de transición del artículo 36 de la

3 En adelante CAJANAL. 4 En adelante CPACA.3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01756-00 (6349-2018)

Demandante: UGPP

3 En adelante CAJANAL. 4 En adelante CPACA.3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01756-00 (6349-2018) Demandante: UGPP Ley 100 de 1993, en concordancia con la Ley 33 de 1985, para determinar la cuantía de su pensión, es decir, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios.

• El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Med ellín en sentencia del 1° de diciembre de 2015, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a Álvaro de Jesús Jaramillo Mesa con inclusión de todos los factores salariales devengados en los 10 años anteriores a la adquisición del estatus pensional.

• El Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió los recursos de apelación interpuestos por las partes en el sentido de confirmar parcialmente el fallo proferido en primera instancia . Decisión que fue corregida con la providencia del 12 de octubre de 2017.

• La UGPP, mediante R esolución RDP 27121 del 10 de julio de 2018 , dio cumplimiento a la providencia proferida en segunda instancia y reliquidó la pensión de vejez del solicitante sobre el 75% de los factores salariales devengados en el año anterior al retiro definitivo del servicio.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión5

En sentencia del 12 de octubre de 2017, el Tribunal Administrativo de Anti oquia resolvió los recursos de apelación interpuestos por las partes y confirmó

1.1.3. Sentencia objeto de revisión5

En sentencia del 12 de octubre de 2017, el Tribunal Administrativo de Anti oquia resolvió los recursos de apelación interpuestos por las partes y confirmó parcialmente la decisión del 1° de diciembre de 2015 emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín, mediante la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de Álvaro de Jesús Jaramillo Mesa con la inclusión de todos los factores salariales, específicamente, la bonificación por servicios, el subsidio de alimentación y las primas de navidad, vacaciones y servicios.

Para tal efecto, concluyó lo siguiente:

• Álvaro de Jesús Jaramillo Mesa nació el 3 de marzo de 1944 y, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía más de 40 años de edad, por tanto, es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem, y en consecuencia, podía acceder al beneficio pensional con los requisitos de la Ley 33 de 1985, esto es con el 75% del salario promedio que sirvió de base para calcular los aportes durante el último año de servicio.

• Si bien el juez de primera instancia declaró la nulidad del acto demandado y le fue reconocida una pensión de vejez respetando el régimen anterior, esta no se acomodó a los preceptos jurisprudenciales, por cuanto no se liquidó sobre la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, tal y como lo pretendió el demandante, sino con el periodo de 10 años anteriores al retiro del

5 Folios 186 al 197.4

totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, tal y como lo pretendió el demandante, sino con el periodo de 10 años anteriores al retiro del

5 Folios 186 al 197.4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01756-00 (6349-2018) Demandante: UGPP servicio. En consecuencia, se modificó la decisión apelada, para en su lugar entender que la reliquidación corresponderá al último año de servicios y no a los 10 años anteriores.

• Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente la proferida el 4 de agosto de 2010 6, para el reconocimiento de la prestación es válido tener en cuenta todos los factores salariales que conformaban la base de liquidación, de modo que la liquidación del monto de la pensión se debe establecer con el 75 % del promedio de salarios devengados en el último año de servicios bajo el entendido que son factores de salario aquellas sumas que percibe el servidor de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé.

• Se modifica la orden, toda vez que para la liquidación de la pensión se incluyó la bonificación por recreación, y este valor no constituye factor salarial para efectos prestacionales.

• Se aclara que los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación prestacional son: «primas de vacaciones, de navidad, servicios y subsidio de alimentación previos los descuentos que correspondan».

1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo

previos los descuentos que correspondan».

1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos7:

• La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto la reliquidación de la pensión de jubilación del causante en los términos ordenados no le corresponde, puesto que lo correcto era que se hubiese tenido en cuenta las disposiciones contenidas en los artícu los 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto del ingreso base de liquidación (IBL) y los factores salariales para su liquidación.

• La causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se configuró porque la cuantía del derecho reconoc ido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

• La sentencia recurrida desconoció los lineamientos y reglas estableci dos por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 del 2015, y SU-395 de 2017, que determinan que para los beneficiarios del régimen de transición se les debe respetar las condiciones de edad, tiempo y monto de la

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25 000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 7 Folios 282 al 293.5

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25 000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 7 Folios 282 al 293.5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01756-00 (6349-2018) Demandante: UGPP legislación anterior, pero el ingreso base de liquidación será el dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el Decreto 1158 de 1994.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

La parte accionada contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones; sin embargo, por no cumplir con los requisitos de postulación previstos por la ley, mediante providencia del 27 de noviembre de 2019 este despacho decretó no tenerla por contestada. Decisión que fue confirmada con auto del 11 de noviembre de 2021.

1.4. Concepto del Ministerio Público

En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisió n en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA8.

Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

Al tenor de lo previsto por el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

En el subjudice la sentencia objeto de revisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 12 de octubre de 2017 quedó ejecutoriada el 24 de noviembre de 2017 y la acción de revisión se presentó el 28 de noviembre de 2018, esto es dentro de

8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01756-00 (6349-2018) Demandante: UGPP los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia recurrida, razón por la cual se

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01756-00 (6349-2018) Demandante: UGPP los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia recurrida, razón por la cual se impone concluir que la acción se ejerció oportunamente.

2.3. Los problemas jurídicos

Se circunscribe a establecer lo siguiente: i) ¿ la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia se profirió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido a Álvaro de Jesús Jaramillo Mesa excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuraron los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: ( 1) marco normativo, (1.1) de la acción especial de revisión de sumas periódicas a cargo del tesoro público; (1.2) del ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985; (2) caso concreto; (3) costas, y (4) conclusión.

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 10 de la Ley 797 de 2003 11 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 10 de la Ley 797 de 2003 11 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser

10 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas p eriódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pú blica la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 11 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y

convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 11 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».7

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01756-00 (6349-2018) Demandante: UGPP revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violació n al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen12.

Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan» . En tal sentido, se han definido los siguientes13:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas

definido los siguientes13:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el pr oceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cré dito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

12 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de feb rero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.

en un valor mayor al que corresponde.

12 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de feb rero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 13 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01756-00 (6349-2018)

Demandante: UGPP

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»14.

públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»14.

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 15 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.

2.4.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985

La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto

2.4.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985

La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 201817, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

14 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras. 17 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01756-00 (6349-2018)

Demandante: UGPP

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma».

En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para sus afiliados y que estaban próximos a a dquirir el derecho pensional . «[t]ales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión» . Esto señaló la

Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición

próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultra ctiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio p ara este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables(…)».

Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base

reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para10

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01756-00 (6349-2018) Demandante: UGPP ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variació n del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

(…)».

La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya