CE - 110010325000201900769001SENTENCIA20230712112632
Detalles
- Título
- CE - 110010325000201900769001SENTENCIA20230712112632
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2019-00769-00 (5735-2019) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: José Fernando Calle Pérez Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, del 30 de septiembre de 2014, a través de la cual confirmó parcialmente, modificó el numeral tercero y revocó el numeral noveno de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Montería, el 1.° de febrero de 2012, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
febrero de 2012, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderad a judicial, pretende infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, del 30 de septiembre de 2014, a través de la cual confirmó parcialmente, modificó el numeral tercero y revocó el numeral noveno de la parte2
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00769-00 (5735-2019) Demandante: UGPP resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Montería, el 1.° de febrero de 2012, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 23 001 33 31 004 2010 00050 01.
Con fundamento en lo anterior, solicita i) declarar que el señor José Fernando Calle Pérez, en cuanto a su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana; y ii) ordenar a la UGPP reliquidar la mesada pensional del demandado, teniendo en cuenta la tasa de reemplazo del 75 % conforme lo previsto en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 y en la Ley 860
pensional del demandado, teniendo en cuenta la tasa de reemplazo del 75 % conforme lo previsto en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 y en la Ley 860 de 2003, el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° y 21 de la Ley 100 de 1993, y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C258 de 2013, SU230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU631 de 2017 y en los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, l a apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:
- El 31 de enero de 1959, nació e l señor José Fernando Calle Pérez . Prestó sus servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) desde el 4 de agosto de 1983 hasta el 30 de julio de 2008 y el último cargo que desempeñó fue el de detective profesional.
- El 7 de marzo de 2006, a través de la Resolución 1914 CAJANAL reconoció una
pensión de jubilación al señor Calle Pérez, en cuantía de $ 720.121.58, a partir del 1.º de octubre de 2004, condicionada al retiro definitivo del servicio. Posteriormente, la prestación fue reliquidada mediante la Resolución 20553 del 3 de junio de 2009, efectiva desde el 1.° agosto de 2008.
1.º de octubre de 2004, condicionada al retiro definitivo del servicio. Posteriormente, la prestación fue reliquidada mediante la Resolución 20553 del 3 de junio de 2009, efectiva desde el 1.° agosto de 2008. iii) El 1.° de febrero de 2012, el Juzgado Cuarto Administrativo de Montería profirió sentencia de primera instancia, a través de la cual accedió parcialmente a las3
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00769-00 (5735-2019)
Demandante: UGPP
pretensiones de la demanda interpuesta por el señor José Fernando Calle Pérez contra CAJANAL, hoy UGPP y resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1
[…] 2.- Declárese la nulidad parcial de la Resolución No. 54242 del 4 de febrero de 2011, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL en Liquidación, mediante la cual se reliquidó la pensión del actor sin la inclusión de los factores salariales que corresponden.
3.- Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANALE.I.C.E. en Liquidación reliquidar la pensión de jubilación del señor JOSE FERNANDO CALLE PÉREZ, con la inclusión de la totalidad de los factores devenga dos en el último año de servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad -DAScomprendido entre el 1° de agosto al 31 de julio de 2008, tales como asignación básica; bonificación por servicios prestados; prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones. La liquidación deberá realizarse a partir del momento que se hizo efectivo su derecho pensional.
2008, tales como asignación básica; bonificación por servicios prestados; prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones. La liquidación deberá realizarse a partir del momento que se hizo efectivo su derecho pensional.
4.- De conformidad con la reliquidación ordenada en el numeral anterior, CONDÉNASE a CAJANAL E.I.C.E. a pagar las diferencias entre lo que efectivamente le ha reconocido y pagado, y lo que debe reconocer y pagar con base en la liquidación ordenada en esta sentencia.
[…]. 9.- Niéguense las demás pretensiones de la demanda.
- El 30 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión , emitió sentencia de segunda instancia, mediante la cual confirmó parcialmente, modificó el numeral tercero y revocó el numeral noveno de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Montería, en los siguientes términos:2
PRIMERO. Modificar el numeral 3 de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo el día 1 de febrero de 2012, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así:
“3. Como consecuencia de lo anterior, ordénese a la Unidad Administrativo Especial de Gestión Pen sional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP a reliquidar la pensión de jubilación del señor José Fernando Calle Pérez, incluyéndose como factores salariales para calcular el ingreso base de liquidación de la mesada pensional el 75 % de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio s, (entre el 31 de julio de 2007, 31
Pérez, incluyéndose como factores salariales para calcular el ingreso base de liquidación de la mesada pensional el 75 % de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio s, (entre el 31 de julio de 2007, 31 de julio de 2008), los cuales son además de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados; la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de riesgo . Dicho reconocimiento se hará desde que el actor adquirió el status (sic) (3 de agosto de 2003), pero con efectos fiscales a partir dl 1° de agosto de 2008. La entidad condenada deberá efectuar respectivos
1 Folios 126 al 133 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión. 2 Folios 134 al 145 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.4
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00769-00 (5735-2019) Demandante: UGPP descuentos correspondientes a las cotizaciones sobre el factor que en esta instancia se ordena incluir en la liquidación de la pensión del demandante, en caso de no haberse realizado.
SEGUNDO. Revocar el numeral 9 de la providencia recurrida, por las razones indicadas en la parte motiva. […] (Resaltado original del texto).
- El 16 de octubre de 2014, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión.
- El 10 de septiembre de 2015, la UGPP expidió la Resolución RDP 036840 mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Sexta de Decisión.
- El 10 de septiembre de 2015, la UGPP expidió la Resolución RDP 036840 mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Sexta de Decisión.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, el 30 de septiembre de 2014, confirmó parcialmente, modificó el numeral tercero y revocó el numeral noveno de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Montería, el 1.° de febrero de 2012, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:3
- El problema jurídico se circunscribe a establecer si el actor tiene derecho a la inclusión de la prima de riesgo en la reliquidación de su pensión de jubilación.
- El a quo declaró la nulidad parcial del acto administrativo censurado y a título de restablecimiento del derecho condenó a la entidad demanda da a reliquidar la pensión de jubilación del demandante con la inclusión de los siguientes factores devengados en el último año de servicio: asignación básica, bonificación por servicios prestados y las primas de servicios, de vacaciones y de navidad . Lo anterior, en los términos de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, en cuanto a la edad y tiempo de servicio y el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, en lo relacionado con el monto.
- La prima de riesgo debe incluirse en la liquidación de la pensión de jubilación del personal vinculado al DAS, comoquiera que jurisprudencialmente el Consejo de
con el monto.
- La prima de riesgo debe incluirse en la liquidación de la pensión de jubilación del personal vinculado al DAS, comoquiera que jurisprudencialmente el Consejo de
3 Folios 134 al 145 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.5
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00769-00 (5735-2019) Demandante: UGPP Estado, Sección Segunda, en la sentencia de unificación del 1.° de agosto de 2013, así lo dispuso.4
- Del material probatorio se advierte que el señor Calle Pérez en el último año de servicio en el Departamento A dministrativo de Seguridad percibió, entre otros factores, la prima de riesgo. No obstante, el a quo no incluyó el referido emolumento al considerar que el artículo 4 del Decreto 2646 de 1994 no la establece como factor salarial.
- Por lo expuesto, se impone a. modificar el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia apelada , en el sentido de ordenar la inclusión, además de los factores previamente reconocidos, de la prima de riesgo; y b. revocar el numeral noveno a través del cual el a quo negó las demás pretensiones de la demanda.
Finalmente, en aras de garantizar la sosten ibilidad del sistema pensional, se autoriza a la entidad demandada a realizar los descuentos correspondientes, a título de aportes a pensión, respecto del factor que se ordena incluir en esta oportunidad, en caso de no haberse efectuado.
1.2. Las causales de revisión invocadas
La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales
en caso de no haberse efectuado.
1.2. Las causales de revisión invocadas
La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:
- El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.
- En el expediente se acreditó que el señor Calle Pérez es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 . En este sentido,
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación 4400123310002008150 01(0070-2011); C.P. Gerardo Arenas Monsalve.6
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00769-00 (5735-2019) Demandante: UGPP las prerrogativas de transición consisten en que las personas cobijadas por éstas , les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, esto es, en este caso los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 y la Ley 860 de 2003, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez,
afiliadas, esto es, en este caso los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 y la Ley 860 de 2003, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.
Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación emitida por el DANE. En igual sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional ,5 criterio que constituye precedente obligatorio.
- El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe
calcularse la mesada pensional del señor Calle Pérez.
- En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional del demandado se incrementó sin que exista justif icación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
El señor José Fernando Calle Pérez, por intermedio de apoderado , se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes argumentos:6
5 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de
pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes argumentos:6
5 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-223 de 2018 y T-039 de 2018. 6 Memorial allegado por correo electrónico, visible a índice 30 de la plataforma SAMAI.7
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00769-00 (5735-2019) Demandante: UGPP i) Las decisiones recurridas, por un lado, se fundamentaron en los precedentes jurisprudenciales vigentes 7 para la fecha de su expedición y por el otro, están protegidas por los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y buena fe.
- Debe darse aplicación a las sentencias de unificación jurisprudencial emitidas por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018 y el «12 de mayo de 2022 », en lo relacionado a los casos en los que ha operado la cosa juzgada, pues estos resultan inmodificables. Así mismo, cuando se señala que las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda de la referida corporación, no puede n considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.
- La UGPP en lugar de enfocarse en la demostración de las presuntas causales invocadas, pretende generar una nueva oportunidad procesal para reabrir el debate
considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.
- La UGPP en lugar de enfocarse en la demostración de las presuntas causales invocadas, pretende generar una nueva oportunidad procesal para reabrir el debate judicial que se surtió, previamente, en las dos instancias del proceso.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.8 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del p roceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.9
7 El demandado trae a colación la s sentencias de unificación del 4 de agosto de 2010, radicación 250002325000200607509 01 (0112 -2009); y del 1.° de agosto de 2013, radicación4400123310002008150 01(0070-2011), emitidas por esta corporación. 8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». Adicionalmente, la Sala resalta que el presente recurso extraordinario de revisión fue interpuesto
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». Adicionalmente, la Sala resalta que el presente recurso extraordinario de revisión fue interpuesto antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 11 de octubre de 2019 como consta en el folio 10 reverso del cuaderno 1; razón por la cual su trámite no está regido por las reglas de competencia consagradas en la referida norma.8
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00769-00 (5735-2019) Demandante: UGPP De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturalez a [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».10
Finalmente, es oportuno señalar que conf orme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
2.2. Oportunidad
la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lit e, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 16 de octubre de 201411 y la acción especial se interpuso el 11 de octubre de 2019,12 por lo que es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba, del 30 de septiembre de 201 4, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho
10 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la Sentencia SU -427 de 2016, tambi én reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 11 Folio 151 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión. 12 Folio 10 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.9
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 11 Folio 151 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión. 12 Folio 10 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.9
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00769-00 (5735-2019) Demandante: UGPP reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Púb lico, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Púb lico, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:10
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00769-00 (5735-2019) Demandante: UGPP i) Son susceptibles del recurso no solo sente ncias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
Demandante: UGPP i) Son susceptibles del recurso no solo sente ncias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
- Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
- Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
- De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
- Igualmente, se entienden excluidos de su alcanc e los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.
- Igualmente, se entienden excluidos de su alcanc e los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la instituci ón de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.11
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00769-00 (5735-2019) Demandante: UGPP Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró13 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,14 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
2.4.2. Alcance de las causales de revisión
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».15
13 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperi o de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 14 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperi o de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 14 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Procedimie nto Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, art ículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Art ículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA. 15 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión , sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-01529 (REV).12
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00769-00 (5735-2019) Demandante: UGPP Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los r
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