CE - 110010326000201900163001SENTENCIA20230201155534

Radicado: 11001-03-26-000-2019-00163-00 (65020)

Recurrentes: Domitila Llantén Guerrero y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

| SECCIÓN TERCERA

'" SUBSECCIÓN C

=

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-26-000-2019-00163-00 (65020) Recurrentes: DOMITILA LLANTÉN GUERRERO Y OTROS Asunto: Causal 5” artículo 250 CPACA — nulidad originada en la sentencia 1 SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), dentro del proceso de reparación directa No. 19001-33-33-008-2014-00027-01. l. SÍNTESIS DEL CASO Mediante sentencia de veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), el - Tribunal Administrativo del Cauca decidió modificar la condena impuesta en primera instancia frente a la demanda de reparación directa promovida por Domitila Llantén Guerrero y otros, en contra de la Nación — Ministerio de Defensa Nacional y Ejército Nacional, por la destrucción de su vivienda y los perjuicios que de ello se derivaron (expediente 19001-33-33-008-2014-00027-01). Específicamente, el Tribunal dispuso

Nacional, por la destrucción de su vivienda y los perjuicios que de ello se derivaron (expediente 19001-33-33-008-2014-00027-01). Específicamente, el Tribunal dispuso disminuir la condena por daño emergente y negar el reconocimiento de perjuicios morales y por la alteración a las condiciones de existencia. Los recurrentes alegan que en dicha sentencia se materializó la causal de revisión contenida en el numeral 5 del 1Radicado: 11001-03-26-000-2019-00163-00 (65020) Recurrentes: Domilila Llantén Guerrero y otros artículo 250 del GPACA, esto es, “elxistir nulidad originada en la sentencia que le puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

'lL ANTECEDENTES

1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa 1.1. El veinticuatro (24) de enero de dos mil catorce (2014), los señores Domitila Llantén Guerrero, Libardo Calvache Cifuentes, Alexander Calvache Llantén, Arnovi Calvache Llantén y Viodeli Ester Ledezma Meneses, estos dos últimos actuando en nombre propio y en representación de su menor hija Caren Doreyi Calvache Ledezma, presentaron demanda de reparación directa solicitando que se declarara administrativamente responsable a la Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional, por la destrucción de dos casas de habitación construidas en un predio del que son poseedores, junto con la correspondiente condena al pago de perjuicios morales, patrimoniales y por alteración de las condiciones de existencia por el desplazamiento forzado que adujeron padecer!.

predio del que son poseedores, junto con la correspondiente condena al pago de perjuicios morales, patrimoniales y por alteración de las condiciones de existencia por el desplazamiento forzado que adujeron padecer!. Como sustento fáctico de su demanda, narraron que el dos (2) de noviembre de dos mil once (2011), en la vereda El Tamboral, corregimiento de Santa Rosa Baja del municipio de Patía - Cauca, unidades artilladas del Ejército Nacional aterrizaron en helicópteros en la cancha deportiva de la comunidad, con el fin de transportar uniformados que estaban garantizando el normal desarrollo de las elecciones que se llevaban a cabo. en ese momento. Según afirmaron, la fuerte presión que ejercieron los sobrevuelos de las aeronaves ocasionó la destrucción de. los inmuebles de habitación de la señora Domitila Llantén Guerrero y de su hijo Arnovi Calvache Llantén, lo cual los obligó a desplazarse a otros municipios del Cauca, debiendo asumir el pago del arrendamiento en sus nuevos lugares de residencia. 1 Índice 41 SAMAI, documento descrito como "48_ RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL ECTRONICO_005DEMANDA(.pdf) Nro Actua 41”.Radicado: 11001-03-26-000-2019-00183-00 (65020) Recurrentes: Domitila Llantén Guerrero y otros 1.2. El treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán dictó sentencia accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda. En efecto, el a quo encontró probado el daño causado en las viviendas por el

Administrativo de Popayán dictó sentencia accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda. En efecto, el a quo encontró probado el daño causado en las viviendas por el sobrevuelo del helicóptero realizado por el Ejército Nacional, al desarrollar una operación táctica en el sector, lo cual calificó como una actividad peligrosa que daba lugar a la responsabilidad estatal. Sin embargo, al no encontrar demostrada la propiedad de los inmuebles determinó que no había lugar a la indemnización por daño emergente pero sí por lucro cesante, por concepto de los cánones de arrendamiento que tuvieron que asumir por la pérdida del lugar de residencia, valor que fijó en la suma de cinco millones setecientos sesenta y ocho mil trescientos noventa pesos ($5.768.390) en favor de Domitila Llantén y de Arnovi Calvache. En cuanto a los perjuicios morales reclamados, el a quo consideró probado el dolor padecido ante la pérdida de los bienes muebles y enseres, así como la alteración a las condiciones de existencia por cuenta de la “pérdida de bienes y desplazamiento de sus habitantes”, aclarando que este desplazamiento no era de aquellos que “enervan la posibilidad de rehacer su vida en condiciones normales, en la misma población, e incluso en el mismo sector donde residían los afectados, pues este no se desprende del conflicto armado interno propiamente dicho, que implique poner en riesgo la vida y/o integridad física de los actores, y que por contera deban inevitablemente desplazarse a otro lugar del territorio nacional y variar así sus condiciones de existencia en forma irreversible, en los términos en que lo pretende hacer ver el extremo procesal accionante”.

y/o integridad física de los actores, y que por contera deban inevitablemente desplazarse a otro lugar del territorio nacional y variar así sus condiciones de existencia en forma irreversible, en los términos en que lo pretende hacer ver el extremo procesal accionante”. En consecuencia, por perjuicios morales reconoció diez (10) smlmv en favor de Domitila Llantén, Libardo Calvache, Arnovi Calvache y Viodeli Ledezma y cinco (5) 2 Índice 41 SAMAI, documento descrito como “77_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL ECTRONICO_034SENTENCIA( pdh N roActua 41”.Radicado: 11001-03-26-000-2019-00163-00 (65020) Recurrentes: Domitila Llanten Guerrero y otros smlmv para Alexander Calvache y Caren Dorey Calvache, mientras que por alteración a las condiciones de existencia reconoció diez (10) smlmv para cada uno de ellos. 1.3. Apelada esta decisión por la parte demandante —quien insistió en que sí se había presentado desplazamiento forzado y reclamó el reconocimiento de todos los perjuiciosó— y por la entidad demandada —que reiteró que no le asiste responsabilidad en el hecho y no se probó ninguna clase de perjuicio?—Á, el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) el Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia de segunda instancia, modificando la decisión del a quo. Para el Tribunal, al haberse probado la calidad de poseedores que tenían Domitila Llantén Guerrero y Arnovi Calvache Llantén sobre los inmuebles destruidos, era necesario concluir que ellos tenían derecho a la indemnización por daño emergente,

Para el Tribunal, al haberse probado la calidad de poseedores que tenían Domitila Llantén Guerrero y Arnovi Calvache Llantén sobre los inmuebles destruidos, era necesario concluir que ellos tenían derecho a la indemnización por daño emergente, por lo que ordenó al Ministerio, a título de reparación integral, “CONSTRUIR y ENTREGAR a DOMITILA LLANTÉN GUERRERO una edificación de 17 mts2 en material de bareque y techo de zinc, o en otro tipo de materiales pertinentes de igual o mejor calidad, en el predio sobre el que ejerce posesión, ubicado en la vereda El E] Tamboral, corregimiento Santa Rosa, municipio de Patía”, orden que se replicó en los mismos términos en favor de Arnovi Calvache, solo que previendo una construcción de 14 metros cuadrados. Además, el Tribunal dispuso reconocer las sumas pagadas por concepto de arrendamiento, pero modificando el valor a tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento veintisiete pesos ($3'454.127), para cada uno de esos mismos demandantes. Sin embargo, en cuanto a los perjuicios morales y por alteración a las condiciones de existencia, el ad quem consideró que no había lugar a su reconocimiento en tanto “a causa petendi gravita en la indemnización por los daños a los bienes inmuebles” y los demandantes no demostraron haber sufrido un perjuicio moral, pues los testimonios recepcionados “no refirieron alguna situación de congoja especial, sino que se 3 Índice 41 SAMAI, documento descrito como “79 RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL ECTRONICO_038RECURSOAPELACIONO (.pdf) NroActua 41”. 4 Índice 41 SAMAI, documento descrito como "80_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL

ECTRONICO_038RECURSOAPELACIONO (.pdf) NroActua 41”. 4 Índice 41 SAMAI, documento descrito como "80_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL ECTRONICO_037RECURSOAPELACIONE (.pdf NroActua 41”.Recurrentes: Domitila Llantén Guerrero y otros limitaron a efectuar afirmaciones generales sobre lo que, en su opinión, sentirían en esas condiciones sin precisar las razones de su afirmación”. además, no se verificó “un sufrimiento de alto grado por el daño de los bienes inmuebles”, circunstancia que conlleva a que “no se pueda deferminar que hubo lesión a bienes constitucionalmente amparados”.

2. Elrecurso extraordinario de revisión El dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019), obrando mediante apoderado judicial, los señores Domitila Llantén Guerrero, Libardo Calvache Cifuentes, Alexander Calvache Llantén, Arnovi Calvache Llantén y Viodeli Ester Ledezma Meneses, estos dos últimos actuando en nombre propio y en representación de su menor hija Caren Doreyi Calvache Ledezma, interpusieron recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), alegando la configuración de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, “[elxistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. .

Como sustento de su recurso, señalan que, con ocasión de la destrucción de sus

sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. . Como sustento de su recurso, señalan que, con ocasión de la destrucción de sus viviendas por el sobrevuelo de los helicópteros del Ejército Nacional y “debido a los constantes hechos relacionados con el conflicto armado que se presentaban en su población (...) se vieron en la obligación de desplazarse forzadamente de su casa de habitación (...) perdiendo con ello sus lugares de arraigo, su unidad familiar, el derecho al trabajo, su integridad personal, su comodidad, sus acciones cotidianas relacionadas con la misma, junto con aquel derecho fundamental íntimamente ligado con el desplazamiento al que fueron sometidos, lo cual claramente generó una (sic) trastocamiento o alteración grave en sus condiciones de vida”. 5 Índice 41 SAMAI, documento descrito como “139 RECIBEMEMORIALESPORCORREOE LECTRONICO 026SENTENCIA( pdf NroActua 41”. $ Folios 1 al 8, cuaderno principal. ' Radicado: 11001-03-26-000-2019-00163-09 (65020) -i Radicado: 11001-03-26-000-2019:00163-00 (65020) Recurrentes: Domitila Llantén Guerrero y otros A partir de lo anterior, la parte recurrente plantea que con la sentencia de veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal “incurrió en una violación flagrante a [sus] derechos fundamentales como lo son: debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad humana y derecho a la igualdad”, así como “a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, pues, a su juicio, al tener como

flagrante a [sus] derechos fundamentales como lo son: debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad humana y derecho a la igualdad”, así como “a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, pues, a su juicio, al tener como probado el hecho de la destrucción de las viviendas y la necesidad de desplazarse a otros municipios en donde tuvieron que pagar arrendamiento, la autoridad judicial debió dar por acreditado “el desplazamiento forzado del cual resultaron víctimas”, el cual califican como un crimen de lesa humanidad. En ese sentido, indican que la Corte Constitucional, en las sentencias C-781 de 2012 y T 1346 de 2001, sostuvo que “se encuentra en condición de desplazado toda persona que se ve obligada a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional, por causas imputables a la existencia de un conflicto armado interno, a la violencia generalizada, a la violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario y, en fin, a determinados factores que pueden llegar a generar alteraciones en el orden público-económico interno”. Además, resaltan que el Consejo de Estado ha considerado que “el solo hecho del desplazamiento forzado hace presumir un menoscabo de derechos propios de ser reparados, puesto que constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen, y por lo tanto no es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia (...) como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su

quienes lo padecen, y por lo tanto no es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia (...) como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno”. : Por todo lo anterior, los recurrentes consideran que al disminuir el lucro cesante reconocido y negar los perjuicios morales y el daño por alteración a las condiciones de existencia, derivados de su situación de desplazamiento forzado, la sentencia acusada comportó una vulneración de sus derechos.Radicado: 11001-03-26-000-2019-00163-00 (65020)

Recurrentes: Dornitila Ltantén Guerrero y otros

3. Trámite del recurso y oposición 3.1. Mediante auto de veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020), el Despacho inadmitió el recurso extraordinario de revisión”. Luego de ser subsanado, se admitió con providencia de diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021) y se ordenó notificar esa decisión a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?, 3.2. Dentro del término de traslado, el Ministerio de Defensa Nacional se opuso a la prosperidad del recurso por considerar que no se configura la causal alegada. En ese sentido, explicó que los recurrentes lo que buscan es desatar una tercera instancia, pues en el proceso de reparación directa no probaron ser victimas de desplazamiento

prosperidad del recurso por considerar que no se configura la causal alegada. En ese sentido, explicó que los recurrentes lo que buscan es desatar una tercera instancia, pues en el proceso de reparación directa no probaron ser victimas de desplazamiento forzado, así como tampoco la causación de los perjuicios inmateriales?. Por su parte, el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa rindió el Concepto No. 029 de 2021, solicitando que se declare infundado el recurso en tanto en el proceso ordinario no se demostró el perjuicio moral, así como tampoco la lesión a bienes constitucionalmente amparados"". Por último, la ANDJE se abstuvo de intervenir en esta oportunidad. 3.3. Posteriormente, por auto de diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022), el Despacho decretó las pruebas del proceso, teniendo como tales las documentales aportadas con el recurso. Además, en atención a la solicitud probatoria formulada por. la parte actora, se ordenó la remisión del expediente de reparación directa No. 190017 Folios 28 al 31, cuaderno principal. 8 Folios 74 al 77, cuaderno principal. 8 Índice 17 de SAMAI. 10 Índice 11 de SAMAL.Radicado: 11001-03-26-000-2019-00163-00 (65020) Recurrentes: Domitila Llanten Guerrero y otros 33-33-008-2014-00027-01!, el cual fue enviado de manera digital por el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán??. 3.4. Finalmente, agotadas las etapas correspondientes, el once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022) el proceso ingresó al Despacho para adoptar la decisión que en

Octavo Administrativo de Popayán??. 3.4. Finalmente, agotadas las etapas correspondientes, el once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022) el proceso ingresó al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda!.

Il. CONSIDERACIONES

1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del CPACA?, en concordancia con lo establecido en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 —Reglamento Interno de la Corporación=15, esta Subsección es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión formulado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

2. Problema jurídico Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Cauca dentro del proceso de reparación directa.No. 1900133-33-008-2014-00027-01, se encuentra incursa en la causal de revisión contenida en 11 Índice 37 de SAMALI. 12 Índice 41 de SAMAI. De estos documentos se corrió traslado a las partes el dos (2) de mayo de dos mil veintidós (2022), tal y como consta a índice 44 del aplicativo SAMAI. 13 Índice 46 de SAMAL. 14 "ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por fas secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales

secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. (...)”. 18 "ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce fa Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así (...) Sección Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección.”.Radicado: 11001-03-26-000-2019-00163-00 (65020) Recurrentes: Domitila Llantén Guerrero y otros el numeral 5” del artículo 250 del CPACA, esto es, Telxistir nulidad originada en la sentencia que le puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”. Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y la causal señalada por la parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.

3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión El recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las diferentes jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter inmutable y de cosa juzgada que, por regla general, tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada sentencia es

jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter inmutable y de cosa juzgada que, por regla general, tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte Constitucional al concluir que se trata de un mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”, En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídico!”, siempre que se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley?9. De acuerdo con to consagrado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra las sentencias 18 Corte Constitucional, Sala Plena “sentencia C-090 de 1998. 17 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló que "Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar fal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede

casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado”. : 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de julio de 2013, radicado 11001031500020120023100.Radicado: 11001-03-26-000-2019-00163-00 (65020) Recurrentes: Domitila Llamén Guerrero y otros ejecutoriadas dictadas por tas Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos. Se trata, además, de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia adicional. En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario??. Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, esta Subsección ha señalado que “[cjomo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión de su

análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, esta Subsección ha señalado que “[cjomo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión de su interposición, son de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia.”” (Se resalta). De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente contra la seguridad jurídica. Ademés, el análisis que se adelante en el marco del recurso extraordinario debe ser riguroso, pues así lo impone el respeto por los principios de cosa juzgada e inmutabilidad de las providencias judiciales. 4. — La causal de revisión contenida en el numeral 5” del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo El numeral 5” del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de Telxistir nulidad 19 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00 (REV). 20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020, radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020, radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456). 10Radicado: 11001-03-26-000-2019-00163-00 (65020) Recurrentes. Domitila Llantén Guerrero y otros originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”. De la tectura de la norma se desprende que la configuración de la causal necesita, de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y, del otro, que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a que el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha configurado una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta disposición?”. Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones “originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de la actuación”? En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto implica corroborar que: i) el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y li) la anomalía es de tal . magnitud que configura un defecto insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta”. Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por regla

. magnitud que configura un defecto insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta”. Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por regla general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que Ta proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy, artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez 21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicado 11001031500020170251900. 22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del Y de octubre de 2018, radicado 11001333103520080018001. 23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001032500020150099600, y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001031500020140309300. 11Radicado: 11001-03-26-000-2019-00163-00 (65020) Recurrentes: Domitila Llantén Guerrero y otros de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia””. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la

Recurrentes: Domitila Llantén Guerrero y otros de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia””. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte actora debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en e! curso del proceso.

En cuanto a la segunda exigencia, este órgano de cierre ha señalado que son dos los grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de la sentencia”: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia y, el segundo, relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar en la vulneración del artículo 29 Superior, El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal previstas en el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el Código General del Proceso (CGP), siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la sentencia. El segundo, a la inobservancia de aspectos procesales de tal transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso””, lo cual excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación de una determinada norma. 24 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 13, sentencia del 7 de junio de 2016, radicado 11001031500020150249300. 25 Consej