CE - 1663072022RPD 0 20240625161908053

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 17001-23-33-000-2020-00038-01

N° Interno : 6307-2022

Demandante : Miguel Ángel González Vélez

Demandada

Medio de control :

: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Nulidad y restablecimiento del derecho Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación a docente oficial, de conformidad con la Ley 33 de 1985

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 5 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas (sala tercera), que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

1.1. Pretensiones.

El señor Miguel Ángel González Vélez, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del acto ficto surgido a partir de la no contestación de la solicitud del 1 de noviembre de 2019, por medio del cual la parte demandada le negó la pensión de jubilación.

para solicitar la nulidad del acto ficto surgido a partir de la no contestación de la solicitud del 1 de noviembre de 2019, por medio del cual la parte demandada le negó la pensión de jubilación.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la parte demandada a reconocer y pagar la pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del estatus jurídico de pensionado, a partir de 20 de julio de 2017.

1 Las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.2

Nº Interno: 6307-2022

Demandante: Miguel Ángel González Vélez

Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El accionante nació el 20 de julio de 1962; Realizó aportes al antiguo ISS, los cuales sumados ascienden a 536.43 semanas.

Que posteriormente laboró por contrato de prestación de servicios por los lapsos comprendidos entre el 21 y el 31 de marzo de 2000; 13 de agosto de 2001 al 31 de diciembre de 2001; 4 de febrero al 31 de diciembre de 2002; 27 de enero al 31 de diciembre de 2003, los cuales fueron reconocidos en sentencia 097 del Tribunal Administrativo de Caldas.

Que, una vez surtidos los trámites para el nombramiento, fue vinculado a la docencia oficial el 26 de marzo de 2004 y hasta la fecha de presentación de la demanda, se desempeña como como docente oficial en esta entidad.

Que, una vez surtidos los trámites para el nombramiento, fue vinculado a la docencia oficial el 26 de marzo de 2004 y hasta la fecha de presentación de la demanda, se desempeña como como docente oficial en esta entidad.

Que cuando reunió los 55 años de edad y los 20 años de servicio oficial, solicitó la pensión ordinaria de jubilación a la demandada, para que le fuera reconocida a partir del 20 de julio de 2017.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Indicó como vulneradas, la Ley 33 de 1985 artículo 1 inciso 2; Ley 91 de 1989, artículo 15 numerales 1 y 2; Ley 60 de 1993 artículo 6; Ley 115 de 1993 artículo 115; Ley 100 de 1993 artículo 279; Ley 812 de 2003 artículo 81; Decreto 3752 de 2003 art. 1 y 2.

Sostiene que el demandante se encuentra vinculado con anterioridad al 23 de junio de 2003 y a partir de ese momento se entiende como vinculado para los efectos del cumplimiento al artículo 81 de la Ley 812 de 2003; que no hay que olvidar que la expresión vinculados, la desarrolla expresamente en la norma; lo que quiso el legislador fue proteger las situaciones de docentes que tuvieran tiempo de servicio anterior, como es el caso del demandante.

2. Contestación de la demanda.3

Nº Interno: 6307-2022

Demandante: Miguel Ángel González Vélez

Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

2.1 Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag. Se opuso a las

Nº Interno: 6307-2022

Demandante: Miguel Ángel González Vélez

Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

2.1 Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag. Se opuso a las pretensiones de la demanda, y reconoció como ciertos los hechos referentes a la edad y vinculación del demandante, pero precisó que, los tiempos de servicio reconocidos mediante sentencia judicial previa, no le dan el estatus al demandante de empleado público y de ahí deriva la imposibilidad de aplicar las disposiciones consagradas en la Ley 33 de 1985, dado que el demandante solo goza de dicho estatus desde el año 2004, es decir, con posterioridad a la vigencia de la ley 812 de 2003.

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido e inaplicabilidad del régimen de ley 33 de 1985 al demandante.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Caldas (sala tercera), mediante sentencia proferida el cinco (05) de marzo de dos mil veintiuno (2021) , negó las pretensiones de la demanda (con condena en costas). Arguyo que el demandante se vinculó a la docencia pública oficial a través de contratos de prestación de servicios desde el 21 de marzo de 2000 esto es, con anterioridad a la Ley 812 de 2003; por lo tanto, le es aplicable el mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985 o en la Ley 71 de 1988 que regula la denominada «pensión por aportes».

ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985 o en la Ley 71 de 1988 que regula la denominada «pensión por aportes».

Por lo tanto, teniendo en cuenta que para el momento en que realizó la reclamación administrativa, había cumplido 55 años de edad el 20 de julio de 2017; pero no acreditó los 20 años de labor al servicio docente, no cumple los requisitos para obtener la pensión de jubilación previstos en la Ley 33 de 1985.

Tampoco es posible analizar el reconocimiento de la pensión por aportes, regulada en la Ley 71 de 1988 en tanto, no tenía 60 años de edad para la fecha de formulación de la reclamación ante la entidad demandada.

4. El recurso de apelación.4

Nº Interno: 6307-2022

Demandante: Miguel Ángel González Vélez Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag La parte demandante interpone recurso de apelación y esgrime que el docente MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ VELEZ, nació el 20 de Julio de 1962, por lo que en la actualidad tiene más de cincuenta y cinco (55) años de edad. Asimismo, enrostra que ha laborado por más de 20 años en entidades públicas y privadas.

En el mismo sentido , indica que fue vinculado por orden de prestación de servicios OPS reconocidas mediante sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas, como docente.

Seguidamente, señala que realizó cotizaciones al seguro social hoy Colpensiones con 536.43 semanas cotizadas.

Puntualiza que fue nombrado en propiedad, en la docencia oficial el 26 de

Caldas, como docente.

Seguidamente, señala que realizó cotizaciones al seguro social hoy Colpensiones con 536.43 semanas cotizadas.

Puntualiza que fue nombrado en propiedad, en la docencia oficial el 26 de marzo de 2004 y hasta la fecha de presentación de este recurso de apelación se desempeña en el magisterio.

Y frente a esa circunstancia, de no reunir los veinte años de servicios e n el servicio docente, que fue la conclusión a la que arribó el Tribunal, el señor González Vélez el 30 de marzo de 2021 cumplió con este tiempo, por lo que solicita tener en cuenta esta fecha para reconocer la prestación periódica.

Hace énfasis en que a la fecha en que fueron presentados los alegatos de conclusión en primera instancia, el docente seguía laborando y cotizando al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Igualmente, reitera que el accionante tuvo vinculaciones como docente estatal con anterioridad al 27 de junio de 2003, pues se anexo sentencia que reconoció tal situación, tiempo servicio en propiedad, además del cotizado en el ISS actualmente Colpensiones, motivo suficiente para que sea amparado por el régimen de transitoriedad del sector docente previsto en la ley 91 de 1989 y no en ley 100 de 1993 y 797 de 2003.

Finaliza, solicitando revocar la sentencia de primera instancia y ordenarle a la entidad accionada el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de mi representado conforme a lo ordenado en la ley 91 de 1989 y subsiguientes, en5

Nº Interno: 6307-2022

Demandante: Miguel Ángel González Vélez

representado conforme a lo ordenado en la ley 91 de 1989 y subsiguientes, en5

Nº Interno: 6307-2022

Demandante: Miguel Ángel González Vélez Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag cuantía correspondiente al 75% del salario promedio percibido durante el año anterior a la adquisición del status jurídico de pensionado.

5. Alegatos de conclusión

En auto del 21 de marzo de 2023, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar; no obstante, solo hizo uso de esta oportunidad el Agente del Ministerio Público.

5.1 La Vista Fiscal

El Procurador Delegado de Intervención 8 Tercero ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia apelada al estimar que al no satisfacerse por el demandante con ninguna de las condiciones contempladas en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fundamento del régimen de transición, no resulta posible el derecho deprecado de la jubilación pensional por aportes, a más que, por el hecho de su vinculac ión con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se profundiza con mayor razón la circunstancia de otorgarle esta específica jubilatoria, pues tal circunstancia temporal reafirma su sometimiento al régimen general pensional contemplada en dicha ley integral de seguridad social, tal y como se reafirmó por la SUJ014-CE-S2-2019 del 25 de abril.

II. CONSIDERACIONES

temporal reafirma su sometimiento al régimen general pensional contemplada en dicha ley integral de seguridad social, tal y como se reafirmó por la SUJ014-CE-S2-2019 del 25 de abril.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso2, el juez de

2 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.6

Nº Interno: 6307-2022

Demandante: Miguel Ángel González Vélez Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag segunda instancia debe pronuncia rse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas (sala tercera), que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto se analizará si a l accionante le asiste derecho al

le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas (sala tercera), que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto se analizará si a l accionante le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de ju bilación prevista en la Ley 33 de 1985, en su calidad de docente oficial.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Hechos probados; y 2.3 Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993 fue expedida con la finalidad, entre otras, de acabar la diversidad de regímenes pensionales existentes; no obstante, con el objetivo de evitar menoscabar derechos de personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicios, se previó el régimen de transición y se establecieron excepciones al sistema integral de seguridad social como en su artículo 279, que establece:

Excepciones: El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de (…). Así mismo se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989 , cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la

exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989 , cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia»7

Nº Interno: 6307-2022

Demandante: Miguel Ángel González Vélez Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag expedición y pago de bonos pensionales a favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida [...] (resalta y subraya la Sala).

Por otro lado, a pesar de lo preceptuado por el Estatuto Docente (Decreto ley 2277 de 1979), en el sentido de que los educadores oficiales tienen el carácter de empleados oficiales de régimen especial, esto únicamente es aplicable en lo relacionado con las materias que regula el mencionado Estatuto, es decir, que en lo que remite a la pensión ordinaria de jubilación no tienen ningún tratamiento especial, pues aunque son servidores públicos con régimen especial, en lo atañedero a pensiones no gozan de dicha particularidad.

Por su parte, la Ley 91 de 1989, « Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio », distinguió entre el personal docente

especial, en lo atañedero a pensiones no gozan de dicha particularidad.

Por su parte, la Ley 91 de 1989, « Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio », distinguió entre el personal docente nacional, nacionalizado y territorial en los siguientes términos:

Artículo 1º. Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1975.

Parágrafo. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad. […]

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990, será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con8

Nº Interno: 6307-2022

de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con8

Nº Interno: 6307-2022

Demandante: Miguel Ángel González Vélez Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag las normas vigentes.

Los docentes nacion ales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 197 8 o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley.

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al D ecreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1. de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los

de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1. de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.

Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. […]

De la norma trascrita se infiere que a los docentes vinculados a partir de 1º. de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, se les reconocerá solamente una pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional; reconocimiento pensional que estuvo regulado por los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985; y para aquellos que estuvieron vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 prevé que se mantendrá el régimen prestacional que gozaban en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes.

Luego, la Ley 60 de 1993 dispuso que el régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales y las nuevas vinculaciones será el reconocido por9

Nº Interno: 6307-2022

Demandante: Miguel Ángel González Vélez

Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

departamentales o distritales y las nuevas vinculaciones será el reconocido por9

Nº Interno: 6307-2022

Demandante: Miguel Ángel González Vélez Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag la misma Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ella fijadas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones, asimismo, en cuanto a los docentes territoriales previó su incorporación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio respetándoles el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.

A este respecto, el Consejo de Estado, en sentencia de 23 de febrero de 2006, expediente 2002 – 0594, con ponencia del consejero Tarsicio Cáceres Toro, sobre el tema objeto de análisis, precisó: De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales qu e se deben demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de

disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93. […]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores E statales’, dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.

el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.

Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de10

Nº Interno: 6307-2022

Demandante: Miguel Ángel González Vélez Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag los servidores públicos, aplicable a todos los niv eles que no estuviesen exceptuados por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se consagra un régimen legal especial.

En razón a que los docentes no gozan de régimen e special en materia pensional, en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

Sobre el particular esta Corporación considera que el docente, al ser pensionado bajo los preceptos de la Ley 33 de 1985, se le debe tener en cuenta el promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, los cuales se encuentra n contemplados en el artículo 3º de la citada ley, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que en lo pertinente consagra:

Artículo 1: Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a

citada ley, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que en lo pertinente consagra:

Artículo 1: Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier caja de previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración de l empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: Asignación Básica, Gastos de Representación, Primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, Dominicales y feriados, Horas extras, Bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio.

En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factor es que hayan servido de base para calcular los aportes.

De acuerdo con el precepto trascrito, ciertamente en su inciso segundo se enuncian factores salariales que se deben tener en cuenta para calcular el monto de la pensión de jubilación, pero dicha enu meración no se ha de11

Nº Interno: 6307-2022

Demandante: Miguel Ángel González Vélez Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag considerar taxativa, por cuanto el inciso tercero prevé la posibilidad de que dicha prestación sea liquidada sobre los factores que hayan servido de base para calcular aportes.

Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag considerar taxativa, por cuanto el inciso tercero prevé la posibilidad de que dicha prestación sea liquidada sobre los factores que hayan servido de base para calcular aportes.

Por otro lado, se tiene que el Acto legislativo 1 de 200 5, « Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política », en lo atinente al régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, prescribió que « El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio 1º).

El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 20033, al que hace alusión el Acto legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial , es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones

disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previst os en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. […]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La

3 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el artículo 8o de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que le sean contrarias». Ley publicada en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.12

Nº Interno: 6307-2022

Demandante: Miguel Ángel González Vélez Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones […] (destaca la Sala).

Respecto de las anteriores normas, la sección segunda, en sentencia de

Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones […] (destaca la Sala).

Respecto de las anteriores normas, la sección segunda, en sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 2019, expediente 68001-23-33000-2015-00569-01 (0935-2017), consejero ponente César Palomino Cortés, precisó:

37. De acuer do con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público ed ucativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

1. Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la ent