CE - 20240013300FGNAdmite 0 20240718150830616

Demandantes: Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y otro Demandada: Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación Rad: 11001-03-28-000-2024-00133-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2024-00133-00

Demandantes: Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y Juan Manuel Retis Amaya Demandada: Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación Tema: Causal de nulidad contenida en el artículo 275.1 de la Ley 1437 de 2011

ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y DECISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR

Procede la Sala a pronunciarse sobre: i) la admisibilidad de la demanda presentada contra el acto electoral de la señora Luz Adriana Camargo Garzón, como fiscal general de la Nación y, ii) la solicitud de suspensión provisional de sus efectos.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. Los señores Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y Juan Manuel Retis Amaya, quienes actúan en nombre propio , presentaron demanda de nulidad electoral 1

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. Los señores Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y Juan Manuel Retis Amaya, quienes actúan en nombre propio , presentaron demanda de nulidad electoral 1 contra el acto de elección de la señora Luz Adriana Camargo Garz ón como fiscal general de la Nación, contenido en el Acuerdo 2280 del 12 de marzo de 2024.

1.2. Hechos

Fueron relatados así por el demandante:

2. El 2 de agosto de 2023, el presidente de la República entregó a la Corte Suprema de Justicia la terna corresp ondiente para la designación del fiscal general de la Nación, la cual estaba conformada , inicialmente, por las señoras: 1) Ángela María Buitrago Ruiz, 2) Amparo Cerón Ojeda y 3) Amelia Pérez Parra.

3. En el escrito contentivo de la terna, el primer mandatario refirió lo siguiente: «en cuanto a las indagaciones o procesos penales que involucren a miembros de mi familia, les solicitó que consideren la posibilidad de designar un fiscal ad -hoc para que no haya dudas respecto de la transparencia de estas».

4. El 26 de septiembre de 2023, el presidente de la república allegó una nueva terna conformada por: 1) Ángela María Buitrago Ruiz, 2) Luz Adriana Camargo

Garzón y 3) Amelia Pérez Parra.

1 Medio de control establecido en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.Demandantes: Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y otro Demandada: Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación

1 Medio de control establecido en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.Demandantes: Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y otro Demandada: Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación Rad: 11001-03-28-000-2024-00133-00

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5. Dentro del cronograma previsto para la escogencia del fiscal general de la Nación, se contempló que el 7 de diciembre de 2023 , se realizaría la designación respectiva; sin embargo, en esa calenda ninguna de las ternadas logró la votación necesaria para ser merecedora de la citada dignidad.

6. El 25 de enero de 2024, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria se reunió con el propósito de realizar la votación de la elección cuestionada, sin que nuevamente ello fuere posible.

7. El 8 de febrero , una vez más, la Corte Suprema de Justicia se reunió en pleno, sin llegar a un acuerdo p ara elegir la fiscal General de la Nación; no obstante, en ese día « sobre las 17:30 horas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tuvieron que ser evacuados en vehículos escoltados por miembros de la Policía

Nacional».

8. El 13 de febrero de 2024, a sumió como fiscal general de la Nación (E), la señora Marta Janeth Mancera, al culminar el periodo del señor Francisco Barbosa, entre e l 22 de febrero y el 7 de marzo del año en curso, la Corte Suprema de

señora Marta Janeth Mancera, al culminar el periodo del señor Francisco Barbosa, entre e l 22 de febrero y el 7 de marzo del año en curso, la Corte Suprema de Justicia se reunió para designar la máx ima autoridad d el ente acusador; no obstante, ninguna de las ternadas alcanzó la votación requerida para tal fin.

9. El 12 de marzo de 2024, a instantes de iniciar una nueva jornada de votación, la ternada Amelia Pérez Parra renunció a su postulación ante la Corte Suprema de Justicia. En esa misma fecha, la Sala Plena de l alto tribunal , por medio del Acuerdo 2280 de 2024, designó a la señora Luz Adriana Camargo Garzó n como fiscal general de la Nación, quien se posesionó el 22 de marzo siguiente.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

10. Los accionantes adujeron que el acto de designación de la fiscal general de la Nación, desconoció las normas superiores en que debía fundarse2 y se encuentra inmerso en la causal de nulidad contenida en el artículo 275. 1 de la Ley 143 7 de 2011, de conformidad con los siguientes planteamientos:

1.3.1. Violencia sobre los nominadores, electores o las autoridades electorales3

11. Los actores explicaron que el artículo 275.1 de la Ley 1437 de 2011, prescribe como causal de nulidad de los actos electorales la relativa a que «se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales».

como causal de nulidad de los actos electorales la relativa a que «se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales».

2 1) De la Constitución Política: artículos 1, 2, 4, 6, 13, 22, 29, 40, 43, 83, 85, 88, 93, 113, 122, 123, 188, 192, 198, 228, 230, 249, 2) De la Ley 270 de 1996: artículo 5, 3) Del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011): artículos 1, 2, 3, 9 y 11, 275 numeral 1º, 4) Del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019): artículo 38 numerales 1, 3 y 7; 39 y 40, 5) De la Ley 581 de 2000: artículo 6, 6) De la ley 489 de 1998: artículos, 1, 2, 3, 4 y 5 , 7) De la Ley 599 de 2000, artículos 386 , 8) De la Ley 35 de 1986: artículo 3 , 9) De la Ley 8 de 1959 , 10) La Ley 970 de 2005, por medio de la cual se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, 11) Ley 412 de 1997, por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción. 3 Para justificar el reproche aportó noticias de prensa y sus respectivos links.Demandantes: Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y otro Demandada: Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación

3 Para justificar el reproche aportó noticias de prensa y sus respectivos links.Demandantes: Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y otro Demandada: Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación Rad: 11001-03-28-000-2024-00133-00

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12. Sobre la referida causal , comentaron que , según el Consejo de Estado , «la violencia, implica el uso de la f uerza física o psicológica que emplea un tercero ajeno al proceso electoral sobre los instrumentos que hacen parte de él que puede darse ya sea contra las personas o contra las cosas»4.

13. Agregaron que, los hechos que den lugar a la violenci a deben ser de una entidad suficiente que modifiquen el resultado de la elección , teniendo en cuenta que, la violencia «quiebra la voluntad de quien la padece, bien sea autoridad electoral o elector o nominador».

14. Consideran que la jornada de votaciones en el proceso ele ccionario para designar a la fiscal General de la Nación, inició el 7 de diciembre de 2023 y concluyó con el Acuerdo 2280 del 12 de marzo de 2024. Durante ese interregno y en especial, a partir de la sesión del 8 de febrero de 2024, se reali zaron plantones y marchas en las instalaciones del Palacio de Justicia «Alfonso Reyes Echandía» en donde a « modo de presión, los manifestantes rodearon el recinto y realizaron un “bloqueo violent o e ilegal” del acceso al edificio donde se encontraban los

y marchas en las instalaciones del Palacio de Justicia «Alfonso Reyes Echandía» en donde a « modo de presión, los manifestantes rodearon el recinto y realizaron un “bloqueo violent o e ilegal” del acceso al edificio donde se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no solo afectó gravemente el derecho a la libertad de locomoción, sino que puso en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país» (sic).

15. Dicha situación causó que se desplegaran operativos de seguridad en inmediaciones del palacio de justicia, en aras de garantizar la seguridad en el sector, circunstancia que pone en evidencia las situaciones de violencia y constreñimiento d el que fue objeto el pleno de la Corte Suprema de Justicia durante el proceso de elección controvertido, lo que a su vez generó que se desconocieran los principios democráticos, de participación y pluralista, contenidos en el artículo 1 Superior.

16. En sí ntesis, plantearon que « el asedio y la violencia físico y psicológica, así como la presión sobre la Corte Suprema de Justicia durante el proceso de elección de fiscal General de la Nación, van en contra de estos propósitos estatales, debilitando la convivencia pací fica y la efectividad de los principios constitucionales», situaciones que también contrarían los fines esenciales del estado contenidos en el artículo 2 de la Carta Política y generan que la elección cuestionada incurra en la causal de nulidad endilgada.

1.3.2. Desconocimiento de la libertad, independencia, autonomía electoral ,

estado contenidos en el artículo 2 de la Carta Política y generan que la elección cuestionada incurra en la causal de nulidad endilgada.

1.3.2. Desconocimiento de la libertad, independencia, autonomía electoral , separación y equilibro de poderes de la Corte Suprema de Justicia

17. Refirieron que la Constitución Política de 1991 estableció un marco jurídico con el fin de evitar eventualidades que se traduzcan en presiones externas sobres quienes tienen la facultad para nominar, elegir o sobre las autoridades con funciones electorales; no obstante, las situaciones que rodearon la designación de la fiscal General de la Nación im pidieron el ejercicio de su función electoral dentro del marco jurídico que regula la selección y fines esenciales del estado , pues

4 Consejo de Estado. Sala de l o Contencioso Administr ativo, Sección Quinta. Sentencia de 14 de marzo de 2019, Radicación número: 11001-03-28-000-2018 00051-00, MP: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 7 de junio de 2019, MP: Alberto Yepes.Demandantes: Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y otro Demandada: Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación Rad: 11001-03-28-000-2024-00133-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resultó evidente que la « Corte Suprema de Justicia fue víctima de un ambiente de

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resultó evidente que la « Corte Suprema de Justicia fue víctima de un ambiente de intimidación, zozobra, inseguridad, presion es, hostigamient os e interferencia, actos que transgreden las normas superiores».

18. Se relacionaron los siguientes actos de violencia:

1.3.2.1. Sobre los asedios, bloqueos y ataques violentos a la sede de la Corte Suprema

19. El 2 de febrero de 202 4, por medi o de la platafor ma X, el presidente de la República invitó a las organizaciones sociales a movilizarse con el propósito de evitar la ruptura institucional, pues indicó que tenía el deber de avisar a la comunidad la presunta «toma mafiosa de la fiscalía».

20. En respaldo de la convocatoria, respondieron la CUT, FECODE, la agrupación política Pacto Histórico, los l íderes del movimiento nacional afrocolombiano, indígena y campesino, entre otros, quienes acudieron a protestar el 8 de febrero de 2024 en las instala ciones del palac io de justicia, así como a través de intervenciones en redes sociales, medios de comunicación, e incluso por parte de los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de derechos Humanos, la OEA y la ONU.

21. Lo anterior, con el fin de evidenciar que la intervención de los distintos actores, permite inferir que su propósito era lograr la pronta elección del fiscal General de la Nación para lo cual los demandantes aportaron diversos medios de pruebas

21. Lo anterior, con el fin de evidenciar que la intervención de los distintos actores, permite inferir que su propósito era lograr la pronta elección del fiscal General de la Nación para lo cual los demandantes aportaron diversos medios de pruebas como noticias, comunicados y publicaciones de redes sociales.

1.3.2.2. Presiones e interferencias externas e indebidas que afectaron la libertad, independencia y autonomía de la Corte Suprema de Justicia

22. Durante el proceso eleccionario , la Corte Suprema de Justicia estuvo permeada de presiones e int erferencias constantes, para que , de manera ágil , se eligiera a la fiscal General de la Nación, circunstancias que fueron descritas en el acápite anterior.

23. Ello quiere decir que se desconoció « la libertad, independencia y autonomía electoral del alto tri bunal y la separación y el equilibrio de poderes , puesto que durante el proceso de elección de fiscal General de la Nación se observó el incumplimiento del núcleo esencial de la separación de poderes».

1.3.3. Violación de norma superior po r no respetarse el requisito de elección o escogencia a través de una terna

24. De acuerdo con los artículos 249 de la Constitución Política y 29 de la Ley 270 de 1991, el proceso de selección del fiscal General de la Nación, está compuesto por dos fases, en la primera, rea lizada por el ejecutivo, donde el presidente de la República debía conformar un a terna y remitirla a la Corte Suprema de Justicia, y la segunda, referente al proceso de votación propiamente dicho que le corresponde al máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.Demandantes: Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y otro

Suprema de Justicia, y la segunda, referente al proceso de votación propiamente dicho que le corresponde al máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.Demandantes: Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y otro Demandada: Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación Rad: 11001-03-28-000-2024-00133-00

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25. No obst ante, advirtieron que, en la segunda etapa del proceso, la señora Amelia Pérez Parra presentó , el 12 de marzo de 2024 , su renuncia irrevocable a su postulación , minutos antes que se iniciara el proceso de votación para la escogencia de quien ocuparía el máximo cargo del ente acusador.

26. En ese sentido explicaron que la designación cuestionada devenía en ilegal, pues la terna fue descompuesta con ocasión de la renuncia de la señora Amelia

Pérez Parra.

1.3.4. Conflicto de intereses5

27. Entre otras normas invocadas, enfatizaron que el artículo 44 de la Ley 1952 de 20196 dispone que «todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o l o tuviere su cón yuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés general, propio de la función pú blica, entre en conflicto con un interés

o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés general, propio de la función pú blica, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido».

28. Seguidamente, hicieron alusión a que el presidente de la República cuenta con dos familiares que están siendo investigados por la Fiscalía Gene ral de la Nación; de una parte, su hijo Nicolás Fernando Petro Burgos 7, a quien se le acusa de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por presuntos dineros que ingresaron a la campaña presidencial en el 2022, y por otra , su hermano Juan Fernando Petro, que coincide con el primer punible antes mencionado y además se le endilgan presuntos ofrecimientos ilegales a narcotraficantes, en el denominado «pacto de la picota»8.

29. Indicaron que, a pesar de lo anterior, el presidente de la República envió la terna a la Corte Suprema de Justicia, para que procediera a la escogencia del fiscal General de la Nación. Además, señalaron que, si bien la Constitución de 1991 le ha otorgado la anterior facultad, ello implica que la función deb e ejercerse con respeto al equil ibrio de poderes e independencia del ente acusador, lo que contribuye al buen funcionamiento del sistema de justicia.

30. En esa medida , precisaron que el señor Gustavo Pe tro Urrego debió abstenerse o declararse impedido para postular la terna para la selección del fiscal General de la Nación « toda vez, que su hijo y hermano están siendo investigados por la fiscalía General de la Nación por los punibles antes descritos, de los cuales

abstenerse o declararse impedido para postular la terna para la selección del fiscal General de la Nación « toda vez, que su hijo y hermano están siendo investigados por la fiscalía General de la Nación por los punibles antes descritos, de los cuales tiene relación incluso directa con la misma campaña electoral de Gustavo Pet ro para la presidencia año 2022».

5 Respecto de este reproche, destacó los artículos constitucionales 1, 113, 118, 209 y 249. El artículo 29 de la Ley 270 de 1996 y el 44 de la Ley 1952 de 2019. 6 En consonancia con el artículo 11 de la ley 1437 de 2011. 7 Refieren los actores que para el 3 de agosto de 2023, en audiencia pública aceptó los cargos formulados por la FGN. 8 Para sustentar su dicho aportaron varias noticias de prensa y publicaciones de redes sociales.Demandantes: Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y otro Demandada: Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación Rad: 11001-03-28-000-2024-00133-00

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31. De acuerdo con lo relatado, concluyeron que estaban acreditados los presupuestos de la norma que describe el conflicto de intereses, debido a que, con la conformación de la terna, le asiste un beneficio par ticular y direc to al primer mandatario, derivado del hecho que sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, están siendo investigados por el ente acusador.

32. En ese sentido, quien resultó elegida como fiscal General de la Nación q ue, a

mandatario, derivado del hecho que sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, están siendo investigados por el ente acusador.

32. En ese sentido, quien resultó elegida como fiscal General de la Nación q ue, a su vez, fue postulada por el presidente de la República, estudiará las denuncias contra sus parientes.

33. Para justificar su reproche aportaron varias noticias de prensa relativas a las investigaciones aludidas.

1.3.5. Desconocimiento del derecho a la igualdad y equidad de género

34. Refirieron los actores que , con el acto de elección se desconocieron los artículos 6 de la Ley 581 de 2000, 13, 43 y 93 de la Constitución de 1991, toda vez que al conformar la terna para designar la fiscal General de la Na ción con solo mujeres, se genera un tratamiento diferenciado, que desconoce el principio de igualdad y equidad de género, al no garantizar la « participación de hombres, personas no binarias con identidad de género diversa».

1.4. Solicitud de medida cautelar

35. En la misma demanda y en escrito separado, la parte actora sustentó la medida cautelar , para ello, indicaron que el acto demandado se expidió con abierta violación de las normas constitucionales y legales que regulan el proceso eleccionario, toda vez q ue se ejerció vio lencia y presi ones sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además se desconoció la autonomía e independencia de la referida corporación «mediante presiones e interferencias externas e indebidas que afectaron la libertad, ind ependencia y auto nomía electoral del alto tribunal y la separación y el equilibrio de poderes, lo que impide

independencia de la referida corporación «mediante presiones e interferencias externas e indebidas que afectaron la libertad, ind ependencia y auto nomía electoral del alto tribunal y la separación y el equilibrio de poderes, lo que impide alcanzar los fines esenciales del Estado y que dañan el proceso democrático de Colombia».

36. Así mismo, justificaron la solicitud cautelar en que se incumplió con el procedimiento previsto para la elección, al considerar que la fiscal no fue escogida de una terna « sino de un dúo de candidatas, puesto que antes que se entrara a sesionar de forma extraordinaria por parte de la Corte Suprema de Justicia, la Sra.

Amelia Pérez Parra, había presentado su renuncia irrevocable a la postulación de la terna para el carago de fiscal General de la Nación».

1.5. Tramite de la medida cautelar9

37. Mediante auto del 3 de julio de 2024, la magistrada conductora del asunto ordenó correr traslado de la solicitud cautelar a los sujetos procesales 10, para que en el

9 Mediante escrito del 3 de mayo de 2024 la magistrada ponente manifestó su impedimento para conocer el asunto, según se evidencia en la actuación SAMAI 5, a su vez el 14 siguiente el magistrado Omar Joa quín Barreto Suárez, también hizo una manifestación en el mismo sentido, Actuación SAMAI 8. Dichos pronunciamientos fueron resueltos en decisión del 16 de mayo de 2024, el del Dr. Barreto fue declarado fundado y del de la Dra., Gómez infundado, actuación SAMAI 14.Demandantes: Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y otro

Demandada: Luz Adriana Camargo Garzón,

de mayo de 2024, el del Dr. Barreto fue declarado fundado y del de la Dra., Gómez infundado, actuación SAMAI 14.Demandantes: Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y otro Demandada: Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación Rad: 11001-03-28-000-2024-00133-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co término de 5 días realizaran las consideraciones que estimaran pertinentes, plazo dentro del cual intervinieron:

1.5.1. La Corte Suprema de Justicia

38. Por intermedio de apoderado ju dicial, se opuso a la prosperidad de la medida cautelar. Al respecto , advirtió que «en el trámite electoral surtido en la Corte y de lo consignado en las actas de cada una de las sesiones, no reposa evidencia o constancia por ninguno de lo s Magistrados que hagan conclui r que se puso en riesgo la independencia, autonomía e independencia de la Alta Corporación o de sus miembros al momento de elegir».

39. Sobre el punto, refirió que no era posible estimar que el proceso de la elección de la fisca l general de la N ación, se adela ntó sin garantía de independencia, autonomía, bajo presiones o violencia, toda vez que de las manifestaciones sociales del 8 de febrero de 2024 «no es posible afirmar un solo hecho en contra de algún dignatario que haya mina do su voluntad al sufragar». Ade más, señaló que movilización de ninguna manera afect ó la voluntad de los nominadores para

sociales del 8 de febrero de 2024 «no es posible afirmar un solo hecho en contra de algún dignatario que haya mina do su voluntad al sufragar». Ade más, señaló que movilización de ninguna manera afect ó la voluntad de los nominadores para expedir el acto demandado, pues la designación se realizó el 12 de marzo de 2024 y no en la fecha que aducen los actores, se presentaron los actos de violencia.

40. Hizo alusión a que no se vulneró ninguna norma en que debía fundarse el acto demandado, en especial lo referente al reproche de la presunta inexistencia de la terna para elegir a la fiscal general de la Nación, con ocasión d e la renuncia presentada por la señora Amelia Pérez Parra, el 12 de marzo de 2024.

41. Lo anterior teniendo en cuenta que la terna nunca fue desintegrada, toda vez que la Corte Suprem a de Justicia carecía de capacidad para recibir y aceptar la dimisión de una de las integrantes, toda vez que a la luz de los artículos 249

Superior y 29 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conformar, modificar o aceptar renuncias a la terna para la designación cuestionada, es única del presidente de la República, de ello d eriva que el máximo t ribunal de l a justicia ordinaria no cuente con las atribuciones para tomar alguna decisión al respecto.

42. Sobre el punto advirtió que « la elección de fiscal general de la Nación, se realiza a través de un procedimiento que involucra dos etapas y dos autorid ades totalme nte independientes y autónomas. En la primera etapa, interviene el Primer Mandatario quien, en virtud de su fuero constitucional, conforma una terna y la envía a la autoridad

independientes y autónomas. En la primera etapa, interviene el Primer Mandatario quien, en virtud de su fuero constitucional, conforma una terna y la envía a la autoridad competente para su elección. En la segunda fase, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por expreso mandato constitucional, elegir un fiscal general de la terna enviada por el presidente de la República».

43. De acuerdo con lo anterior, sostuvo que en su ejercicio eleccionario, realizó un análisis de requisitos de las postuladas, y al encontrarlos acreditados viabilizó la terna presentada por el primer mandatario, lo cual generó que ésta adquiriera «firmeza frente a los ternados en su derecho a ser elegidos y las instituciones que intervienen».

10 (i) a la demandada, (ii) al presidente de la Corte S uprema de Justicia, (iii) al presidente de la República, (iv) a la directora general o al representante delegado para recibir notificaciones de la Agencia Nac ional de Defensa Jurídica del Estado y (v ) a la agente del Ministerio Público.Demandantes: Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y otro Demandada: Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación Rad: 11001-03-28-000-2024-00133-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

44. En esa medida, explicó que la renuncia presentada por la señora Pérez Parra carecía de eficacia, al considerar que ésta «no puede ser utilizada como medio para obstaculizar la labor d e elección. Se impone así, el deber de permanecer en la lista y

carecía de eficacia, al considerar que ésta «no puede ser utilizada como medio para obstaculizar la labor d e elección. Se impone así, el deber de permanecer en la lista y evitar a tod a costa traumatismos en el proces o electoral, constituyendo con ello, el respeto a las autoridades implicadas en la conformación de la terna y en la elección de uno de los ternados».

45. Además, hizo un recuento de lo sucedido en cada una de las Salas en las que se trató el tema de la elecci ón controvertida y concluyó que «la renuncia intempestiva radicada por la señora Amelia Pérez Parra, estando en curso el trámite de elección, resul ta inane, en la medida que esta fue presentada con el propósito de boicotear la jornada de elecci ón de la Fis cal General de la Nación, prevista desde la sesión ordinaria de 7 de marzo de 2024 y, que era de conocimiento público; sumado a lo que se ha reiterado en este escrito de contestación, la renuncia fue presentada ante una autoridad sin competencia para su resolución».

46. Finalmente, advirtió que no se presentó ningún conflicto de interés, al estimar que la fiscalía general de la Nación, es una entidad to talmente autónoma a la presidencia de la República.

1.5.2. El presidente de la República

47. El primer mandatario, por medio de apoderado judicial, deprecó la negativa de la cautelar, al considerar que «la solicitud se limita a una mención resumida de la demanda, sin indicar realmente el fin que pretende preservar con la medida, un análisis de proporcio nalidad y po r qué es necesaria su imposición . Así pues, al no

demanda, sin indicar realmente el fin que pretende preservar con la medida, un análisis de proporcio nalidad y po r qué es necesaria su imposición . Así pues, al no sustentarse adecuadamente dicha solicitud, se está omitiendo que esta medida, dotada de contenido material, no es un simple acto formal de control de legalidad».

48. De otra parte, estimó que no se incurrió en alguna vulneración por el contrario «la elección de la fiscal General de la Nación se llevó a cabo con observancia de las normas legales y constitucionales aplicables a este procedimiento y con respeto al debido proceso. En concreto, la renuncia presentada por la doctora Amelia Pérez Parra, minutos antes de la elección de la fiscal general de la Nación, por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, no tenía la capacidad de paralizar el procedimiento de elección ni vició de nulidad el acto de elección».

1.5.3. La demandada

49. La demandada, por intermedio de apoderado judicial , deprecó la negativa de la solicitud cautelar, al respecto, señaló que la petición de los actores resultaba ser deficiente, en la medida e n que se limitaron a e dificarla en dos de los argumentos planteados en la demanda «pero no justifica a partir de la las fuentes formales, porque en esta etapa procesal es necesario el decreto de la medida, ni profundiza la supuesta violación a la norma sup erior. Observemos ento nces la aus encia absoluta de razonabilidad y argumentación de la solicitud». (sic)

50. Respecto del cargo de violencia sobre los electores señaló que la parte actora «no argumento la idoneidad de la violencia ejercida por los distintos ac tores mencionados