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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202403747-00

Actor: Pablo José Peñalosa Ramón Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros1

Temas: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela

Derecho fundamental de petición/alcance

Derecho Fundamental Invocado: Petición

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Pablo José Peñalosa Ramón contra el Presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Presidente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Director de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, y la Alcaldía del Municipio de Mutiscua.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202403747-00

en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202403747-00

Actor: Pablo José Peñalosa Ramón

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Presidente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Director de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, y la Alcaldía del Municipio de Mutiscua; porque, a su juicio, al no dar respuesta a la petición de 18 de junio de 2024, mediante la cual presentó varias solicitudes relacionadas con la “[…] situación de vulneración sistemática que se viene presentando en el Río de la Plata […]” y el trámite del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos identificado con el número único de radicación 250002341000202400121-00, vulneraron su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, “[…] El 11 de enero del 2024, se interpuso Acción de Cumplimiento, con Rad. Nº 25000 -23-41-000-2024-00121-00, donde el último pronunciamiento del 25 de enero del 2024, lo emite el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que por haberse vinculado al Min. Ambiente, entidad de carácter

pronunciamiento del 25 de enero del 2024, lo emite el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que por haberse vinculado al Min. Ambiente, entidad de carácter nacional, el Cod. Nacional Ambiental, delega por competencia a éste, sin embargo, con una indiferencia mezquina, no avoca conocimiento, y remite por competencia, al Tribunal de Cúcuta -Norte de Santander; pero, de igual forma, al dirigirnos a la secretaria del Tribunal de Cúcuta en Norte de Santander, en repetidas ocasiones, a la fecha, no dan notic ia de la llegada de dicha Acción de Cumplimiento a sus dependencias […]”.3

Núm. único de radicación: 110010315000202403747-00

Actor: Pablo José Peñalosa Ramón

4. Indicó que, “[…] Ante semejante actitud omisiva, por parte de las aquí Accionadas, se interpone una petición, directa, enfática, el 18 de junio del 2024, la cual, a la fecha, con la misma mezquina actitud omisiva, no se responde […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

5. El actor solicitó en su escrito de tutela2:

“[…] 1. Que en aras de proteger el desarrollo històrico constitucional y, teniedo en cuenta que la vulneración que recae sobre un hombre de la tercera edad, sujeto de protecciòn constitucional especial, se declare la prosedencia de ésta Acción de Tutela, como mecanismo legal idoneo para el debido respeto al derecho fundamental de petición.

2. Resolvien dose positivamente la petición anterior: se tutele el Derecho

Tutela, como mecanismo legal idoneo para el debido respeto al derecho fundamental de petición.

2. Resolvien dose positivamente la petición anterior: se tutele el Derecho Fundamental de petición y, se proceda decretar, en las 48 horas siguientes, la contestación de la petición elevada el 18 de junio del 2024, que implica:

• Al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:

A) Teniendo en cuenta que la vulneración recae sobre un ciudadano adulto mayor, y principalmente, sobre un afluente hídrico, sujetos de protección Constitucional Especial, y, en plena concordancia con lo determinado en el Decreto 3570 del 2011, en su Art. 2º Nº 10º, para que en legítimo ejercicio de sus funciones2 ejerza discrecional y selectivamente, la Potestad Sancionatoria Ambiental en el Proceso Sancionatorio Ambiental de Rad. SAN -066-2021, y realice el test de verificación sobre l a vulneración al principio de precaución, y no permita que se vulnere el Principio de No Gradación Normativa, llamado a operar, y que la C.A.R. de Cúcuta, Norte de Santander, desconoce, para negarse a su aplicación, lo que demuestra a todas luces, con su tergiversación al Debido Proceso Sancionatorio Ambiental.

B) Se solicita a la Oficina Jurídica de la entidad, para que requiera al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para que en aras de una administr ación de justicia real y cierta, se defina, teniendo en cuanta el lugar donde sucedieron los hechos (Mutiscua -Norte de Santander) y a

Administrativo de Cundinamarca y al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para que en aras de una administr ación de justicia real y cierta, se defina, teniendo en cuanta el lugar donde sucedieron los hechos (Mutiscua -Norte de Santander) y a su vez, según lo sugerido por el Cod. Nacional Ambiental en su Art. 783 , ya que la Accionada en la Acción de Cumplimiento , es el Ministerio del Medio Ambiente, entidad de carácter nacional; y que una vez dirimido el posible conflicto de competencia, vigile e impulse, la correcta Admisión de la Acción de Cumplimiento con Rad. Nº 25000-23-41-000-2024-00121-00.

C) Se requiere a las dependencias de Min. Ambiente, a la Dirección - Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental (SINA), y al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para que de manera urgente, realicen o deleguen a qui en corresponda, (que no sea a ningún funcionario de la C.A.R. de Cúcuta, ya que son los que están alterando y desconociendo los principios

2 Transcripción literal del texto.4

Núm. único de radicación: 110010315000202403747-00

Actor: Pablo José Peñalosa Ramón

ambientales en dicho proceso, ni juez ni tribunal, de Mutiscua, ni de pamplona, ya que en fase Constitucional, encubrieron el Daño Ambiental provocado por el anterior Alcalde de Municipio de Mutiscua Misael Gamboa Rojas) para que se realice la respectiva inspección judicial a lugar de los hechos, y conste de viva observación, el

que en fase Constitucional, encubrieron el Daño Ambiental provocado por el anterior Alcalde de Municipio de Mutiscua Misael Gamboa Rojas) para que se realice la respectiva inspección judicial a lugar de los hechos, y conste de viva observación, el gravísimo daño ambiental, que se encuentra vigente, desde Octubre del 2020, ya que el funcionario público aprovecho la pandemia para construir el muro de contención.

-Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Norte de Santander:

Se insta a las Jurisdicciones Departamentales, para que dejen de ostentar la presente y manifiesta miseria burocrática, que ya raya con la hipocresía y el encubrimiento, y decidan en el lapso más breve posible, no solamente la real y concreta jurisdicción y competencia de la Acción de Cumplimiento con Rad. Nº 2 5000-23-41-000-202400121-00, si no también, su respectiva admisión y decisión.

• Alcaldía de Mutiscua: Se insta a la Doctora […], para que allegue la siguiente

documentación:

A) El acuerdo municipal mediante el cual se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos, de la vigencia fiscal del 1 de enero del 2020, al 31 de diciembre del 2023.

B) Las partidas o certificaciones de ingresos y gastos para inversión, de la vigencia fiscal del 1 de enero del 2020, al 31 de diciembre del 2023.

C) El Decreto o la O rdenanza que se dio para la liquidación del presupuesto del periodo correspondiente al 1 de enero del 2020, al 31 de diciembre del 2023.

D) El plan operativo anual de inversiones del presupuesto en ejecución del periodo

C) El Decreto o la O rdenanza que se dio para la liquidación del presupuesto del periodo correspondiente al 1 de enero del 2020, al 31 de diciembre del 2023.

D) El plan operativo anual de inversiones del presupuesto en ejecución del periodo correspondiente al 1 de enero del 2020, al 31 de diciembre del 2023. […]”. (Resaltado por la Sala)

5.1. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que:

“[…] El derecho fundamental que le asiste a toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés particular y obtener pronta respuesta, que para el caso particular, consiste en la contestación, pronta y oportuna de lo solicitado en la petición realizada el 18 de junio del 2024, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 16 del CPACA, que regula el procedimiento administrativo a que están sometidas las actuaciones de las autoridades públicas cuando cumplan funciones administrativas […]”.

[…]

“[…] Con la omisión de repuesta generada por la Ministra de Ambiente, Representada Legalmente por la Doctora […], […], Director-Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental (SINA), […], Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Ries go de Desastres, […], , Presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, […], Presidente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, […], y finalmente, a la Alcaldía del Municipio de Mutiscua, en cabeza de la Doctora […], frente a la petición eviada por correo electrónico, con fecha de 18 de junio del 2024, mediante el correo electronico institucional, estimo se está violando el derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política.

[…], frente a la petición eviada por correo electrónico, con fecha de 18 de junio del 2024, mediante el correo electronico institucional, estimo se está violando el derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política.

El derecho fundamental que le asiste a toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés particular y obtener pronta5

Núm. único de radicación: 110010315000202403747-00

Actor: Pablo José Peñalosa Ramón

respuesta. Para el presente caso, la información sobre la Acción de Cumplimiento con Rad. # 25000 -23-41-000-2024-00121-00; demuestra que no se ha dado curso, ni constestación adecuada, a la petición realizada el día 18 de junio del 2024, pese a los documentos aportados, vislumbrandose una concurrencia de hechos, donde se demuestra el carácter omisivo del Actuar Institucional, trastocando, inclusive el nucleo esencial del Debido Proceso. […]”3.

Actuación

6. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de julio de 2024, inadmitió la solicitud de tutela; sin embargo, el actor no presentó ni allegó documento alguno de subsanación ante la Secretaría General de esta Corporación durante el término previsto por la Ley4.

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de agosto de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Presidente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Director de Ordenamiento

la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Presidente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Director de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental, al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, y a la Alcaldesa del Municipio de Mutiscua; y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, a la Subsección C de la Sección Pr imera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y a la Fiscalía General de la Nación , concediéndoles el término de tres (3) días para rendir informe.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legitimo

8. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander solicitó negar la solicitud de

tutela, al considerar que:

“[…] Mediante providencia del 25 de enero de 2024 el Despacho 007 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelve no avocar conocimiento del proceso de por falta de competencia territorial, ordenando que por Secretaría se remitiera el expediente al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para lo que corresponda a su cargo; sin embargo, el expediente no figura remitido a esta Seccional, pues sólo hasta el 22 de agosto del año que cursa se realizó el reparto del medio de control, correspondiéndole el radicado N° 54001-23-33-000-202400217-00, como se aprecia en el acta de reparto: […]”.

3 Idem pie de página núm. 2 supra.

correspondiéndole el radicado N° 54001-23-33-000-202400217-00, como se aprecia en el acta de reparto: […]”.

3 Idem pie de página núm. 2 supra. 4 Cfr. índice núm. 7 de SAMAI . Documento denominado “Soporte notificación Auto que inadmite de(.pdf) NroActua 7”. Archivo aportado en forma digital.6

Núm. único de radicación: 110010315000202403747-00

Actor: Pablo José Peñalosa Ramón

[…]

“[…] Así las cosas, el Despacho procedió a realizar el estudio de admisión observando que no existe prueba alguna que dé cuenta que el actor solicitó de manera precisa y clara a las autoridades demandadas el cumplimiento de las normas referidas como incumplidas en la demanda; por lo cual, al no aportarse prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad de que trata el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997, y con fundamento en el artículo 10 ibidem mediante auto del 23 de agosto se previene al actor para que la corrija concediéndole para ello el término de dos (02) días, so pena de ser rechazada la demanda. […]”.

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rindió informe en los siguientes

términos:

“[…] Al respecto, es necesario recalcar que este tribunal no avocó conocimiento de la Acción de Cumplimiento con radicado 2024-0012100 y ordenó a la secretaría de la Sección Primera que remitiera el asunto a su par de Norte de Santander, ya que, Pablo José Peñalosa Ramón reside en la vereda la Aradita, ubicada en el municipio

Sección Primera que remitiera el asunto a su par de Norte de Santander, ya que, Pablo José Peñalosa Ramón reside en la vereda la Aradita, ubicada en el municipio de Mutiscua – Norte de Santander. […]”.

[…]

“[…] De esta manera, el 25 de enero de 2024 ordené a la secretaría de la Sección Primera que enviara el asunto al Tribunal Administrativo de Norte de Santander. A este respecto, en el Sistema de Gestión Judicial -SAMAIfigura la alerta del 06 de febrero de 2024: […]”.

[…]

“[…] Con todo y en razón a este recurso de amparo, la secretaría de la Sección Primera, el 22 de agosto de 2024, traslada nuevamente el medio de control 2500023-41-000-2024-00121-00 al Tribunal Administrativo de Norte de Santander: […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, en lo que refiere al derecho de petición, es necesario recalcar que este Despacho no recibió solicitud del tutelante y es por esto que no desconoce la garantía fundamental; eje central del recurso de amparo. De este modo, rindo el informe de tutela. […]”.

10. La Fiscalía General de la Nación solicitó i) declarar improcedente la solicitud de tutela, ii) su desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, y subsidiariamente, iii) en caso de que no se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, declarar la falta de competencia para asumir el conocimiento del asunto, y remitirlo a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos. Para tal efecto manifestó lo siguiente:

legitimación en la causa por pasiva, declarar la falta de competencia para asumir el conocimiento del asunto, y remitirlo a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos. Para tal efecto manifestó lo siguiente:

“[…] En el presente caso, los hechos y las pretensiones del accionante n o se encuentran directamente dirigidas a la Fiscalía General de la Nación ni a su7

Núm. único de radicación: 110010315000202403747-00

Actor: Pablo José Peñalosa Ramón

Representante Legal, ni guardan relación con las atribuciones constitucionales y legales de dichos funcionarios. Bajo ese orden de ideas, no se configura una legitimación material entre la persona que fue vinculada a la presente acción y a quién se dirigió la solicitud (La Fiscalía General de la Nación) y los hechos constitutivos de litigio. […]”.

[…]

“[…] Es así, que en el hipotético caso que el actor requiera presentar denuncia, no es esta acción constitucional el mecanismo idóneo para tal fin. La FGN ha dispuesto una serie de canales de recepción de denuncia, los cuales pueden ser activados por los ciudadanos en el momento que ellos consideren: […]”.

[…]

“[…] En estos términos y de acuerdo con las pretensiones del accionante, se observa que la FGN no está amenazando o vulnerando los derechos alegados por el actor, y tampoco es la autoridad competente para adelantar las acciones que pretende con la acción constitucional. Lo anteriormente expuesto conlleva a concluir que frente a la Fiscalía General de la Nación opera el fenómeno de falta de legitimación en la causa

tampoco es la autoridad competente para adelantar las acciones que pretende con la acción constitucional. Lo anteriormente expuesto conlleva a concluir que frente a la Fiscalía General de la Nación opera el fenómeno de falta de legitimación en la causa por pasiva y por tanto debe ser des vinculada de la presente acción y no deberá pronunciarse frente a la misma. […]”.

[…]

“[…] En conclusión, al evidenciarse que la Fiscalía General de la Nación, ni su representante legal han vulnerado el derecho fundamental de petición del accionante, la presente acción de tutela debe ser declara (sic) improcedente respecto de los mismos, pues como se expuso en la sentencia e (sic) cita, en el presente caso no existe una conducta respecto de la cual se pueda efectuar un juicio de vulnerabilidad en cabeza de esta entidad y de la Representante Legal de este Ente Investigador y Acusador, en la medida en que la petición objeto de debate de tutela, no ha sido asignada bajo su resorte , sino que la misma se encuentra dirigida al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Director de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo y Desastres, y la Alcaldía del Municipio de Mutiscua – Norte de Santander. […]”.

11. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó i) negar la solicitud de tutela ; y ii) su desvinculación , al considerar que carece de legitimación en la

causa por pasiva, por las siguientes razones:

“[…] Una vez consultado el sistema de gestión documental –ARCA-, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se constató que el hoy accionante radicó la mencionada petición a la cual se le asignó N° 2024E1029961.

“[…] Una vez consultado el sistema de gestión documental –ARCA-, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se constató que el hoy accionante radicó la mencionada petición a la cual se le asignó N° 2024E1029961.

Al respecto, la Dirección de Bosques, B iodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente proyectó y envió respuesta de fondo con oficio N° 21002024E2024130 (copia adjunta) dirigido al señor PABLO JOSÉ PEÑALOZA RAMÓN, a los correos electrónicos chuchoquintanavilla@gmail.com, estudio.juridicoconsigliere@gmail.com, cesar.t3090@gmail.com, portillamaria15@hotmail.com; aportados como dirección de notificación en el escrito petitorio (Se anexa copia de soporte de envío). […]”.8

Núm. único de radicación: 110010315000202403747-00

Actor: Pablo José Peñalosa Ramón

[…]

“[…] En síntesis, al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE no le asiste una aptitud legal para responder por acciones u omisiones que vulneren derechos fundamentales del accionante, ya que ofreció, dentro del marco de sus competencias, contestación a la petición puesta en su conocimiento y a los correos aportados por el propio señor PABLO JOSÉ PEÑALOSA RAMÓN. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, se precisa al despacho judicial que el accionante no aporta una sola prueba del daño o afectación a sus derechos fundamentales, ni de la existencia de un perjuicio irremediable, siendo enfáticos de que se trata de presuntas acciones

“[…] Así las cosas, se precisa al despacho judicial que el accionante no aporta una sola prueba del daño o afectación a sus derechos fundamentales, ni de la existencia de un perjuicio irremediable, siendo enfáticos de que se trata de presuntas acciones que vulneran los derechos no adquiridos, sin realizar ninguna conexión o vinculación con algún derecho fundamental, así las cosas no se c umple con los requisitos de procedencia de la acción de tutela, por lo cual le corresponde al accionante acudir a otros trámites o mecanismos expeditos y eficaces regulados para la defensa de los derechos e intereses que encuentra vulnerados pero que a juicio de esta defensa no posee.

En virtud de lo anterior, considera este representante que es deber del juez en esta instancia dar aplicación a las reglas mencionadas y remitir a la (sic) accionante a ejercer sus derechos y garantías en el marco de la s actuaciones administrativas o judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo correspondientes, decretando la improcedencia de la presente acción de tutela. […]”.

[…]

“[…] En el presente caso, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos tenible no es la autoridad pública que deba responder por alguna acción u omisión, toda vez que no ha tenido injerencia alguna en los hechos de fondo del asunto, ya que no participa en el procedimiento de atención y respuesta a peticiones elevadas ante ent idades distintas a esta, ni dirime conflictos de competencia entre despachos judiciales, en procura de la satisfacción del derecho que el accionante encuentra vulnerado o amenazado.

En tal sentido, son inadmisibles las pretensiones del accionante en el sentido que sea

procura de la satisfacción del derecho que el accionante encuentra vulnerado o amenazado.

En tal sentido, son inadmisibles las pretensiones del accionante en el sentido que sea este ministerio el que, adelante acciones que constituirían una extralimitación de funciones y competencias, un incumplimiento legal, situación que al tiempo pone en evidencia una falta de legitimación en la causa. […]”.

12. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres solicitó declarar la carencia actual del objeto por hecho superado, por las siguientes razones:

“[…] En cuanto a los hechos expuestos por el accionante y en relación con el derecho de petición, que informa fueron radicados en esta entidad, que estos fueron contestados desde Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano mediante “S.O.S. Contaminación Ambiental-Rio de la Plata Mutiscua Ticket N° GSC -2024-124204, tal y como se evidencia en el mencionado oficio, en la cual se informó: […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, es evidente que los hechos que originaron la presente acción de tutela cesaron con la respuesta anteriormente señalada. […]”9

Núm. único de radicación: 110010315000202403747-00

Actor: Pablo José Peñalosa Ramón

[…]

“[…] La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, dentro del ámbito de sus competencias otorgó respuesta de fondo a la petición elevada por la peticionaria y por ello, se advierte que actualmente n o existe materia sobre la cual pueda pronunciarse el Juez Constitucional. Lo anterior, por cuanto la Honorable Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-316 de 2021 en relación con la carencia

peticionaria y por ello, se advierte que actualmente n o existe materia sobre la cual pueda pronunciarse el Juez Constitucional. Lo anterior, por cuanto la Honorable Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-316 de 2021 en relación con la carencia actual del objeto por hecho superado expuso que dicha figura se configuraba así: “Para que se configure la carencia actual de objeto por hecho superado, deben acreditarse tres requisitos: (i) que ocurra una variación en los hechos que originaron la acción; (ii) que esta implique una satisfacción íntegra de l as pretensiones de la demanda; y (iii) que ello se deba a una conducta asumida por la parte demandada.” […]”.

13. La Alcaldesa Municipio de Mutiscua solicitó declarar la carencia actual del objeto por hecho superado, por las siguientes razones:

“[…] Como se manifestó al dar respuesta al hecho 4 de la demanda de tutela, el día de ayer se respondió de fondo y de manera completa, la petición de documentos, superándose el hecho que motiva la acción en cuanto compete a la Alcaldía, como se prueba con el correo electrónico remitido el día de ayer, del cual se anexa copia como prueba. […]”.

14. El Director de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución

con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

Núm. único de radicación: 110010315000202403747-00

Actor: Pablo José Peñalosa Ramón

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro med io de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

falta de otro med io de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

17. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

18. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

19. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva

en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

8 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.11

Núm. único de radicación: 110010315000202403747-00

Actor: Pablo José Peñalosa Ramón

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en