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REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Bogotá DC, ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024) Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 85001-23-33-000-2014-00048-01 (65.765) Demandante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Demandados: RÓBINSON EDUARDO BASTIDAS NASAMUEZ Y OTROS Medio de control: REPETICIÓN Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CONFIGURACIÓN DEL DOLO POR SENTENCIA PENAL CONDENATORIA – DESAPARICIÓN Y HOMICIDIO EN COMBATE SIMULADO Síntesis del caso: se dirige el medio de control de repetición contra quince (15) integrantes del Ejército Nacional quienes, el 28 de febrero de 2007, habrían desaparecido y dado muerte a José Arcadio Rodríguez en un enfrentamiento armado simulado, víctima de quien se determinó que era un civil ajeno al conflicto, hechos por los cuales la demandante fue obligada a reparar perjuicios mediante sentencia dictada en acción de reparación directa cuyo pago se pretende recuperar; la primera instancia declaró la responsabilidad patrimonial de todos los demandados a título de dolo, decisión que solamente fue apelada por Róbinson Eduardo Bastidas Nasamuez. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor Robinson Eduardo Bastidas Nasamuez (fls. 469 a 473 cdno. apelación) contra la sentencia

los demandados a título de dolo, decisión que solamente fue apelada por Róbinson Eduardo Bastidas Nasamuez. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor Robinson Eduardo Bastidas Nasamuez (fls. 469 a 473 cdno. apelación) contra la sentencia proferida el 24 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Casanare (fls. 442 a 459 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso lo siguiente: “PRIMERO: DECLARAR responsables solidariamente a los señores Fernando Barrera Chachay, Róbinson Eduardo Bastidas Nasamuez, Éder Fabián Bríñez Álvarez, Wilson Salvador Burgos Jiménez, Oney José Castro Maldonado, Santos Miguel García Comayán, Óscar Edmundo Gaviria Pachajoa, Eliseo Ibáñez Riaño, Raúl Antonio López Urbano, Gonzalo Antonio López Sutachán, Diego Armando Martínez Vega, Leandro Eliecer Mona Cano, Abel Pedraza Amaya, Julio César Sierra y Nilson Tejedor Chaparro por haber obrado con dolo en la muerte del señor José Arcadio Rodríguez y haber provocado que el Estado fuera condenado al pago de los perjuicios causados a los familiares de la víctima.2 Expediente 85001-2333-000-2014-00048-01 (65.765) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Repetición Apelación sentencia

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE solidariamente a los señores Fernando Barrera Chachay, Róbinson Eduardo Bastidas Nasamuez, Éder Fabián Bríñez Álvarez, Wilson Salvador Burgos Jiménez, Oney José Castro Maldonado, Santos Miguel García Comayán, Óscar Edmundo Gaviria Pachajoa, Eliseo Ibáñez Riaño, Raúl Antonio López Urbano, Gonzalo Antonio López Sutachán, Diego Armando Martínez Vega, Leandro Eliécer Mona Cano, Abel Pedraza Amaya, Julio César Sierra y Nilson Tejedor Chaparro a pagar, por partes iguales, a la Nación - Ministerio de Defensa, la suma de $384.126.071,4 que corresponde al valor de la condena impuesta, debidamente actualizada y sin intereses, que pagó la entidad por el acuerdo conciliatorio que dio origen a la presente repetición. TERCERO: Los accionados deberán dar cumplimiento a la presente providencia dentro de los 10 meses siguientes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. El monto reconocido devengará los intereses moratorios conforme lo señalan los artículos 192 y 195 del CPACA. CUARTO: Sin condena en costas.” (fls. 458 y 459 cdno. de apelación - negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original). I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito presentado el 27 de marzo de 2014 (fl. 15 cdno. ppal. 1) la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda a través

del el medio de control de repetición previsto en el artículo 142 del CPACA en contra de Fernando Barrera Cachay, Róbinson Eduardo Bastidas Nasamuez, Éder Fabián Briñez Álvarez, Wilson Salvador Burgos Jiménez, Oney José Castro Maldonado, Santos Miguel García Comayán, Óscar Edmundo Gaviria Pachajoa, Eliseo Ibáñez Riaño, Raúl Antonio López Urbano, Gonzalo Antonio López Sutachán, Diego Armando Martínez Vega, Leandro Eliécer Mona Cano, José Abel Pedraza Amaya, Julio César Sierra y Nilson Tejedor Chaparro (fls. 2 a 15 cdno. ppal. 1) para que se acceda a las siguientes súplicas1: “1. Que se declare responsable a los señores FERNANDO BARRERA CACHAY C.C. No.74'755.143, RÓBINSON EDUARDO BASTIDAS NASAMUEZ C.C. 1.086'298.066, ÉDER FABIAN BRIÑEZ ALVAREZ C.C. 93'478.502, WILSON SALVADOR BURGOS JIMÉNEZ C.C. 7'176.383, ONEY JOSÉ CASTRO MALDONADO C.C. 9'430892, SANTOS MIGUEL GARCÍA COMAYÁN C.C. 7'126.816, ÓSCAR EDMUNDO GAVIRIA PACHAJOA C.C. 98'381.570, ELISEO IBÁÑEZ RIAÑO C.C. 74'811.924, RAÚL ANTONIO LÓPEZ URBANO C.C. 74'812-512, GONZALO ANTONIO LÓPEZ SUTACHÁN C.C. 7'062.048, DIEGO ARMANDO 1 Pretensiones tomadas del escrito de corrección de la demanda que obra en los folios 93 y 94 del cuaderno principal número 1.3 Expediente

GONZALO ANTONIO LÓPEZ SUTACHÁN C.C. 7'062.048, DIEGO ARMANDO 1 Pretensiones tomadas del escrito de corrección de la demanda que obra en los folios 93 y 94 del cuaderno principal número 1.3 Expediente 85001-2333-000-2014-00048-01 (65.765) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Repetición Apelación sentencia

MARTÍNEZ VEGA C.C. 13'520.841, LEANDRO ELIÉCER MONA CANO C.C. 15'264.922, JOSÉ ABEL PEDRAZA AMAYA C.C. 9'431.044, JULIO CÉSAR SIERRA C.C. 79'854.148, NILSON TEJEDOR CHAPARRO C.C. 74'753.875, por los perjuicios ocasionados a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, con ocasión de los hechos sucedidos el día 27 de febrero de 2007 y como consecuencia de los mismos se condenó al pago de la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 66 CENTAVOS. ($367.487,581 ,66). 2. Que se condene a los señores FERNANDO BARRERA CACHAY C.C. No-74'755.143, RÓBINSON EDUARDO BASTIDAS NASAMUEZ C.C. 1.086'298.066, ÉDER FABIAN BRIÑEZ ALVAREZ C.C. 93'478.502, WILSON SALVADOR BURGOS JIMÉNEZ C.C. 7'176.383, ONEY JOSÉ CASTRO MALDONADO C.C. 9'430892, SANTOS MIGUEL GARCÍA COMAYÁN C.C. 7'126.816, OSCAR EDMUNDO GAVIRIA PACHAJOA C.C. 98'381 ,570, ELISEO IBÁÑEZ RIAÑO C.C. 74'811.924, RAÚL ANTONIO

LÓPEZ URBANO C.C. 74'812.512, GONZALO ANTONIO LÓPEZ SUTACHAN C.C. 7'062.048, DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ VEGA C.C. 13'520-841, LEANDRO ELIÉCER MONA CANO C.C. 15'264.922, JOSÉ ABEL PEDRAZA AMAYA C.C. 9'431.044, JULIO CESAR SIERRA C.C. 79'854-148, NILSON TEJEDOR CHAPARRO C.C. 74'753.875, a cancelar la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 66 CENTAVOS. ($367.487,581,66), a favor de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, suma que pago esta entidad a los demandantes, a título del capital, perjuicios morales y materiales causados a INELVA MEDINA DE RODRÍGUEZ Y OTROS. 3. Que se condene a los señores FERNANDO BARRERA CACHAY C.C. No.74'755.143, RÓBINSON EDUARDO BASTIDAS NASAMUEZ C.C.1.086'298.066, ÉDER FABIAN BRÍÑEZ ÁLVAREZ C.C. 93478.502, WILSON SALVADOR BURGOS JIMÉNEZ C.C. 7176.383, ONEY JOSÉ CASTRO MALDONADO C.C. 9'430892, SANTOS MIGUEL GARCÍA COMAYÁN C.C. 7'126.816, OSCAR

EDMUNDO GAVIRIA PACHAJOA C.C. 98'381.570, ELISEO IBÁÑEZ RIAÑO C.C. 74'811-924, RAÚL ANTONIO LÓPEZ URBANO C.C. 74'812.512, GONZALO ANTONIO LÓPEZ SUTACHÁN C.C. 7'062.048, DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ VEGA C.C. 13'520.841, LEANDRO ELIÉCER MONA CANO C.C. 15'264.922, JOSÉ ABEL PEDRAZA AMAYA C.C. 9'431.044, JULIO CESAR SIERRA C.C. 79'854.148, NILSON TEJEDOR CHAPARRO C.C. 74'753-875, a cancelar intereses comerciales a favor de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin al presente proceso.” (fls. 93 y 94 cdno. ppal. no. 1 - negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original). 2. Hechos Como fundamento fáctico la parte actora invocó, en síntesis, el siguiente: 1) El 27 de febrero de 2007, el señor José Arcadio Rodríguez salió de su casa hacia la vereda “Mata de Piña” en jurisdicción del Municipio de Maní (Casanare) con el fin4 Expediente 85001-2333-000-2014-00048-01 (65.765) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Repetición Apelación sentencia

de asistir a una reunión de la junta de acción comunal, tomó una buseta y se bajó en una “y” para dirigirse a una escuela del lugar, pero, no se volvió a saber de él. 2) Con ocasión de una denuncia presentada por los familiares de la víctima, la Fiscalía 31 Especializada de Villavicencio (Meta) asumió la correspondiente investigación y por información de testigos el cadáver de José Arcadio Rodríguez fue encontrado en el municipio de Aguazul (Casanare). 3) Se logró establecer que dicha víctima fue dada de baja por miembros del Ejército Nacional, quienes pretendieron reportar el cadáver como un resultado operacional contra la guerrilla, sin embargo, se trataba de un campesino de la zona. 4) Los familiares del occiso demandaron en acción de reparación directa y el 17 de noviembre de 2010 el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal (Casanare) declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por ese hecho. 5) En etapa posterior al fallo de primera instancia, en audiencia del 23 de febrero de 2011, las partes de ese proceso conciliaron por el 100% de la condena impuesta en la sentencia, el acuerdo fue aprobado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal (Casanare). 3. Fundamentos de la demanda Aludió la demandante como fundamentos de derecho a los artículos 90 y 209 de la Constitución Política y 2 y 6 numeral 1 de la Ley 678 de 2001, literalmente expresó: “De las pruebas que se

relacionan a continuación se puede observar que la conducta de los señores (…) RÓBINSON EDUARDO BASTIDAS NASAMUEZ (…) se puede calificar como dolosa o en su defecto gravemente culposa, por cuanto su actuación el día de los hechos, hizo que la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario adelantó investigación penal (…) determinando que los señores (…) RÓBINSON EDUADO BASTIDAS NASAMUEZ (…) fueron acusados por los presuntos punibles de HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO en perjuicio de ROGER ACERO HERNÁNDEZ y JOSÉ ARCADIO RODRÍGUEZ (…) el artículo 6 de la Ley 678 del 2001 indica que existe culpa grave cuando la conducta desplegada por el funcionario se considera una transgresión directa de la Constitución Nacional y de la ley o de una inexcusable omisión o limitación en el ejercicio de sus funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa cuando existe violación manifiesta de las normas de derecho (…) existen pruebas suficientes que permiten determinar en forma contundente la5 Expediente 85001-2333-000-2014-00048-01 (65.765) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Repetición Apelación sentencia

existencia de una conducta dolosa o cuando menos gravemente culposa desplegada por los agentes del Ejército Nacional que hicieron parte de la orden de operaciones No. 063 “JAURÍA” toda vez que resulta evidente la extralimitación en el cumplimiento de sus funciones”. (fls. 5, 12 y 13 cdno. ppal. 1 – se destaca). 4. Contestación de la demanda El medio de control de la referencia fue admitido el 17 de julio de 2014 (fls. 97 a 99 cdno. ppal. 1) providencia en la cual se ordenó la notificación de todos los demandados. 4.1 Róbinson Eduardo Bastidas Nasamuez, José Abel Pedraza Amaya, Wilson Burgos Jiménez, Gonzalo Antonio López Sutachán, Leandro Eliécer Mona Cano, Eliseo Ibáñez Riaño y Nilson Tejedor Chaparro Contestaron el 15 de diciembre de 2013, a través de apoderada judicial, con oposición a los hechos y pretensiones de la demanda (fls. 177 a 183 y 211 a 216 cdno. ppal. 1), expresaron que se configuraba la excepción de “ausencia de dolo” porque, si bien participaron en los hechos, no hay prueba de esa conducta y, hasta que no se profiriera sentencia penal en su contra estaban amparados por la presunción de inocencia, además, el deceso de la víctima fue el resultado de una operación legítima del Ejército Nacional. 4.2 Santos Miguel García Comayán El 13 de febrero de 2015, dio respuesta a la demanda a través de apoderado judicial, se opuso a los

hechos y las súplicas (fls. 184 a 190 cdno. ppal. no. 1) sobre la base de que, si bien existía un fallo condenatorio en contra el Ejército Nacional en un proceso de reparación directa, aún no había sentencia penal en contra de Santos Miguel García Comayán por los hechos planteados en la demanda, también propuso las siguientes excepciones: (i) “caducidad de la acción”, porque en los términos del artículo 8 de la Ley 678 de 2001, en el momento de la presentación de la demanda (el 27 marzo de 2014) ya habían transcurrido seis (6) meses desde el pago total de la condena y, (ii) “falta de requisitos sustanciales por no aportar primeras copias auténticas que prestan mérito ejecutivo”, toda vez que el juez solo podía librar mandamiento con apoyo en el documento que presta mérito ejecutivo, esto es, la primera copia de la providencia aprobatoria del acuerdo conciliatorio, lo cual en este caso no se cumplió.6 Expediente 85001-2333-000-2014-00048-01 (65.765) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Repetición Apelación sentencia

4.2 Oney José Castro Maldonado, Óscar Edmundo Gaviria Pachajoa y Julio César Sierra Fueron representados por curador ad litem quien se opuso a los hechos y pretensiones de la demanda (fls. 235 a 238 cdno. ppal. no. 1) con base en las razones que se relatan a continuación: (i) el Ejército Nacional es una institución jerarquizada, por ende, la responsabilidad de los hechos que cometen los subalternos recae en el comandante de la unidad, pero, en este caso no se identificó plenamente al superior que dio la orden de perpetrar el crimen del señor José Arcadio Rodríguez; (ii) la demanda no especifica en qué consiste el dolo o la culpa grave de los demandados, máxime cuando la responsabilidad es individual y no se puede enrostrar de manera genérica a todo el grupo, además, aun no se han esclarecido las circunstancias del deceso de José Acadio Rodríguez y, (iii) se configura la excepción de “indebida legitimación para iniciar el presente medio de control”, porque al momento de la presentación de la demanda (27 de marzo de 2014) ya habían transcurrido más de los seis (6) meses de que trata el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, por cuanto el pago total de la obligación se realizó el 30 de marzo de 2012. 4.4 Fernando Barrera Cachay y Fabián Bríñez Álvarez El 16 de junio de 2015 contestaron la demanda a través de curador ad litem (fls. 242 a 247 cdno. ppal.), quien se opuso a los hechos y pretensiones con fundamento

en las siguientes excepciones: (i) “no configuración de los elementos para la procedencia de la acción de repetición”, porque la parte demandante no aportó prueba idónea del pago efectivo de la condena, no hay certeza de la fecha del pago total de la obligación para efectos de contar el término de "prescripción de la acción", tampoco una conducta dolosa o gravemente culposa de los demandados y un nexo causal con la muerte de José Arcadio Rodríguez y, (ii) “falta de legitimación para incoar la acción”, por el hecho de que no se radicó la demanda dentro de los seis meses siguientes al pago de la condena. 4.5 Raúl Antonio López Urbano y Diego Armando Martínez Vega No contestaron la demanda a pesar de que fueron notificados personalmente2. 2 La notificación personal a dichos demandados se llevó a cabo mediante diligencia del 23 de octubre de 2014 en la cual se les entregó del auto admisorio, copia de la demanda y sus anexos (fls. 154 y 162 cdno. ppal. no. 1).7 Expediente 85001-2333-000-2014-00048-01 (65.765) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Repetición Apelación sentencia

5. Audiencia inicial Fue celebrada el 25 de abril de 2016, no se observaron nulidades y se negaron las excepciones previas propuestas por los demandados, de la siguiente manera: (i) sobre la caducidad, no es aplicable para su cómputo el artículo 8 de la Ley 678 de 2001 sino el artículo 164 del CPACA, conforme al cual transcurrieron menos de dos (2) años desde el momento de la conciliación lograda entre el Ejército Nacional y las víctimas, y la presentación de la demanda; (ii) acerca de la inepta demanda por no aportar “primeras copias que presten mérito ejecutivo”, no se configura porque no es un requisito aplicable al medio de control jurisdiccional de repetición y, (iii) en relación con la “falta de legitimación en la causa por activa” de que trata el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, no se presenta porque se refiere al término a partir del cual se habilita al Ministerio Público y Ministerio de Justicia y del Derecho para presentar la acción de repetición en el caso de que la entidad pública directamente interesada no lo haga, la cual no pierde legitimación en el evento de que los seis (6) meses allí contemplados transcurran, lapso que es diferente e independiente de la caducidad (fls. 291 a 293 cdno. ppal). Acerca de la fijación del litigio, esta se planteó de la siguiente manera: “Determinar si de conformidad con el acervo probatorio allegado al expediente y el que se recaude en el curso del proceso, se establece el dolo o culpa grave en la actuación de los demandados (…) que diera lugar a la condena

impuesta en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y posterior conciliación dentro del proceso de reparación directa impetrado por INELVA MEDINA HURTADO Y OTROS ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal; en caso afirmativo si es procedente ordenar la restitución de las sumas que fueron pagadas por la hoy demandante; o si por el contrario, se configura causal de exoneración de responsabilidad en favor de alguno o de todos los convocados por pasiva y si así sebe declararse conforme a derecho y la normatividad que regula esta clase de materias y el medio de control de repetición por el que se procede.” (fl. 295 cdno. ppal.). 6. Sentencia de primera instancia El 24 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Casanare declaró la responsabilidad patrimonial de todos los demandados de manera solidaria (fls. 442 a 495 cdno. apelación), por el hecho de haber obrado con dolo en la muerte del señor José Arcadio Rodríguez y dar lugar al pago de los perjuicios realizado por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional en favor de los familiares de dicha8 Expediente 85001-2333-000-2014-00048-01 (65.765) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Repetición Apelación sentencia

víctima, razón por la cual los obligó a reembolsar la suma total de $384.126.071,04 con sustento en lo siguiente: 1) En vista de que los hechos tuvieron ocurrencia el 27 de febrero de 2007, son aplicables las presunciones de dolo y culpa grave previstas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001. 2) Se acreditaron los elementos objetivos, consistentes en la existencia de una condena y/o conciliación u otra forma de terminación del conflicto, el pago realizado en favor de las víctimas y la condición de servidores estatales de los demandados. 3) En lo atinente al elemento subjetivo, se probó que mediante sentencia del 10 de junio de 2014 los uniformados demandados fueron condenados por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal (Casanare) a 480 meses de prisión como autores materiales impropios del homicidio y desaparición forzada del señor José Arcadio Rodríguez, decisión que fue confirmada el 28 de octubre de 2014 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal; el 25 de noviembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación penal presentada por los defensores de Leandro Eliécer Mona Cano, Róbinson Eduardo Bastidas Nasamuez, Gonzalo Antonio López Sutachán, Eliseo Ibáñez Riaño, Éder Fabián Bríñez Álvarez, Raúl Antonio López Urbano. Julio César Sierra, Nilson Tejedor Chaparro, Fernando Barrera Cachay, Wilson Salvador Burgos Jiménez, Diego Armando Martínez Vega y José Abel Pedraza Amaya. 4) A los demandados les correspondía desvirtuar las “presunciones de dolo y culpa grave contenidas en la Ley 678 de 2001”3 y se demostró que su conducta fue dolosa, porque en esas decisiones penales se expresó

Vega y José Abel Pedraza Amaya. 4) A los demandados les correspondía desvirtuar las “presunciones de dolo y culpa grave contenidas en la Ley 678 de 2001”3 y se demostró que su conducta fue dolosa, porque en esas decisiones penales se expresó que conocían que estaban ejecutando un delito con pleno dominio, consciencia de su cometido y con la intención clara de su realización, debido a que existía un plan previamente dispuesto para ejecutar el homicidio, se desmintió que hubiera enfrentamiento y se constató 3 Específicamente sobre este aspecto la sentencia de primera instancia manifestó lo siguiente: “Como se dijo líneas atrás, las presunciones de dolo y culpa grave contenidas en la Ley 678 de 2001 invierten la carga de la prueba y, por ende, a los acá demandados les correspondía desvirtuar en el proceso de repetición los hechos imputados o la ausencia de alguno de los presupuestos para la procedencia de la repetición, cosa que no ocurrió. En consecuencia, como quiera que en este caso se encuentran acreditados la condena que el contencioso administrativo profirió en contra del Estado por la muerte del señor José Arcadio Rodríguez, el pago de dicha condena y que la conducta de los acá demandados fue dolosa, pues, como se dejó dicho, fueron condenados por la justicia penal a 480 meses de prisión por el homicidio y la desaparición forzada a título de dolo, el citado señor, la Sala accederá las pretensiones de la demanda.” (fl. 458 cdno. apelación).9 Expediente 85001-2333-000-2014-00048-01 (65.765) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Repetición Apelación sentencia

que a las víctimas les fueron puestas prendas con armas y artefactos militares, en ese sentido, hubo un acuerdo entre los miembros de la tropa con división del trabajo criminal que contribuyó al actuar delictivo, razón por la cual todos actuaron con dolo directo. 5) Sobre el monto a restituir, se accede solamente al pago de la suma conciliada entre el Ejército Nacional y las víctimas el 23 de febrero de 2011, es decir, a $287.592.355, sin tener en cuenta los intereses causados, valor que indexado al momento de la sentencia arroja la suma de $384.126.071,4. 7. Recurso de apelación El 5 de noviembre de 2019, la apoderada del señor Róbinson Eduardo Bastidas Nasamuez presentó recurso de apelación (fls. 469 a 473 cdno. apelación) solicitó que se revoque la decisión de primera instancia respecto de ese demandando y en su lugar, que se nieguen las pretensiones, con fundamento en la argumentación que a continuación se resume: 1) No se logró probar la participación del demandado en la acción determinante para imputarle responsabilidad al Estado, el fallo atacado se apartó de la verdad, pues, no se configuran los elementos indispensables para ordenar la repetición, “sin tan siquiera decirles por qué se les está condenando”, en ese sentido debió precisarse qué hechos en específico se reprochan y la manera en como estos incidieron en la producción del daño. 2) El fallo de primera instancia se redujo a indicar que la responsabilidad es solidaria, empero, no precisó qué hecho en concreto se le reprocha a cada uniformado y en qué medida incidieron en la causación del daño. 3) En una operación militar el personal se organiza y hay una distribución de tareas, razón por la cual no se puede imputar una condena a todos por igual, pues, en materia penal no existe

concreto se le reprocha a cada uniformado y en qué medida incidieron en la causación del daño. 3) En una operación militar el personal se organiza y hay una distribución de tareas, razón por la cual no se puede imputar una condena a todos por igual, pues, en materia penal no existe solidaridad, la responsabilidad se califica según la actuación de cada uno y en la misma proporción se emite la condena. 4) En ese sentido, sin haber una hipótesis clara de una ejecución por fuera de combate no puede deducirse que hubo una conspiración para cometer el homicidio y10 Expediente 85001-2333-000-2014-00048-01 (65.765) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Repetición Apelación sentencia

ocultarlo, y, por ende, dar por cierto que todos los demandados son coautores del daño antijurídico irrogado sin que exista sustento probatorio que lo soporte. 5) Se debe tener en cuenta la postulación del señor Róbinson Eduardo Bastidas Nasamuez para ser aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz, máxime cuando actualmente goza del beneficio de la privación de la libertad en unidad militar (PLMU), específicamente en la Decimosexta Brigada del Ejército Nacional con sede en Yopal (Casanare). 8. Actuación surtida en segunda instancia 1) Por auto del 23 de septiembre de 2020 (fl. 497 cdno. apelación) se admitió el recurso de apelación y, posteriormente, el 27 de septiembre de 2020 (fl. 498 cdno. apelación), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión en segunda instancia por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso al Ministerio Público para que emitiera concepto, quienes expresaron lo siguiente: (i) la apoderada de Róbinson Eduardo Bastidas Nasamuez (índice 15, Samai) manifestó que no está probada la conducta “dolosa o gravemente culposa” de ese demandado ni su grado de participación en los hechos objeto de la controversia y, (ii) el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado (índice 16, Samai), aludió que las pruebas aportadas por la parte demandante son suficientes para acreditar los elementos objetivos y subjetivos de este medio de control,

esto es, una sentencia condenatoria, el pago efectivo de la obligación y una conducta dolosa de los agentes estatales que fue determinante para que se condenara al Estado, no obstante, antes de proferir sentencia definitiva es importante que se tenga en cuenta la situación jurídica del apelante ante la JEP. 2) El 4 de mayo de 2022, la Sala dictó un auto para mejor proveer4, en el cual ordenó oficiar a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) para que informara si el señor Róbinson Eduardo Bastidas Nasamuez presentó solicitud de sometimiento ante esa jurisdicción y si en el marco de su régimen de condicionalidad le ha sido concedido el beneficio de la renuncia a la persecución 4 El Consejero de Estado Martín Bermúdez Muñoz salvó el voto, porque consideró que el artículo transitorio 26 del Acto Legislativo 01 de 2017 no condiciona la improcedencia de la acción de repetición a condicionamiento alguno, y que el hecho de saber si el señor Bastidas Nasamuez se sometió o no a la JEP en nada modifica el hecho de que la acción de repetición es improcedente en este caso, para lo cual basta con acreditar que el demandado es miembro de la Fuerza Pública y que haya cometido una conducta punible por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno (índice 25, Samai).11 Expediente 85001-2333-000-2014-00048-01 (65.765) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Repetición Apelación sentencia

penal y con ella la imposibilidad de ejercer acción de repetición en su contra (índice 23, Samai), lo cual se reiteró en auto del 26 de septiembre de 2023 (índice 59, Samai). La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP dio respuesta a ese requerimiento el 30 de enero de 2024 (índice 72, Samai) y de ese memorial se corrió traslado a las partes por auto del 7 de febrero de 2024 (índice 72, Samai), en el cual se puso de presente que frente a esa persona aún no se ha dispuesto la renuncia a la persecución penal, y en consecuencia a la acción de repetición. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) prelación de fallo, 2) síntesis de la controversia y anuncio de la decisión, 3) cuestión previa: sometimiento ante la JEP, 4) análisis de la impugnación, 5) monto a restituir por los agentes estatales, 6) conclusión y 7) condena en costas. 1. Prelación de fallo En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 19985 exigiría su decisión en el turno6 estricto en el cual pasaron los expedientes al despacho, no obstante, el artículo 18 5 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 preceptúa: “ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin

no obstante, el artículo 18 5 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 preceptúa: “ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. (…).” 6 El artículo 63 A, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, prevé: “Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimon