CE - 49490VF 0 20240813152716335

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 25000-23-26-000-2010-00516-01 (49.490)

Actor: Alta Visión S.A.S.

Demandado: Sociedad de Activos Especiales-SAE S.A.S.

Proceso: Acción contractual

APELANTE ÚNICO -Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES -Valor probatorio. RÉGIMEN DEL CONTRATO-La administración y enajenación de los activos y demás bienes del «FRISCO» se haría de conformidad con las normas de derecho privado. CONTRATO DE PROMESA -Elementos. LAS OBLIGACIONES ANTICIPADAS DEL CONTRATO PROMETIDO -Cuando el contrato de compraventa es antecedido por un contrato de promesa deben diferenciarse las ob ligaciones. CONTRATO DE PROMESA-El promitente comprador no es acreedor de la cosa. CONTRATO DE PROMESA -Necesidad de un plazo o condición determinados que fije la época para celebrar el contrato prometido. CONDICIÓN -Determinada e indeterminada. NULIDAD ABSO LUTA-La omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos genera nulidad absoluta. RATIFICACIÓN TÁCITA-Salvo que la nulidad sea por objeto o causa ilícita. COSTAS EN CCA-Improcedencia

cuando no se actúa con temeridad o mala fe.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de 23 de septiembre de 20 13, proferida por el Tribunal Administrativo de Cu ndinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La decisión fue la siguiente:

PRIMERO. - Negar las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. - Ejecutoriado el presente fallo, por secretaría, liquídense los gastos ordinarios del proces o, y en caso de remanentes, devuélvanse al interesado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 y 9 del Acuerdo No. 2552 de 2004, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

TERCERO. -Sin condena en costas.

CUARTO. -Contra la presente providencia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado (folios 423 a 432 del cuaderno p.pal.).

I. SÍNTESIS DEL CASO

Alta Visión Cirugía Oftalmológica Ltda. –hoy Alta Visión S.A.S. –, como promitente compradora, y la Dirección Nacional de Estupefacientes –hoy Sociedad de Activos Especiales S.A.S. –, como promitente vendedora, celebraron promesa de Radicación: 25000-23-26-000-2010-00516-01 (49.490)

Demandante: Alta Visión S.A.S.

Demandado: Sociedad de Activos Especiales-SAE S.A.S.

Asunto: Acción contractual

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compraventa sobre un inmueble ubicado en Bogotá para el desarrollo de un

Asunto: Acción contractual

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compraventa sobre un inmueble ubicado en Bogotá para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Alta Visión S.A.S. alega el i ncumplimiento del contrato, porque la escrituración y l a entrega material del inmueble no se realizaron dentro del plazo acordado.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones

El 2 6 de julio de 201 01, Alta Visión Ltda. –hoy Alta Visión S.A.S. –, a través de apoderado judicial, formuló acción contractual contra la Dirección Nacional de Estupefacientes –hoy Sociedad de Activos Especiales S.A.S. –. El demandante formuló las siguientes pretensiones:

Primero. Se declare el incumplimiento del contrato de compraventa (sic) por parte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES , mediante el cual la entidad demandada transfirió a título de venta en favor de ALTA VISION LTDA. , antes denominada ALTA VISIÓN CIRUGÍA OFTALMOLOGICA LTDA., el inmueble situado en la calle 86 A No. 14-16/20 de Bogotá, con Matricula Inmobiliaria 50C -365764 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad.

Segundo. Como consecuencia de la pretensión primera se condene a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES a reconocer y pagar a la soci edad ALTA VISIÓN LTDA., antes denominada ALTA VISION CIRUGÍA OFTALMOLOGICA LTDA., el valor de quinientos dieciocho millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento cincuenta pesos ($518.493.150), por concepto de daño emergente.

quinientos dieciocho millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento cincuenta pesos ($518.493.150), por concepto de daño emergente.

Tercero. Como consecuencia de la pretensión primera se condene a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES a reconocer y pagar a la sociedad ALTA VISIÓN LTDA., antes denominada ALTA VISIÓN CIRUGÍA OFTALMOLOGICA LTDA. , el valor de treinta y dos mil seiscientos millones, setecientos n oventa y un mil novecientos treinta y cinco ($32.600.791.935) por concepto de lucro cesante.

Cuarto. Se condene a la entidad demandada DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES a la actualización monetaria de los valores que debe reconocer y pagar a favor de la sociedad ALTA VISIÓN LTDA. , antes denominada ALTA VISIÓN CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA LTDA., hasta cuando se haga efectivo el pago.

Quinto. Se condene a la entidad demandada DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES al pago de costas (fls. 70 a 71 c. p.pal.).

Hechos

En apoyo de las pretensiones, l a parte actora indicó que la Dirección Nacional de Estupefacientes (en adelante DNE) convocó, como administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (en adelante «FRISCO»), a las empresas afiliadas a una lonja de propiedad raíz para

1 Según da cuenta el sello de radicación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, f. 2, c. 1. Radicación: 25000-23-26-000-2010-00516-01 (49.490)

Demandante: Alta Visión S.A.S.

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que presentaran una propuesta para la enajenación masiva de los bienes inmuebles de propiedad del «FRISCO».

Señaló que e l 28 de noviembre de 2006, la sociedad Juan Gaviria Restrepo CIA . S.A. y la D NE celebraron el contrato n°. 055 para la estructuración, promoción y venta masiva de los bienes inmuebles del «FRISCO». Sostuvo que Juan Gaviria Restrepo CIA. S.A., como promotor y simple intermediario, adjudicó a Alta Visión Cirugía Oftalmológica Ltda. el inmueble ubicado en la calle 86 A n°. 14 -16/20 de Bogotá, con matrícula inmobiliaria 50C-365764.

Indicó que el 30 de enero de 2008, Alta Visión Cirugía Oftalmológica Ltda. y la DNE celebraron promesa de compraventa sobre el inmueble ubicad o en la calle 86 A n°. 14-16/20 en Bogotá, por valor de $521.000.000. En la cláusula sexta de la promesa de compraventa, las partes pactaron que la escritura pública se otorgaría dentro de los tres días hábiles siguientes a la verificación del pago total. Adujo que la sociedad demandante cumplió con la totalidad de los pagos en los términos acordados en el contrato , pero la DNE incumplió el plazo para la escrituración y entrega del inmueble.

Señaló que el 19 de mayo de 2008, las partes suscribieron un otrosí a la promesa

entrega del inmueble.

Señaló que el 19 de mayo de 2008, las partes suscribieron un otrosí a la promesa de compraventa, mediante la cual modificaron la cláusula sexta del contrato, en el sentido de que la escritura se otorgaría en la notaría del círculo notarial de Bogotá que resultara favorecida, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de reparto notarial, el cual debería surtirse dentro de los tres días hábiles siguientes a la verificación de la entrega material del inmueble por parte del ocupante del mismo a la DNE, lo cual se estimaba en un plazo de dos meses , prorrogable p or un mes más.

Sostuvo que e l 18 de julio de 2008, la D NE informó a la promitente compradora que el inmueble continuaba ocupado y solicitó ampliar el plazo para la entrega de este. Alta Visión Cirugía Oftalmológica Ltda. no accedió a la pr órroga del plaz o, toda vez que había adquirido compromisos con ocasión del proyecto inmobiliario que desarrollaría sobre el predio.

Agregó que sólo hasta el 28 de enero de 2010, la D NE entregó el inmueble al promitente comprador , pero aún no se había realizado la corre spondiente Radicación: 25000-23-26-000-2010-00516-01 (49.490)

Demandante: Alta Visión S.A.S.

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escrituración, lo cual configuró el incumplimiento contractual y perjudicó el plan inmobiliario de la demandante, toda vez que impidió su realización en los tiempos

escrituración, lo cual configuró el incumplimiento contractual y perjudicó el plan inmobiliario de la demandante, toda vez que impidió su realización en los tiempos proyectados e implicó la recisión de varias promesas de compraventa.

Contestación de la demanda

La DNE, al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones. Esgrimió que la entidad no incumplió el contrato y tampoco ocultó información alguna sobre la situación jurídica del inmueble . Sostuvo que no es cierto que sólo con posterioridad a la suscripción de la promesa de compraventa la demandante haya conocido que el inmueble se encontraba ocupado por un tercero, puesto que en la cláusula tercera del contrato se consignó que el promitente comprador conocía y aceptaba a satisfacción las condiciones del inmueble.

Adujo que se configuró la culpa exclusiva de Alta Visión S.A.S. al celebrar promesas de compraventa sobre el proyecto inmobiliario, toda vez que la demandante conocía desde el principio que el inmueble estaba ocupado por un tercero, lo cual podría afectar el tiempo de entrega y escrituración. Agregó que los perjuicios por el presunto incumplimiento del contrato son inciertos y carecen de fundamento.

La DNE llamó en garantía a la sociedad Juan Gaviria Restrepo CIA. S.A., el cua l fue aceptado el 23 de febrero de 2011 (f. 180 c. 1). Juan Gaviria Restrepo CIA. S.A., como llamado en garantía, adujo que no causó perjuicio alguno a la demandante y que tampoco fue parte de la promesa de compraventa sobre la cual

S.A., como llamado en garantía, adujo que no causó perjuicio alguno a la demandante y que tampoco fue parte de la promesa de compraventa sobre la cual se funda la pretensión de incumplimiento (fls. 190-193 c. 1).

Fundamentos de la providencia recurrida

El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al estimar que las partes no pactaron en la promesa de compravent a un «plazo perentorio» para la entrega material del inmueble . Afirmó que no era posible , de conformidad con los términos de la promesa, determinar la fecha en la que debía otorgarse la escritura , razón por la cual no procedía la declaratoria de incumplimiento por parte de la entidad demandada.

Radicación: 25000-23-26-000-2010-00516-01 (49.490)

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En cuanto a los perjuicios reclamados por la demandante, estimó que no estaban acreditados y aun en el evento de que aquellos hubieran sido probados no serían imputables a la demandada, puesto que Alta Visión S.A. S, en su calidad de promitente compradora, tenía el deber de verificar la situación jurídica del inmueble.

Recurso de apelación

La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 6 de noviembre de 201 3 (f. 447 c. p.pal) . Reiteró que la DNE incumplió el contrato , puesto que para la fecha de presentación de la demanda aún no se había

puesto que para la fecha de presentación de la demanda aún no se había otorgado la escritura pública del inmueble, lo cual sucedió sólo hasta el 12 de octubre de 2010, es decir, diez meses después de la entrega material del bien a la promitente compradora y tres meses después de la presentación de la demanda.

Esgrimió que el Tribunal erró al interpretar la promesa de compraventa, ya que las partes sí pactaron un término para la escrituración y entrega del inmueble . Acordaron que l a escritura pública se otorgaría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de reparto notarial, el cual se realizaría dentro de los tres días hábiles siguientes a la verificación de la entrega material del inmueble por parte del ocupante a la DNE, trámite cuyo plazo se estim ó en dos meses , prorrogable por un mes más . Asimismo, las partes acordaron que la entrega del inmueble al promitente comprador se realizaría dentro de los treinta días siguientes a la presentación de los certificados de libe rtad y tradición en los que constara la venta debidamente registrada.

Sostuvo que la fecha de escrituración y entrega del inmueble estuvo sujeta a un «plazo perentorio , concreto y no estimado » de dos meses. Afirmó que la naturaleza «perentoria» del plazo se corrobora con que éste podía ser prorrogado por un mes más, aunado al hecho de que finalizado el plazo de dos meses la DNE solicitó ampliarlo, toda vez que no se había logrado la entrega material del mismo por parte del ocupante a la DNE . Así las cosas, como la entidad no escrituró ni entregó el inmueble dentro de l plazo acordado, se configuró el incumplimiento de la promesa.

entregó el inmueble dentro de l plazo acordado, se configuró el incumplimiento de la promesa.

Finalmente, afirmó que el Tribunal desconoció los contratos y los testimonios que daban cuenta de los perjuicios que Alta Visión S.A.S. sufrió por el incumplimiento Radicación: 25000-23-26-000-2010-00516-01 (49.490)

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en la escrituración y entrega del inmueble, consistentes, en esencia, en la imposibilidad de construir su edificación en el término proyectado.

Trámite de segunda instancia

El 23 de enero de 2014, el Despacho admitió el recurso de apelación (f. 451 c. p.pal) y, el 20 de febrero siguiente (f. 460 c. p.pal), se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público y el llamado en garantía guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 26 de julio de 2010 (f. 2 c. 1) , el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA –. Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos inicia dos antes de la vigencia de ese código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento

notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012 – prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régime n jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC – en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictada s en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía porque, de Radicación: 25000-23-26-000-2010-00516-01 (49.490)

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conformidad con el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo

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conformidad con el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 20.2 del CPC, el valor de la suma de las p retensiones –33.119.285.085 (fls. 70-71 c. 1)– supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 del CCA, esto es, $ 257.500.0002.

Acción procedente

3. La acción contractual es el medio de control idóneo cuando se alega el incumplimiento de un contrato (arts. 1546 y 1602 del CC y 87 del CCA).

Demanda en tiempo

4. El término para formular pretensiones, en la acción contractual, según el artículo 136.10 del CCA, aplicable al trámite del proceso, es de dos años, que se cuentan desde que ocurren los moti vos de hecho o derecho que le sirven de fundamento

(art. 40 de la Ley 153 de 1887). Según la demanda, la DNE incumplió la promesa de compraventa , porque no escrituró y no entregó el inmueble dentro del plazo acordado que, de conformidad con la cláusula sexta de la promesa , se estimó en dos meses contados a partir de la suscripción del otrosí de 19 de mayo 2008 , y este hecho es el fundamento de la demanda (f. 71 c. 1).

La demanda se interpuso en tiempo –26 de julio de 2010 –, porque el término de caducidad comenzó a correr a partir del día siguiente del presunto incumplimiento,

es decir, a partir del 20 de julio de 2008, por lo cual feneció el 2 1 de julio de 2010, día hábil siguiente a la expiración del plazo (art. 121 del CPC, aplicable por disposición del art. 267 del CCA) . Como el 18 de mayo de 2010 se presentó solicitud de conciliación prejudicial, el término de caducidad se suspendió hasta el 26 de julio siguiente, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001, fecha en que se celebró la audiencia y fue declarada fallida, según da cuenta original del acta de esa diligencia (f. 428 c. 2). Al día siguiente se reanudó el conteo del término por los dos meses y tres días faltantes, que vencieron el 29 de septiembre de 2010.

Legitimación en la causa

2 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2010, $515.000, por 500. Radicación: 25000-23-26-000-2010-00516-01 (49.490)

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5. Alta Visión Cirugía Oftalmológica Ltda. –hoy Alta Visión S.A.S.– está legitimada en la causa por activa y la Dirección Nacional de Estupefacientes (liquidada)3 se encontraba legitimada en la causa por pasiva, porque suscribi eron la promesa de compraventa (fls. 23-31 c. 1). El 4 de mayo de 2015, el Despacho reconoció como

sucesor procesal de la entidad demandada a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (fls. 491 -496 c. p.pal.) y el 17 de abril de 2020 reconoció el cambio de denominación de la parte demandante (f. 522 c. p.pal). Juan Gaviria Restrepo CIA. S.A. también está legitimado en la causa como llamado en garantía reconocido en primera instancia (f. 180 c. 1).

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede declarar el incumplimiento de una promesa de compraventa por el retraso en la entrega y escrituración de un inmueble.

Análisis de la Sala

6. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 del CPC, esto es, frente a los aspectos que fueron objeto de reproche en el recurso.

7. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio4.

8. La DNE aportó la escritura pública de compraventa n°. 9485 de 26 de octubre

de 2010, del bien inmueble ubicado en la calle 86 A # 14-16/20, suscrita entre Alta Visión Ltda. –hoy Alta Visión S.A.S.– como compradora y la DNE como vendedora (fls. 357-377 c. 1). El 29 de mayo de 2013, el Tribunal rechazó por improcedente la solicitud, al considerar que el decreto de pruebas de oficio no procede a solicitud de parte, sino que el juez por iniciativa propia decide si las decreta (fls. 390-392 c. 1).

de parte, sino que el juez por iniciativa propia decide si las decreta (fls. 390-392 c. 1).

El régimen jurídico del contrato

3 El Decreto 3183 de 2 de septiembre de 2011, modificado por los Decretos 45 88 de 2 de diciembre de 2011, 319 de 7 de febrero de 2012, 1420 de junio de 2012 y 2177 de octubre de 2013, dispuso la supresión y liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agost o de 2013, Rad. nº. 25.022 [fundamento jurídico 1]. Radicación: 25000-23-26-000-2010-00516-01 (49.490)

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9. El artículo 255 de la Ley 333 de 1996, mediante el cual se creó el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado «FRISCO», estableció que este Fondo funcionaría como una cuenta especial sin personería jurídica a la que ingresarían los bienes objeto de extinción de dominio y sería administrado por la Dirección Nacional de Estupefacientes6.

Según los artículos 75 7 de la Ley 998 de 2005 y 78 del Decreto 4731 de 2005, la administración y enajenación de los activos y demás bienes q ue formaran parte del «FRISCO» se haría por la DNE de conformidad con las normas de derecho privado y «observando» los principios del artículo 209 de la CN, para cuyos

del «FRISCO» se haría por la DNE de conformidad con las normas de derecho privado y «observando» los principios del artículo 209 de la CN, para cuyos efectos el Consejo Nacional de Estupefacientes expediría el correspondiente instructivo.

El Consejo Nacional de Estupefacientes, mediante Resolución n°. 23 de 2006 – publicada en el Diario Oficial n°. 46.349 de 3 de agosto de 2006 –, expidió el instructivo para la enajenación y administración de activos y demás bienes que forman parte del «FR ISCO». De conformidad con las consideraciones del instructivo, todos aquellos inmuebles sobre los cuales se hubiera proferido decisión judicial de extinción de dominio y registrados como activos del Fondo serían objeto de enajenación y su administración y proceso de venta se regiría por las normas de derecho privado.

Para la enajenación de los bienes del «FRISCO», de conformidad con el instructivo, la DNE seleccionaría y contrataría una empresa del sector inmobiliario adscrita a una lonja de propiedad raíz que se encargaría de la promoción y venta masiva de los bienes inmuebles (art. 2). El reglamento estableció que el promotor podría adelantar procesos de «enajenación directa» en el marco de una subasta

5 Artículo 25 de la Ley 333 de 1996. Créase el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado, que funcionará como una cuenta especial sin personería jurídica admini strada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional

de Estupefacientes. Los bienes objeto de extinción del dominio, sin excepciones de naturaleza alguna hechas las deducciones a que se refiere el artículo 21 de la presente Ley, según el caso, formarán parte de los recursos de este Fondo (…). 6 De conformidad con el artículo 2 del Decreto 2159 de 1992, la Dirección Nacional de Estupefacientes era una entidad de carácter técnico organizada como un a unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Justicia, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, patrimonio propio y régimen especial de contratación. 7 Artículo 75 de la Ley de la Ley 998 de 2005 La administración y enajenación de los activos y demás bienes que formen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), se hará por la Dirección Nacional de Estupefacientes de conformidad con normas de derecho privado y observando los principios del artículo 209 de la Constitución. Para el efecto, el Consejo Nacional de Estupefacientes expedirá el correspondiente instructivo. Radicación: 25000-23-26-000-2010-00516-01 (49.490)

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pública (art. 9.2) y la venta del inmueble estaría c ondicionada y sujeta a la aprobación del por parte de la DNE (art. 9.4.3). La escritura pública se otorgaría previa verificación completa del pago (art. 9.8) y la entrega material del inmueble

se haría al comprador en el estado en que se encontrara (art. 9.9).

10. El contrato de promesa de compraventa de 30 de enero de 2008 sobre el que gravita el presente debate, fue precedido por una invitación para seleccionar un promotor que ofreciera un plan de ventas para lograr la enajenación masiva de bienes inmuebles pertenecientes al « FRISCO». La adjudicación del contrato para la promoción de inmuebles se hizo a la sociedad Juan Gaviria Restrepo CIA. S.A. y dentro de aquellos bienes que le fueron adjudicados para su enajenación estaba el correspondiente a la matrícula inmobiliaria 50C-365764 (fls. 97-107 c. 1).

El promotor, previo el cumplimiento de los requisitos que señalaba el instructivo, adelantó el mecanismo de «enajenación directa» y adjudicó a Alta Visión Cirugía Oftalmológica Ltda. el referido inmueble (fls. 16-20 c. 2) . Posteriormente, la DNE aprobó la enajenación e informó de la decisión al promitente comprador (f. 21 c. 2).

El 30 de enero de 2008, la DNE y Alta Visión Cirugía Oftalmológica Ltda. celebraron la promesa de compraventa sobre el inmueble ubicado en la Calle 86 A # 14 -18/20 en Bogotá con matrícula inmobiliaria 50C -365764. En la cláusula segunda del contrato se dispuso que el inmueble objeto de la promesa era de propiedad del «FRISCO», de conformidad con la sentencia de extinción de dominio del Tribunal Superior de Bogotá que se encontraba debidamente

propiedad del «FRISCO», de conformidad con la sentencia de extinción de dominio del Tribunal Superior de Bogotá que se encontraba debidamente ejecutoriada e inscrita en el folio de matrícula n°. 50C-365764 (fls. 25-31 c. 1).

De manera entonces que el contrato de promesa de compraventa , en el que se sustentan las pretensiones de la demanda, se celebró para enajenar un inmueble de propiedad del «FRISCO» y su objeto consistió en celebrar la compraventa sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria 50C -365764, de propiedad de dicho Fondo. En ese sentido, la Sala considera que se enmarca dentro del supuesto del artículo 75 de la Ley 998 de 2005 –vigente al momento de la celebración del contrato– y, por tal motivo, su régimen corresponde, en esencia, al derecho privado.

Radicación: 25000-23-26-000-2010-00516-01 (49.490)

Demandante: Alta Visión S.A.S.

Demandado: Sociedad de Activos Especiales-SAE S.A.S.

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Naturaleza del contrato suscrito por las partes

11. El contrato fue denominado «contrato de promesa de compraventa» según se desprende de su encabezado (fls. 23 -31 c. 1). En la cláusula primera del contrato se pactó que la DNE –en su condición de promitente vendedor – se obligaba a vender a Alta Visión Cirugía Oftalmológica Ltda. –como promitente comprador– el

derecho de dominio y posesión sobre el inmueble ubicado en la Calle 86 A # 1418/20 en Bogotá con matrícula inmobiliaria 50C -365764, en el estado físico y jurídico en el que se encontrara (fls. 25-26 c. 1).

Se estipu ló que el promitente comprador declaraba conocer y haber identificado plenamente el inmueble objeto del contrato y lo recibiría a entera satisfacción en el estado físico y jurídico en el que se encontrara. En el contrato también se estipuló que «la escritura pública se otorgaría en la notaría del Círculo Notarial de la ciudad de Bogotá, que resultara favorecida, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de reparto notarial el cual se debería surtir dentro de los tres días hábiles siguientes a la verificación de la entrega material del inmueble por parte del ocupante del mismo a la Dirección Nacional de Estupefacientes, trámite cuyo plazo se estimaba se surtiera en dos meses (…)» (otrosí, fls. 34-37 c. 1).

12. La calificación de la naturaleza j urídica de un contrato parte del análisis de su contenido, derechos y obligaciones y no de la denominación manifestada por los contratantes. Los rasgos de la esencia 8 de un contrato provienen, en el caso de los contratos típicos, de una norma positiva, y, por ende, la calificación de su naturaleza está determinada más por ella que por la voluntad de las partes, quienes son libres de definir el objeto y contenido prestacional de su convención mas no de disponer sobre los rasgos de la esencia de los contratos típicos9.

quienes son libres de definir el objeto y contenido prestacional de su convención mas no de disponer sobre los rasgos de la esencia de los contratos típicos9.

8 Código Civil, artículo 1501: “Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, l as que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.” 9 «Esta Corporación en sendas ocasio nes ha sostenido que al margen de la denominación que se le imprima a un determinado negocio jurídico, tal circunstancia no resulta determinante de la tipología a la que obedece, pues para tal fin indefectiblemente deben consultarse los elementos de su ese ncia, sin cuya concurrencia u observancia el negocio jurídico sería inexistente o se convertiría en otro diferente ». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 15 de febrero de 2018, Rad. 55.147 [fundamento jurídico 1]. Ver también Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, rad. n°. 14390 [fundamento jurídico 1]. Radicación: 25000-23-26-000-2010-00516-01 (49.490)

Demandante: Alta Visión S.A.S.

Demandado: Sociedad de Activos Especiales-SAE S.A.S.

Asunto: Acc