CE - Sentencia 73001233300020250037501 de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Pérdida de investidura Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01

Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio Accionado: Luis Eduardo Suárez Vega Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura de los concejales

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el accionado contra la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Luis Eduardo Suárez Vega, concejal del municipio de Ortega (Tolima).

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura1

1. El señor Gustavo Adolfo Collazos Roncancio, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó la pérdida de investidura del señor Luis Eduardo Suárez Vega, concejal del municipio de Ortega (Tolima) para el periodo 2024 - 2027.

I.1.1. Los hechos

2. Aseveró que los señores Luis Eduardo Suárez Vega y María del Rosario Lozano Rubiano aspiraron por el Movimiento Político Alianza Democrática Amplia -ADA en

I.1.1. Los hechos

2. Aseveró que los señores Luis Eduardo Suárez Vega y María del Rosario Lozano Rubiano aspiraron por el Movimiento Político Alianza Democrática Amplia -ADA en las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023.

3. Afirmó que el accionado fue elegido concejal del municipio de Ortega (Tolima) para el período constitucional 2024-2027 y que la señora Lozano Rubiano no resultó elegida.

1 Cfr. índice 3 del expediente digital de primera instancia. 2 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.2

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Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

4. Expuso que el 13 de noviembre de 2024 la mesa directiva del concejo municipal de Ortega publicó la Resolución 30 de 12 de noviembre de 20243, mediante la cual se efectuó la convocatoria a los interesados a postularse en el cargo de secretario de esa corporación pública.

5. Manifestó que el accionado, en la sesión de 28 de noviembre de 2024, en la cual se efectuó la elección de la secretaría general, participó en ella, pues intervino resaltando la labor desempeñada por el antiguo secretario y recordando la importancia de elegir un secretario que represente a toda la corporación y votó a favor de la aspiración de la señora María del Rosario Lozano Rubiano, sin declararse impedido, a pesar de que hicieron par te de la misma lista por el

Movimiento Político Alianza Democrática Amplia -ADA.

favor de la aspiración de la señora María del Rosario Lozano Rubiano, sin declararse impedido, a pesar de que hicieron par te de la misma lista por el Movimiento Político Alianza Democrática Amplia -ADA.

I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura

6. El demandante fundamentó su solicitud en los artículos 70 de la Ley 136 de 2 de junio de 19944; 48, numeral 1., de la Ley 617 de 6 de octubre de 20005; y el artículo 11, numerales 1° y 14°. de la Ley 1437.

7. Manifestó que según los numerales 1° y 14° del artículo 11 de la Ley 143 7, los concejales tienen prohibido votar por un socio de hecho o de derecho y tienen la condición de socios las personas que hubiesen hecho parte de la lista de candidatos a cuerpos colegiados por el mismo período.

8. Consideró que al accionado le asistía un interés particular, directo y actual derivado de su participación en la elección del secretario general de la corporación, con quien integró la lista por el mismo partido político, con el objetivo de ubicar laboralmente a la señora María del Rosario Lozano Rubiano, como contraprestación a su participación en la lista y que sirvió para obtener su credencial como concejal.

9. Invocó la jurisprudencia de esta Corporación sobre el conflicto de intereses así como la sentencia de 2 de mayo de 2025, proferida por la Sección Primera, en la cual se decretó la pérdida de investidura de un concejal del municipio de Girardot, por haber incurrido en la violación del régimen del conflicto de intereses, por haber participado y votado en la elección de un secretario de esa corporación, con quien

cual se decretó la pérdida de investidura de un concejal del municipio de Girardot, por haber incurrido en la violación del régimen del conflicto de intereses, por haber participado y votado en la elección de un secretario de esa corporación, con quien integró la lista inscrita por el mismo partido político para las elecciones al concejo, sin haberse declarado impedido.

10. Sostuvo que la conducta del accionado fue negligente y gravemente culposa puesto que, aunque ostentaba la condición de presidente del concejo, votó por su

3 “[…] Por medio de la cual el Honorable Concejo Municipal de Ortega Tolima realiza convocatoria pública para la elección de Secretario (a) del Concejo Municipal de Ortega (Tolima) para el año fiscal 2025. […]”. Cfr. índice 3 del expediente digital de primera instancia «6ED_006_PRUEBA29102025_0(.pdf) NroActua 3». 4 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”. 5 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.3

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Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

compañera de lista y, además, como lo expuso la Sección Primera en un asunto similar, ante la claridad del supuesto fáctico en el que se encontraba y su perfecta

Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

compañera de lista y, además, como lo expuso la Sección Primera en un asunto similar, ante la claridad del supuesto fáctico en el que se encontraba y su perfecta correspondencia con el supuesto normativo que le exigía manifestar su impedimento, omitió dirigir su conducta en dicho sentido.

I.2. Oposición del concejal6

11. El concejal accionado, a través de apoderado, contestó la solicitud formulada en su contra y se opuso a sus pretensiones.

12. Se pronunció en relación con los hechos de la demanda y, en especial, indicó que la señora María del Rosario Lozano Rubiano presentó renuncia a su candidatura el 3 de octubre de 2024, la cual le fue aceptada el 4 de octubre de 2024; aclaró que el señor Luis Eduardo Suárez Vega no hacía parte de la mesa directiva y señaló que su coincidencia en la lista se presentó un año antes de la elección de secretaria.

13. Manifestó que no existe prueba sobre la existencia de una posible sociedad desde el punto de vista jurídico y económico y que el solo hecho de que se presente una coincidencia con la misma lista electoral no implica la existencia de un interés directo susceptible de configurar causal de pérdida de investidura.

14. Señaló que las afirmaciones del actor se basan en apreciaciones subjetivas, carentes de sustento fáctico y probatorio, toda vez que el conflicto de intereses debe acreditarse oportunamente, ser aplicado de manera restrictiva, sin que pueda presumirse ni inferirse de manera analógica.

15. Añadió que el accionado tampoco vulneró el régimen de prohibiciones de los

acreditarse oportunamente, ser aplicado de manera restrictiva, sin que pueda presumirse ni inferirse de manera analógica.

15. Añadió que el accionado tampoco vulneró el régimen de prohibiciones de los artículos 48 y 49 de la Ley 136, dado que no se demostró la existencia de un vínculo por matrimonio o de compañeros permanentes o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad con la señora María del Rosario Lozano Rubiano.

16. Argumentó que la actuación del concejal se dio como resultado del ejercicio legítimo de su derecho al voto, sin haber tenido injerencia ni participación en el proceso de convocatoria y designación de la secretaria general, ya que la mesa directiva de la corporación era la encargada de efectuar los estudios de las hojas de vida de los aspirantes y de efectuar su selección para las entrevistas.

17. Afirmó que su participación en la designación de la señora María del Rosario Lozano Rubiano no le reportó ningún beneficio de carácter económico, jurídico o patrimonial que pudiera derivarse de la decisión adoptada.

18. Con fundamento en los anteriores argumentos , solicitó que fueran negadas las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura.

6 Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia.4

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Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

I.3. La sentencia de primera instancia7

19. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 11 de diciembre de 2025 accedió a las pretensiones de la demanda.

I.3. La sentencia de primera instancia7

19. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 11 de diciembre de 2025 accedió a las pretensiones de la demanda.

20. Explicó que debía determinarse si la participación del concejal Luis Eduardo Suárez Vega en la sesión del 28 de noviembre de 2024, en la cual intervino y votó en la elección de María del Rosario Lozano Rubiano como secretaria general del Concejo Municipal de Ortega, configura un conflicto de intereses constitutivo de pérdida de investidura.

I.3.1. Estudio del elemento objetivo

21. Abordó lo relativo a las características de la institución de pérdida de investidura, su naturaleza, los requisitos para la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por la violación del régimen de conflicto de intereses y se refirió a las pruebas allegadas al proceso.

22. Manifestó que se demostró que el señor Luis Eduardo Suárez Vega y la señora María del Rosario Lozano Rubiano hicieron parte de una misma lista de candidatos al Concejo Municipal de Ortega, inscrita por el Movimiento Político Alianza Democrática Amplia -ADA, para las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, según se demuestra con el Formulario E -26 CON y la certificación expedida por el representante legal del mismo partido político, en la cual se confirma que ambos ciudadanos concurrieron en la mis ma plancha electoral con el aval de esa colectividad por el referido movimiento.

23. Encontró acreditado que el accionado participó en la elección realizada el 28 de noviembre de 2024, en la cual se efectuó la elección de la señora María del Rosario

colectividad por el referido movimiento.

23. Encontró acreditado que el accionado participó en la elección realizada el 28 de noviembre de 2024, en la cual se efectuó la elección de la señora María del Rosario Lozano Rubiano como secretaria general del concejo.

24. Argumentó que la pertenencia conjunta a la misma lista electoral constituye un presupuesto fáctico objetivo que, según la valoración anticipada del legislador, genera una afinidad política suficiente para comprometer la imparcialidad del servidor público.

25. Refirió que tal interés resulta particular, directo y jurídicamente relevante, el cual surge del vínculo político construido dentro del proceso electoral, puesto que quienes integran una lista comparten estrategias, respaldo partidario y expectativas de representa ción conjunta, lo cual se traduce en una posible reciprocidad o solidaridad política que el ordenamiento busca prevenir en escenarios decisorios como el que aquí se examina.

26. Consideró acreditado el requisito relativo al interés privado concurrente, ya que el accionado participó y votó en un asunto en el que intervenía una persona con la

7 Cfr. Índice 36 del expediente digital de primera instancia.5

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Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

cual mantenía un vínculo expresamente previsto por la ley como generador de interés particular, sin haber manifestado impedimento de manera previa a su intervención en la elección.

27. Resaltó que la elección del secretario general se enmarca en las actuaciones constitucionales y legales propias de los concejos y corresponde a un acto interno

intervención en la elección.

27. Resaltó que la elección del secretario general se enmarca en las actuaciones constitucionales y legales propias de los concejos y corresponde a un acto interno de la organización institucional.

28. Manifestó que por disposición del numeral 14 del artículo 11 del CPACA, en la situación descrita por el legislador se acredita la existencia de un interés particular que activa el deber de manifestar impedimento cuando el miembro interviene en asuntos que involucren a quien integró con el servidor la misma lista electoral.

29. Sostuvo que el vínculo político demostrado no es hipotético ya que se trata de una relación de afinidad política inmediata, surgida en el mismo proceso electoral que permitió al demandado acceder a su curul y, conforme a la lógica de la norma, comporta un riesgo objetivo de parcialidad. Por lo tanto, el haber participado en la deliberación y votación que culminó con la elección de su excompañera de lista, el concejal actuó en un escenario donde confluyó un inter és personal jurídicamente relevante, cuya existencia no depende del análisis de beneficios concretos ni del resultado de la votación, sino de la sola verificación de la situación descrita en la norma.

30. Explicó que el accionado intervino en la sesión de 28 de noviembre de 2024 sin manifestar su impedimento, a pesar de que el marco jurídico le imponía el deber de abstenerse ante la existencia de un interés previamente calificado por el legislador, pues la coincidencia en la misma lista electoral constituye un presupuesto fáctico suficiente para activar la obligación de declararse impedido conforme a la interpretación restrictiva que gobierna esta causal.

pues la coincidencia en la misma lista electoral constituye un presupuesto fáctico suficiente para activar la obligación de declararse impedido conforme a la interpretación restrictiva que gobierna esta causal.

I.3.2. Estudio del elemento subjetivo

31. Abordó el caso concreto y se refirió a los requisitos para la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por la violación del régimen de conflicto de intereses.

32. Manifestó que la existencia de un vínculo previo, sumado al deber legal de verificar la concurrencia de las causales de impedimento antes de intervenir en cualquier votación hacía exigible una conducta distinta.

33. Señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado, al estudiar un caso similar, enfatizó en que la concurrencia de un interés particular derivado de una relación política previa que activa las prohibiciones legales previstas para garantizar su imparcialidad, la omisión de manifestar impedimento y la participación en la actuación configuran, por lo menos, culpa grave.6

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01

Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

34. Sostuvo que el comportamiento del accionado evidencia ausencia de diligencia mínima, en tanto que no obra en el expediente prueba alguna de que hubiese intentado consultar, verificar o solicitar concepto sobre la posible configuración de conflicto de intereses.

35. Adujo que el accionado p articipó en la elección del secretario del concejo sin exteriorizar duda alguna , ni siquiera extemporáneament e, a pesar de encontrarse

conflicto de intereses.

35. Adujo que el accionado p articipó en la elección del secretario del concejo sin exteriorizar duda alguna , ni siquiera extemporáneament e, a pesar de encontrarse frente a una situación expresamente regulada en la ley como causal de impedimento. Además de ello, el accionado alegó en su defensa que la causal de pérdida de investidura no era aplicable por no existir vínculos vigentes, para lo cual, aclaró que esta causal no exige militancia en curso ni relación partidista actual, sino únicamente haber compartido la lista electoral, circunstancia que se encuentra plenamente acreditada , ya que el accionado estaba en condiciones materiales y jurídicas de conocer.

36. Argumentó que el desconocimiento de la norma no constituye excusa válida para excluir responsabilidad y menos aún en el ámbito de la pérdida de investidura, donde se exige del servidor público un estándar reforzado de diligencia en el cumplimiento de sus deberes. A dicionalmente, se demostró que la ESAP ofreció cursos de inducción a concejales electos para el periodo 2024 -2027, orientados precisamente a brindar herramientas sobre el funcionamiento de la corporación, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, lo cual refuerza la exigibilidad del conocimiento mínimo de las normas que rigen el ejercicio del cargo.

37. Advirtió que tampoco se demostró la existencia de una causal excluyente de responsabilidad como la buena fe exenta de culpa, el error invencible, el caso fortuito o fuerza mayor u otra circunstancia excepcional que imposibilite atribuir responsabilidad.

responsabilidad como la buena fe exenta de culpa, el error invencible, el caso fortuito o fuerza mayor u otra circunstancia excepcional que imposibilite atribuir responsabilidad.

38. En síntesis, expresó que “[…] no concurre ninguna circunstancia objetiva ni subjetiva que excluya la responsabilidad del concejal, ni que permita considerar que su conducta se desarrolló bajo un contexto que elimine o atenúe la carga de culpabilidad. En ausencia de una justificaci ón válida, se mantiene la configuración plena del juicio subjetivo de responsabilidad, condición sine qua non para la procedencia de la sanción de pérdida de investidura. Esta conclusión se armoniza con la doctrina constitucional que exige que todo reproch e sancionatorio esté soportado no solo en la antijuridicidad de la conducta, sino en la atribución válida de culpa o dolo, en aras de preservar la proporcionalidad y legitimidad de las decisiones judiciales. […]”.7

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01

Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

I.4. El recurso de apelación8

39. El accionado presentó recurso de apelación con el propósito de que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se deniegue la solicitud de pérdida de investidura, con fundamento en los siguientes argumentos:

I.4.1. Desconocimiento del principio de tipicidad, de legalidad y de interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura

40. Afirmó que el a quo incurrió en error al haber señalado que la normatividad

I.4.1. Desconocimiento del principio de tipicidad, de legalidad y de interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura

40. Afirmó que el a quo incurrió en error al haber señalado que la normatividad aplicable era el artículo 11 de la Ley 1437 debido a que, a su juicio, debió acudirse al artículo 70 de la Ley 136 o, en su defecto, el artículo 1° de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 20199.

41. Adujo que la anterior interpretación encuentra sustento en la sentencia de 16 de abril de 2020, proferida por la Sección Primera de esta Corporación bajo el radicado núm. 54001-2333-000-2019-00091-0110, criterio jurisprudencial que ha sido pacífico hasta la fecha, en la cual se señaló que no se debía aplicar la norma general sino la disposición especial, esto es, el artículo 70 de la Ley 136 o, en su defecto, el artículo 1 de la Ley 2003 , tesis a su vez reiterada por la Sección, en sentencia de 18 de marzo de 202111.

42. Refirió que ante la existencia de duplicidad de normas aplicables y con sujeción a los principios pro homine , de favorabilidad y de aplicación restrictiva debió aplicarse la norma especial, no la general.

43. Anotó que el principio de legalidad se encuentra reconocido en los artículos 6, 29 y 121 de la Constitución Política, según los cuales toda actuación sancionatoria exige que se funde en una norma clara, preci sa y específica y que en materia sancionatoria este principio adquiere una intensidad reforzada dada la naturaleza excepcional y permanente de la sanción.

exige que se funde en una norma clara, preci sa y específica y que en materia sancionatoria este principio adquiere una intensidad reforzada dada la naturaleza excepcional y permanente de la sanción.

44. Expuso que la Corte Constitucional ha señalado que las normas sancionatorias no admiten interpretaciones extensivas ni analógicas en perjuicio del investigado y que el juez debe ceñirse estrictamente a la disposición que regule de manera expresa el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica.

45. Sostuvo que el juez no puede presumir la existencia de un interés implícito porque dicha interpretación desconoce el principio de tipicidad que rige en materia sancionatoria.

8 Cfr. Índice 42 del expediente digital de primera instancia. 9 “[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. […]”. 10 Citó: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de abril de 2020.

Radicado núm.: 54001233300020190009101. Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. 11 Citó: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de marzo de 2021.

Radicado núm.: 85001233300020200001602. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.8

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01

Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

I.4.2 Insuficiencia probatoria para demostrar la existencia de un interés directo, particular y actual

Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

I.4.2 Insuficiencia probatoria para demostrar la existencia de un interés directo, particular y actual

46. Manifestó que no existe prueba sumaria que permita establecer el beneficio particular, directo y actual, puesto que si bien se demostró que el concejal votó por su excompañera de lista para ser elegida secretaria de la corporación, el solo hecho de votar por el candidato no resulta suficiente para concluir que se presentó un interés, en tanto que se requiere la constatación real de su existencia.

47. Añadió que la Corte Constitucional en sentencia SU 379 de 2019 precisó que el juez no puede detenerse exclusivamente en la existencia de un factor objetivo – vínculo de consanguinidad -, sino que también debe evaluar la subjetividad de la conducta. De allí que debe demostrarse de manera evidente que se presentó un interés directo, particular, actual y de carácter moral o económico, cuya configuración no puede presumirse ni derivarse de vínculos genéricos, de suposiciones y tampoco de la sola participación del accionado en un trámite de votación o elección.

48. Indicó que la sentencia de primera instancia no efectuó un estudio serio, individualizado y verificable sobre la conducta desplegada por el accionad o, toda vez que la imputación sobre la culpa grave resulta meramente declarativa y aparente, en abierta contradicción con los estándares constitucionales y jurisprudenciales que gobiernan la pérdida de investidura.

I.4.3. Cuestionamientos sobre el análisis del elemento subjetivo e insuficiencia probatoria para demostrar el dolo y la culpa grave

jurisprudenciales que gobiernan la pérdida de investidura.

I.4.3. Cuestionamientos sobre el análisis del elemento subjetivo e insuficiencia probatoria para demostrar el dolo y la culpa grave

49. Señaló que el tribunal incurrió en un razonamiento circular, al presumir la culpa a partir del mismo presupuesto que utilizó para estructurar el conflicto de intereses, sin diferenciar entre la existencia objetiva de una situación potencial de impedimento y el juicio de reproche sancionatorio.

50. Sostuvo que el estudio que efectuó sobre la culpa resulta superficial y es inexistente a la luz de los criterios jurisprudenciales que se exigen para el estudio del elemento subjetivo, máxime cuando en esta clase de procesos se exige la plena prueba para demostrar el dolo o culpa grave.

51. Adujo que, contrario a lo considerado por el tribunal, no existían elementos de prueba que lleven a la certeza de la materialización de los requisitos que se exigen para la configuración del conflicto de intereses.

52. Afirmó que la sentencia de primera instancia desconoce el principio de proporcionalidad en esta clase de juicios. Sobre el particular, precisó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las sanciones que restringen los derechos políticos deben superar un test estricto de proporcionalidad,9

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01

Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

de ahí que la pérdida de investidura, al producir efectos permanentes, solo resulta legítima cuando la conducta es grave, inequívoca y lesiva del interés general.

Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

de ahí que la pérdida de investidura, al producir efectos permanentes, solo resulta legítima cuando la conducta es grave, inequívoca y lesiva del interés general.

I.5. Trámite del recurso de apelación

53. El magistrado sustanciador en primera instancia a través de proveído de 24 de febrero de 202612 concedió la alzada y remitió el proceso al Consejo de Estado.

54. La Sección Quinta del Consejo de Estado por auto de 17 de marzo de 2026 13 remitió el proceso a la Sección Primera de esta Corporación.

55. A través de proveído de 24 de abril de 202614 se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del accionado contra la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del

Tolima.

56. Dentro del traslado, la parte demandante, el accionado y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

57. Esta Sala de Decisión, para efectos de resolver la presente controversia, abordará: i) su competencia; ii) la acreditación de la condición del accionado como concejal; iii) el problema jurídico; y iv) el estudio del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses y; v) conclusión.

II.1. La competencia

58. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley

conclusión.

II.1. La competencia

58. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201915, expedido por la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15016 de la Ley 1437.

II.2. La acreditación de la condición de concejal

59. La condición del accionado Luis Eduardo Suárez Vega como concejal del municipio de Ortega (Tolima) para el período 2024 -2027 se encuentra acreditada con la copia del Formulario E -26 CON de la Registraduría Nacional del Estado

12 Cfr. Índice 50 del expediente digital de primera instancia. 13 Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia. 14 Cfr. Índice 11 del expediente digital de segunda instancia. 15 Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”. 16 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.10

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.10

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2025-00375-01

Accionante: Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

Civil17. Queda así acreditada su condición como parte pasiva de este medio de control de pérdida de investidura.

II.3. El problema jurídico

60. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, de acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201218, aplicables por virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y

306 de la Ley 1437, observa lo siguiente:

61. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de 11 de diciembre de 2025, decretó la pérdida de investidura del concejal Luis Eduardo Suárez Vega al encontrar acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses establecida en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley y el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, derivado de su participación en la sesión de 28 de noviembre de 2024 en la cual se efectuó la elección de la señora María del Rosario Lozano Rubiano como secretaría general de la corporación , con quien había integrado la misma lista de candidatos al concejo durante las elecciones realizadas en el año

2024 en la cual se efectuó la elección de la señora María del Rosario Lozano Rubiano como secretaría general de la corporación , con quien había integrado la misma lista de candidatos al concejo durante las elecciones realizadas en el año 2023, sin haberse declarado impedido para intervenir y votar en esa elección.

62. El accionado en el recurso de apelación estima en síntesis que:

1. La norma que regula el conflicto de inte reses es la normatividad especial la cual se encuentra prevista en el artículo 70 de la Ley 136 o en el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019 , las cuales deben prevalecer en su