CE - Auto interlocutorio 08001233300020160043201 de 2026

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 08001233300020160043201 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001-23-33-000-2016-00432-01 (0093-2025)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandada: Lilian Pájaro de Silvestri

Asunto: Resuelve solicitudes de aclaración y adición de sentencia

AUTO

Asunto

Decide la Sala las solicitudes de aclaración y adición presentada s por la parte demandada respecto de la sentencia del 5 de marzo de 2026 proferida por esta Subsección, con la cual se revocó la sentencia proferida el 12 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que había negado las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. Hechos que dieron lugar a la solicitud de aclaración y adición de la sentencia

1.1.1. La demanda

1. La Ugpp presentó demanda 2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) UGM 9467 del 25 de

restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) UGM 9467 del 25 de octubre de 2006 mediante la cual Cajanal reliquidó y modificó la Resolución 18232 del 24 de abril de 2006 y fijó como monto de la pensión la suma de $10.352.059,94; ii) UGM 001817 del 25 de julio de 2011 con la que se efectuó una nueva reliquidación de la pensión con base en la asignación básica más elevada del último año de servicio con inclusión de todos los factores salariales devengados en dicho período, conforme con el Decreto 546 de 1971, y se elevó la mesada a

1 Ugpp. 2 Índice 7 tribunal documento denominado «7_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01DEMANDAANEXOS(.pdf) NroActua 7». Páginas 1 a 15. La demanda fue presentada el 23 de abril de 2015. 3 En adelante CPACA.Radicado: 08001-23-33-000-2016-00432-01 (0093-2025) Demandante: Ugpp $13.784.275,63; y iii) UGM 053685 del 3 de agosto de 2012 mediante la cual modificó el artículo 6 de la Resolución UGM 001817 del 25 de julio de 2011, en lo relacionado «con los factores salariales».

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) el reintegro indexado de $156.042.046, suma pagada en exceso por

relacionado «con los factores salariales».

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) el reintegro indexado de $156.042.046, suma pagada en exceso por concepto de mesadas pensionales, causadas desde la entrada en vigencia de las resoluciones demandadas y las que se causaran con posterioridad; ii) que se declarara que la Ugpp no estaba obligada al pago de la prestación pensional en los términos liquidados en las resoluciones demandadas; y iii) la condena en costas y gastos procesales.

1.1.2. De la sentencia objeto de las solicitudes de aclaración y adición

3. A través de la sentencia proferida el 5 de marzo de 20264, esta Subsección revocó la sentencia del 12 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Al

respecto resolvió:

«Primero. Revocar la sentencia proferida el 12 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 18232 del 24 de abril de 2006, únicamente en cuanto liquidó el IBL sobre el salario promedio de 8 años, 9 meses, cuando correspondía a los últimos 5 años, 11 meses y 25 días; asimismo, la nulidad total de las resoluciones ii) UGM 09467 del 25 de octubre de 2006, mediante la cual Cajanal

cuando correspondía a los últimos 5 años, 11 meses y 25 días; asimismo, la nulidad total de las resoluciones ii) UGM 09467 del 25 de octubre de 2006, mediante la cual Cajanal la reliquidó con fundamento en la asignación más alta del último año de servicios; iii) UGM 001817 del 25 de julio de 2011, por medio de la cual la reliquidó nuevamente con la asignación más alta devengada en el año 2010, sin sujeción al límite máximo legal; y iv) UGM 053685 del 3 de agosto de 2012, en cuanto modificó la Resolución UGM 001817 de 2011. Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la entidad demandada reliquidar la pensión de Lilian Pájaro de Silvestri teniendo en cuenta que el ingreso base de liquidación deberá conformarse con los emolumentos percibidos durante los últimos 5 años, 11 meses y 25 días de servicio, esto es, el período que al 1º de abril de 1994 le faltaba para consolidar el derecho pensional. As imismo, al efectuar la reliquidación, la entidad deberá aplicar el límite máximo pensional vigente a la fecha de efectividad de la prestación, el cual corresponde a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme con el período de cotizaciones acreditado. La entidad demandada contará con un término perentorio de 1 mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia para efectuar el ajuste correspondiente. Durante dicho término y hasta tanto se materialice la reliquidación ordenada, no podrá su spenderse ni disminuirse el pago de la mesada pensional que actualmente percibe la demandante.

Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda.

reliquidación ordenada, no podrá su spenderse ni disminuirse el pago de la mesada pensional que actualmente percibe la demandante.

Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

[…]».

4 Índice 14 de Samai.Radicado: 08001-23-33-000-2016-00432-01 (0093-2025)

Demandante: Ugpp

4. Lo anterior, con fundamento en lo siguiente:

4.1. Se acreditó que la actora era beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que consolidó su estatus pensional el 25 de marzo de 2000, cuando cumplió 50 años de edad y acreditó más de 20 años de servicio, de los cuales 10 correspondieron a la Rama Judicial. Así, conforme con el Decreto 546 de 1971, conservaba la edad, el tiempo de servicio y la tasa de reemplazo del 75%; sin embargo, dicho beneficio no comprendía el IBL, el cual debía determinarse conforme con los artículos 21 y 36, inciso 3 de la Ley 100 de 1993.

4.2. Por lo tanto, la pensión no podía liquidarse con la asignación más alta del último año de servicio y todos los factores salariales devengados, sino con los factores sobre los cuales se efectuaron las cotizaciones durante los últimos 5 años, 11 meses, y 25 días que le faltaban al 1° de abril de 1994, para consolidar el derecho pensional.

4.3. De otra parte, para efectos de la reliquidación debía aplicarse el tope máximo de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con la fecha de

pensional.

4.3. De otra parte, para efectos de la reliquidación debía aplicarse el tope máximo de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con la fecha de efectividad de la prestación y de conformidad con el periodo de cotizaciones acreditado, pues aunque Lilian Pájaro de Silvestri consolidó su estatus pensional el 25 de marzo de 2000, continuó laborando y efectuando aportes hasta el 31 de diciembre de 2010, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, que elevó el límite de la base de cotización de 20 a 25 SMMLV.

4.4. En consecuencia, las reliquidaciones efectuadas sobre la asignación más alta del último año de servicio con todos los factores salariales devengados no eran procedentes, pues la prestación debía liquidarse tomando el período que le faltaba a la beneficiaria al 1º de abril de 1994 para adquirir el derecho pensional, esto es, 5 años, 11 meses y 25 días, y únicamente con los factores respecto de los cuales se efectuaron aportes.

4.5. Así, las resoluciones demandadas, expedidas en cumplimiento de órdenes de tutela eran ilegales porque utilizaron un IBL que no correspondía al régimen jurídico aplicable y, además, efectuaron la reliquidación sin observar adecuadamente el límite pensional. Por ello, la nueva liquidación debía tomar los emolumentos correspondientes a los últimos 5 años, 11 meses y 25 días y sujetarse al límite de

25 SMLMV.

4.6. Finalmente, el solo hecho de haber promovido acciones judiciales para obtener la reliquidación y haber recibido las mesadas reconocidas en cumplimiento de unas

25 SMLMV.

4.6. Finalmente, el solo hecho de haber promovido acciones judiciales para obtener la reliquidación y haber recibido las mesadas reconocidas en cumplimiento de unas decisiones de tutela y de un incidente de desacato no desvirtuaba la buena fe de la beneficiaria. En consecuencia, aunque procedía corregir la pensión hacia el futuro, no había lugar al reintegro de las sumas pagadas en exceso.

1.2. Las solicitudes de aclaración y adición de la sentenciaRadicado: 08001-23-33-000-2016-00432-01 (0093-2025)

Demandante: Ugpp

5. Mediante el escrito presentado el 17 de marzo de 20265, la demandada solicitó la aclaración y adición de la sentencia del 5 de marzo de 2026 , notificada el 12 de marzo de 20266; proferida por esta Subsección en los siguientes términos:

5.1. La sentencia debe ser aclarada, por cuanto no precisó los extremos temporales del período que debía tenerse en cuenta para determinar el IBL. Comoquiera que continuó vinculada al servicio hasta el 1 de julio de 2013, fecha de su retiro definitivo y del inicio del disfrute efectivo de la pensión, los 5 años, 11 meses y 25 días debían contabilizarse hacia atrás desde esa fecha, es decir, entre el 7 de julio de 2007 y el 1 de julio de 2013.

5.2. En la parte resolutiva no se indicó expresamente que los valores correspondientes a los emolumentos que integren el IBL debían ser actualizados o indexados al momento de efectuar la reliquidación. Por ello, se debía adicionar para disponer que dichos valores sean debidamente actualizados con el propósito de

correspondientes a los emolumentos que integren el IBL debían ser actualizados o indexados al momento de efectuar la reliquidación. Por ello, se debía adicionar para disponer que dichos valores sean debidamente actualizados con el propósito de preservar su poder adquisitivo.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

6. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente solicitud, de conformidad con los artículos 285, 286 y 287 del Código General del Proceso, aplicables por remisión del artículo 306 del

CPACA.

2.2. Aclaración, corrección y adición de las sentencias

7. De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la sentencia es inmodificable por el juez que la dictó, quien, una vez profiere la decisión judicial, pierde la competencia respecto del asunto resuelto, careciendo por tanto de la facultad de revocarla y reformarla, pues solo está revestido de la potestad para su aclaración, corrección o adición, según sea el caso, en los precisos términos de los artículos 285, 286 y 287 del Código General del Proceso7.

8. De conformidad con el artículo 285 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, las sentencias son susceptibles de aclaración dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, cuando contengan conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que se encuentren contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella así:

«Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la

o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que se encuentren contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella así:

«Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando

5 Índice 21 de Samai. 6 Índice 17 de Samai. 7 En adelante CGP.Radicado: 08001-23-33-000-2016-00432-01 (0093-2025) Demandante: Ugpp contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración».

9. En relación con la aclaración de las providencias, el Consejo de Estado 8 ha

establecido lo siguiente:

«Por regla general y para evitar la inseguridad jurídica, la sentencia es inmodificable por el mismo juez que la dictó, quien, una vez la ha proferido, pierde competencia para volver sobre el asunto por él resuelto, de manera que no tiene la facultad para revocarla ni reformarla y sólo, por excepción, podrá aclararla, corregirla o adicionarla en los estrictos términos en que se regulan dichos supuestos por la ley procesal (…).

reformarla y sólo, por excepción, podrá aclararla, corregirla o adicionarla en los estrictos términos en que se regulan dichos supuestos por la ley procesal (…).

“Aclarar, según ha dicho en forma reiterada la jurisprudencia, en las voces del propio artículo 309 del C. de P. Civil significa explicar conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén presentes en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella, ‘…pero jamás puede implicar cambios de fondo en la providencia…’.9

“Para que sea procedente la aclaración es menester que en ella se encuentren conceptos que se presten a interpretaciones diversas o que generen incertidumbre 10, razón por la cual, si la aclaración se da por solicitud de una de las partes, estará a su cargo la indicación de las frases o conceptos que ofrezcan verdadero motivo de duda.

“Igual situación se presenta respecto de los autos, de conformidad con el inciso final del artículo 309 ibídem, según el cual la aclaración de auto procederá de oficio o a petición de parte dentro del término de su ejecutoría».

10. Así, la aclaración de la sentencia se torna en un instrumento conferido a las partes y al juez, para dar claridad y explicación sobre conceptos o frases provenientes de una redacción que dificulta el entendimiento de la sentencia; conceptos de difícil comp rensión que son relevantes en la decisión, pues integran la parte resolutiva de la sentencia o inciden en ella. No obstante, que la ley faculta al juez para el ejercicio de esa potestad, ello no significa que, al aclarar la decisión, el juez pueda revocarla o reformarla.

la parte resolutiva de la sentencia o inciden en ella. No obstante, que la ley faculta al juez para el ejercicio de esa potestad, ello no significa que, al aclarar la decisión, el juez pueda revocarla o reformarla.

11. Por su parte, el artículo 286 de ese estatuto procesal dispuso que toda providencia «en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto»;

8 Sección Tercera, Sentencia 21 de mayo de 2008, Exp. 2005-00022-01. C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio. 9 Sección Tercera, Sentencia de 4 de julio de 2002. Exp. 21.217. C.P. Dr. Alier E. Hernández Enríquez. 10 López Blanco Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Séptima Edición, 1997, pág. 608.Radicado: 08001-23-33-000-2016-00432-01 (0093-2025) Demandante: Ugpp ello, en términos de esa disposición, «se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o se incluyan en ella».

12. Obsérvese que las figuras antes mencionadas únicamente permiten el pronunciamiento del juez cuando la sentencia contenga frases que ofrezcan motivo de duda o errores puramente aritméticos, pero no cuando se exponen argumentos tendientes a debatir lo resuelto, pues la providencia objeto de solicitud es inmodificable por el juez que la profirió.

de duda o errores puramente aritméticos, pero no cuando se exponen argumentos tendientes a debatir lo resuelto, pues la providencia objeto de solicitud es inmodificable por el juez que la profirió.

13. En ese orden, estas figuras procesales no pueden convertirse en una nueva oportunidad o instancia para discutir situaciones ya definidas, a semejanza de una nueva apelación.

14. De otro lado, el artículo 287 del mismo estatuto procesal, estableció que «[c]uando una sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad».

15. De lo anterior, se tiene que la adición de la sentencia es la oportunidad en la cual el juez puede, de oficio o a petición de parte, constatar la ausencia de decisión o resolución de uno de los extremos de la litis o de cualquier aspecto que debía ser objeto de pronunciamiento expreso.

16. Lo anterior, no implica una nueva oportunidad para reabrir el debate probatorio o jurídico propio de la providencia que se complementa, pues de ser así, la solicitud deberá rechazarse por desnaturalizar el objeto de dicho instrumento procesal.

17. Esta Corporación, al hacer alusión al tema relacionado con la adición de las

providencias judiciales, dijo lo siguiente11:

«La adición de la sentencia es un instrumento procesal que el legislador otorga a la autoridad judicial que la emite y a las partes interesadas en la causa dentro de la cual se

providencias judiciales, dijo lo siguiente11:

«La adición de la sentencia es un instrumento procesal que el legislador otorga a la autoridad judicial que la emite y a las partes interesadas en la causa dentro de la cual se profiere, para suplir las omisiones de contenido que se llegaren a presentar en cuanto a la decisión de cualquiera de los extremos debatidos en el proceso y de cualquier otro punto que debiera resolver (…) Conforme con la norma transcrita, hay lugar a adicionar la sentencia cuando en ésta se omite la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de pronunciamiento» [se resalta].

18. Ahora bien, la solicitud de adición no resulta incompatible con el principio de la inmutabilidad de la sentencia y, por consiguiente, en virtud de aquella no es posible introducir ninguna modificación a lo ya definido, pues se trata de proveer adicionalmente algo, no de tocar o reformar lo que ya ha sido resuelto.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia 28 de agosto de 2014. C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.Radicado: 08001-23-33-000-2016-00432-01 (0093-2025)

Demandante: Ugpp

19. Precisados los aspectos normativos generales atinentes al procedimiento y causales de adición y aclaración de las sentencias, procede la Sala a resolver el caso en concreto.

2.3. Caso concreto

20. Lilian Pájaro de Silvestri solicitó la aclaración de la sentencia del 5 de marzo de

caso en concreto.

2.3. Caso concreto

20. Lilian Pájaro de Silvestri solicitó la aclaración de la sentencia del 5 de marzo de 2026, al considerar que en la orden de reliquidación no se precisaron los extremos temporales del período de 5 años, 11 meses y 25 días que debía integrar el ingreso base de liquidación. Y, comoquiera que continuó vinculada al servicio hasta el 1 de julio de 2013, fecha de su retiro definitivo, dicho período debía contabilizarse hacia atrás desde esa fecha, esto es, entre el 7 de julio de 2007 y el 1 de julio de 2013.

Por ello, solicitó aclarar que ese era el lapso que deb ía tenerse en cuenta para la reliquidación pensional.

21. Al respecto, se advierte que en la sentencia objeto de aclaración la Sala determinó que la demandada era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que consolidó su estatus pensional el 25 de marzo de 2000, cu ando cumplió 50 años de edad y acreditó más de 20 años de servicio, de los cuales más de 10 correspondieron a la rama judicial. En consecuencia, conservó del régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971 los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo, mientras que el IBL debía establecerse conforme con los artículos 21 y 36, inciso 3°, de la Ley 100 de

1993.

22. En ese contexto, la Sala concluyó que la prestación debía liquidarse con el tiempo que le faltaba a la demandada para adquirir el derecho pensional y con los factores

1993.

22. En ese contexto, la Sala concluyó que la prestación debía liquidarse con el tiempo que le faltaba a la demandada para adquirir el derecho pensional y con los factores sobre los cuales se efectuaron aportes. Por ello, ordenó que el IBL se conformara con los emolumentos percibidos durante los 5 años, 11 meses y 25 días de servicio, correspondientes al período que al 1 de abril de 1994 le faltaba para consolidar el derecho pensional.

23. De igual manera, en la parte resolutiva se precisó expresamente que el IBL debía conformarse con los emolumentos percibidos durante los últimos 5 años, 11 meses y 25 días de servicio.

24. Así las cosas, la solicitud de aclaración no está llamada a prosperar, pues lo cierto es que, la parte resolutiva, en concordancia con las consideraciones de la sentencia, sí estableció el criterio temporal que debía emplearse para determinar el IBL, y se indicó que este correspondía al extremo temporal final de la prestación del servicio; por lo que la sala no encuentra motivos de duda que merezcan ser aclarados.Radicado: 08001-23-33-000-2016-00432-01 (0093-2025)

Demandante: Ugpp

25. Por consiguiente, se negará la solicitud de aclaración, pues no se advierte que la sentencia contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda en relación con el período que debe integrar el IBL.

26. Adicionalmente, solicitó la adición de la sentencia, al considerar que en la parte resolutiva no se indicó expresamente que los valores correspondientes a los emolumentos que integren el IBL debían actualizarse o indexarse al momento de

26. Adicionalmente, solicitó la adición de la sentencia, al considerar que en la parte resolutiva no se indicó expresamente que los valores correspondientes a los emolumentos que integren el IBL debían actualizarse o indexarse al momento de efectuar la reliquidación, con el fin de preservar su poder adquisitivo.

27. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia del Consejo de Estado12 ha reconocido que la indexación o actualización monetaria opera por ministerio de la ley, en aplicación del criterio de equidad y con la finalidad de evitar la pérdida del poder adquisitivo del dinero.

28. En ese sentido, el hecho de que la sentencia cuya adición se solicita no haya incorporado expresamente en su parte resolutiva la orden de indexar los emolumentos que integran el IBL no determina, por sí sola, la improcedencia de la actualización monetaria, pues esta tiene como finalidad preservar el valor real de las sumas que deben ser consideradas para la determinación de la prestación. La indexación no comporta un reconocimiento adicional al derecho declarado, sino la actualización de su valor económico frente a la depreciación de la moneda.

29. En consecuencia, no resulta necesario adicionar la sentencia del 5 de marzo de 2026 para reconocer la procedencia de la actualización monetaria, en tanto esta constituye una operación encaminada a preservar el valor real de los factores que deben integrar el IBL, la cual por ministerio de la ley deberá efectuarse al momento de realizar la correspondiente reliquidación, de acuerdo con las reglas fijadas en la sentencia.

30. Por lo anterior, también se negará la solicitud de adición de la sentencia del 5 de marzo de 2026.

de realizar la correspondiente reliquidación, de acuerdo con las reglas fijadas en la sentencia.

30. Por lo anterior, también se negará la solicitud de adición de la sentencia del 5 de marzo de 2026.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

12 Al respecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2019, radicado 73001 -23-31-000-2011-00462-01 (46256), C.P. María Adriana Marín. Al respecto precisó: «[l] a indexación o actualización monetaria pretende mantener en el tiempo el valor adquisitivo de la moneda oficial, que se envilece periódicamente en las economías caracterizadas por la inflación. Por tanto, el pago, debe ser íntegro, lo cual incluye la index ación y lógico resulta que su actualización vaya desde el origen, cualquiera que sea la prestación y hasta que se verifique el pago. Sin embargo, en relación con la indexación de las cifras a las que una entidad pública ha sido condenada a pagar, esta Corp oración de tiempo atrás ha sostenido que aquella opera por ministerio de la ley, en aplicación del criterio de la equidad, con la finalidad de evitar la pérdida del poder adquisitivo del dinero».Radicado: 08001-23-33-000-2016-00432-01 (0093-2025)

Demandante: Ugpp

RESUELVE:

Primero. Negar las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo

Demandante: Ugpp

RESUELVE:

Primero. Negar las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, presentadas por Lilian Pájaro de Silvestri, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado.

Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

FNM

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