CE - Auto interlocutorio 11001032400020230001000 de 2026

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001032400020230001000 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-24000-2023-00010-00 (69.700 acumulado) 11001-0325000-2023-00098-00 (71.948) 11001-03-25000-2023-00076-00 (1086-2023) 11001-0324-000-2023-00003-00 (4067-2023) 11001-03-25000-2023-00062-00 (0964-2023)

Actor: Juan José Ojeda Perdomo Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública y otro Referencia: Nulidad (Ley 1437 de 2011) – cuaderno medidas cautelares

Tema: Resuelve solicitud de medida cautelar / se está a lo resuelto en el auto que decidió la medida cautelar en el proceso 69.700

El despacho resuelve la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del numeral 3 de la circular conjunta número 100005-2022 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública , presentada por la parte demandante.

De conformidad con el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, el auto que resuelve la solicitud de

parte demandante.

De conformidad con el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, el auto que resuelve la solicitud de medida cautelar es competencia del magistrado ponente.

Contenido: 1. Antecedentes 2. Consideraciones 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

1.1. De la demanda y de la medida cautelar y su trámite

Expediente (71.948)

1. El 1 3 de enero de 2023, el señor Juan José Ojeda Perdomo , en ejercicio del medio de control de nulidad simple, presentó demanda en contra del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFPy la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-, con el fin de que se declarara la nulidad de la circular conjunta número 100-005-2022, mediante la cual se dictan los “Lineamientos del plan de formalización del empleo público en equidad - vigencia 2023”.

2. Con la demanda, se solicitó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional del contenido del apartado numeral 3 de la circular conjunta número 100 -005-2022. Como fundamento sostuvo que, el acto administrativo excedió la competencia de las entidades que la expidieronRadicación: 11001-03-24-000-2023-00010-00 (69.700) Actor: Juan José Ojeda Perdomo y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública y otro Referencia: Nulidad (Ley 1437 de 2011) _____________________________________________________________________________________________________________

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al imponer un término máximo de 4 meses para los contratos de prestación

Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública y otro Referencia: Nulidad (Ley 1437 de 2011) _____________________________________________________________________________________________________________

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al imponer un término máximo de 4 meses para los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, pues el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 estableció que estos deben celebrarse por el término estrictamente indispensable, cuya determinación corresponde a cada entidad según sus necesidades, estudios previos y autonomía. Por ello, al establecer mediante circular una limitación no prevista en la ley, se habría desconocido la reserva legal, la autonomía de las entidades y los artículos 84, 150 y 287 de la Constitución, razón por la cual solicit ó la suspensión provisional de sus efectos como medida cautelar.

3. Una vez notificado el Auto que corrió traslado de la media cautelar , el 25 de agosto de 20261, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP indicó que, no se había apropiado de las competencias del Congreso de la República ni de la autonomía de las entidades territoriales para regular las inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar con las entidades públicas, pues, a su juicio, s ólo se impartieron lineamientos informativos vinculantes relacionados con el plan de formalización de empleos público en Colombia que no resulta ban obligatorios.

Adicionalmente mencionó que, la Circular Conjunta 100 -005 de 2022 no correspondía a un acto administrativo porque de ella no se desprendía una manifestación de la voluntad de la administración que produjera efectos jurídicos, pues lo pretendido por la circular e ra la orientación de los lineamientos para el desarrollo de la actividad contractual. Finalmente

correspondía a un acto administrativo porque de ella no se desprendía una manifestación de la voluntad de la administración que produjera efectos jurídicos, pues lo pretendido por la circular e ra la orientación de los lineamientos para el desarrollo de la actividad contractual. Finalmente señaló que mediante una circular no era posible modificar normas de rango constitucional y legal, más aún cuando no se tiene la facultad para modificar la ley.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Cuestión previa; 2.2. De la solicitud de medida cautelar y su resolución; 2.3.

Reconocimiento de personería;

2.1 Cuestión Previa

4. Este despacho advierte que, en el proceso 69.700 al cual se acumularon los expedientes (1086-2023), (4067 -2023) y (0964-2023), se resolvió también la medida cautelar que aquí se solicita, y en esa oportunidad, en Auto de 16 de septiembre de 2024 2, se resolvió decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del aparte contenido en el numeral 3 de la Circular Conjunta n úmero 100-005-20223.

Contra esa decisión se interpuso recurso de reposición y , en subsidio, de súplica. El 17 de marzo de 20254, este despacho no repuso y confirmó el Auto de 16 de septiembre de 2024 y dio trámite al recurso de súplica. Finalmente, el 17 de octubre de 2025 5, al resolver el recurso de súplica , se confirmó el Auto de 16 de septiembre de 2024.

1 Índice Samai 123 y 124.

el 17 de octubre de 2025 5, al resolver el recurso de súplica , se confirmó el Auto de 16 de septiembre de 2024.

1 Índice Samai 123 y 124. 2 Índice Samai 37 del expediente 69.700. 3 Específicamente se resolvió “PRIMERO: DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del aparte contenido en el numeral 3 de la Circular Conjunta número100-005-2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.” 4 Índice Samai 47 del expediente 69.700. 5 Índice Samai 84 del expediente 69.700.Radicación: 11001-03-24-000-2023-00010-00 (69.700) Actor: Juan José Ojeda Perdomo y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública y otro Referencia: Nulidad (Ley 1437 de 2011) _____________________________________________________________________________________________________________

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5. Asimismo, en Auto de 16 de julio de 2026 6, se resolvieron las medidas cautelares presentadas dentro de los procesos (1086-2023), ( 4067-2023) y (0964-2023) y se ordenó estarse a lo resuelto en el Auto de 16 de septiembre de 2024, mediante el cual se decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del aparte contenido en el numeral 3 de la Circular Conjunta número 100-005-2022.

6. En consecuencia, lo primero que debe indicarse es que la suspensión solicitada ya fue decretada y, a la fecha, en virtud de lo previsto en el

Conjunta número 100-005-2022.

6. En consecuencia, lo primero que debe indicarse es que la suspensión solicitada ya fue decretada y, a la fecha, en virtud de lo previsto en el artículo 91.1 del CPACA el acto no tiene fuerza ejecutoria y, en consecuencia, no surte efectos. En esa medida , resolver nuevamente suspender sus efectos constituye una decisión inane y lo que se debe hacer es estarse a lo resuelto en el Auto de 16 de septiembre de 2024. No obstante, el Despacho expondrá las razones que, en esa oportunidad, sustentaron la suspensión del acto acusado, con el propósito de poner en conocimiento de los demandantes de los procesos que ahora se estudian los fundamentos que permanecen vigentes.

2.2 De la solicitud de medida cautelar y su resolución

7. El demandante del proceso acumulado solicitó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional del contenido de l apartado numeral 37 de la Circular Conjunta número 100-005-2022.

8. Para realizar una evaluación de la procedencia de la medida cautelar solicitada, es necesario remitirse al artículo 231 del CPACA8. De ahí, se establece que, para decretar la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo , se debe realizar un análisis entre el acto administrativo objeto de reproche y las normas invocadas por el demandante como violadas.

9. El demandante dentro de l e scrito de solicitud de medida cautelar alegó la violación de las siguientes normas: Art 84, 150 y 287 de la Constitución Política de Colombia, y algunos artículos de Ley 80 de 1993.

9. El demandante dentro de l e scrito de solicitud de medida cautelar alegó la violación de las siguientes normas: Art 84, 150 y 287 de la Constitución Política de Colombia, y algunos artículos de Ley 80 de 1993.

10. Los argumentos del demandante se pueden sintetizar en dos motivos: que la circular tiene fuerza de autoridad y se impone a otras autoridades y que el DAFP y la ESAP no tenían competencia para efectuar esa limitación.

En consecuencia, para resolver es necesario revisar los siguientes aspectos:

1. La naturaleza de la circular informativa objeto de reproche y 2. Si el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de

6 Índice Samai 106. 7 “3. La contratación directa a través del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión deberá tener un término de duración de cuatro (4) meses, plazo este durante el cual los órganos, organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nac ional y territorial deberán elaborar los estudios técnicos requeridos y establecer la planta temporal de personal necesaria y suficiente que supla las necesidades misionales y administrativas que se requieran.” 8 “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos

invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de estos”.Radicación: 11001-03-24-000-2023-00010-00 (69.700) Actor: Juan José Ojeda Perdomo y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública y otro Referencia: Nulidad (Ley 1437 de 2011) _____________________________________________________________________________________________________________

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Administración Pública están o no habilitadas para expedir una circular que regule la duración del contrato de prestación de servicios.

11. 1) Naturaleza de la circular. De acuerdo con el primer aspecto a definir, se debe precisar si la naturaleza de la circular es de un acto administrativo o si, por el contrario, es un acto de la administración meramente informativo . Sobre l as circulares el Consejo de Estado ha

manifestado que (se transcribe):

“Lo normal de esta clase de actos de la administración es que su relevancia sea interna, que sus efectos se agoten en el interior de la administración” 9

12. Por lo tanto, cuando una circular contiene expresiones unilaterales de la voluntad de la administración y crea, de esta manera, situaciones jurídicas generales, impersonales o abstractas, constituye una decisión que produce efectos externos, que vincula a los administrados.

13. La circular conjunta 100 -005-2022, estableció de forma literal que (se

transcribe, negrillas fuera del texto):

“Se establecen los lineamientos que deberán observarse a partir del primero (1) de enero de 2023 (…) 3. La contratación directa a través del contrato de

transcribe, negrillas fuera del texto):

“Se establecen los lineamientos que deberán observarse a partir del primero (1) de enero de 2023 (…) 3. La contratación directa a través del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión deberá tener un término de duración de cuatro (04) meses (…). Finalmente, y teniendo en cuenta las especificas funciones al Departamento Administrativo de la Función Pública consagradas en el Decreto 1083 de 2015 y la Ley 909 de 2004, en especial las relacionadas con el fortalecimiento institucional y del empleo público, se solicita a los órganos, organismos y entidades públicas destinatarias de la presente circular, acatar los lineamientos mediante los cuales se desarrolla el plan para la formalización del empleo público en equidad, con criterios meritocráticos y con vocación de permanencia”.

14. Lo expuesto, permite concluir que el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública emitieron una orden sobre la temporalidad de los contratos de prestación de servicio, misma que cuenta con poder vinculante y que no solo atañ e a la administración, sino también a los particulares y a todos los órganos, organismos y entidades del sector central y descentralizado de la Rama ejecutiva del orden nacional y territorial una restricción.

15. En consecuencia, la expresión demandada, a razón de sus características y efectos, tiene naturaleza de un verdadero acto administrativo de carácter general susceptible de control judicial.

16. 2) Competencia para proferir el acto. Ahora bien, se hace necesario precisar si el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública transgredieron la competencia de l

16. 2) Competencia para proferir el acto. Ahora bien, se hace necesario precisar si el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública transgredieron la competencia de l legislador al establecer un término máximo de duración del contrato de prestación de servicios.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de marzo de 2011, exp. 32733. C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de julio de 2020, exp. 48183. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.Radicación: 11001-03-24-000-2023-00010-00 (69.700) Actor: Juan José Ojeda Perdomo y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública y otro Referencia: Nulidad (Ley 1437 de 2011) _____________________________________________________________________________________________________________

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17. En ese sentido, y conforme al inciso final del artículo 150 de la Constitución Política, es competencia del Congreso de la República expedir el Estatuto General de Contratación de la “Administración Pública y en especial de la administración nacional”. Por su parte, la Ley 80 de 1993 que desarrolló ese mandato Constitucional, en su artículo 32 estableció “ los contratos de prestación de servicios se deben celebrar por el término estrictamente indispensable para que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales qu e puedan acordarse para garantizar su cumplimiento, sin prescribir un periodo específico de duración máxima”10

objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales qu e puedan acordarse para garantizar su cumplimiento, sin prescribir un periodo específico de duración máxima”10

18. Adicionalmente, e l Consejo de Estado ha analizado diferente s aspectos de la ley 80 de 1993. Específicamente en lo atinente a la temporalidad del contrato de prestación de servicio ha señalado11.

“la Sala unifica el sentido y alcance del «término estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos, re presenta el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para garantizar su cumplimiento.”

19. En un análisis inicial, se observa que mediante la Circular 100-005-2022, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública pudieron obrar en desconocimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 150 de la Constitución Política y de la Ley 80 de 1993.

20. Lo anterior , porque vía reglamentaria se orden ó cumplir con una limitación en el término de duración de los contratos de prestación de servicios, otorgándoles a estos 4 meses para la ejecución de la finalidad del contrato, término que, en principio, no está en la ley. Para el Despacho, con la expedición de esta circular, las entidades demandadas podrían desconocer la realidad contractual comoquiera que deben adecuar

contrato, término que, en principio, no está en la ley. Para el Despacho, con la expedición de esta circular, las entidades demandadas podrían desconocer la realidad contractual comoquiera que deben adecuar siempre, sin importar las circunstancias, los contratos al término definido en la circular.

21. Aunque de forma preliminar , al pronunciarse sobre la medida cautelar, las entidades reconocieron que no les compete12 limitar el término de duración de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, ese es el efecto que produce la circular y no el de un “lineamiento interno” como lo señalan . Su contenido impone un deber de aplicar esos lineamientos y produce efectos jurídicos vincu lantes que llevan a modificar lo previsto en la Ley 80 de 1993.

10 Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 3. 11 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda, sentencia del nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), radicación número 05001-23-33-000-2013-01143-01. 12: Contestación de medida cautelar, Escuela Superior de Administración Pública,: “Finalmente, no es posible que mediante una circular se modifiquen normas de rango constitucional y legal, más aún, sin existir competencia alguna, toda vez que ni el Departamento Administrativo de la Función Pública, ni la Escuela Superior de Administración Pública, tienen la facultad legal para modificar la ley, ni para reglamentarla vía circular, por ejemplo, estableciendo un plazo determinado para los contratos de prestación de servicios, cuando la misma ley (que prima jerárquicamente) establece será por el “término estrictamente indispensable” pero no lo limita a un

ejemplo, estableciendo un plazo determinado para los contratos de prestación de servicios, cuando la misma ley (que prima jerárquicamente) establece será por el “término estrictamente indispensable” pero no lo limita a un período fijo ni a una temporalidad concreta”.Radicación: 11001-03-24-000-2023-00010-00 (69.700) Actor: Juan José Ojeda Perdomo y otros Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública y otro Referencia: Nulidad (Ley 1437 de 2011) _____________________________________________________________________________________________________________

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22. Por lo expuesto, mediante Auto de 16 de septiembre de 2024 , dentro del proceso 69700, se decretó la medida cautelar y, en consecuencia, respecto de la nueva solicitud que hoy se estudia, este Despacho resolverá estarse a lo resuelto en esa decisión.

El despacho, en consecuencia,

3. RESUELVE

PRIMERO: ESTARSE a lo resuelto en el Auto de 16 de septiembre de 2024, proferido dentro del proceso 69.700 mediante el cual se decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del aparte contenido en el numeral 3 de la Circular Conjunta número100 -005-2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión mediante estado electrónico, según lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado

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