CE - Auto interlocutorio 11001032600020160015000 de 2025

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00629-03 (58024)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

CONSEJO DE ESTADO.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Repetición ; Radicación: 11001-0326-000-2016-00150-00 (58024)

Demandante: Universidad Popular del Cesar Demandada: Enrique Meza Daza y otros Asunto: Auto que se pronuncia sobre integración de litisconsorcio necesario (CPACA — Ley 2080) Auto que se pronuncia sobre integración de litisconsorcio necesario El despacho procede a resolver sobre la excepción previa de falta de integración litisconsorcio necesario formulada por los demandados Jesús María Valencia Bustamante; Leonor Beatriz Castrillo Guerra y Enrique Meza Daza en el proceso . de la referencia.

L ANTECEDENTES

1. El trámite procesal 1.1. El 22 de septiembre de 2016, la Universidad Popular del Cesar presentó demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de repetición en contra de José Guillermo Botero, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Beatriz Castrillo Guerra y Raúl Enrique Maya Pabón, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados a la institución universitaria, con ocasión del pago que tuvo que realizar en favor del señor José Armel González Roa por valor de $ 61'.927.613.

declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados a la institución universitaria, con ocasión del pago que tuvo que realizar en favor del señor José Armel González Roa por valor de $ 61'.927.613. Lo anterior, en cumplimiento del acuerdo conciliatorio que se pactó y aprobó en la audiencia realizada el 12 de febrero de 2015 ante el Tribunal Administrativo del Cesar, en el proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral radicado No. 20-001-23-33-003-2013-00047-00. 1 Folio 1 del cuaderno principal del Consejo de Estado.Radicación: 25000-23-26-000-2007-00629-03 (58024) Demandante: Universidad Popular del Cesar 1.2. Este despacho mediante providencia del 15 de noviembre de 2016 admitió la demanda de repetición para que se tramitara en única instancia y ordenó su notificación?. 1.3. Previa notificación por emplazamiento, el 18 de julio de 20173, Jesús Maria Valencia Bustamante presentó contestación de la demanda y, en el mismo escrito, propuso la excepción previa de falta de integración de litisconsorcio, así: “Falta de integración del contradictorio por no vinculación del rector delegante Abdo Barrera como litisconsorcio necesario. Pues así lo prevé el canon 14 de la Ley 678 de 2001, la responsabilidad concurrente del DELEGANTE Y DELEGATARIO, las funciones que eventualmente podrían dar lugar a la acción de repetición”. 1.4. El 12 de diciembre de 2018, Enrique Meza Daza y Leonor Beatriz Castrillo Guerra, por intermedio de curador ad litem, contestaron la demanda y formularon la

lugar a la acción de repetición”. 1.4. El 12 de diciembre de 2018, Enrique Meza Daza y Leonor Beatriz Castrillo Guerra, por intermedio de curador ad litem, contestaron la demanda y formularon la siguiente excepción previa en el mismo documento: “FALTA DE CONFORMACIÓN DEL LITIS CONSORCIO NECESARIO: Las ordenes de prestación de servicios, como todos los actos que expide una entidad, en este caso la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, deben ser revisados por la Oficina Jurídica y más aún cuando se trataba de una prestación de un servicio denominado vigilancia para el Centro Experimental Piloto de la Universidad Popular del Cesar ubicada en el Corregimiento de Valencia de Jesús, Departamento del Cesar. Por esta razón, manifiesto al H. Magistrado que las cartas contratos números 044 del 14 de febrero de 2003 y 113 del 1 de abril de 2003 firmadas por la señora LEONOR CASTRILLO GUERRA, debieron ser revisadas por la Oficina Jurídica, para la vinculación contractual del señor JOSE ARMEL GONZALEZ ROA, como vigilante del mencionado Centro Experimental. Al igual que la orden de prestación de servicios personales independientes a Administración número 096 de fecha 30 de mayo de 2011, suscrita por el rector ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA. " Así las cosas, considero que se debe oficiar a la Universidad Popular del Cesar, para que remita a este proceso, los nombres de las personas de la Oficina Jurídica (Abogado y Jefe) que revisaron las cartas contratos número 044 del 14 de febrero de 2003, 113 del 1 de abril de 2003 y 096 del 30 de mayo de 2011, al igual que los documentos mencionados anteriormente

(Abogado y Jefe) que revisaron las cartas contratos número 044 del 14 de febrero de 2003, 113 del 1 de abril de 2003 y 096 del 30 de mayo de 2011, al igual que los documentos mencionados anteriormente Lo anterior con el objeto de vincular a esos funcionarios de la Oficina Jurídica que estuvieron laborando en el año 2003 y 2011, para que igualmente respondan por el posible dolo en la expedición de los mismos”. 1.5. La parte demandante, previo traslado de las excepciones previas, guardó silencio frente a lo propuesto por el demandado Jesús María Valencia Bustamante; ? Folios 142 a 145 del cuaderno principal. 3 Folios 202 a 225 del cuaderno principal. 4 Folios 370 a 383 del cuaderno principal.| Radicación: 25000-23-26-000-2007-00629-03 (58024) Demandante: Universidad Popular del Cesar no obstante, se pronunció sobre la excepción previa de falta de integración litisconsorcio necesario formulada por Enrique Meza Daza y Leonor Beatriz Castrillo

• Guerra.

Expuso que como los exrectores eran los representantes legales de la institución universitaria durante la vigencia de los contratos de prestación de servicios del señor José Armel González Roa, eran ellos los “destinatarios pasivos del medio de contro!”. En concreto, indicó que se debía tener en cuenta que fueron ellos los que suscribieron los contratos mediante los cuales se vinculó a González Roa, quien posteriormente demandó a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a la Universidad Popular Cesar y le fueron despachadas favorablemente sus pretensiones. ll. CONSIDERACIONES

1. La normativa aplicable

posteriormente demandó a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a la Universidad Popular Cesar y le fueron despachadas favorablemente sus pretensiones. ll. CONSIDERACIONES

1. La normativa aplicable Por tratarse de una demanda promovida el 22 de septiembre de 2016, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CPACA -con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021-, asi como las normas del CGPY, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del

CPACAS, :

2. Competencia del Magistrado Ponente Según lo señalado en el artículo 125-3’ del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que al Magistrado ponente le asiste. competencia para resolver la solicitud de integración de litisconsorcio necesario, 5 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (...) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (...)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299. $ “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. 7 "Artículo 125. De la expedición de providencias. (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias se sujetará a las siguientes. reglas: (...) 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelve el recurso de queja” : (énfasis y aclaración añadida).Radicación: 25000-23-26-000-2007-00629-03 (58024) Demandante: Universidad Popular del Cesar toda vez que la providencia mencionada no es de aquellas cuya adopción deba hacerse por la Sala’.

4. Problema juridico Le corresponde al despacho determinar si en el presente asunto se acreditan las condiciones para declarar la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario o si, por el contrario, se puede adelantar el proceso sin la vinculación de las personas mencionadas por la parte demandada.

3. Caso concreto De entrada, el despacho advierte que se deben negar las excepciones previas propuestas por los demandados, en la medida en el que en este caso no se encuentran acreditados los requisitos para la procedencia de la institución del litisconsorcio necesario por pasiva, por las razones que se explican a continuación: El artículo 61 del Código General del Proceso, que regula lo atinente a la figura del litisconsorcio necesario, establece: “Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales,

El artículo 61 del Código General del Proceso, que regula lo atinente a la figura del litisconsorcio necesario, establece: “Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado”. En ese sentido, el litisconsorcio necesario es una figura jurídica a través de la cual se integran sujetos a uno o ambos extremos de la litis, en la medida en que su comparecencia es indispensable para tramitar el proceso en legal forma y proferir válidamente una sentencia de mérito, ello en atención a su inescindible vinculación 8 “Artículo 125. De la expedición de providencias (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021). La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (...) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código; b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código; c) Las que resuelvan los recursos de súplica.

111 y con el artículo 271 de este código; b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código; c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido; d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código; e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia; f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala; g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia O decidan el recurso de apelación contra estas; h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente (...)” (aclaración añadida).Radicación: 25000-23-26-000-2007-00629-03 (58024) Demandante: Universidad Popular del Cesar con la relación sustancial objeto de controversia y la posibilidad de que la decisión beneficie o perjudique a todos. Sobre este particular, la Corporación? ha planteado que existen dos criterios para definir la necesaria concurrencia de otros sujetos en calidad de litisconsortés necesarios, asi: i) se debe establecer que la cuestión litigiosa tenga por objeto una . relación jurídica material, única e indivisible que debe resolverse de manera uniforme, bien sea por su naturaleza o por disposición legal y; ii) se debe determinar que la falta de alguno de los sujetos que intervinieron en tales relaciones o actos jurídicos implica que la controversia no pueda resolverse de fondo.

uniforme, bien sea por su naturaleza o por disposición legal y; ii) se debe determinar que la falta de alguno de los sujetos que intervinieron en tales relaciones o actos jurídicos implica que la controversia no pueda resolverse de fondo. Así las cosas, para determinar si resulta procedente o no integrar un litisconsorcio necesario, el operador judicial debe examinar el tipo de relación existente entre un extremo de la litis y la persona que se pretende vincular a alguno de ellos en dicha calidad y, por supuesto, qué tipo de correlación uniforme se presenta con el objeto del proceso judicial. En el presente asunto, la entidad demandante -Universidad Popular del Cesar-” consideró que la condena que posteriormente dio lugar a la conciliación judicial ante el Tribunal Administrativo del Cesar, fue producto de la conducta: dolosa de los señores José Guillermo Botero, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Beatriz Castrillo Guerra y Raúl Enrique Maya Pabón, quienes en su calidad de exrectores de la institución universitaria suscribieron los contratos de prestación de servicios con el señor José Armel González Roa. Tal y como se precisó en los antecedentes, el demandado Jesús Maria Valencia Bustamante solicitó que se integrara al señor Abdo Barrera como litisconsorte necesario, en la medida en que fue el rector que le delegó las funciones, de ahí que, según expuso, existía responsabilidad concurrente entre delegante y el delegatario. Asimismo, Enrique Meza Daza y Leonor Beatriz Castrillo Guerra sostuvieron que se debía vincular a los funcionarios de la Oficina Jurídica de la Universidad Popular del Cesar que estuvieron laborando en los años 2003 y 2011, para que respondieran

Asimismo, Enrique Meza Daza y Leonor Beatriz Castrillo Guerra sostuvieron que se debía vincular a los funcionarios de la Oficina Jurídica de la Universidad Popular del Cesar que estuvieron laborando en los años 2003 y 2011, para que respondieran por los conceptos jurídicos que emitieron y “el posible dolo en la expedición de los mismos”. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 2 de noviembre de 2023, Radicado No. 2756-2023; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 28 de agosto de 2017, Radicado No. 59687; Sala de lo Contencióso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 13 de diciembre de 2019; Radicado No. 52526. :Radicación: 25000-23-26-000-2007-00629-03 (58024) Demandante: Universidad Popular del Cesar Al respecto, el despacho observa que, si bien entre los señores Jesús María Valencia Bustamante y Abdo Barrera se suscribió un acto de delegación, lo cierto es que no existe una relación jurídica material Única e indivisible que implique que la decisión deba ser uniforme para ambos. Por el contrario, se trata de responsabilidades patrimoniales individuales en las que el análisis de la conducta se debe efectuar respecto de cada uno y, en esa medida, las consecuencias jurídicas son distintas, puesto que la sentencia surte efectos para cada uno de ellos en función de lo que en el proceso se determine sobre su responsabilidad. En efecto, se debe tener en cuenta que el medio de control de repetición opera bajo

jurídicas son distintas, puesto que la sentencia surte efectos para cada uno de ellos en función de lo que en el proceso se determine sobre su responsabilidad. En efecto, se debe tener en cuenta que el medio de control de repetición opera bajo el supuesto de: i) una condena en contra del Estado de carácter patrimonial! y; ii) la existencia de una conducta dolosa y gravemente culposa de un agente del Estado o particular en ejercicio de funciones públicas. Por lo anterior, resulta claro que no existe sustento para que sean integrados al proceso otros funcionarios que la entidad decidió no demandar, al considerar que no incurrieron en actuaciones dolosas o gravemente culposas, pues la potestad de definir los sujetos sobre los cuales se llevará a cabo el juicio de responsabilidad patrimonial es exclusiva de la parte. Este mismo criterio se ha acogido por la Sección, la cual ha considerado que la entidad demandante es quien se encuentra facultada para decidir en contra de quién dirige la demanda del medio de control de repetición: “[S]e observa que el demandado alegó, además, que existió una indebida integración del litisconsorcio necesario, dado que la demanda que en ejercicio de la acción de repetición se instauró, debió haberse dirigido en contra de todos aquellos que intervinieron en la actuación administrativa que fue anulada y que produjo la condena en contra de la Nación-Rama Judicial. (...) [E]n el presente asunto se observa que la determinación de dirigir la demanda únicamente en contra de quienes tomaron la decisión en primera instancia, es una facultad que recae en cabeza de la parte demandante —Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial-, de modo que si se vinculó sólo alguno de los implicados en la toma de la decisión

quienes tomaron la decisión en primera instancia, es una facultad que recae en cabeza de la parte demandante —Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial-, de modo que si se vinculó sólo alguno de los implicados en la toma de la decisión que dio origen a la condena, dicha situación en nada afecta la integración del contradictorio, (...)” (énfasis original de la cita)”. Así las cosas, como en el caso objeto de estudio el acto de delegación no impone una relación jurídica inescindible entre los señores Jesús Maria Valencia Bustamante y Abdo Barrera, en virtud de la cual se deba decidir la situación respecto de ambos de manera uniforme, no se cumplen los presupuestos de un litisconsorcio 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 17 de noviembre de 2011. Rad. 11001-03-26-000-2009-00021-00(36436).Radicación: 25000-23-26-000-2007-00629-03 (58024) Demandante: Universidad Popular del Cesar necesario y la controversia puede resolverse en ausencia de este último sujeto sin que exista ningún tipo de nulidad. Dicho de otra manera, como en el medio de control de repetición el análisis de la responsabilidad frente a cada sujeto es individual, el hecho de que la entidad se abstuviera de demandar a otros funcionarios que pudieron tener relación con la condena que le fue impuesta no configura la excepción invocada, sino que constituye una situación que puede incidir en el monto que la demandante pretende recuperar, una vez se determine si hubo o no participación de los aquí demandados y el grado de esta. Las anteriores consideraciones también resultan aplicables a la solicitud elevada por

constituye una situación que puede incidir en el monto que la demandante pretende recuperar, una vez se determine si hubo o no participación de los aquí demandados y el grado de esta. Las anteriores consideraciones también resultan aplicables a la solicitud elevada por los señores Enrique Meza Daza y Leonor Beatriz Castrillo Guerra respecto a la integración de los miembros del comité jurídico de la institución universitaria, puesto que hasta esta instancia procesal no se observa que tales personas hubiesen participado en la producción del acto administrativo demandado y, además, no se advierte ninguna relación legal que las vincule al objeto de la litis, circunstancia que hace improcedente su integración dentro del contradictorio. Sin duda alguna, ta voluntad de la administración quedó expresada en la demanda que, como ampliamente se mencionó, solo se dirigió en contra de los aquí demandados, en su calidad funcionarios o exrectores de la Universidad Popular del Cesar, razón por la cual, y como no se advierte que existan relaciones sustanciales únicas e indivisibles respecto de otras personas que deban resolverse en el presente proceso, el juez no tiene competencia para formular juicios de imputación a sujetos que no fueron demandados por la entidad en acción de repetición. En ese sentido, como los funcionarios mencionados por la parte demandada no ostentan la calidad de litisconsortes necesarios, la excepción formulada carece de vocación de prosperidad. En mérito de lo expuesto, se RESUELVE PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción previa de indebida integración del litisconsorcio por pasiva propuesta por la parte demandada.Radicación: 25000-23-26-000-2007-00629-03 (58024)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

integración del litisconsorcio por pasiva propuesta por la parte demandada.Radicación: 25000-23-26-000-2007-00629-03 (58024) Demandante: Universidad Popular del Cesar SEGUNDO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en firme la presente determinación, INGRESAR el expediente al despacho para continuar con el trámite procesal correspondiente. |

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NICOLAS LES.

Consejero de Estado PQ