CE - Boletin 126

Publicación Quincenal BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO República de Colombia No 126Julio 18 de 2013 www.consejodeestado.gov.co Consejo de Estado BOGOTÁ, COLOMBIA l de 2 006

EEDDIITTOORRIIAALL l de 2006

La Sala Plena del Consejo de Estado da la bienvenida a dos importantes juristas: al dolc tdoer 2J0o0r6g e Octavio Ramírez Ramírez, que asumirá sus funciones en la Sección Cuarta, y al doctor Germán Bula Escobar, en la Sala de Consulta y Servicio Civil. Su destacada trayectoria profesional, intachables servicios que han prestado al Estado, cada uno en sus posiciones donde se han desempeñado, y especiales calidades humanas contribuirán a engrandecer la majestad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Destaca igualmente la elección de la jurista Laura Emilce Marulanda Tobón para la Auditoría General de la República. Su preparación intelectual, experiencia relacionada y calidades humanas, aseguran un excelente cumplimiento de esas especialísimas responsabilidades. Alfonso Vargas Rincón Presidente JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE EESSTTAADDOO AALL DDÍÍAA En esta sección destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo de Estado en las últimas semanas:

SSAALLAA PPLLEENNAA

Conte n i do:

1. El periodo del Fiscal General de la Nación elegido en propiedad es de cuatro años contados a partir de su posesión

Editorial 1 Jurisprudencia del Consejo Síntesis del caso: Así lo determinó la Sala Plena al estudiar si en el

de Estado al día acto de elección acusado debe estar explícito el señalamiento del Sala Plen a 1-2 término concreto por el cual fue elegido el Fiscal General de la Nación Acciones de doctor Eduardo Montealegre Lynett. tutela, 2-6 populare s y de Extracto: “ (…) Fundada en el análisis y en la valoración del recorrido por los cumplim iento antecedentes constitucionales que informaron la expedición tanto del artículo Sección Primera 7-10 249 de la Carta como del parágrafo del 125 ibídem, este último fruto de la Sección Segunda 10-16 reforma política 01 de 2003; y de los precedentes jurisprudenciales existentes Sección Tercera 16-25 sobre el punto en debate; en aplicación de los principios axiológicos que rigen Sección Cuarta 25-30 la garantía del derecho fundamental a participar en el ejercicio del poder Sección Quinta 30-32 político que está inmerso en toda elección, y acorde con las reglas de la Sala de C onsulta 32-33 hermenéutica sobre la prelación de normas, según sea su carácter, la Sala Índice 34-38 Plena concluye en el caso concreto, lo siguiente: que se declare que la Noticias 39 expresión “por el período constitucional y legal que le corresponda”, contenida destacad as en el acta de 22 de marzo de 2012, donde consta la elección que cumplió la Corte Suprema de Justicia, está ajustada a derecho, en el entendido que el período del Fiscal General de la Nación doctor Eduardo Montealegre Lynett, PÁGINA 2 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 126 – 18 de Julio de 2013

www.consejodeestado.gov.co elegido en propiedad, es de 4 años contados a partir de su posesión. Con esta precisión se adiciona el acta electoral, acorde con lo antes explicado. En consecuencia, deben denegarse las súplicas de las demandas 2012-00027 y 2012-00028, en tanto que en ambas sus pretensiones apuntan a que ante el vicio de nulidad parcial que alegan afecta el acto de elección, el juez electoral deba adicionarlo en el sentido de precisar que el doctor Montealegre Lynett fue elegido para desempeñar la función de Fiscal General de la Nación por el lapso que falta para completar cuatro años que se cuentan a partir del 1° de agosto de 2009, o en su defecto, desde cuando hizo dejación de su cargo la doctora Viviane Morales Hoyos, censura que no resultó probada”. Sentencia de 16 de abril de 2013, Exp.: 11001032800020120002700(IJ) (Acumulado) M.P. SUSANA

BUITRAGO VALENCIA.

Con salvamento de voto de Stella Conto Díaz Del Castillo, Mauricio Fajardo Gómez, Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez, Danilo Alfonso Rojas Betancourth, Guillermo Vargas Ayala y Alberto Yepes Barreiro. Con aclaración de voto de Gerardo Arenas Monsalve, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y Mauricio Torres Cuervo.

AACCCCIIOONNEESS DDEE TTUUTTEELLAA

1. De la revocatoria de una sentencia favorable no se deduce la omisión en la valoración probatoria del superior Síntesis del caso: Para el actor, el Tribunal no hizo un estudio detallado de las pruebas en el

proceso ordinario, desconoció sus derechos adquiridos y revocó la decisión favorable del Juez, privilegiando la aplicación del derecho procesal sobre el sustancial.

Extracto: No existió la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia que alega el demandante, dado que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso número 2010-00316-01 tuvo en cuenta las pruebas que el actor acompañó a su demanda, así como los argumentos que expuso en su escrito. Ahora, no debe perderse de vista que el solo hecho de que se revocara la sentencia que estimaba sus súplicas, no hace que pueda válidamente concluirse que no hubo valoración probatoria en el fallo que decide negarlas, pues como se observó en el acápite transcrito, el ad quem las apreció con todo rigor.

Sentencia de 14 de febrero de 2013, Exp.: 11001-03-15-000-2012-01999-00(AC), M.P. GUILLERMO

VARGAS AYALA

2. En amparo del debido proceso, se ordena investigar los hechos informados por la accionante sobre acoso escolar, bullying o matoneo Síntesis del caso: accionante solicita la protección de los derechos de su hija afectados por los presuntos actos de acoso escolar, en que han incurrido las directivas y docentes del colegio.

Extracto: La Sala accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda de tutela, bajo el entendido de la necesidad de iniciar el procedimiento necesario para el esclarecimiento de la verdad respecto a sus afirmaciones, y teniendo en cuenta que ningún proceso formal se ha iniciado por parte de la Institución

Educativa o la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. La Sala también destacó que en la acción de tutela si bien el juez de primera instancia puede decretar pruebas de oficio cuando se requiera para aclarar puntos confusos, dicha circunstancia no exime de la carga probatoria a la parte que alega la ocurrencia de los hechos, quien no puede excusarse de presentar elementos de juicio, por la facultad oficiosa del juez de tutela.

BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 126 – 18 de Julio de 2013 PÁGINA 3

www.consejodeestado.gov.co Sentencia de 1 de abril de 2013, Exp.: 25000-23-36-000-2013-00010-01 (AC), M.P. GERARDO ARENAS

MONSALVE

3. Procedencia de la acción de tutela para acceso efectivo a pruebas presentadas y a las respuestas correctas del cuestionario en concurso de méritos Síntesis del caso: El actor señala que no se le ha garantizado el derecho a la defensa porque en cumplimiento de una orden de tutela sólo se le permitió tener acceso al cuestionario realizado dentro del proceso de selección y a sus respuestas, pero la accionada no le suministró la información necesaria para establecer cuáles de las opciones que marcó fueron consideradas correctas y cuáles incorrectas, por ello seguía sin contar con los elementos de juicio necesarios para ejercer su derecho a la defensa. La Sala concedió el amparo impetrado.

Extracto: Si bien es cierto en los fallos de tutela que ha proferido esta Sección frente a casos similares se le ha ordenado a la parte accionada que le entregue a los concursantes el cuestionario y sus preguntas, sin

que se indique expresamente que éstos tengan conocimiento de los aciertos y desaciertos que tuvieron, dichos pronunciamientos han sido totalmente claros en precisar que el sentido de la protección es que los participantes del concurso de méritos tengan la posibilidad de conocer cómo fueron calificados, a fin de que puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes con los elementos de juicio necesarios. Por la anterior circunstancia, si la parte demandada no les suministra a los concursantes, la información necesaria para que conozca las preguntas que en principio resolvió incorrectamente, la peticionaria no puede ejercer en debida forma su derecho a la defensa. Estima la Sala que la actitud de la parte accionada desconoce las razones por las que se concedió el amparo solicitado, en tanto no puede alegar que le brindó a la accionante la oportunidad de conocer los documentos necesarios para que presentara la reclamación contra la calificación que le fue asignada, si no le indicó a la misma qué preguntas resolvió incorrectamente, y frente a las mismas cuál es la opción correcta, toda vez que sin esa información, la demandante no puede exponer las razones por las cuales no comparte el puntaje que obtuvo. En efecto, no se trata simplemente que a los concursantes se les garantice formalmente la oportunidad de apreciar las pruebas con las que están inconformes, sino que en ejercicio pleno del derecho a la defensa puedan analizar con detenimiento éstas, circunstancia que estima la Sala no se le garantizó a la demandante, a quien se le concedieron 2 horas para analizar los referidos documentos, y al parecer se le impidió realizar

sus anotaciones personales, a partir de las cuales se reitera, eventualmente puede sustentar su reclamación. Sentencia de 23 de mayo de 2013, Exp.: 25000-23-42-000-2013-01114-01(AC), M.P. GERARDO

ARENAS MONSALVE

4. Improcedencia de la acción de tutela para controvertir los efectos sobre los derechos fundamentales de una persona, de una sentencia de constitucionalidad o de tutela con fuerza de cosa juzgada Síntesis del caso: De acuerdo con los argumentos de la parte demandante, la Corte Constitucional ha infringido sus derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad y la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos por la legislación laboral como consecuencia de la confusión y el caos jurídico, que estima, fue generado por sus sentencias C789 de 2002, C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010.

Extracto: La Sala confirmará la providencia impugnada, pues resulta manifiesto que la acción interpuesta es a todas luces improcedente, por cuanto supone un uso impropio e inaceptable del mecanismo de tutela. No es ella el instrumento idóneo para atacar o manifestar la inconformidad de la ciudadanía frente a las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en ejercicio del control abstracto o concreto de constitucionalidad. La posible afectación de los derechos fundamentales invocados por el actor en su demanda debe ser objeto de protección en otra sede, para lo cual resulta imperativo que el actor acuda a PÁGINA 4 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 126 – 18 de Julio de 2013

www.consejodeestado.gov.co los instrumentos establecidos en la legislación contencioso administrativa para la defensa de los derechos de los administrados frente a las determinaciones de la autoridad. Sentencia de 30 de mayo de 2013, Exp: 25000-23-41-000-2013-00177-01(AC), M.P. GUILLERMO

VARGAS AYALA

5. Cumplimiento del requisito de inmediatez se determina en atención a las particularidades de cada caso Síntesis del caso: La Sala protegió los derechos fundamentales invocados por el accionante como vulnerados, porque la Dirección de Sanidad luego de prestar el servicio militar obligatorio en noviembre de 2006, no ha realizado la Junta medico laboral ni ha atendido por el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, las afecciones a su salud que aún persisten.

Extracto: Es a partir de la apreciación de cada uno de los casos sometidos a consideración del juez de tutela, que se puede entonces determinar cuándo resulta procedente su estudio. Es decir, que pese a que la acción sea interpuesta luego de un tiempo considerable desde que tuvo lugar la amenaza al derecho fundamental, puede ser procedente porque las particularidades del caso lo permiten, tal y como ocurre con el asunto sometido a consideración.

En la misma decisión la sala recordó que los soldados y policías que han prestado sus servicios al Estado merecen un trato digno como retribución a los esfuerzos realizados durante ese tiempo, pues resulta injusto que después de defender a su patria, y su salud se vea comprometida con ocasión de la prestación del servicio, sean olvidados y se les impida la atención médica requerida.

Sentencia de 30 de mayo de 2013, Exp. 68001-23-33-000-2013-00227-01(AC), M.P. GUILLERMO

VARGAS AYALA

6. Servicio de hospitalización no sustituye ni excluye el deber de cuidado y auxilio de los hijos a sus padres. Centros hospitalarios no tienen la finalidad de servir de albergues a adultos mayores Síntesis del caso: Ordenado el egreso del hospital de la accionante por encontrarse en estado terminal, una de sus hijas interpuso acción de tutela para que continuara en el centro hospitalario al estimar que esa decisión responsabiliza del cuidado al esposo de la paciente, de más de 80 años de edad, que carece de la capacidad y los recursos económicos necesarios para brindarle la atención requerida. Añade la agente oficiosa, que ni ella ni sus hermanos cuentan con la capacidad económica suficiente para procurar los cuidados especializados que necesita su señora madre.

Extracto. Estima la Sala que no puede obligarse a la EPS demandada a mantener hospitalizada indefinidamente a la paciente, mientras ella no requiera o no pueda recibir algún tratamiento médico, y mucho menos, ante las dificultades que deban afrontar sus familiares para velar por su cuidado, en tanto los centros hospitalarios no tienen como propósito servir de albergue a los adultos mayores. La Sala no puede pasar por alto que si bien dentro del presente trámite se ha tenido por cierta la afirmación de Allison Ramírez Ortegón, consistente en que ella ni sus hermanos cuentan con la capacidad económica suficiente para sufragar los gastos médicos que necesita su señora madre, en lo que tiene que ver con el suministro de pañales desechables y personal especializado que la atienda, también lo es que la señora

tiene 6 hijos, quienes tienen el deber de acompañarla, de movilizarla y de asistirla en las tareas mínimas relacionadas con su cuidado personal, obligaciones que no pueden trasladársele a la EPS accionada, cuya obligación se limita a la prestación del servicio médico. En ese orden de ideas, contrario a lo que se indica en el escrito de tutela, quien debe acompañar y velar por el cuidado de la paciente durante esta etapa su vida, no es solamente su esposo, sino hijos y demás familiares, respecto de quienes se predica el deber de solidaridad por los lazos de afecto y consanguinidad que los unen. En la misma decisión la Sala dispuso el suministro de pañales y la prestación del servicio de enfermería, así como la protección del derecho al mínimo vital por la suspensión de los pagos de la pensión a la paciente.

BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 126 – 18 de Julio de 2013 PÁGINA 5

www.consejodeestado.gov.co Sentencia de 6 de junio de 2013, Exp. 25000-23-42-000-2013-00489-01(AC), M.P. GERARDO ARENAS

MONSALVE.

AACCCCIIOONNEESS PPOOPPUULLAARREESS

1. La acción popular no es el mecanismo para discutir la reclamación de subsidios de vivienda así estos sean comunes a un grupo Síntesis del caso: La ciudadana pide la protección de los derechos a un ambiente sano y a la realización de construcciones respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, que estima vulnerados porque Fonvivienda no asignó recursos a las familias interesadas en el proyecto Vivienda Nueva Para

Belén de Umbría, pretensión desestimada por la Sala por no involucrar la afectación de derechos colectivos.

Extracto: Esta Sección ha puesto de presente que las acciones populares no son el medio procesal idóneo para resolver controversias en torno a la asignación de subsidios ni para reclamar su asignación, y ha señalado que la competencia del juez popular se contrae a resolver sobre la violación de los derechos colectivos invocados, sin dirimir, en modo alguno, derechos subjetivos ni reclamaciones económicas. La acción popular no es el mecanismo procedente para discutir la reclamación de subsidios de vivienda así estos sean comunes a un grupo, pues su objeto se contrae a hacer cesar la amenaza o violación de los derechos e intereses colectivos.

Sentencia de 30 de mayo de 2013, Exp. 66001-23-31-000-2010-00204-01(AP), M.P. MARIA CLAUDIA

ROJAS LASSO

2. Para prevenir daños al recurso ambiental del Parque La Arboleda, se mantiene medida cautelar de suspensión de obras de constructora Síntesis del caso: La constructora demandada en acción popular solicita la revocatoria de la medida cautelar de suspensión de cualquier tipo de construcción o intervención que se esté ejecutando en el denominado “Parque la Arboleda, dispuesta por el Juez de la acción popular porque estima no está demostrada la titularidad del predio y la afectación del ambiente, argumentos desestimados por la Sala.

Extracto: La Sala constata que la obra de construcción adelantada por la sociedad H.G. Constructora S.A., si bien efectivamente se está llevando a cabo en la ubicación y delimitación contenida en la licencia de

construcción conferida, lo que no es suficiente para descartar la amenaza que dicha construcción puede significar en contra del recurso ambiental comprendido en el Parque La Arboleda, por lo que, resulta pertinente mantener la medida preventiva adoptada por el a quo, pues si bien no existe plena certeza técnica de la afectación alegada por los actores, sí existen indicios que, de conformidad con el principio de precaución anteriormente aludido, permiten suponer que la zona ambiental es objeto de un posible peligro irremediable. En consecuencia, al examinar la actuación, advierte la Sala que, si bien la referida violación de derechos colectivos aludida por los accionantes invocada en la demanda no se encuentra plenamente acreditada en la actuación, del material probatorio sí resulta posible advertir la amenaza que enfrenta el recurso ambiental objeto de la presente acción. Sentencia de 2 de mayo de 2013, Exp. 68001-23-31-000-2012-00104-01(AP) M.P. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO PÁGINA 6 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 126 – 18 de Julio de 2013 www.consejodeestado.gov.co

3. Se revoca fallo que ordenaba a Ministerio de Hacienda y Crédito Público cubrir lo que adeuda al ISS por pasivo pensional, porque el reconocimiento y pago de pensiones a una pluralidad de personas no es un derecho colectivo Síntesis del caso: El representante de la Asociación de Usuarios Kennedy ISS, solicita que el Gobierno Nacional cancele la deuda que tiene por el pago de jubilaciones a cargo del ISS como patrono de aquellas personas cuyos derechos se adquirieron y se reconocieron antes de entrar en

vigencia la Ley 100 de 1993, y que estima corresponde a $2.514.659 hasta el año 2001. La Sala revocó la decisión del Tribunal, al advertir que no estaba involucrado ningún derecho colectivo.

Extracto: Si bien el derecho a la pensión de una persona, al depender de un sistema prestacional estatal, tiene dimensiones públicas y significativas, es un derecho de carácter individual, no colectivo, por cuanto pese a que directa o indirectamente otras personas se vean involucradas en la situación pensional que tenga alguien, el derecho es de éste y no de aquellos, circunstancia que no puede predicarse de los derechos colectivos que son de todos. Por lo anotado, las personas afectadas por los hechos narrados en la demanda constituyen un grupo determinado, que hacen que las prerrogativas que tienen al pago de sus mesadas pensionales en calidad de ex funcionarios del ISS y que alcanzaron tal derecho antes de la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, se encuentren radicados en cabeza de cada uno, por ser derechos de naturaleza subjetiva. En suma, debe revocarse integralmente la sentencia de primera instancia, ya que los mismos son derechos particulares comunes a un grupo de personas y no derechos colectivos.

Sentencia de 20 de mayo de 2013, Exp. 25000-23-25-000-2002-92370-01 (AP), M.P. HERNAN

ANDRADE RINCÓN

AACCCCIIÓÓNN DDEE CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO

1. La edad de retiro forzoso de los notarios públicos únicamente aplica a quienes se encuentran

vinculados a la carrera notarial, no para los interinos Síntesis del caso: El actor solicitó el cumplimiento del artículo 1º del Decreto 3047 de 1989 y la

separación del cargo de quien se desempeña como Notaria Interina de Puerto Triunfo, Antioquia, por haber llegado a la edad de retiro forzoso fijada para los notarios públicos en dicha disposición, pretensiones no concedidas por la Sala.

Extracto: De conformidad con el Decreto 960 de 1970 “Por el cual se expide el Estatuto del Notariado”, la edad de retiro forzoso de los notarios públicos únicamente aplica a quienes se encuentran vinculados a la

carrera notarial. El artículo 187 del Decreto 960 de 1989, habilita el nombramiento como notario de quienes llegaron a la edad de retiro forzoso en interinidad, pues su designación tiene por finalidad conjurar la necesidad de prestar la función notarial de manera transitoria sin que se presenten interrupciones, entre tanto se provee el cargo en propiedad, por el sistema de concurso de mérito. Sentencia de 18 de abril de 2013, Exp. 25000-23-41-000-2012-00075-01(ACU), M.P. SUSANA BUITRAGO

VALENCIA

SSEECCCCIIÓÓNN PPRRIIMMEERRAA

1. Solicitud de conciliación interrumpe la caducidad de la acción Síntesis del caso: La Sala revoca el auto apelad, y ordena al Tribunal Administrativo de Nariño proveer sobre su admisión, al considerar que con la presentación de la solicitud de conciliación se suspenden los términos de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 126 – 18 de Julio de 2013 PÁGINA 7

www.consejodeestado.gov.co Extracto: En el sub examine, se observa que la controversia involucra un contenido económico y es

posible conciliar sus efectos, en la medida en que a través de la nulidad del acto administrativo acusado, se solicita como restablecimiento del derecho el pago de los perjuicios morales y materiales ocasionados por la expedición de los actos censurados. Ahora bien, como a 12 de abril de 2012, día en que se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial, habían transcurrido tres (3) meses del término de caducidad de cuatro meses, previsto para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala estima que, a partir de la fecha en que se expidió la certificación de la entidad conciliadora (13 de junio de 2012), el actor aún contaba con un (1) mes para interponer la demanda, vale decir, hasta el trece (13) de julio de

2012. Y dado que, la misma se presentó el 15 de junio del mismo año, es claro que ello se hizo dentro de la oportunidad legal prevista.

Auto de 22 de marzo de 2013, Exp. 52001-23-31-000-2012-00228-01, M.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Apelación Auto.

2. La Superintendencia Nacional de Salud carece de competencia para regular servicios de salud y el servicio de interrupción voluntaria del embarazo –IVESíntesis del caso: La Sala declara la nulidad parcial del acto acusado, al considerar que la Superintendencia Nacional de Salud no tenía competencia para reglamentar los servicios de salud y el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, así mismo concluyó que las funciones de la Superintendencia están encaminadas a la inspección, vigilancia y control de las entidades

prestadoras de servicios de salud que se encuentran en la órbita del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Extracto: De la cuidadosa, atenta y pormenorizada lectura de las disposiciones de orden constitucional, legal, reglamentario, al igual que de los actos administrativos y las sentencias de la Corte Constitucional a que se hace referencia en los actos acusados, para sustentar en ellos las recomendaciones, órdenes, deberes y advertencias allí contenidas, cuya transcripción se omite en aplicación del principio de economía procesal, la Sala encuentra que en parte alguna de dicha normativa, y menos en las referidas providencias judiciales, se contempla la asignación u otorgamiento de competencia a la SNS para regular servicios de salud o el servicio de IVE. Además, no puede perderse de vista que sus funciones están referidas y limitadas por la Ley con fines de inspección, vigilancia y control de las entidades prestadoras de servicios de salud que se encuentran en la órbita del Sistema General de Seguridad Social en Salud. De acuerdo con lo anterior, para la Sala es meridianamente claro que la SNS carece en absoluto de facultades para regular la materia a que se contraen los actos acusados, pues, se reitera, ninguna norma superior le ha atribuido competencia para emitir reglamentaciones cuya finalidad se encamine al cumplimiento de funciones distintas de las que le han sido asignadas por ley o como producto del ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República. Cabe resaltar que, precisamente, la potestad reglamentaria recae en el Presidente de la República, quien, en este caso, con el Ministro de Salud, conforman el Gobierno Nacional, y aún así, éste

tiene un límite para el ejercicio de tal potestad, en cuanto no puede exceder el espíritu de la norma que reglamenta. Sentencia de 23 de mayo de 2013, Exp. 11001-03-24-000-2012-00017-00, M.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Acción de nulidad. Con aclaración de voto del doctor Guillermo Vargas Ayala.

3. Para garantizar el derecho a la doble instancia que tienen las partes, la Sala inaplica el inciso final del artículo 357 del CPC y ordena al Tribunal Administrativo del Meta estudiar de fondo la demanda y proferir el fallo correspondiente Síntesis del caso: La Sala revoca la sentencia inhibitoria al considerar que la acción interpuesta era la de lesividad, y que el a quo debió hacer uso de la facultad oficiosa de interpretar la PÁGINA 8 BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO Número 126 – 18 de Julio de 2013

www.consejodeestado.gov.co demanda. Así mismo, al considerar que se le debía garantiza al accionante el derecho de la doble instancia, inaplicó el inciso final del artículo 357 del CPC y ordenó al fallador de primera instancia pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

Extracto: No obstante que la acción se instauró como de nulidad, bien podía el a quo interpretar la demanda como de lesividad, en la medida en que la Administración está demandando su propio acto, acto este que, según el texto transcrito, impone obligaciones a cargo del Municipio de Villavicencio, como la relacionada en el numeral 6 de la parte motiva, amén de que el fenómeno de la caducidad no había

tenido ocurrencia, ya que el acto acusado se expidió el 5 de mayo de 2006 y la demanda fue presentada ante el Tribunal el 13 de septiembre del mismo año, es decir, que según las voces del artículo 136, numeral 7, del C.C.A., no había transcurrido el término de dos años para el ejercicio oportuno de la acción. De tal manera que resulta injustificado que el Juzgador de primer grado se haya abstenido de estudiar el fondo de la controversia, teniendo a su alcance la facultad oficiosa de interpretar la demanda, máxime si, como ya se dijo, la acción instaurada se encontraba presentada dentro del término de caducidad. Como quiera que el asunto a que se contrae la sentencia dictada en el proceso de la referencia, no está considerado dentro de los casos que deban ventilarse en única instancia, resolver de fondo la controversia en la segunda instancia, implica reemplazar al a quo en el estudio de los cargos de la demanda que no realizó y equivale a convertirla en única instancia, privando a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia. Por estas razones, en cumplimiento de lo normado en el artículo 4º de la Carta Política, debe la Sala inaplicar el último inciso del artículo 357 del C. de P.C., para este caso concreto. Sentencia de 26 de abril de 2013, Exp. 50001-23-31-000-2006-01004-01, M.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Apelación sentencia - Acción de lesividad.

4. El Gobierno Nacional tenía la facultad de reglamentar la Ley Marco, por medio de la cual se reguló

lo relacionado a la enajenación de activos de los establecimientos de crédito de naturaleza pública en proceso de liquidación Síntesis del caso: La Sala deniega las pretensiones de la demanda al concluir que la Ley Marco no le prohibió al Ejecutivo establecer procedimientos para la enajenación de activos, y que, por el contrario, es el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que le confirió expresamente al Presidente de la República la potestad de reglamentar la forma como se debía proceder a liquidar los activos de la entidad en proceso de liquidación.

Extracto: Para la regulación de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, la Carta establece un reparto particular de competencias, pues atribuye al Congreso la expedición de Leyes Marco o Cuadro, que deben limitarse a señalar las normas generales que rigen esas actividades, e indicar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno en su intervención (CP art. 150, numeral19), mientras que corresponde al Ejecutivo ejercer la intervención en esas actividades, así como desarrollar la inspección y vigilancia de las entidades que adelantan esas labores (CP art. 189 , numeral 25). Como quedó visto, lo característico de la figura contemplada por el artículo 150, numeral 19, de la Constitución Política, es la distribución de competencias, en fases distintas, en lo referente a la regulación de las materias que la norma enuncia: mientras el Congreso, mediante ley, señala reglas y criterios generales, el Ejecutivo los desarrolla en concreto, en ejercicio de una función típicamente administrativa. Fuerza es

en