CE - Boletin 203

203

EDITORIAL

NORMAS ANULADAS

NORMAS SUSPENDIDAS

EXHORTOS

ACCIONES CONSTITUCIONALES

ACCIONES DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA o

JUDICIAL

ACCIONES DE TUTELA o

HÁBEAS CORPUS o

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SECCIÓN SEGUNDA

SECCIÓN TERCERA

SECCIÓN CUARTA

SECCIÓN QUINTA

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

República de Colombia Consejo de Estado Boletín de Jurisprudencia Segunda época Germán Bula Escobar Presidente Relatorías Sección Primera de lo Contencioso Administrativo Liliana Marcela Becerra Gámez Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo Gloria Cristina Olmos Leguizamón José Orlando Rivera Manrique Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo Gloria Stella Fajardo Guerrero Narly del Pilar Morales Morales Yenny Orjuela Díaz Yolanda Velásquez Zárate Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo María Magaly Santos Murillo Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo Diana del Pilar Restrepo Nova Sala de Consulta y Servicio Civil Sala Plena de lo Contencioso Administrativo María Angélica Pulido Barreto Acciones Constitucionales Blanca Ligia Salazar Galeano Carolina Valenzuela Cortés Ingrid Catherine Viasús Quintero Comité del Boletín Danilo Rojas Betancourth Hernando Sánchez Sánchez Ana Yasmín Torres Torres María Magaly Santos Murillo Diseño Juan David Pulido Gómez Publicación

Sergio Altamiranda Zulma Moreno Sosa 2 Boletín nº 203 – (Feb.2018) ÍNDICE Contenido EDITORIAL ...................................................................................................................................................... 4

I. NORMAS ANULADAS .................................................................................................................................. 5

II. NORMAS SUSPENDIDAS ............................................................................................................................ 5

III. EXHORTOS ................................................................................................................................................ 6

IV. ASUNTOS CONSTITUCIONALES ................................................................................................................ 8

V. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ............................................................................ 13

VI. SECCIÓN PRIMERA ................................................................................................................................. 29

VII. SECCIÓN SEGUNDA ............................................................................................................................... 32

VIII. SECCIÓN TERCERA ................................................................................................................................ 36

IX. SECCIÓN CUARTA ................................................................................................................................... 47

X. SECCIÓN QUINTA ..................................................................................................................................... 53

XI. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL .................................................................................................... 60

3 Boletín nº 203 – (Feb.2018) EDITORIAL En esta edición se registran tres normas anuladas, cinco normas suspendidas y dos exhortos. Entre otras decisiones relevantes, se registra la decisión adoptada por la Sala Plena mediante la cual se confirmó la sanción de destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos impuesta por la Procuraduría General de la Nación al ex ministro Fernando Londoño Hoyos; y la decisión mediante la cual se anula la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años impuesta por la Procuraduría General de la Nación al entonces Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. La Sección Primera decretó la pérdida de la investidura de un concejal del municipio de La Victoria Valle del Cauca por ejercer simultáneamente ese cargo y el de docente de

tiempo completo. La Sección Segunda reconoció la pensión de sobreviviente de docente con fundamento en el Régimen General de Seguridad Social en aplicación del principio de favorabilidad. La Sección Tercera condenó al Estado por la ejecución extrajudicial de integrante del pueblo indígena Kankuamo cobijado con medida cautelar de la Corte IDH. La Sección Cuarta precisó que las asambleas departamentales están legalmente facultadas para gravar con la estampilla pro hospitales universitarios públicos los negocios celebrados por los municipios y sus entidades descentralizadas, pero no los puede gravar con las estampillas pro desarrollo ni pro bienestar del adulto mayor, porque la ley que creó estos tributos no les confiere esa potestad. La Sección Quinta estableció que la Procuraduría puede presentar reclamaciones ante la Comisión Escrutadora Departamental en la etapa post electoral cuando se trate de falsedades. La Sala de Consulta y Servicio Civil aclaró que la vigencia transitoria del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz previsto en el artículo 1 del A.L. 1 de 2016 culminó el 1 de diciembre de 2017, y no resulta constitucionalmente posible que los proyectos pendientes de aprobación para esa fecha sigan su curso bajo dichas reglas especiales. 4 Boletín nº 203 – (Feb.2018)

I. NORMAS ANULADAS

1. Acuerdo 005 del 11 de diciembre de 2008, “Por medio del cual se reforman algunos artículos del Estatuto General – Acuerdo 003 de 1997 -, se crea el Censor Universitario y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Consejo Superior

Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Sentencia de 7 de diciembre de 2017, Sección Segunda, exp. 25000-23-24-0002009-00068-02(2635-13), C.P. William Hernández Gómez. (Ver pág. 32 de este Boletín).

2. Decreto 4910 de 26 de diciembre de 2011, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 2010 y el artículo 616-1 del Estatuto Tributario”, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El artículo 7 y el aparte “Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7° del presente decreto” del artículo 9.

Sentencia de 6 de diciembre de 2017, exp. 11001-0327-000-2012-00024-00 (19359), C.P. Milton Chaves García. (Ver página 50 de este Boletín).

3. Oficio 061703 de 5 de noviembre de 2014, expedido por la Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el cual interpreta que la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, presentada dentro del plazo previsto en el Decreto 2972 de 2013, se entiende como no presentada si no se canceló la segunda cuota dentro del plazo legalmente establecido para declarar.

Sentencia de 13 de diciembre de 2017, exp. 11001-0327-000-2015-00069-00 (22113), C.P. Milton Chaves García. (Ver página 51 de este Boletín).

II. NORMAS SUSPENDIDAS

1. Decreto 1561 de 28 de octubre de 2015, “Por el cual se determina la categoría

presupuestal del Departamento del Valle del Cauca, para la vigencia 2016”, expedido por el gobernador del Departamento del Valle del Cauca. Auto de 20 de octubre de 2017, exp. 76001-23-33-003-2016-00915-01, C.P. Oswaldo Giraldo López. (Ver pág. 30 de este Boletín).

2. Resolución 2946 de 2010, “Por la cual se modifica el Régimen de Control, Inspección y Vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los artículos 43, 44, 45 y 46.

Auto de 13 de diciembre de 2017, exp. 11001-03-24-000-2015-00165-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. (Ver pág. 29 de este Boletín).

3. Decreto Reglamentario 1794 de 2013, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”, proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las expresiones “al interior de las instalaciones del contratante” y “sin que se genere contraprestación alguna por parte del consumidor de dichos alimentos y bebidas” contenidas en la definición de servicio integral de cafetería del artículo 14.

5 Boletín nº 203 – (Feb.2018) Auto de 7 de diciembre de 2017, exp. 11001-0327-000-2017-00030-00 (23254), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. (Ver página 47 de este Boletín).

4. Ordenanza 077 de 2014, “Por medio de la cual se expide el Estatuto Tributario del Departamento de Santander”, proferida por la respectiva asamblea departamental. Las expresiones: “Administraciones Municipales, Entidades Descentralizadas del orden […] Municipal” contenidas en el numeral 2 de los artículos 246 y 247 y “Municipal” del numeral 1 del artículo 250, con la aclaración de que la estampilla pro bienestar del adulto mayor, a que se refiere dicha norma, tampoco es aplicable a los negocios celebrados por las entidades descentralizadas del orden municipal.

Auto de 13 de diciembre de 2017, exp. 68001-2333-000-2015-01028-01 (22804), C.P. Milton Chaves García. (Ver página 48 de este Boletín).

5. Conceptos 023640 de 20 de marzo de 2009 y 020874 de 4 de agosto de 2016, por los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN absolvió unas consultas sobre la aplicación del artículo 116 del Estatuto Tributario por parte de las entidades descentralizadas.

Auto de 25 de enero de 2018, exp. 11001-0327-000-2017-00039-00 (23382), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. (Ver página 49 de este Boletín).

III. EXHORTOS1

1. La Sala Plena del Consejo de Estado anuló la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años proferida por la Procuraduría General de la Nación contra el entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, por falta de competencia del ente sancionador,

y exhortó al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Procuraduría General de la Nación, para que evalúen y adopten los ajustes necesarios para armonizar el derecho interno con el convencional en materia de sanciones disciplinarias contra servidores públicos de elección popular.

Señaló la Sala Plena: "Si bien solamente es posible predicar de los efectos de esta providencia aquellos inter partes, las consideraciones aquí plasmadas aunadas a las recomendaciones que sobre este caso hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Colombiano, concretamente, en sus numerales 3 a 7, que se refieren a aspectos de política pública y a ajustes del régimen jurídico nacional, y para dar aplicación a las reglas y procedimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es necesario exhortar al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Procuraduría General de la Nación, para que en un término razonable, de dos (2) años, procedan a responder ante dicho Sistema, a evaluar y a adoptar las medidas que fueren pertinentes, en orden a armonizar el derecho interno con el convencional y a poner en plena vigencia los preceptos normativos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. (…) Por los efectos inter partes del presente fallo, las condiciones de aplicabilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular, de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, la vigencia del régimen jurídico estatal, y mientras se adoptan los ajustes internos, la Procuraduría General de la 1 El exhorto es un requerimiento en el que, con ocasión de una decisión judicial, el Juez hace notar a una de las partes – por lo

general a la demandadao a un tercero concernido en el contexto del caso, la pertinencia de realizar los actos necesarios para impactar la política pública relacionada con lo resuelto, con el ánimo de prevenir la ocurrencia de nuevos hechos como los que originaron el litigio en cuestión. También se incluyen los requerimientos orientados a enderezar procedimientos. 6 Boletín nº 203 – (Feb.2018) Nación conserva la facultad para destituir e inhabilitar a servidores públicos de elección popular en los términos de esta providencia".

Nota de Relatoría: Tanto la síntesis del caso como los diversos problemas jurídicos analizados por la Sala Plena en esta providencia y las diversas aclaraciones y salvamentos de voto pueden consultarse en la página 21 de este boletín. Allí también puede consultarse el auto mediante el cual la Sala Plena se pronunció en relación con la solicitud de aclaración de la sentencia.

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 15 de noviembre de 2017 exp. 11001-03-25-000-2014-00360-00(IJ), C.P. César Palomino Cortés, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. En providencia de hábeas corpus se exhortó al INPEC y a la Defensoría del Pueblo para que garanticen la protección de los derechos fundamentales de los ex agentes de la Policía Nacional que se encuentran recluidos en una

Sala de Detención Transitoria.

Señaló: “EXHORTAR al Instituto Penitenciario y Carcelario - INPEC, a la Coordinación de Establecimientos Carcelarios de la Policía Nacional [y] al Juzgado Coordinador del

Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio (…) para que (…) ejecuten adecuadamente y de manera coordinada sus funciones para evitar que se mantenga en el tiempo la situación ilegal de los accionantes, puesto que se han encontrado privados de la libertad en una Sala de Detención Transitoria por más de 36 horas. // EXHORTAR a la Defensoría del Pueblo, para que en cumplimiento de sus funciones revise las situaciones actuales de las Salas de Detención Transitoria de Bogotá D.C., en especial la de los demandantes, con la finalidad de que realice todas las actuaciones que resulten procedentes y que considere pertinentes para evitar que se vulneren los derechos fundamentales de éstos y de la población detenida en tales centros de reclusión en general”. Auto de 12 de diciembre de 2017, exp. 25000-23-42-000-2017-05864-01(HC), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

3. La Sección Tercera declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de Saludcoop E.P.S. en liquidación, por la pérdida de oportunidad de sobrevida padecida por la señora Analida Flórez Castañeda derivada del diagnóstico tardío de cáncer de cuello uterino.

En virtud de lo anterior, la Sala decidió: “EXHORTAR al Ministerio de Salud para que, si no lo ha hecho, adopte directivas conducentes a reforzar la atención médica oportuna en aquellos casos en que se presenten síntomas o sospecha de cáncer de cérvix. Así mismo, se insta para que adopte políticas tendientes al respecto de la integridad física, y a la consolidación de la conciencia de que la mujer es sujeto de especial protección”.

Sentencia de 12 de octubre de 2017, Sección Tercera, exp. 66001-23-31-000-200501021-04(42803) C.P. Ramiro Pazos Guerrero, acción de reparación directa. 7 Boletín nº 203 – (Feb.2018)

IV. ASUNTOS CONSTITUCIONALES Tutela contra providencia judicial

1. La Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico por indebida valoración de los elementos aportados al trámite incidental promovido contra el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Dirección de

Sanidad.

Síntesis del caso: El comandante del Ejército Nacional solicita se revoque la decisión proferida en el grado jurisdiccional de consulta, al considerar vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por la sanción que le fue impuesta en el trámite del incidente de desacato.

TUTELA CONTRA SANCIÓN EN INCIDENTE DE DESACATO / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTO FÁCTICO Problema jurídico: ¿Hay lugar a revocar, confirmar o modificar el fallo proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que accedió al amparo solicitado, por encontrar que en la decisión que confirmó la sanción impuesta al comandante del Ejército Nacional se había incurrido en un defecto fáctico?

Tesis: “[C]onsidera la Sala que para establecer la responsabilidad subjetiva de la autoridad responsable de cumplir un fallo de tutela, para el presente caso debe tenerse

en cuenta que el Tribunal dispuso una serie de órdenes para poder determinar finalmente el grado de capacidad médico laboral del señor [G.L.] Quiere ello decir que para proceder finalmente a la convocatoria y práctica de la Junta Médico Laboral correspondiente, la autoridad responsable requiere de unos soportes, tales como los conceptos médicos solicitados, que por demás, ameritan en cierta medida de la anuencia del interesado para llevarlas a cabo. (…). Además, se observa que si bien la autoridad demandada adujo que valoró en conjunto las aludidas pruebas, lo cierto es que determinó que el fallo de tutela (…) no se encontraba cumplido, sin precisar las competencias y trámites administrativos que deben surtirse para el cabal acatamiento de las órdenes de amparo, las cuales fueron puestas en conocimiento durante el trámite incidental por el director de Sanidad del Ejército Nacional”. Sentencia de 29 de junio de 2017, Sección Quinta, exp. 11001-03-15-000-2017-0017801(AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. 8 Boletín nº 203 – (Feb.2018) Acciones de tutela

2. Se amparan el derecho a la educación, al debido proceso y a la igualdad de potencial beneficiario del programa Ser Pilo Paga III, al que por un error en el reporte del Sisben le fue negada la posibilidad de acceder a la educación superior.

Síntesis del caso: Estudiante que cumplió los requisitos para acceder a una beca crédito otorgada por el gobierno dentro del programa “Ser Pilo Paga III”, solicita el amparo de sus derechos constitucionales, cuya vulneración atribuye al Ministerio de

Educación, al Icetex y al Sisben.

ACCIÓN DE TUTELA / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN /

VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD Problema jurídico: ¿El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior vulneró los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, al debido proceso y de petición del actor, en el marco del procedimiento de selección de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga III?

Tesis: “[N]o puede afirmarse sin fundamento alguno que no hay perjuicio porque el accionante puede acceder a otros programas, cuando el alcance, la cobertura y los beneficios del programa Ser Pilo Paga III difieren del programa Tú eliges. Pero además, pasa por cierto el impugnante que incurrió en una vulneración al debido proceso administrativo que afectó la posibilidad del actor de acceder en primer semestre del 2017 a la educación superior y los efectos de la vulneración pueden retrasar aún más el ingreso del tutelante a la institución educativa. Así las cosas, se presenta una vulneración del derecho a la educación superior, al debido proceso y la igualdad, en razón a que la entidad encargada de reconocer los subsidios educativos adelantó un procedimiento de evaluación del cumplimiento de requisitos que suprime la posibilidad de aportar y controvertir las pruebas para desvirtuar información desactualizada que conste en bases de datos consultadas”.

Sentencia de 27 de octubre de 2017, Sección Primera, exp. 25000-23-42-000-201701094-01(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

3. Se reconoce pensión de sobrevivientes a los padres de cabo segundo del Ejército fallecido dentro de las instalaciones del batallón de Infantería.

Síntesis del caso: Los padres del cabo segundo fallecido dentro del Batallón de Infantería No. 14 “Ricaurte” en la Ciudad de Bucaramanga, por herida con arma de fuego de la institución militar que manipulaba uno de sus compañeros, solicitan el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y manifiestan que se encuentran en delicado estado de salud, así como en una situación socioeconómica inestable, puesto que derivaban el sustento diario de su hijo.

ACCIÓN DE TUTELA / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA DIGNA /

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DIGNIDAD / PENSIÓN DE

SOBREVIVIENTES

9 Boletín nº 203 – (Feb.2018) Problema jurídico: ¿Es procedente la acción de tutela para ordenar a la Nación – Ministerio de Defensa el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a los padres de cabo del Ejército Nacional, fallecido dentro de las instalaciones del Batallón?

Tesis: “ [E]ncontrándonos en el ámbito constitucional, es deber garantizar los derechos fundamentales y en concreto reconocer que aunque el solo fallecimiento del señor

[E.E.C.S.] no tiene la connotación suficiente para materializar por sí mismo el

otorgamiento de la pensión de sobreviviente a sus padres, a éstos, a través de los fines esenciales del Estado, debe garantizárseles sus derechos a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas, máxime cuando quedó demostrado que dependían económicamente del causante (…), requisito que junto con el cumplimiento de semanas cotizadas son los que deben verificarse por la autoridad judicial para determinar si son acreedores al derecho a una pensión de sobrevivientes a la luz del artículo 46 Ley 100 de 1993, (…). Así las cosas, se tiene que el Ejército Nacional, calificó un tiempo de servicio de un (1) año, dos (2) meses y once (11) días al señor [E.E.C.S.], razón por la cual es posible afirmar que completó el tiempo de cotización exigido por el artículo 46 de la ley 100 de 1993. Por lo anterior, es dable aplicarle el régimen general a los accionantes, por razones de equidad y favorabilidad, teniendo en cuenta su situación de debilidad manifiesta y para evitar la acusación de un perjuicio irremediable”. Sentencia de 21 de septiembre de 2017, Sección Segunda, exp. 08001-23-33-0002017-00230-01(AC), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

4. Se reconoce pensión de invalidez a soldado diagnosticado con incapacidad permanente parcial, al que el Ejército Nacional le negó la pensión con fundamento en un decreto que fue declarado nulo por esta Corporación.

Síntesis del caso: Ejército Nacional negó pensión de invalidez a soldado diagnosticado

con incapacidad permanente parcial dando aplicación a una norma había sido declarada nula por el Consejo de Estado.

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA DIGNA /

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / VULNERACIÓN DEL DERECHO

AL DEBIDO PROCESO / PERSONA CON DISCAPACIDAD COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÒN CONSTITUCIONAL / PENSIÓN DE INVALIDEZ Problema jurídico: ¿Hay lugar a confirmar la decisión de primera instancia, que ordenó al Ejército Nacional el reconocimiento de pensión de invalidez en favor del actor o, por el contrario le asiste razón a la entidad demanda cuando en la impugnación señala que este no es el medio idóneo para discutir los actos administrativos que contengan decisiones sobre reconocimiento pensional?

Tesis: “[L]a Sección considera que la decisión del Ministerio de Defensa vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del demandante, en la medida que la entidad desconoció la condición especial de vulnerabilidad en la que este se encuentra, y se limitó a dar aplicación de manera taxativa a una norma declarada nula que además vulnera los principios de solidaridad y dignidad humana que caracterizan el Estado Social de Derecho, desconociendo además la Jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional. En el caso bajo examen, estima la Sala al igual que lo hizo el juez de tutela de primera instancia, que procede el amparo de los derechos invocados por el señor [O.E.C.R.], como mecanismo definitivo, considerando

que se trata de un sujeto de especial protección constitucional en razón de la pérdida de su capacidad laboral (60,5%), producto de la actividad militar como soldado campesino, a sus precarias condiciones de subsistencia, y a que la norma que invocó la 10 Boletín nº 203 – (Feb.2018) entidad para negar la pensión de invalidez al actor, que exigía una pérdida de la capacidad laboral del 75%, fue anulada por esta Corporación en sentencia del 28 de febrero de 2013”. Sentencia de 23 de noviembre de 2017, Sección Cuarta, exp. 25000-23-37-000-201701406-01(AC), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

5. Consejo de Estado ordena a EPS desafiliar del régimen contributivo a menor de 18 años de escasos recursos con discapacidad visual y a la Secretaría de Planeación Distrital el traslado de afiliación al régimen subsidiado en el nivel 1 del Sisben.

Síntesis del caso: Menor de 18 años que padece discapacidad visual, sujeto de especial protección constitucional, solicita la desafiliación de la EPS y ser afiliado al Sisben, puesto que se ha acreditado que es hijo de madre cabeza de familia, que a la fecha padece de cáncer, y que no cuenta con recursos para asumir el valor de la cuota moderadora; además pide que se le brinde el servicio de transporte para asistir a las citas médicas y la oportunidad de ingresar a una institución educativa para que pueda continuar sus estudios en el primer periodo académico del año 2018.

ACCIÓN DE TUTELA / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA / VULNERACIÓN

DEL DERECHO A LA SALUD / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA DIGNA /

MENOR CON DISCAPACIDAD VISUAL SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

CONSTITUCIONAL / DERECHO A LA EDUCACIÓN DE MENOR CON

DISCAPACIDAD VISUAL / TRASLADO DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO AL

SUBSIDIADO / CUBRIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA MENOR CON DISCAPACIDAD Y SU ACOMPAÑANTE POR EPS Problema jurídico: ¿El menor de 18 años con discapacidad visual tiene derecho a la desafiliación de su E. P.S para ser trasladado al Sisben?

Tesis: “Dentro del expediente quedó plenamente demostrada la necesidad de los controles oftalmológicos y del proceso de rehabilitación del citado adolescente; también se acreditó que la custodia de éste recae exclusivamente en su progenitora de escasos recursos, que a la fecha padece de cáncer, lo que le impide trabajar, razón por la cual es evidente que no cuenta con los recursos para cotizar al régimen contributivo. […].

[E]s claro que la situación del menor de 18 años se subsume en la primera condición señalada por la Corte Constitucional […], pues de acuerdo con el informe allegado al expediente por parte de la Secretaría de Planeación Distrital, [el menor] ha sido categorizado en el nivel 1 del SISBEN y aunque en la actualidad aún no se encuentre inscrito en dicho régimen, el hecho de que la referida entidad distrital lo haya categorizado en tal nivel le permite colegir a esta Sala que el citado menor carece de recursos económicos. Por consiguiente, se le ordenará a la EPS CRUZ BLANCA que se

abstenga de cobrar cuotas moderadoras correspondientes al servicio de salud del menor [y] que realice las gestiones necesarias encaminadas a brindarle el servicio de transporte al citado menor y a su acompañante para efectos de asistir a las citas médicas a las que deba acudir”. Sentencia de 17 de noviembre de 2017, Sección Primera, exp. 25000-23-42-000-201704676-01(AC), C.P. María Elizabeth García González. 11 Boletín nº 203 – (Feb.2018) Hábeas corpus

6. Acción de hábeas corpus es improcedente para obtener traslado de establecimiento penitenciario y carcelario.

Síntesis del caso: En ejercicio de la acción de hábeas corpus, exagentes de la Policía Nacional solicitaron traslado al Establecimiento Penitenciario y Carcelario para miembros de la Policía Nacional de Facatativá, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales por encontrarse recluidos en una Sala de Retención

Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS / TRASLADO DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO Problema jurídico: ¿La acción de hábeas corpus procede para obtener traslado de establecimiento penitenciario y carcelario?

Tesis: “[T]eniendo en cuenta que las únicas pretensiones elevadas por los accionantes radicaron en que se ordenara a las entidades demandadas que hicieran lo necesario para lograr su traslado de la Sala de Retención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda, al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Policía

Nacional ubicado en Facatativá, conviene recordar que la figura en comento, la cual no se puede perder de vista que radica en un mecanismo excepcional y expedito, no fue ideada para imponer el adelantamiento de procedimientos administrativos como el señalado, sino para lograr la rápida liberación de las personas que se encuentren detenidas en violación del ordenamiento jurídico, sea porque se les privó de la libertad en vulneración de las normas constitucionales o legales, o porque su detención inicialmente legal se prolongó en forma irregular. (…) [E]l despacho observa que (i) la pretensión de los accionantes al ejercer el mecanismo de hábeas corpus es completamente ajena al objeto y a la finalidad de la acción y el derecho constitucional ejercidos y, (ii) no se observa que su restricción a su derecho a la libertad se hubiese dado de manera ilegal o arbitraria, sino que por el contrario, al imponérseles las medidas de aseguramiento correspondientes, se respetaron sus garantías legales y constitucionales”. Auto de 12 de diciembre de 2017, exp. 25000-23-42-000-2017-05864-01(HC), C.P. Danilo Rojas Betancourth. 12 Boletín nº 203 – (Feb.2018)

V. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

7. Confirmado el acto sancionatorio proferido por la Procuraduría General de la Nación mediante el cual se declaró la responsabilidad disciplinaria, a título de dolo, de Fernando Londoño Hoyos por hechos ocurridos durante su periodo como jefe de la cartera del Interior y de Justicia.

Síntesis del caso: La Sala Plena del Consejo de Estado confirmó la sanción de

destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos proferida por la Procuraduría General de la Nación en contra del ex ministro Fernando Londoño Hoyos, al declararlo responsable de las faltas disciplinarias gravísimas previstas en los numerales 1 y 17 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, por haber realizado gestiones te