CE - Boletin 263

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FEBRERO 2023

BOLETÍN 222 SEPTIEMBRE DE 2019

República de Colombia Consejo de Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas Presidente Consejo de Estado

COMITÉ EDITORIAL

Rocío Araújo Oñate Hernando Sánchez Sánchez César Palomino Cortés Myriam Stella Gutiérrez Argüello Wilson Ramos Girón Nandy Melissa Rozo Cabrera

RELATORÍAS

Sección Primera de lo Contencioso Administrativo Liliana Marcela Becerra Gámez Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo Gloria Cristina Olmos Leguizamón Antonio José Sánchez David Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo Jorge Eduardo González Correa Natalia Yadira Castilla Caro Guillermo León Gómez Moreno Nubia Yaneth Pajarito Navarrete Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo María Magaly Santos Murillo Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo Wadith Rodolfo Corredor Villate Sala de Consulta y Servicio Civil Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Juan Sebastián Solarte Álvarez Acciones Constitucionales Pedro Javier Barrera Varela Camilo Augusto Bayona Espejo Juan Alejandro Suárez Salamanca PUBLICACIÓN Oficina de sistemas Boletín del Consejo de Estado. Jurisprudencia y Conceptos. No. 263, febrero de 2023

ISSN: 2711-385X

www.consejodeestado.gov.co Consejo de Estado Calle 12 No. 7-65, Bogotá D.C. Palacio de Justicia Bogotá D.C. – Colombia 2

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CONTENIDO

CONTENIDO 3

EDITORIAL 5

I. NORMAS ANULADAS Y EXHORTOS 6

II. ASUNTOS CONSTITUCIONALES 7 ➢ C.P. César Palomino Cortés, radicación: 11001-03-15-000-2022-01434-01 (AC) ➢ C.P. María Adriana Marín, radicación 11001-03-15-000-2022-05084-01 (AC) ➢ C.P. Alberto Montaña Plata, radicación 11001-03-15-000-2022-02317-01(AC) ➢ C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, radicación 11001-03-15-000-2021-11153-01(AC) ➢ C.P.: María Adriana Marín, radicación: 13001-23-33-000-2014-00406-01 (AP) ➢ C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación: 68001-23-33-000-2022-00621-01 (ACU) ➢ C.P. Rocío Araujo Oñate, radicación: 23001-23-33-000-2022-00155-01 (ACU) ➢ C.P. Alberto Montaña Plata, radicación: 54001-23-33-000-2014-00438-02 (AG) ➢ C.P. Martin Gonzalo Bermúdez Muñoz, radicación: 05001-23-33-000-2014-02100-01 (AG).

III. SALA PLENA DEL CONTENCIOSO 32 ➢ C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, radicación: 68001-23-33-000-2013-00735-02(B-SU)

➢ C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación: 11001-03-15-000-2022-03485-00(PI) ➢ C.P. Fredy Ibarra Martínez, radicación: 11001-03-15-000-2020-04294-00(REV) ➢ C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación: 11001-03-15-000-2021-04180-00(CA) ➢ C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, radicación: 11001-03-15-000-2022-04767-00(PI) ➢ C.P. Nicolás Yepes Corrales, radicación: 11001-03-15-000-2022-02702-00(PI)

IV. SECCIÓN PRIMERA 55 ➢ C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación: 47001-23-33-000-2021-00025-01. ➢ C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación: 25000-23-24-000-2011-00170-01 (Acumulados). ➢ C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación: 11001-03-24-000-2012-00025-00.

V. SECCIÓN SEGUNDA 62 ➢ C.P. William Hernández Gómez, radicación: 66001-23-33-000-2016-00692-01 (0927-2019) ➢ C.P. César Palomino Cortés, radicación:18001-23-33-000-2013-00210-01 (5299-2018) ➢ C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación: 05001-23-31-000-2013-00040-02 (870-2021)

➢ C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 23001-23-33-000-2013-00390-01 (3612-2015) ➢ C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicación: 13001-23-33-000-2014-00086-01 (0949–2019)

VI. SECCIÓN TERCERA 42 ➢ C. P. José Roberto Sáchica Méndez, radicación: 54001-23-31-000-2009-00272-01(56232). ➢ C. P. Guillermo Sánchez Luque, radicación: 54001-23-31-000-2010-00029-01(57521).

VII. SECCIÓN CUARTA 77 ➢ C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, radicación: 11001-03-27-000-2021-00004-00 (25440). ➢ C. P. Milton Chaves García, radicación: 25000-23-37-000-2015-01555-01 (26341). ➢ C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, radicación: 25000-23-37-000-2018-00074-01 (26007). ➢ C. P. Wilson Ramos Girón, radicación: 25000-23-37-000-2017-00138-01 (26365).

VIII. SECCIÓN QUINTA 84 ➢ C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación: 05001-23-33-000-2022-00754-01. ➢ C.P. Rocío Araújo Oñate, radicación: 11001-03-28-000-2022-00084-00.

➢ C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación: 11001-03-28-000-2022-00046-00. 3

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➢ C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, radicación: 25000-23-41-000-2020-00222-01.

IX. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 103 ➢ C.P. Óscar Darío Amaya Navas, radicación: 11001-03-06-000-2018-00161-00(2396). ➢ C.P. Óscar Darío Amaya Navas, radicación: 11001-03-06-000-2022-00036-00(2475). ➢ C.P. Maria del Pilar Bahamón Falla, radicación: 11001-03-06-000-2022-00250-00(2489) ➢ C.P. Edgar González López, radicación: 11001-03-06-000-2022-00244-00(2488). ➢ C.P. Álvaro Namén Vargas, radicación: 11001-03-06-000-2019-00013-00(2411).

X. SEPARATA ESPECIAL DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 114

➢ C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación: 11001-03-28-000-2021-00057-00. ➢ C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación: 11001-03-28-000-2022-00038-00. 4

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EDITORIAL El Consejo de Estado ha direccionado sus esfuerzos a difundir su jurisprudencia a través de diversas estratégicas, de la mano de la transformación digital. Por ello, esta compilación

mensual se divulga a través de medios digitales, con el propósito de que cada vez llegue a más destinatarios, para contribuir en los diferentes campos de aplicación del derecho administrativo, constitucional y de los conceptos emitidos para el Gobierno Nacional. En esta edición, presentamos una acción de cumplimiento que declaró la improcedencia de este tipo de acciones para cuestionar las reglas de las convocatorias con el fin de participar en procesos de selección de personal, basados en el mérito y ordenar la modificación de la lista de elegibles. Asimismo, en una acción de grupo, la Corporación condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por los casos de desplazamiento ocasionados por la masacre de la GranjaItuango. En asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, se unificó jurisprudencia de autos y se definió que la notificación de las sentencias por vía electrónica, prevista en el inciso primero del artículo 203 del CPACA, se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles, siguientes al envío del mensaje, y que los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 205 id. Por otro lado, la Sección Tercera dentro de una acción de reparación directa, condenó al Estado, bajo el título de falla del servicio por la ejecución extrajudicial de un civil a manos del Ejército Nacional, la que hicieron pasar como ocurrida en combate. La Sala de Consulta y Servicio Civil, resolvió en un concepto emitido al Gobierno Nacional, en

el sentido de que para efectos de cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-153 de 2022, los convenios interadministrativos celebrados al amparo del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, que se encuentran en ejecución, deben ser terminados y liquidados inmediatamente, sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados y de las restituciones a que haya lugar entre las entidades que la suscriban. Por último, resaltamos en materia de equidad de género y no discriminación, la Sección Quinta declaró la nulidad del nombramiento de Alberto Carrasquilla Barrera como miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República, al constatar que hubo incumplimiento en la cuota de género, teniendo en cuenta que, de los cinco miembros, solamente uno de ellos estaba ocupado por una mujer, siendo necesaria la presencia de 2. Los invitamos a compartir y a suscribirse a esta herramienta de consulta a través del siguiente link https://forms.office.com/r/zBUXSqL5Ac 5

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I. NORMAS ANULADAS

SECCIÓN PRIMERA

1. La Directiva 001 de 2010, expedida por el Presidente de la República, sobre la “Garantía del derecho fundamental a la consulta previa de los grupos étnicos nacionales.”: Los capítulos 2 y 3, el segundo párrafo del capítulo 4 y las reglas b), c) y d) del capítulo 5.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de noviembre de 2022; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación: 11001-03-24-0002012-00025-00. (ver página 59 de este boletín).

SECCIÓN CUARTA

1. El Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”, proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: el aparte «y el mismo incluirá tanto el valor de los bienes muebles e inmuebles que presten usos y servicios complementarios o conexos, tales como: parqueaderos, depósitos, buhardillas, terrazas, antejardines y patios; así como el correspondiente a contratos de mejoras o acabados suscritos con el constructor o con terceros. De igual forma, son parte integral del valor de la vivienda las obras de urbanismo ejecutadas por el constructor para garantizar la habitabilidad de las viviendas en los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria»,, contenido en el inciso segundo del parágrafo 1 del artículo 1.6.1.26.1, modificado por el Decreto 096 de 2020.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 27 de octubre de 2022, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, radicación: 11001-03-27-000-202100004-00 (25440) (ver página 81 de este boletín). EXHORTOS La Sección Quinta exhortó al Concejo municipal de Zipaquirá para que en las elecciones que efectúe, implemente medidas de seguridad para la realización de pruebas de conocimientos. Sobre el particular dispuso en la parte considerativa lo siguiente: “(…) exhortar al Concejo

municipal de Zipaquirá para que en elecciones futuras –y, especialmente, en la del secretario general de la corporación–, implemente medidas de seguridad para la realización de las pruebas de conocimientos que, como se ha sostenido, son el medio idóneo y eficaz para asegurar la transparencia, claridad y probidad del procedimiento, por lo que, en lo sucesivo, no puede faltar la adopción de una cadena de custodia rigurosa.” Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1º de diciembre de 2022, C. P. Rocío Araújo Oñate, radicación 25000-23-41-000-2022-00004-01. 6

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II. ASUNTOS

CONSTITUCIONALES

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ACCIONES DE TUTELA

1. Se niegan las pretensiones de la demanda de tutela dirigida a cuestionar el laudo arbitral que dirimió el conflicto entre Promoambiental Distrito y Proceraseo, sobre la remuneración para los concesionarios de aseo público de Bogotá.

Síntesis del caso: El Distrito Capital de Bogotá, Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor

de Bogotá D.C. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos—UAESP— ejercieron la acción de tutela para cuestionar el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, constituido para dirimir las controversias suscitadas entre Promoambiental S.A.S. E.S.P. y Procesador de Información del Servicio de Aseo S.A.S., sobre

la remuneración para los concesionarios de las áreas de servicio exclusivo —ASE— para la prestación de servicio público de aseo en Bogotá. La acción de tutela se ejerció bajo el entendido de que el laudo arbitral vulneró el derecho al debido proceso UAESP e incurrió en los defectos orgánico y procedimental absoluto, debido a que la decisión se produjo sin que dicha entidad hubiera sido vinculada como litisconsorte necesario, ya que fue el órgano que llevó a cabo la Licitación Pública UAESP 002 de 2017, mediante la cual se adjudicaron los contratos de concesión de prestación del servicio de aseo para el esquema de ASE en la ciudad de Bogotá.. IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD EN LA ACCIÓN DE TUTELA / EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN / OMISIÓN EN EL AGOTAMIENTO DEL MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / FALTA DE VINCULACIÓN DE TERCERO PROCESAL / PROCESO ARBITRAL / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA Problema jurídico 1: ¿La acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – Secretaría Jurídica Distrital y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESPpodían interponer el recurso de anulación contra el laudo arbitral cuestionado?

Tesis 1: “E]n el fallo de primera instancia se indica que la solicitud de amparo es improcedente, porque la parte actora cuenta con el recurso de anulación previsto en la Ley 1563 de 2012, para cuestionar la validez del Laudo Arbitral de 8 de noviembre de 2021; lo cierto es que la procedibilidad de dicho mecanismo judicial este sujeta a la existencia y configuración de alguna de las causales expresamente señaladas en los artículos 41 y 108 de la referida ley, lo cual a su vez está supeditado al cumplimiento de unos presupuestos procesales previstos por el legislador, por lo que la idoneidad y eficacia del instrumento judicial no es absoluta. (…) [D]e acuerdo con los hechos expuestos en el escrito de tutela, se advierte que, si bien, las entidades accionantes alegan una falta de competencia del Tribunal Arbitral por excederse en los temas objeto de decisión, lo cual podría configurar la causal prevista en el numeral segundo del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, “2. La Caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia”, lo cierto es que el mismo artículo dispone que “Las causales 1, 2 y 3 solo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia”, es decir, que la procedibilidad de la causal segunda, está sujeta a que la parte recurrente haya participado en el proceso, pues le impone al interesado formular recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia; sin embargo, revisado el expediente de contentivo al proceso arbitral, no se 8

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BOLETÍN 246 SEPTIEMBRE DE 2021 observa que las demandantes se hayan vinculado formalmente al trámite arbitral como partes o terceros interesados, ni hayan interpuesto recurso alguno contra el auto de asunción de competencia dictado por el Tribunal de arbitramento, por lo que resulta evidente que el recurso de anulación no se constituye en un instrumento idóneo y eficaz para las protección del derecho fundamental alegado por la Alcaldía de Bogotá D.C. y la UAESP, toda vez que no se encontraban habilitadas para invocar la causal mencionada. (...) [L]as accionantes alegan un defecto procedimental por parte del Tribunal de Arbitramento, porque omitió convocar a la UAESP, pese a ser la entidad que adelantó el proceso licitatorio y celebró los cinco contratos de concesión para proveer el servicio de aseo en la ciudad de Bogotá, lo que le impidió ejercer sus derechos de defensa y contradicción; en tanto que el laudo arbitral del 8 de noviembre de 2021 modificó los documentos contractuales en los que dicha entidad participó. (…) [A]aunque la parte tutelante podía hacer uso del recurso de anulación con fundamento en la causal prevista en el numeral 4° del artículo 41 y el literal b) del numeral 1° del artículo 108 de la Ley 1563 de 2012, lo cierto, es que las interesadas podían acudir a dicho mecanismo judicial dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la providencia que resuelva sobre la aclaración, corrección o adición del Laudo Arbitral de 8 de noviembre de 2021, tal y como lo dispone el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. (…) [E]l Laudo complementario de 23 de noviembre de

2021, se notificó a las partes el 24 de noviembre de 2021, por lo que la fecha límite para el ejercicio del recurso era el 24 de diciembre de 2021; sin embargo, de acuerdo con los documentos allegados al expediente de tutela, se evidencia que la notificación efectuada de dicha providencia no incluyó a la Alcaldía Distrital de Bogotá D.C., ni a la UAESP, por no ser parte del proceso y, en consecuencia, no fueron enteradas oportunamente de la decisión acusada, lo cual impidió que se dieran las condiciones para que pudieran hacer uso oportuno del recurso de anulación. (…) [P]ara el momento en que la parte actora presentó la demanda de tutela, ya se había superado el término previsto en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, por lo que exigirle que empleara el recurso de anulación para solicitar la protección de sus derechos, sería imponerle una medida desproporcionada que a todas luces resulta improcedente en este instante. (…) [A]unque los concesionarios del servicio de aseo presentaron el recurso de anulación contra el Laudo de 8 de noviembre de 2021 y la Alcaldía Distrital de Bogotá D.C. y la UAESP puedan solicitar su vinculación a dichos asuntos, como coadyuvantes de la parte recurrente, lo cierto, es que su legitimación sería cuestionada por su calidad de parte y su falta de participación activa en el proceso arbitral, aunado a que su intervención estaría supeditada a los argumentos, peticiones y demás actos procesales del recurrente principal. (…) [S]i bien en el ordenamiento jurídico existe otro medio de defensa judicial con el

cual la parte actora podría solicitar la protección del derecho al debido proceso que invoca en el presente asunto, lo cierto, es que dicho instrumento no es suficientemente idóneo y eficaz para amparar el derecho fundamental pretendido. En consecuencia, la Subsección estima que la acción de tutela, contrario a lo dispuesto por el A-quo, resulta procedente para estudiar las presuntas irregularidades alegadas por la parte demandante contra el Laudo Arbitral de 8 de noviembre de 2021.” ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / LAUDO ARBITRAL / PROCESO ARBITRAL / IMPROCEDENCIA DE LA VINCULACIÓN AL PROCESO / FALTA DE

VINCULACIÓN DE TERCERO PROCESAL / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

SERVICIOS PÚBLICOS / CLASES DE LITISCONSORCIO / CLASES DE LITISCONSORCIO

FACULTATIVO / CLASES DE LITISCONSORCIO NECESARIO / CONCEPTO DE

LITISCONSORCIO FACULTATIVO / CONCEPTO DE LITISCONSORCIO CUASINECESARIO

/ CONCEPTO DE LITISCONSORCIO NECESARIO / IMPROCEDENCIA DEL LITISCONSORCIO NECESARIO / IMPROCEDENCIA DE INTEGRACIÓN DE LITISCONSORCIO / CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ASEO / CONTRATO DE CONCESIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO / ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / CONFLICTO ENTRE PARTICULARES / CONTRATO ENTRE PARTICULARES / SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / TARIFA DE ASEO / TARIFA DEL SERVICIO

PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL / INEXISTENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL Problema jurídico 2: ¿El Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, que resolvió las disputas entre Promoambiental S.A.S. E.S.P. y Procesador de Información del Servicio de Aseo S.A.S., vulneró el derecho al debido proceso de las accionantes e incurrió en vía de hecho por defecto procedimental, al proferir el Laudo Arbitral de 8 de noviembre de 2021, sin vincular a la UAESP al proceso arbitral? 9 2 BOLETÍN 263 Tesis 2: “[E]l proceso arbitral fue promovido por la sociedad Promoambiental Distrito Ambiental S.A.S. E.S.P – Promoambiental contra la sociedad Procesador de Información del Servicio de Aseo – Proceraseo, con fundamento en la cláusula compromisoria establecida el artículo 38 de los estatutos sociales de la convocada, con el fin de adecuar las supuestas irregularidades ocurridas con el procedimiento, a través del cual se liquidó y se hizo efectiva la distribución y el pago de los dineros recaudados vía tarifas que le corresponde como remuneración los prestadores del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá D.C. (…) [E]l Tribunal Arbitral, con Auto de 7 de febrero de 2020, vinculó al proceso como litisconsortes necesarios a las sociedades LIME, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia, por tener un interés directo en la discusión planteada y/o en el resultado del proceso. (…) [S]i bien, la UAESP no solicitó directamente la

comparecencia al proceso arbitral, también es cierto que, la sociedad LIME efectuó oportunamente la solicitud ante el Tribunal de Arbitramiento, mediante escrito de 20 de febrero de 2020; sin embargo, la autoridad accionada con Auto N° 7 de 26 de marzo de 2020, negó la vinculación de la UAESP, porque en su criterio no se evidenciaba el interés jurídico para acudir al trámite arbitral de la entidad pública, toda vez que las pretensiones de la demanda se dirigían a discutir aspectos propios del objeto social de la sociedad Proceraseo S.A.S., y no tenían su origen en el Contrato de Concesión N° 283 de 2018, ni se cuestionaba la conducta contractual de la UAESP, pues este tipo de reclamaciones se plantearon dentro del proceso arbitral promovido por la sociedad Promoambiental Distrito Ambiental S.A.S. E.S.P contra la UAESP dentro del expediente con radicado N° 117600. (…) [C]ontra dicha providencia no se interpuso recurso alguno por parte de los concesionarios del servicio de aseo, en especial de la sociedad LIME S.A., quien realizó la solicitud formal de la vinculación de la UAESP, por lo que se colige que dicha decisión quedó en firme dentro del trámite arbitral. (…) [S]e tiene que en la composición de un litigio pueden fungir como parte demandante y demandada una sola persona en cada caso o por el contrario pueden converger a integrarlas una pluralidad de sujetos, evento en el cual se está en presencia de lo que la ley y la doctrina han denominado un litisconsorcio. (…) El litisconsorcio necesario ocurre cuando hay una pluralidad de

sujetos que actúan en calidad de demandante (litisconsorcio por activa) o demandado (litisconsorcio por pasiva) que están vinculados por una “relación jurídico sustancial”, caso en el cual y, por expreso mandato de la ley, es indispensable la presencia dentro del litigio de todos y cada uno de ellos, para que el proceso pueda desarrollarse, pues cualquier decisión que se tome dentro de éste puede perjudicar o beneficiarlos a todos. La vinculación de quienes conforman el litisconsorcio necesario podrá hacerse dentro de la demanda, no obstante, si esto no ocurre, el juez de oficio o por solicitud de parte podrá vincularlos en el auto admisorio de la demanda o en cualquier tiempo antes de la sentencia de primera instancia, otorgándoles un término para que comparezcan, presenten sus argumentos y soliciten las pruebas que consideren relevantes para el desarrollo del asunto, esto con el fin de lograr su vinculación al proceso para que tenga la oportunidad de asumir la defensa de sus intereses dado que la sentencia lo puede afectar. (…) [E]l litisconsorcio será facultativo o voluntario cuando concurran libremente al litigio varias personas, en calidad de demandantes o demandados, ya no en virtud de una única relación jurídica sino de tantas, cuantas partes, dentro del proceso, deciden unirse para promoverlo conjuntamente, aunque bien pudieran iniciarlo por separado. En este caso, el proceso puede adelantarse con o sin su presencia porque el contenido de la sentencia en últimas no lo perjudica ni lo beneficia. (…) [L]a UAESP alega que le asistía el interés de participar en el proceso como litisconsorte necesario, porque fue la entidad pública que adelantó

el proceso licitatorio N° UAESP-LP-02-2017 y celebró los contratos de concesión para la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá D.C. (…) [E]l litigio se planteó entre las sociedades Promoambiental Distrito S.A. E.S.P y Proceraseo S.A.S., con el fin de dirimir las controversias suscitadas con la recolección de información y los mecanismos empleados para liquidar la distribución y el pago de los dineros recaudados vía tarifas, que le corresponde como remuneración a los prestadores del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., lo cual es un aspecto propio del objeto social de la entidad convocada al trámite arbitral. (…) [L]a sociedad demandante, en el libelo de la demanda y la reforma de la misma, no cuestiona ningún aspecto del contrato de concesión N° 283 de 2018, suscrito entre Promoambiental S.A. y la UAESP, toda vez que ello fue objeto de debate en el proceso arbitral con radicado N° 117600, como lo indicó el Tribunal de Arbitramento en el Auto N° 7 de 26 de marzo de 2020. (…) [T]eniendo en cuenta la naturaleza de las partes convocante y convocada al proceso arbitral y el objeto del litigio, no se puede inferir la existencia de un interés jurídico directo de la UAESP en el proceso arbitral, toda vez que el objeto de la discusión jurídica escapaba de las competencias y funciones de la entidad de derecho público, no siendo un deber para el Tribunal Arbitral vincularla al trámite, por lo que no se puede concluir que la ausencia de la UAESP en el proceso, constituya una actuación irregular de la autoridad accionada, que a la postre

implique una vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la entidad tutelante. (…) [E]n la composición accionaria de la sociedad Promoambiental Distrito S.A. E.S.P, como de la sociedad 10 2 BOLETÍN 263 Proceraseo S.A.S., no se encuentra incluida la UAESP, razón por demás que para señalar que no estaba llamada a integrar el contradictorio como litisconsorte necesario. (…) [N]o es de recibo que la entidad tutelante pretenda alegar el desconocimiento del proceso arbitral y la vulneración de su derechos al debido proceso, defensa y contradicción, cuando resulta evidente que la UAESP tuvo conocimiento del trámite procesal, a través de los Autos N° 18 de 14 de enero de 2021 y N° 20 de 5 de febrero de 2021, mediante los cuales el Tribunal de Arbitramento la requirió para que rindiera un informe, lo cual fue atendido por la UAESP, con oficio de 17 de febrero de 2021, en cuyo contenido no se expuso el interés para conformar el contradictorio, ni se le pidió al Tribunal que reconsiderara la decisión tomada mediante auto de 26 de marzo de 2020, de no vincularla al proceso.” ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / LAUDO ARBITRAL / AUSENCIA DE DEFECTO ORGÁNICO / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / FACULTADES DEL ÁRBITRO / FUNCIONES DEL ÁRBITRO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONTROL DE

LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO

ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / CONFLICTO ENTRE PARTICULARES / CONTRATO ENTRE PARTICULARES / PAGO POR EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / TARIFA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / TARIFA DE ASEO / OBJETO DE LA SOCIEDAD Problema jurídico 3: ¿El Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, que resolvió las disputas entre Promoambiental S.A.S. E.S.P. y Procesador de Información del Servicio de Aseo S.A.S., vulneró el derecho al debido proceso de las accionantes e incurrió en vía de hecho por defecto orgánico, al proferir el Laudo Arbitral de 8 de noviembre de 2021, dado que, presuntamente se pronunció sobre el Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y la legalidad de la Resolución CRA 720 de 2015, sin tener competencia para tal efecto? Tesis 3: “[E]l Tribunal Arbitramento consideró que el litigio planteado por la sociedad convocante (Promoambiental S.A.S ESP) está directamente relacionado con el objeto social de Proceraseo S.A.S., el cual está claramente delineado en sus estatutos sociales y vincula a sus accionistas; por ende, no se puede inferir que la controversia se deriva del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 (…) [E]l Tribunal desestimó las excepciones de i) falta y ausencia de jurisdicción y competencia, así como las de ii) inexistencia de conflicto societario, planteadas por las sociedades concesionarias del servicio de aseo, al

considerar que el objeto social de Proceraseo comprende el montaje, administración y operación del sistema de información del servicio público domiciliario de aseo en la ciudad de Bogotá, tal y como lo establece el artículo segundo de los estatutos sociales, por lo que a juicio del Tribunal no era posible aceptar que las controversias relacionadas con la ejecución de esas tres actividades estén por fuera de la cláusula compromisoria, puesto que las mismas constituyen precisamente el objeto social único, especial y exclusivo de la sociedad. (…) [E]l Tribunal resaltó que el hecho de que la Convocante esté cuestionando la forma de remuneración del servicio de aseo que recibe por los componentes CBLS y CLUS, en nada afecta la competencia del Tribunal, pues en ese cuestionamiento está afirmando que esa remuneración se recibe como consecuencia de una inadecuada ejecución del objeto social por parte de Proceraseo, en desarrollo de las actividades en las que de manera exclusiva se centra su actividad, planteamiento que se basa en los estatutos sociales y que, por ende, tiene naturaleza societaria. (…) [E]l Tribunal de Arbitramento, en el acápite de competencia descrito en el Laudo Arbitral de 8 de noviembre de 2021, concluyó que se encontraba facultado para dirimir las controversias suscitadas entre la sociedad Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P., y la sociedad Procesador de Información del Servicio de Aseo S.A.S., - Proceraseo, relacionadas con la ejecución del objeto social de esta última. (…) [E]l Tribunal señaló que la disputa se centraba en verificar la forma como Proceraseo comprendió y aplicó una de las variables de la ecuación,

con la que se construye el Recaudo Base de Remuneración del Concesionario (RBR) en cada ASE, y que se halla prescrita en el numeral 3° del Anexo 5 de la Licitación Pública UAESP N° 002 de 2017, denominado Esquema Financiero del Servicio Público de Aseo. (…) [L]a Resolución CRA 720 de 2015, definió las ecuaciones para determinar el Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor – CLUS- (artículo 15), el Costo de Barrido y Limpieza de Vías Áreas Públicas por Suscriptor – CBLS- (artículo 21) y el Costo de Recolección y Transporte de Resi