CE - Boletin 228

BOLETÍN 222 SEPTIEMBRE DE 2019

BOLETÍN 223 OCTUBRE DE 2019

República de Colombia Consejo de Estado Álvaro Namén Vargas Presidente Consejo de Estado

COMITÉ EDITORIAL

Rocío Araújo Oñate Hernando Sánchez Sánchez Gabriel Valbuena Hernández Marta Nubia Velásquez Rico Martín Bermúdez Muñoz Julio Roberto Piza Ana Yasmín Torres Torres

RELATORÍAS

Sección Primera de lo Contencioso Administrativo Liliana Marcela Becerra Gámez Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo Gloria Cristina Olmos Leguizamón Antonio José Sánchez David Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo Jorge Eduardo González Correa Natalia Rodrigo Bravo Natalia Yadira Castilla Caro Guillermo León Gómez Moreno Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo María Magaly Santos Murillo Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo Wadith Rodolfo Corredor Villate Sala de Consulta y Servicio Civil Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Derys Susana Villamizar Reales Acciones Constitucionales Pedro Javier Barrera Varela Camilo Augusto Bayona Espejo Juan Alejandro Suárez Salamanca

DISEÑO

Julián Marcel Toro V.

PUBLICACIÓN

Camilo Ernesto Losada 2

BOLETÍN 228 MARZO DE 2020

CONTENIDO CONTENIDO .............................................................................................. 3

EDITORIAL .................................................................................................. 4

I. NORMAS ANULADAS .......................................................................... 5

II. NORMAS SUSPENDIDAS .................................................................... 6

III. LEGALIDAD CONDICIONADA ...................................................... 6

IV. EXHORTOS ........................................................................................... 7

V. SENTENCIA DE UNIFICACIÓN ....................................................... 9

VI. ASUNTOS CONSTITUCIONALES ............................................... 13

VII. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 25

VIII. SECCIÓN PRIMERA........................................................................ 29

IX. SECCIÓN SEGUNDA ...................................................................... 37

X. SECCIÓN TERCERA ......................................................................... 43

XI. SECCIÓN CUARTA ......................................................................... 54

XII. SECCIÓN QUINTA......................................................................... 62

XIII. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL ............................... 71

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EDITORIAL En esta edición se registran importantes decisiones en relación con la validez de normas. La Sección Primera anuló el Decreto 383 de 1960, suspendió la Ordenanza 027 de 2011 de la Asamblea Departamental del Guaviare y le otorgó validez condicionada a la Resolución 1441 de 2013. La Sección Cuarta anuló un vocablo del Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016 y le otorgó legalidad condicionada a una expresión del mismo decreto. A su turno, la Sección Quinta anuló una expresión de la Resolución 1706 del 8 de mayo de 2019. Como novedades jurisprudenciales, la Sala Plena de la Corporación unificó jurisprudencia y estableció, entre otras cosas, que el régimen contractual de la entidad que celebra un contrato de obra pú- blica no es determinante cuando se trata de establecer el hecho generador de la contribución de esos contratos. En esta importante decisión se concluye que si la entidad de derecho público celebra un contrato de obra, en calidad de responsable del tributo, no solo debe retener y consignar la contribución a la cuenta correspondiente, por la suscripción de los aludidos contratos, sino también remitir a la DIAN, copia del recibo de consignación y una relación donde conste el nombre del contratista, el objeto y el valor de los contratos. Así mismo, la Sala Plena de la Sección Segunda sentó jurisprudencia sobre el régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporó a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional —Dirección General de Sanidad Militar. En materia de pérdida de investidura, la Sala Plena desestimó la demanda formulada contra el senador Jonatán Tamayo Pérez, tras considerar que, a la fecha de suscripción del acuerdo de la “Lista de la Decencia” las normas aplicables a la materia no contemplaban, para quienes suscribían coaliciones, sanciones a los integrantes que se apartaran de sus criterios políticos, como sí ocurría con los militantes de organizaciones políticas que tuvieran personería jurídica y procedieran en el mismo sentido, respecto de la organización con la que se encontraran vinculados. La Sala Plena también confirmó sentencia que negó la pérdida de investidura del exrepresentante a la Cámara Nevardo Eneiro Rincón Vergara, explicando el alcance que tiene la contestación a la demanda de pérdida de investidura, y la imposibilidad de ampliar el espectro de la demanda primigenia con base en esta última. Estas y otras decisiones en asuntos constitucionales, en cada una de las Secciones y en la Sala de Consulta y Servicio Civil, hacen de esta edición un recurso académico importante para el análisis del

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I. NORMAS ANULADAS

1. El Decreto 383 de 1960 “Por medio del cual se aprueba un acta y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobernador del Departamento de Antioquia.

El Decreto 2846 de 1997 “Por medio del cual se revoca un Decreto”, expedido por el Gobernador del Departamento de Antioquia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de noviembre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación: 05001-23-31-000-2006-0380001. (Ver pág. 35 de este Boletín).

2. El Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016, “Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario en materia tributaria”, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: el vocablo «exclusivamente», contenido en el ordinal 2.3 del artículo 1.2.4.1.36, adicionado a ese cuerpo normativo por el artículo 10 del Decreto 2250 de 2017.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de febrero de 2020, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez, radicación: 11001-03-27-000-2018-00042-00 (24048). (Ver página 56 de este Boletín).

3. La Resolución 1706 del 8 de mayo de 2019, “Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso

electoral”, expedida por el Consejo Nacional Electoral: la expresión “Los escrutinios podrán instalarse, pero serán suspendidos en tanto se hace la publicación total ordenada anteriormente” contenida en el artículo segundo y del inciso segundo y el parágrafo del artículo cuarto. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de febrero de 2020, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación: 11001-03-28-000-2019-00032-00. (Ver pá- gina 69 de este Boletín). 5

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II. NORMAS SUSPENDIDAS La Ordenanza 027 de 2011 “Por medio de la cual se expide el reglamento interno de la Asamblea Departamental del Guaviare, se derogan unas ordenanzas y se dictan otras disposiciones”, expedida por la Asamblea del Departamento del Guaviare: El numeral 2° del artículo 265 y los artículos 266, 267, 268 y 269 del capítulo 7° denominado “Reglamentación de autorización para celebrar contratos”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 30 de enero de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación: 50001-23-33-000-2017-00266-01. (Ver pág. 32 de este Boletín).

III.LEGALIDAD CONDICIONADA

1. El Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016, “Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario en materia tributaria”, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

la expresión «sea la compraventa», prevista en el ordinal 2.3 del artículo 1.2.4.1.36, adicionado a ese cuerpo normativo por el artículo 10 del Decreto 2250 de 2017, bajo el entendido de que la prueba de que los recursos retirados de cuentas AFC o AVC fueron destinados a la adquisición de vivienda sin financiación, debe hacerse mediante copia de escritura pública en la que conste cualquier título traslaticio del dominio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de febrero de 2020, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez, radicación: 11001-03-27-000-2018-0004200 (24048). (Ver página 56 de este Boletín).

2. La Resolución 1441 de 2013 “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social: La expresión “especialista en radiología e imágenes diagnósticas” contenida en la descripción y en el estándar de talento humano para la prestación del servicio de radiología e imágenes diagnósticas de baja complejidad, bajo el entendido que también comprenderá a los médicos especialistas quienes en su pensum o formación académica hayan adquirido los conocimientos del manejo e interpretación del espectro electromagnético, del ultrasonido especialmente, así como de las radiaciones ionizantes para establecer el diagnóstico y/o el tratamiento de las enfermedades inherentes a sus especialidades siempre que lo acrediten en el respectivo certificado, conforme a lo establecido por el parágrafo del artículo 4 de la Ley 657 de 2001.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de diciembre de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación: 11001-03-24-000-2013-00503-00. (Ver pág. 30 de este Boletín). 6

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IV. EXHORTOS

1. La Sala de Consulta y Servicio Civil exhortó al Departamento Administrativo de la Función Pública, a que presente para el sector público un proyecto de ley en materia de jornada laboral, acorde a las nuevas tecnologías.

Señaló la Sala de Consulta: “Dada la insuficiencia regulatoria en materia de “sistema de turnos” para el sector público, así como la inflexibilidad de las normas que rigen la función pública en materia de jornada laboral, horarios de trabajo, descansos compensatorios, forma de remuneración de los mismos, entre otros aspectos, ya que su normativa está diseñada de tiempo atrás para lo que sería, desde el punto de vista económico y social, una época que estaría ubicada entre «la primera y segunda revolución industrial», la Sala sugiere al Departamento Administrativo de la Función Pública presentar a la consideración del Congreso de la República un proyecto de ley sobre la materia que actualice dicha regulación bajo los parámetros de lo que hoy en día se denomina la «cuarta revolución industrial» (…) La nueva legislación que se propone impulsar debe considerar los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones y los nuevos modelos de demanda de bienes y servicios por parte de los consumidores que impulsan la necesidad de adoptar nuevos métodos de organización flexible del trabajo, incluida la flexibilidad temporal y

espacial, para dignificar al trabajador y satisfacer la necesidad de calidad en el servicio público, bajo la observancia del derecho fundamental a la buena administración.” Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 9 de diciembre de 2019, C.P. Álvaro Namén Vargas, radicación 11001-03-06-000-2019-00105-00 (2422).

2. La Sala de Consulta y Servicio Civil exhortó a la Alcaldía Distrital de Cartagena para que actúe en forma pronta y oportuna tal como lo exige la ley, sobre las personas jurí- dicas que desarrollen la actividad de construcción y enajenación de inmuebles cuando así sea requerido.

Sobre el particular señaló: “La Sala considera necesario exhortar a la Alcaldía Distrital de Cartagena no solo para que se pronuncie sobre los hechos informados por el peticionario que motivaron el presente conflicto, sino para que en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, y en desarrollo de las atribuciones conferidas, actúe en forma pronta y oportuna, tal y como lo exige la ley, sobre las personas jurídicas que desarrollen la actividad de construcción y enajenación de inmuebles cuando así sea requerido.” Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, auto del 17 de febrero de 2020, C. P. Édgar González López, radicación 11001-03-06-000-2019-00188-00(C).

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3. La Sección Quinta exhortó al Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, para que en

lo sucesivo se garantice la notificación de los fallos de nulidad electoral en los términos del artículo 289 de la Ley 1437 de 2011.

Sobre el particular señaló: “El apoderado de la demandada en su escrito de apelación manifestó como cuestión previa que la sentencia apelada no le fue notificada en los términos del artículo 289 de la Ley 1437 de 2011, sin embargo, fue dada a conocer a la opinión pública y a terceros para ser debatida públicamente, sin que la demandada, ni su apoderado la hubieran conocido previo a ello. No obstante, admitió la notificación por conducta concluyente y en razón de ello interpuso el recurso de apelación y lo sustentó en tiempo, sin hacer ninguna petición de nulidad. Al respecto, encuentra la Sala que efectivamente la secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no notificó la providencia impugnada, ni a la demandada, ni a su apoderado como lo dicta el artículo 289 ibídem. Sin embargo, ello no fue óbice para que la parte pasiva ejerciera de manera plena sus derechos de contradicción y defensa. Lo anterior no obsta para que se deba exhortar a la secretaría del Tribunal para que dé cumplimiento a la anterior disposición, no obstante, al haberse advertido que la demandada tuvo la oportunidad de controvertir la decisión, en aras de la eficiencia y economía procesal se dio continuidad al proceso.” Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de febrero de 2020, C. P. Rocío Araújo Oñate, radicación 25000-23-41-000-2019-00289-01.

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V. SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

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1. Se unifica jurisprudencia para precisar, entre otras cosas, que el régimen contractual de la entidad que celebra un contrato de obra pública no es determinante cuando se trata de establecer el hecho generador de la contribución de esos contratos.

Síntesis del caso: Ecopetrol formuló recurso de apelación contra la sentencia que le había sido parcialmente favorable al requerir se decretara la nulidad de sendas resoluciones de determinación de la contribución de contratos de obras públicas y las resoluciones de los recursos de reconsideración presentados contra ellas, para que en su lugar se les declarara a paz y salvo respecto de las sumas objeto de discusión, considerándose por parte del Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 no sujetó el hecho gravado a un determinado régimen contractual ni a la Ley 80 de 1993, por lo que no es el régimen contractual de la entidad de derecho público, el elemento o factor relevante para la causación de la contribución de obra pública, configurándose el hecho generador del tributo, cuando se celebra el contrato de obra, con cualquier entidad de derecho público, independientemente de su régimen contractual, revocando en su totalidad la sentencia cuestionada para negar las pretensiones de la demanda.

HECHO GENERADOR DE LA CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA – Respecto de entidades con régimen especial de contratación / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE ENTIDAD PÚBLICA – No es relevante para determinar el hecho generador de la contribución sobre los contratos de obra Problema Jurídico 1: ¿Se configura el hecho generador de la contribución de los contratos de obra pública cuando la entidad contratante tiene un régimen especial de contratación? Tesis 1: “[L]a posición acogida por la Sala Plena lleva a establecer que los contratos celebrados por la parte demandante están gravados con el tributo (…) En efecto, el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 no sujetó el hecho gravado a un determinado régimen contractual ni a la Ley 80 de 1993. Por lo anterior, no es el régimen contractual de la entidad de derecho público, el elemento o factor relevante para la causación de la contribución de obra pública. Lo es, que una de las partes sea una entidad de derecho público y que el objeto del contrato sea una de las actividades descritas en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. (…) En consecuencia, se configura el hecho generador del tributo, cuando se celebra el contrato de obra, con cualquier entidad de derecho público, independientemente de su régimen contractual – Ley 80 o exceptuado-. (…)[D]entro de esas entidades de derecho pú- blico, se encuentran las sociedades de economía mixta en las que el Estado tiene participación superior al 50%, como lo es el caso de la entidad demandante, Ecopetrol S.A. De otro lado, el hecho de que algunas entidades de derecho público tengan un régimen especial para cierto tipo de contratos, tales como los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, no impide que cuando suscriban contratos de obra, estos contratos –los de obrase encuentren gravados con el tributo. Todo, porque en ejercicio de su actividad contractual puede celebrar diferentes tipos de contratos, sin que cada uno de ellos pierdan su identidad, pues uno es el objeto social o actividad principal de la entidad, y otra, se repite, su actividad contractual”. Problema Jurídico 2: ¿Constituye el propósito del contrato un factor determinante para establecer si su celebración constituye el hecho generador de la contribución del contrato de obra pública? Tesis 2: “[L]os contratos de exploración y explotación, comercialización e industrialización de recursos naturales renovables y no renovables, son típicos y tienen ciertas particularidades que los distinguen del contrato de obra pública objeto del tributo. En efecto, de acuerdo con las regulaciones contenidas en el Código de Petróleos, de Minas y en algunas disposiciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se encuentra que el contrato de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables tiene por objeto, fundamentalmente, la asignación de un área, para efectos y como su nombre lo indica determinar aspectos como la existencia, 10 BOLETÍN 228 MARZO DE 2020 ubicación, reservas, calidad, etc., de los recursos naturales, y el posterior desarrollo, producción y venta de los recursos encontrados. El citado contrato no tiene el propósito de realizar actividades materiales para construir, reparar o mejorar ciertos bienes –como los contratos de obra pública–, sino que su finalidad es la de determinar la existencia, ubicación, calidad, reservas, extracción, producción, y comercialización de recursos naturales, previa asignación de un área territorial. De modo que, se trata de tipologías contractuales distintas y plenamente identificables por sus características propias, que permiten establecer que el contrato referido en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 no es el mismo contrato de obra pública gravado con la contribución y, por esa razón, no

se subsume dentro del ámbito del hecho generador dispuesto en la ley. Algo semejante puede decirse respecto de las actividades que están delimitadas por la producción, venta, etc., de los recursos respectivos. Adicionalmente, no puede perderse de vista que el hecho gravado del tributo es un contrato específico: el contrato de obra pública, de donde se sigue, que para establecer si se causa o no el tributo, lo que debe examinarse es el objeto del contrato que se celebra con la entidad de derecho público, y no el régimen jurídico de la entidad o el objeto social que la misma desarrolle. Aunado a lo anterior, es importante resaltar que el citado artículo 76 no establece una exención tributaria, sino un régimen jurídico contractual especial sobre un determinado tipo de contrato. Otra cosa es que la norma se refiera a una clase de contrato que no fue gravado por el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, que es la razón por la cual dicho contrato no se encuentra sujeto a la contribución. En tal sentido, si el contratista celebra con una entidad de derecho público un contrato de obra, habrá suscrito un contrato de obra pública gravado con el tributo, independientemente del régimen contractual al que se encuentre sometido el contrato o la entidad de derecho público contratantes.” Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 25 de febrero de 2020, C.P. William Hernández Gómez, radicación: 25000-23-37-000-2014-00721-01(22473) (IJ-SU).

2. La Sala Plena de la Sección Segunda, determinó las reglas para establecer el régimen salarial y prestacional aplicable al personal civil del sistema de salud de las Fuerzas

Militares incorporado a la planta global de empleados pú- blicos del Ministerio de Defensa –Dirección General de Sanidad Militar.

Síntesis del caso: Una profesional especializada laboró desde el 23 de diciembre de 1996 como odontóloga ortopedista maxilar en el Instituto Nacional de Salud. Posteriormente, el 15 de enero de 1998, fue incorporada a la planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional al servicio del Ejército Nacional. Finalmente, el 14 de octubre de 2009, fue nuevamente objeto de incorporación a la nueva planta global de personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa al servicio de la Dirección de Sanidad del Ejército, fecha desde la cual consideró fue desmejorada salarialmente, pues, en el reconocimiento de su asignación básica no se aplicó el régimen de los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, consagrado en el numeral 6 del artículo 3 del decreto 3062 de 1997. Petición esta que fue puesta en consideración de la administración y atendida desfavorablemente.

RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DEL PERSONAL CIVIL DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES INCORPORADO A LA PLANTA GLOBAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA –DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – Reglas / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN /ASIGNACION BÁSICA – Reajuste Problema Jurídico: ¿La servidora pública, pertenenación básica de acuerdo con el régimen salarial preciente al personal civil, incorporada a la Planta Global visto para la Rama Ejecutiva del Poder Público del Ordel Ministerio de Defensa –Dirección de Sanidad Miliden Nacional? tar– como consecuencia de la supresión del Instituto Tesis: "Primero: Sentar jurisprudencia del Consejo Nacional de Salud, tiene derecho al reajuste de su asigde Estado sobre el régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado al Sistema de Salud de 11 BOLETÍN 228 MARZO DE 2020 las Fuerzas Militares que se incorporó a las plantas en materia prestacional en la Ley 100 de 1993 se les de personal de salud del Ministerio de Defensa Naaplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990 (Pará- cional –Dirección General de Sanidad Militar. Con grafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997). Con la Ley este fin, se establece lo siguiente: Entre la vigencia 1033 de 2006 se unificó el régimen de administradel Decreto 1301 de 1994 y de la Ley 352 de 1997, ción de personal que se aplica al personal civil vinaplican las siguientes reglas: 1. En materia salarial: culado a los Organismos y Dependencias del Sector Los empleados públicos vinculados e incorporados Defensa. Por ello, los empleos públicos del personal al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se recivil y no uniformado asignados a la Dirección Genegían por las normas establecidas por el Gobierno ral de Sanidad Militar pertenecen a la planta de perNacional para los servidores de los establecimiensonal del Ministerio de Defensa Nacional, a quienes tos públicos del orden nacional. Por lo tanto, como se les aplican las siguientes reglas: 1. A partir de la quiera que estaban vinculados a un órgano del nivel entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 2007 se

descentralizado no se regían por las normas estareajustaron las plantas de personal, se establecieblecidas para el personal civil del Ministerio de Deron las equivalencias y se fijaron los sueldos con fensa Nacional. 2. En materia de Seguridad Social fundamento en la nomenclatura y clasificación esIntegral el régimen aplicable era el previsto en la Ley pecial, por ello, los sueldos de los empleados civiles 100 de 1993 para los empleados públicos que se no uniformados del sector Defensa se empezaron a vincularan al Instituto de Salud de las Fuerzas Milipagar con base en la nueva nomenclatura. Los emtares y del Instituto para la Seguridad Social y Biepleados civiles no uniformados del sector Defensa nestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las devinculados a la Planta de Personal del Ministerio de más prestaciones les aplicaba el Decreto 2701 de Defensa Nacional –Dirección General de Sanidad 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron. Militar– debieron continuar percibiendo la remuneLos empleados públicos vinculados al Ministerio de ración correspondiente a los empleos que desemDefensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la peñaban a la entrada en vigencia del Decreto 4783 vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporade 2008 mientras ocupen el cargo en el que fueron ron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al incorporados. 2. En el momento en el que el emInstituto para la Seguridad Social y Bienestar de la pleado ocupó el cargo al que fue incorporado por Policía Nacional, continuaron cobijados por el Dedisposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo

creto 1214 de 1990. A partir de la vigencia de la Ley con la nomenclatura y clasificación especial para 352 de 1997 los empleados públicos que antes los empleados civiles no uniformados del sector Deprestaban sus servicios en el Instituto de Salud de fensa, empezó a devengar la asignación básica filas Fuerzas Militares y que fueron incorporados a la jada por el Gobierno Nacional para los empleados planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional, civiles no uniformados del Ministerio de Defensa dejaron de pertenecer al sector descentralizado, y Nacional. Lo que quiere decir que mientras se propara ellos aplican las siguientes reglas: 1. En matedujo la incorporación en el cargo equivalente en la ria salarial los empleados públicos del Instituto de planta global del sector Defensa, de acuerdo con el Salud de las Fuerzas Militares que fueron incorporasistema de nomenclatura y clasificación de emdos a la planta de personal de salud del Ministerio pleos, el servidor debió continuar percibiendo la rede Defensa quedaron sometidos al régimen salarial muneración correspondiente al empleo que desemprevisto para los empleados de la Rama Ejecutiva peñaba, esto es, según el régimen salarial fijado por del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 el Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva Num.6 Decreto 3062 de 1997). 2. En materia prestadel Poder Público del Orden Nacional. Efectuada la cional los empleados públicos del Instituto de Salud incorporación al cargo equivalente en la planta glode las Fuerzas Militares incorporados a la planta de bal del Ministerio de Defensa Nacional, el empleado personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacioqueda sometido a la escala de asignación básica final y que se hubieran vinculado antes de la vigencia jada por el Gobierno Nacional para los empleados de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integriciviles no uniformados del Ministerio de Defensa dad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo Nacional. 3. En materia prestacional la Ley 1033 de modifiquen o adicionen. Al personal vinculado con 2006 no introdujo ninguna modificación, por lo posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se tanto, se mantiene el régimen prestacional fijado en les aplicará dicha normativa. En lo no contemplado la Ley 352 de 1997.” Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia Unificación de 12 de diciembre de 2019, C.P. César Palomino Cortés, radicación 25000-23-42-000-2016-0423501(0901-18) SUJ-019-CE-S2-19. 12

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VI. ASUNTOS CONSTITUCIONALES

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ACCIONES DE TUTELA

1. Primacía del derecho fundamental a la oposición política frente a la prohibición de doble militancia en el caso de nulidad electoral de Ángela María Robledo.

Síntesis del caso: La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de única instancia con fecha 25 de abril de 2019 declaró la nulidad de la Resolución 1595 del 19 de julio de 2018, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral reconoció que la ciudadana Ángela María Robledo Gómez tenía el derecho a ocupar una curul en la Cámara de Representantes, durante el período constitucional 2018-2022.

Como consecuencia de ello canceló la credencial que la acreditaba como congresista al concluir que incurrió en doble militancia, por no renunciar a la curul que ocupaba en la Cámara de Representantes, por el Partido Alianza Verde, doce meses antes del primer día de su inscripción como candidata a la Vicepresidencia de la República. Por lo anterior, la actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales y presentó acción de tutela contra la providencia judicial que declaró la nulidad de su elección como Representante a la Cámara. La Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado avocó conocimiento y profirió fallo de primera instancia el 12 de diciembre de 2019 en el que negó el amparo solicitado, porque estimó que en la sentencia cuestionada en ningún momento se desconoció el derecho personal de la accionante a ocupar el cargo de representante a la Cámara durante el período constitucional 2018-2022 y que una cosa distinta es que ese derecho no pueda tenerse como e