CE-SEC4-1963-04-06

DEDUCCIONES EN IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Concepto RENTAS EXENTAS EN IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Son parte de la renta liquida que el legislador exime de impuesto Para decidir la consulta de la sentencia, se considera: Las deducciones son cosa distinta de las rentas exentas. Aquéllas son los gastos o expensas que la ley permite restar de la renta bruta para formar la renta líquida (artículo 2º, Ley 78 de 1935). Las rentas exentas son aquella parte de la renta líquida que la ley exime de gravamen. Esta distinción aparece clara en el artículo 87 del Decreto 818 de 1936, pues dice: “A diferencia de las deducciones que, como se dijo en el artículo 77, son verdaderos pasivos que deben restarse de la renta bruta del contribuyente para efectos de fijar la renta líquida, las exenciones son parte de la renta líquida que el legislador exime del impuesto”. INDEBIDA IMPOSICION DE IMPUESTOS - No se presente cuando se rechazan deducciones / RECURSOS GUBERNATIVOS TRIBUTARIOS - No procede su interposición en cualquier tiempo y sin pago previo cuando no existe indebida imposición - DEDUCCIONES EN IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Su rechazo no genera una indebida imposición Las deducciones, como se deja dicho, no son rentas exentas, pues ellas son pasivos que deben restarse de la renta bruta. Por consiguiente, en principio, no puede sostenerse que cuando las deducciones se rechazan, se incurra en el

fenómeno de “la indebida imposición” que de modo expreso define el artículo 11 del Decreto Legislativo 341 de 1957, para poder reclamar en cualquier tiempo. En el fondo, puede que exista, por el rechazo de las deducciones, una indebida imposición, pero no la específicamente contemplada en el Decreto y que puede reclamarse en cualquier tiempo. La expresión, para este efecto, no puede generalizarse dándole una interpretación extensiva, porque intrínsecamente en todo reclamo fundado, contra las liquidaciones del impuesto, hay indebida imposición, ya porque no hay obligación de cubrir el tributo liquidado, o porque sólo la hay, pero en cuantía inferior a la fijada por la Administración, y si esto es así, siempre podría reclamarse en cualquier tiempo y sin pago previo, dejándose sin efecto las normas fiscales sobre recursos ordinarios contra las operaciones administrativas de liquidación y sobre la obligación del pago previo, para poder ejercitar los recursos en la vía gubernativa. De lo anterior debe concluirse que en el caso de autos no ocurrió la indebida imposición que permite reclamar, en cualquier tiempo, ante la misma Administración, porque al demandante no se le gravaron en la liquidación del año de 1955 rentas exentas de pagar impuesto, sino que le fueron rechazadas las deducciones pedidas por él en su declaración, por aplicación de la sanción establecida por el artículo 17 del Decreto 270 de 1953. Pudo haber una indebida aplicación de esta regla, porque se aplicó a un hecho no regulado por ella, pero no lo que se entiende por indebida imposición susceptible de ser reclamada, en cualquier tiempo, según el artículo 11 del Decreto Legislativo

341 de 1957. REVISION DE IMPUESTOS IMPUESTOS NACIONALES. RENTA. INDEBIDA IMPOSICION. Las deducciones no son rentas exentas, pues ellas constituyen pasivos que deben restarse de la renta bruta. Por consiguiente, en principio, no puede sostenerse que cuando las deducciones se rechazan, se incurre en el fenómeno de la indebida imposición que de modo expreso define el artículo 11 del Decreto Legislativo 341 de 1957, para poder reclamar en cualquier tiempo. En eventos tales, puede existir una indebida aplicación de la ley tributaria, porque se aplicó a un hecho no regulado por ella, pero no lo que técnicamente ha de entenderse por indebida imposición, a la luz del Decreto 341 de 1957.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA Consejero ponente: ALEJANDRO DOMINGUEZ MOLINA Bogotá, D. E., seis (6) de abril de mil novecientos sesenta y tres (1963) Actor: JOSE GREGORIO JIMENEZ Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALESADMINISTRACION DE IMPUESTOS DE CUNDINAMARCA FALLO La Administración de Hacienda Nacional de Cundinamarca le comunicó el 4 de agosto de 1956 al señor José Gregorio Jiménez la liquidación del impuesto sobre la renta, complementarios y especiales, por el año gravable de 1955, según la cual le correspondía pagar un total de $ 8.606.92, con la nota de que “se rechazaron las deducciones de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 270 de 1953”.

El 16 de junio de 1958 presentó el contribuyente a la misma Administración de Hacienda, un memorial en el que reclamaba contra el impuesto liquidado por el referido año de 1955, diciendo que lo hacía por “indebida imposición que permite reclamar en cualquier tiempo”, pues se le rechazaron las deducciones, por no llevar libros, aplicándole el artículo 17 del Decreto 270 de 1953, siendo así que tal sanción la establece este artículo contra los que se niegan a exhibir los libros sin justa causa y no contra quienes no los llevan y que por habérsele rechazado tales deducciones, se dio lugar a indebida imposición por la no aplicación del artículo 1º de la Ley 78 de 1935, según el artículo 11 del Decreto 341 de 1957. La Administración de Hacienda Nacional, por auto de fecha 25 de abril de 1960, desechó, por extemporánea, la reclamación. Del auto pidió reposición el contribuyente y la misma Oficina por Resolución de 23 de mayo de ese mismo año, lo revocó y en su lugar aceptó que había habido indebida imposición al no aceptarle al señor Jiménez las deducciones solicitadas por el año gravable de 1955, y en consecuencia hizo la liquidación con el reconocimiento de dichas deducciones y lo sancionó por la falta de libros de acuerdo con el artículo 2º del Decreto 341 de 1957. Consultada la Resolución con la División de Impuestos Nacionales, fue revocada por la número R-03827-H de 23 de noviembre de 1960, pues consideró que “el

rechazo de deducciones no implica indebida imposición” y que el contribuyente ha debido reclamar oportunamente y con el lleno de los requisitos legales contra la liquidación. Mediante apoderado, el señor Jiménez presentó demanda el 13 de enero de 1961, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se declarara nula la Resolución de la División de Impuestos Nacionales, se dejara en firme la Resolución de la Administración de Hacienda y como consecuencia, se ordenara la devolución de la suma pagada en exceso por impuestos con los intereses ya pagados, “más los intereses legales al 8% anual de la suma pagada en exceso desde el día que se hizo el pago del impuesto, hasta el día de la devolución del impuesto indebidamente pagado”. La demanda no contiene en forma separada “la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación”, pues se limita a decir que se funda el derecho en la Ley 78 de 1935 y Decreto 818 de 1936; en el Capítulo XXIII, artículo 271 de la Ley 167 de 1941 y demás disposiciones concordantes de esta ley; el Decreto 270 de 1953; el Decreto 341 de 1957 y demás disposiciones legales vigentes y concordantes sobre impuestos; pero, al exponer los hechos se afirma que la sanción que debía aplicarse al contribuyente, por no llevar libros, no era la del artículo 17 del Decreto 270 de 1953, sino la establecida en el artículo 129 del Decreto 818 de 1936 y que “existió en este caso una indebida imposición

de gravamen sobre el impuesto (sic) de renta y patrimonio del año de 1955”, porque el artículo 11 del Decreto 341 de 1957 dice: “La indebida imposición consiste en liquidar impuestos a un contribuyente por razón de renta o bienes que no le pertenezcan o que estén exentos de pagar impuestos en virtud de normas legales expresas”, que “la norma legal expresa en este caso es la Ley 78 de 1935 que establece: “La renta líquida es la renta bruta del contribuyente menos las deducciones concedidas por la Ley” y en este caso se negaron las deducciones aplicando indebidamente el artículo 17 del Decreto 270 de 1953”, pues el demandante “no se negó a presentar los libros, sino que explicó por medio de oficio, que no había llevado libros, con razón y causas justificativas”. El Tribunal, previos los trámites de instancia y en desacuerdo con el concepto de su Fiscal quien consideró que la acción no podía prosperar, porque “el actor no había concretado las disposiciones violadas, sino que se limitó a señalar en general las leyes y decretos y demás disposiciones legales vigentes y concordantes sobre impuestos”, falló el juicio, en forma favorable a las pretensiones de la demanda, por sentencia de fecha 5 de diciembre de 1961, que dispuso fuera consultada con el Consejo, por si “no es apelada”. Se estima en la sentencia que si bien es cierto-en el escrito de demanda “no existe en forma separada u ordenada un capítulo sobre disposiciones violadas y concepto de la violación, en forma expresa, de la lectura del libelo se desentraña

claramente cuál es la intención del demandante y cuáles son las disposiciones que considera violadas por la Resolución número R-03827-H de la División de Impuestos Nacionales”, y al efecto, el fallo hace referencia a lo que se manifiesta en los hechos, para deducir que “no queda duda, pues, que el actor hace su reclamación fundado en que a su mandante se le aplicó indebidamente el artículo 17 del Decreto 270 de 1953, cuando el que se le debía haber aplicado es el artículo 129 del Decreto 818 de 1936 y citando la norma que define la doble imposición”. Estudia en seguida el fallo, en el caso del demandante, cuál era la sanción aplicable por no llevar libros, para concluir que fue legal la actuación de la Administración de Hacienda al proferir la Resolución en que admitió la reclamación del contribuyente y que fue infundada la proferida por la División de Impuestos Nacionales para revocar aquélla, pues considera que sí hubo indebida imposición al aplicar la sanción del artículo 17 del Decreto 270 de 1953, pues lo aplicable era la señalada en el artículo 129 del Decreto 818 de j 1936. Para aceptar que hubo la indebida imposición, razona así: El inciso tercero del artículo 11 del Decreto 341 de 1957, “explica en qué consiste la indebida imposición, y. entre esos casos está el de liquidar impuesto a rentas o bienes que estén exentos de pagar impuestos ‘en virtud de normas legales expresas’. Y al hacer la liquidación al contribuyente sin hacerle las deducciones a

que tiene derecho por la ley, es indudable que es mayor el monto de la renta gravable, y por consiguiente se está cobrando un impuesto sobre un exceso de renta, que es la representada por la suma de las deducciones no hechas”. Para decidir la consulta de la sentencia, se considera: Las deducciones son cosa distinta de las rentas exentas. Aquéllas son los gastos o expensas que la ley permite restar de la renta bruta para formar la renta líquida (artículo 2º, Ley 78 de 1935). Las rentas exentas son aquella parte de la renta líquida que la ley exime de gravamen. Esta distinción aparece clara en el artículo 87 del Decreto 818 de 1936, pues dice: “A diferencia de las deducciones que, como se dijo en el artículo 77, son verdaderos pasivos que deben restarse de la renta bruta del contribuyente para efectos de fijar la renta líquida, las exenciones son parte de la renta líquida que el legislador exime del impuesto”. Autorizó el artículo 11 del Decreto Legislativo 341 de 1957 que podían interponerse, en cualquier tiempo y sin pago previo de los impuestos recurridos, “los recursos de reposición y apelación en materia de impuesto de renta y complementarios que versen exclusivamente sobre dobles gravámenes o sobre indebidas imposiciones” y dijo que se entendía “por doble gravamen el hecho de que se liquide dos veces el impuesto sobre la misma renta o patrimonio y a cargo del mismo contribuyente” y, que “la indebida imposición consiste en liquidar impuesto a un contribuyente por razón de rentas o bienes que no le pertenezcan o

que estén exentos de pagar impuesto en virtud de normas legales expresas”. Conforme a esta disposición, hay indebida imposición en liquidar impuesto sobre la renta a un contribuyente, por rentas que no le pertenecen o por rentas exentas de pagar impuesto “en virtud de normas legales expresas”. Las deducciones, como se deja dicho, no son rentas exentas, pues ellas son pasivos que deben restarse de la renta bruta. Por consiguiente, en principio, no puede sostenerse que cuando las deducciones se rechazan, se incurra en el fenómeno de “la indebida imposición” que de modo expreso define el artículo 11 del Decreto Legislativo 341 de 1957, para poder reclamar en cualquier tiempo. En el fondo, puede que exista, por el rechazo de las deducciones, una indebida imposición, pero no la específicamente contemplada en el Decreto y que puede reclamarse en cualquier tiempo. La expresión, para este efecto, no puede generalizarse dándole una interpretación extensiva, porque intrínsecamente en todo reclamo fundado, contra las liquidaciones del impuesto, hay indebida imposición, ya porque no hay obligación de cubrir el tributo liquidado, o porque sólo la hay, pero en cuantía inferior a la fijada por la Administración, y si esto es así, siempre podría reclamarse en cualquier tiempo y sin pago previo, dejándose sin efecto las normas fiscales sobre recursos ordinarios contra las operaciones administrativas de liquidación y sobre la obligación del pago previo, para poder ejercitar los recursos en la vía gubernativa. De lo anterior debe concluirse que en el caso de autos no ocurrió la indebida imposición que permite reclamar, en cualquier tiempo, ante la misma

Administración, porque al demandante no se le gravaron en la liquidación del año de 1955 rentas exentas de pagar impuesto, sino que le fueron rechazadas las deducciones pedidas por él en su declaración, por aplicación de la sanción establecida por el artículo 17 del Decreto 270 de 1953. Pudo haber una indebida aplicación de esta regla, porque se aplicó a un hecho no regulado por ella, pero no lo que se entiende por indebida imposición susceptible de ser reclamada, en cualquier tiempo, según el artículo 11 del Decreto Legislativo 341 de 1957. El demandante, por consiguiente, no podía pretender el 16 de junio de 1958 que se corrigiera la liquidación que por el año gravable de 1955 le había sido comunicada desde el 4 de agosto de 1956, por habérsele rechazado indebidamente las deducciones, pues este hecho no constituye la indebida imposición que da derecho a reclamar en cualquier tiempo. El demandante ha debido ejercitar, en tiempo oportuno y con el cumplimiento de los requisitos legales, los recursos establecidos en la vía gubernativa contra la operación de liquidación del impuesto. La Resolución N R-03827-H de 23 de noviembre de 1960 dictada por la División de Impuestos Nacionales y que ha sido demandada en este juicio, es legal y, por tanto, la acción propuesta no puede prosperar y debe la Sala revocar la sentencia consultada. En mérito de las consideraciones anteriores, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha cinco de diciembre de mil

novecientos sesenta y uno, dictada en el presente juicio por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que se ha revisado en grado de consulta, y en su lugar NIEGA las súplicas de la demanda formulada, mediante apoderado, por el señor José Gregorio Jiménez. Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

RICARDO BONILLA GUTIERREZ ALEJANDRO DOMINGUEZ MOLINA

CARLOS GUSTAVO ARRIETA FRANCISCO ELADIO GOMEZ G.

GABRIEL ROJAS ARBELAEZ. JORGE A. VELASQUEZ

ALVARO L. CAJIAO B.

Secretario