CE-SECCION SEGUNDA-11001-03-25-000-2016-01087-00(4869-16)

SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA – Procedente por existir identidad fáctica y jurídica / SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA – Procedente por tener carácter de unificadora la sentencia de la que se solicita la extensión / PENSIÓN DE INVALIDEZReajuste conforme al índice de precios al consumidor [E]l Consejo de Estado ha sido enfático en establecer que no solo son objeto de extensión las sentencias de unificación proferidas luego de la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011, sino que también lo son las que se expidieron con anterioridad a la norma en mención, siempre y cuando esta corporación lo haya hecho con el objeto de fijar un criterio unificador. (…) Adicionalmente, y con relación a la sentencia invocada en el mecanismo de extensión de la referencia, es pertinente indicar que, en diversas providencias, se le ha reconocido su connotación unificadora. ii) Aclarado lo anterior, se estima que, en el presente asunto, sí hay lugar a extender los efectos de la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda de esta corporación el 17 de mayo de 2017, dentro del proceso 25000-23-25-000-2003-08152-01 (8464-05), con ponencia del Dr. Jaime Moreno García, toda vez que los solicitantes presentan identidad fáctica y jurídica con la situación resuelta en la mencionada providencia. Por consiguiente, la Sala establecerá, respecto de cada uno de los convocantes, sobre qué años hay lugar a reajustar sus pensiones de invalidez, teniendo en cuenta el IPC inmediatamente

anterior a su causación, siempre y cuando, este último haya sido mayor al dispuesto en el sistema de oscilación contemplado en el Decreto 1211 de 1990.

NOTA DE RELATORIA: En relación a las sentencias que fueron proferidas antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO de 2011 y que tienen carácter de unificación, ver: C. de E, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 10 de diciembre de 2013, Rad. 11001-03-06-000-2013-00502-00 (2177), M.P William Zambrano Cetina. en cuanto a, ver: C. de E, Sección Segunda, sentencia de unificación proferida el 17 de mayo de 2007, Rad. 2500023-25-000-2003-08152-01 (8464-05), M.P Jaime Moreno García.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 10 / LEY 1437 DE 2011ARTÍCULO 102 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 269 /LEY 1437 DE 2011ARTÍCULO 270 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 271

PRESCRIPCIÓN TRIENAL PARA RECLAMAR REAJUSTE DE LAS MESADAS

PENSIONALES - Configuración [S]e debe aplicar el término prescriptivo contenido en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, vigente para la fecha en que se elevó la solicitud de extensión de la jurisprudencia ante la entidad demandada, pues, si bien es cierto el reajuste deprecado opera sobre mesadas pensionales anteriores a su vigencia, también lo

es que dicha situación tendrá efectos para las mesadas futuras y causadas después del 1.º de enero de 2005, día en el que entró a regir el referido Decreto 4433. (…)En este orden de ideas, el reajuste de las mesadas pensionales de los solicitantes estará sujeto al término de prescripción trienal desde el 28 de octubre de 2016 hacia atrás (fecha en la que se radicó, ante la entidad competente, la solicitud de extensión de la jurisprudencia de la referencia); en otras palabras, las diferencias pensionales causadas con anterioridad al 28 de octubre de 2013 están prescritas. Por último, y con relación a este punto, el apoderado de la parte actora manifestó que el término prescriptivo debería contarse a partir de la primera solicitud elevada ante la entidad, por haber interrumpido el mencionado término en sede administrativa (…) Sin embargo, la Sala negará dicha pretensión, puesto que las reclamaciones aludidas en la tabla que precede no dieron lugar al mecanismo de extensión de la jurisprudencia que hoy es objeto de estudio por parte de esta Subsección. Por tanto, para tenerse en cuenta como un método de interrupción de la prescripción extintiva, los convocantes debieron demandar sus respectivas respuestas a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que contempla el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

FUENTE FORMAL: DECRETO 4433 DE 2004 - ARTÍCULO 43

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 11001-03-25-000-2016-01087-00(4869-16)

Actor: ÁLVARO BUITRAGO AGUDELO Y OTROS

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Referencia: SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Temas: Extensión de los efectos de la sentencia de unificación del 17 de mayo de 2007; reliquidación de la asignación de retiro para los años 1997 a 2004, teniendo en cuenta el incremento del IPC del año anterior.

DECISIÓN DE LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA __________________________________________________________________ Decide la Sala el mecanismo de extensión de la jurisprudencia referenciado, de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1. Antecedentes 1.1. La solicitud de extensión 1.1.1 Las pretensiones En ejercicio del mecanismo de extensión de la jurisprudencia contemplado en los artículos 102 y 269 del CPACA, modificados por los artículo 17 y 77 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, por intermedio de apoderado judicial, los señores Álvaro Buitrago Agudelo, Rodrigo Manuel Carrascal Hurtado, Hugo Franco, Bertulfo Gómez García, Daniel Benito López Osorio, Henry Ramírez Moyano, José

Albeiro Salamanca Abril, Jaime Enrique Sarmiento Moreno, Neira Fernando Silva

Rocha y la señora Visitación Cruz Méndez (en calidad de sucesora pensional del señor José Linares Pardo) formularon solicitud en orden a que se les extiendan los efectos de las sentencia de unificación proferida el 17 de mayo de 2007 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 2500023-25-000-2003-08152-01 (8464-05), con ponencia del Dr. Jaime Moreno García. Como consecuencia de lo anterior, pidieron condenar a la entidad demandada a i) reliquidar sus pensiones de invalidez «(…) con base en el sueldo básico que en todo tiempo devenga un suboficial en el grado de cabo segundo y sus factores prestacionales, desde [e]nero 1 de 1999 teniendo en cuenta para tal efecto las variaciones del IPC por principio de favorabilidad desde 1997 hasta 2004, para los años más favorables (1999-2002), aplicando la prescripción cuatrienal desde la primera petición para cada uno de los solicitantes (…)»; y, ii) pagar las diferencias derivadas de la anterior pretensión, de manera indexada y con los intereses de ley, hasta el pago total de la obligación conforme al artículo 192 y 195 del CPACA. 1.1.2. Fundamentos fácticos El apoderado de los convocantes manifestó lo siguiente: i) A cada uno de los solicitantes se les reconoció resolución de pensión de invalidez equivalente al 100% o al 75% de lo que devenga en todo tiempo un suboficial en el grado de cabo segundo o tercero, según el caso. ii) A los pensionados, cuya resolución se expidió con posterioridad al 31 de

diciembre de 2005, se les reconoció la pensión con efectos anteriores a 31 de diciembre de 2004. iii) Los incrementos salariales de la fuerza pública, a partir del año 1997 se hicieron de conformidad con los decretos de oscilación, los cuales fueron inferiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC). iv) Sin embargo, el Ministerio de Defensa Nacional no reajustó la pensión básica de cada uno de los convocantes con base en el incremento del IPC correspondiente a los años 1997 a 2004 (en especial de los años 1999 y 2002, años para los cuales dicho porcentaje fue mayor al derivado del sistema de oscilación salarial). v) Por lo tanto, a cada solicitante se le ocasionó un detrimento histórico en el valor de su mesada pensional equivalente al 3,44%, tal como lo explicó en la gráfica que se transcribe a continuación:

AÑO DANE INCREMENTO DECRETO FECHA DIFERENCIA

I.P.C decretos de No. A FAVOR % Oscilación ACTOR 1999 16,70 14,91 062 Ene. -1.79 10/98 2002 7,65 6.00 745 Abr. -1,65 17/02 Total -3,44 1.2. Traslado de la solicitud1 Mediante auto del 21 de septiembre de 2017 se ordenó correr traslado de la solicitud de extensión de la jurisprudencia a la Nación (Ministerio de Defensa); a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y al Ministerio Público a fin de que se pronunciaran al respecto.

No obstante, la entidad convocada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio. 1 Folios 254 y 255.

1.2.1. ANDJE2

La mencionada Agencia, a través de apoderado judicial, se pronunció con relación a la solicitud de extensión de la jurisprudencia que hoy ocupa la atención de la Sala, en los siguientes términos: i) La sentencia cuya extensión se depreca no es de unificación de jurisprudencia, en tanto que se profirió con anterioridad a la expedición de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y, por ende, no se expidió con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 270 y 271 ibidem. ii) Sin embargo, y al margen de lo anterior, la ANDJE ha sugerido la conciliación o cualquier otra forma de arreglo directo con el fin de reconocer el reajuste de la asignación de retiro de los ex miembros de la Fuerza Pública conforme al IPC. iii) De igual modo, precisó que no desconoce que la Sección Segunda le ha otorgado a la sentencia objeto de extensión el carácter de unificación, pero se aparta de dicha posición; no obstante, la respeta. 1.3. Alegatos de conclusión 1.3.1. Los solicitantes3 La parte actora, por conducto de apoderado, y a través de mensaje de datos, reafirmó lo sostenido en el libelo introductorio. 2 Folios 264 al 270. 3 Memorial allegado de manera digital a través de la ventanilla de la plataforma SAMAI del Consejo

de Estado, índice 31. 1.3.2. La entidad convocada4 La Nación (Ministerio de Defensa Nacional) por intermedio de su apoderado, indicó que se debe acceder a la solicitud de extensión de la jurisprudencia, siempre y cuando los convocantes se hayan pensionado con anterioridad al 2004. De igual modo, habrá lugar a declarar la prescripción cuatrienal.

1.3.3. ANDJE5

Al igual que el Ministerio de Defensa Nacional, precisó que los solicitantes tienen derecho a la extensión de los efectos de la sentencia invocada; sin embargo, fue enfática en precisar que se les debe aplicar la prescripción cuatrienal, vigente para las mesadas cuyo reajuste deprecan. 1.3.4. El ministerio público El agente del ministerio público no rindió concepto.

2. Consideraciones 2.1. Cuestión previa 2.1.1. Sobre el apoderado de los demandantes La abogada Giovanna Maritza Ariza Vásquez, mediante memorial allegado el 17 de mayo del año en curso,6 le informó al despacho que el abogado Conrado Lozano Ballesteros, quien actuaba en calidad de apoderado principal de los solicitantes,7 falleció el 3 de mayo pasado, para lo cual aportó registro civil de defunción.

Al respecto, conviene precisar que el numeral 2.º del artículo 159 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, prevé lo siguiente: 4 Memorial allegado de manera digital a través de la ventanilla de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado, índice 29. 5 Memorial allegado de manera digital a través de la ventanilla de la plataforma SAMAI del Consejo

de Estado, índice 32. 6 Memorial allegado de manera digital a través de la ventanilla de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado, índice 38. 7 Se le reconoció personería jurídica mediante providencia del 21 de septiembre de 2017, que obra en el folio 255 del expediente. Artículo 159. Causales de interrupción. El proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá: […]

2. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial de alguna de las partes, o por inhabilidad, exclusión o suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado. Cuando la parte tenga varios apoderados para el mismo proceso, la interrupción solo se producirá si el motivo afecta a todos los apoderados constituidos. […] La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si este sucede estando el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la notificación de la providencia que se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento.

(Se resalta) De acuerdo con la precitada norma, es causal de interrupción del proceso la muerte del apoderado judicial de alguna de las partes, en este caso, el de los solicitantes en el mecanismo de extensión de la jurisprudencia que hoy ocupa la atención de la Sala; sin embargo, se advierte que los señores Álvaro Buitrago Agudelo, Hugo Franco, Bertulfo Gómez García, Henry Ramírez Moyano, José Albeiro Salamanca

Abril, Jaime Enrique Sarmiento Moreno, Neira Fernando Silva Rocha, Rodrigo Manuel Carrascal Hurtado, Daniel Benito López Osorio y la señora Visitación Cruz Méndez también le concedieron poder8 a la doctora Giovanna Maritza Ariza Vásquez para que los representara en sus intereses particulares, por lo que no hay lugar a interrumpir el asunto sub lite. Por consiguiente, en la parte resolutiva de esta providencia, se le reconocerá personería jurídica a la mencionada profesional del derecho. 2.1.2. Transición normativa Si bien la presente solicitud de extensión de la jurisprudencia se interpuso ante el Consejo de Estado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 (25 de enero de 2021),9 que modificó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que las nuevas disposiciones son aplicables al asunto sub examine, tal como se pasa a explicar: 8 Folios 1 al 14 y 101 a 103. 9 Publicada en el Diario Oficial 51.568 del 25 de enero de 2018. i) El artículo 86 de la citada ley prevé lo siguiente: Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. […] De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el

momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (Negritas fuera del texto) ii) En virtud de lo anterior, la nueva reforma, al ser de carácter procesal, rige a partir de su publicación y cobija a todas las actuaciones y procesos, entre ellos el de extensión de la jurisprudencia, que se hayan iniciado en vigencia de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el precitado artículo. iii) Por consiguiente, y en atención a que el presente asunto se inició en vigencia de la referida ley y no corresponde a un recurso, ni hay términos procesales corriendo, ni notificaciones pendientes, ni se ha convocado a audiencia, les son aplicables las nuevas disposiciones contempladas en la Ley 2080 de 2021. 2.2. El problema jurídico Se circunscribe a establecer si los señores Álvaro Buitrago Agudelo, Rodrigo Manuel Carrascal Hurtado, Hugo Franco, Bertulfo Gómez García, Daniel Benito López Osorio, Henry Ramírez Moyano, José Albeiro Salamanca Abril, Jaime

Enrique Sarmiento Moreno, Neira Fernando Silva Rocha y la señora Visitación Cruz Méndez (en calidad de sucesora pensional del señor José Linares Pardo) tienen derecho a la extensión de los efectos de la sentencia de unificación proferida el 17 de mayo de 2007 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso ordinario 25000-23-25-000-2003-08152-01 (8464-05), con ponencia del Dr. Jaime Moreno García, por encontrarse en la misma situación fáctica y jurídica. 2.3. El mecanismo de extensión de la jurisprudencia (aspectos generales) El artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 17 de la Ley 2080 de 2021, prevé el trámite según el cual los ciudadanos pueden acudir ante la Administración a fin de que se les reconozca una situación jurídica que haya sido resuelta mediante una sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado. En efecto, la citada norma establece los requisitos formales que debe contener cada solicitud de extensión, así: i) referencia de una sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado en la que se haya reconocido un derecho; ii) justificación razonada en la que se evidencie la identidad de hecho y de derecho entre el solicitante y el demandante al que se le reconoció una situación jurídica mediante la sentencia de unificación que se invoca; y iii) las pruebas que tenga en su poder el solicitante, que le permitan demostrar dicha relación. En cuanto a las sentencias llamadas a ser objeto de extensión de jurisprudencia, el artículo en mención dispone:

Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. […] (Se resalta) Quiere decir lo anterior que, en los eventos en que se pretenda la extensión de la jurisprudencia, la sentencia invocada debe enmarcarse en los siguientes presupuestos: i) que haya sido proferida por el Consejo de Estado, ii) que sea de unificación jurisprudencial de conformidad con el artículo 270 ibidem,10 y iii) que en ella se haya reconocido un derecho. Sin embargo, es necesario aclarar que el Consejo de Estado ha sido enfático en establecer que no solo son objeto de extensión las sentencias de unificación proferidas luego de la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011, sino que también lo son las que se expidieron con anterioridad a la norma en mención, siempre y cuando esta corporación lo haya hecho con el objeto de fijar un criterio unificador. Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil, a través del concepto emitido el 10 de diciembre de 2013, explicó lo siguiente: Ahora bien, el artículo 270 del CPACA define cuáles son las sentencias de unificación jurisprudencial que producen los referidos efectos internos y externos, así: “ARTÍCULO 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de

Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.” (Se resalta) En lo que respecta a esta consulta, es indudable que la expresión “las que profiera o haya proferido” denota que en el concepto de sentencias de unificación jurisprudencial quedaron incluidas no sólo las que se empezaron a expedir con posterioridad a la ley, sino también las que antes de la misma fueron proferidas con esa finalidad; de manera que la disposición es coherente con el desarrollo jurisprudencial a que se hizo referencia en la primera parte de este concepto, en el sentido de que la labor de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado no nace con la ley 1437 de 2001, (sic) en la medida en que es connatural a la condición de Tribunal Supremo que le otorga el artículo 237 de la Constitución Política. Por tanto una interpretación en contrario, que sólo reconociera como sentencias de unificación jurisprudencial las proferidas a partir de la ley 1437 de 2011, carecería de fundamento constitucional y legal y, en consecuencia, no sería atendible. 10 Artículo 270. Modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o

trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1995, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009. Ahora bien, si se mira la normatividad vigente antes de esa ley, se encuentra que la unificación jurisprudencial era efectuada por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado, a la que correspondía: “resolver los asuntos que le remitían las secciones por su importancia jurídica o trascendencia social”; “conocer los procesos que le remitan las secciones para cambiar o reformar la jurisprudencia de la Corporación”; y “resolver los recursos extraordinarios de revisión y de súplica presentados contra las sentencias dictadas por las secciones y subsecciones de la corporación” (artículo 97 del Decreto 01 de 1984, modificado y adicionado por el artículo 33 de la ley 446 de 1998). También las secciones de la corporación venían cumpliendo esta función, especialmente las que estaban divididas en subsecciones, a las cuales el Reglamento del Consejo de Estado, expedido con base en el numeral 6º del artículo 237 de la Constitución Política y en el numeral 8 del artículo 35 de la ley estatutaria de administración de justicia, les atribuyó expresamente la tarea de unificar jurisprudencia en los asuntos a su cargo. (…) Con base en lo anterior,

3. La Sala RESPONDE: 1) ¿De las sentencias proferidas con anterioridad a la entrada en vigencia del

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solo pueden ser consideradas sentencias de unificación las proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, o también pueden serlo las de las secciones? Las sentencias proferidas con anterioridad al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por la Sala Plena y las Secciones del Consejo de Estado con el objeto de unificar jurisprudencia, son sentencias de unificación jurisprudencial en los términos del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011. 2) Dependiendo de la respuesta a la pregunta anterior, ¿las sentencias proferidas por las secciones del Consejo de Estado para unificar la jurisprudencia, anteriores a la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pueden ser consideradas sentencias de unificación para efectos del mecanismo de extensión de jurisprudencia que creó el mismo Código? Sí. Las sentencias proferidas por las secciones del Consejo de Estado para unificar la jurisprudencia, anteriores a la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, son sentencias de unificación jurisprudencial que permiten aplicar el mecanismo de extensión de jurisprudencia previsto en los artículos 102 y 269 del mismo Código. (Negritas fuera del texto)11 Por su parte, y en cuanto al trámite administrativo, la autoridad deberá adoptar la decisión de la referida solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. No obstante, con la entrada en vigencia del Código General del

Proceso,12 ese término se amplió por treinta (30) días adicionales, debido a que la entidad respectiva tiene la obligación de solicitar concepto previo a la Agencia 11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero ponente: William Zambrano Cetina. Concepto del 10 de diciembre de 2013, dentro del proceso 11001-03-06-000-2013-0050200 (Número interno: 2177). Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el propósito de resolver el mecanismo indicado. De igual modo, se aclara que el acto que da respuesta a la solicitud de extensión no es susceptible de recurso administrativo alguno, por lo que el interesado está obligado a acudir directamente ante el Consejo de Estado, dentro de los 30 días siguientes,13 en atención a lo consagrado en los artículos 102 y 269 del CPACA. Concluida la etapa anterior, el artículo 269 ibidem dispone que el trámite judicial precitado se tiene que activar dentro de los treinta (30) días siguientes a la respuesta en sede administrativa, acorde con los criterios esbozados. Para ello, tal norma estipula que el interesado tiene el deber de presentar un escrito razonado dirigido al Consejo de Estado, acompañado de la actuación adelantada ante la entidad competente. Sobre este punto, la expresión «escrito razonado», se ha de entender como aquel que contenga los requisitos establecidos en el artículo 102 ejusdem, y que guarde congruencia con lo pedido ante la Administración; es decir, que se haya fundamentado en la misma sentencia de unificación.

2.4. La sentencia objeto de extensión: fundamentos fácticos y jurídicos La Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 17 de mayo de 2007, dentro del proceso 25000-23-25-000-2003-08152-01 (8464-05), con ponencia del Dr. Jaime Moreno García, en la que desató el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo de primera instancia emitido el 8 de abril de 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda. 12 Artículo 614. Extensión de la jurisprudencia. Con el objeto de resolver las peticiones de extensión de la jurisprudencia a que se refieren los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, las entidades públicas deberán solicitar concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el término de diez (10) días, la Agencia informará a la entidad pública respectiva, su intención de rendir concepto. La emisión del concepto por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se deberá producir en un término máximo de veinte (20) días. El término a que se refiere el inciso 4o del numeral 3 del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, empezará a correr al día siguiente de recibido el concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del vencimiento del término a que se refiere el inciso anterior, lo que ocurra primero. 13 Artículo 102. […]Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control

jurisdiccional respecto de lo negado. […] En la referida providencia se estudió el caso del señor José Jaime Tirado Castañeda, un ex coronel de la Policía Nacional, que laboró por más de 36 años y se retiró del servicio activo el 11 de marzo de 1987. En dicha oportunidad, el actor solicitó el reajuste de su mesada pensional14 para los años comprendidos entre 1996 y 2003, con base en el incremento anual establecido en la Ley 238 de 1995 y el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, esto es, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior, por ser más favorable que el sistema de oscilación que contemplan los artículos 151 del Decreto 1212 de 1990 y 13 de la Ley 4.ª de 1992. Con base en lo anterior, la Sección Segunda accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen: a. La Ley 4.ª de 1992, expedida por mandato de los artículos 217 y 218 de la Constitución Política de 1991, es una ley marco que estableció el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos, el de los miembros de la Fuerza Pública, que, en su artículo 13 estableció «el principio de NIVELACIÓN e IGUALDAD entre la remuneración del personal activo y el personal retirado, esto es, que las asignaciones de retiro se reajustarán en la misma proporción en que se incrementen los sueldos del personal activo». De igual forma, indicó que el artículo 10 ibídem dispone que «[t]odo régimen

salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones establecidas en la presente ley o en los Decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma (sic), carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos». b. Luego, se expidió la Ley 100 de 1993 que, en su artículo 279, excluyó de su aplicación a los miembros de la Fuerza Pública, en razón a que cuentan con un régimen especial prestacional, que para la fecha estaba establecido en el Decreto 1212 de 1990. Por tal motivo, el referido personal no era acreedor del incremento de sus asignaciones de retiro conforme al artículo 14 de la precitada Ley 100, esto es, teniendo en cuenta el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. 14 Concedida mediante la Resolución 0645 de 1987. c. No obstante, dicha situación cambió con la expedición de la Ley 238 de 1995, que adicionó el precitado artículo 279 de la Ley 100 de 1993, en el siguiente sentido: «Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aqu