CE - Sentencia 05001233300020180173201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., veintiún (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

| | | | | --- | --- | --- | | Radicado | : | 05001-23-33-000-2018-01732-01 (6102-2024) | | Demandante | : | Ever Luis Rodríguez Morales | | Demandados | : | Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional | | Medio de control | : | Nulidad y restablecimiento del derecho | | Tema | : | Reconocimiento de pensión de invalidez a soldado regular en virtud del Decreto 1157 de 2014 | | Decisión | : | Sentencia de segunda instancia |

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida el veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad[[1]](#footnote-1), mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El señor Ever Luis Rodríguez Morales, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, con el objeto que se declare la nulidad del acto ficto negativo producto del silencio de la administración frente a la solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez formulada el 15 de marzo de 2018.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó lo siguiente:

I.1. Que respecto a la petición sobre el reconocimiento y pago de pensión por sanidad y reajuste de indemnización, elevada al Ministerio de Defensa y Comando del EJÉRCITO NACIONAL, la entidad demandada, guardó silencio al no responder de fondo, dentro del término legal en forma expresa, de donde surge la configuración del ACTO ADMINISTRATIVO NEGATIVO FICTO O PRESUNTO (…).

I.2. Se declare la existencia del anterior ACTO ADMINISTRATIVO FICTO O PRESUNTO.

(…)

I.4. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada a pagar PENSIÓN POR SANIDAD O INVALIDEZ al actor, en cuantía de CINCUENTA por ciento (50%) mensual de lo equivalente al salario devengado por un cabo tercero, aplicable en este caso, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico, a partir de la fecha de retiro de mi mandante de las filas de la institución.

I.5. Reconocer y pagar a mi mandante la indemnización plena o el reajuste de la indemnización ya reconocida, a que legalmente tenga derecho, según corresponda, conforme a la disminución de la capacidad médico laboral dictaminada que le da derecho al acceso a la pensión de sanidad o invalidez, conforme a los parámetros determinados en el artículo 3º, numeral 3,5, parágrafo 2º de la Ley 923 de 2004, indemnización que no es incompatible con la prestación pensional.

(…)

1.2. Hechos

La parte actora relató, en síntesis, los siguientes:

El señor Ever Luis Rodríguez Morales fue vinculado al Ejército Nacional como soldado regular, en buenas condiciones de salud. Durante su permanencia en la institución sufrió diferentes lesiones que han deteriorado progresivamente su calidad de vida.

La parte actora relató, en síntesis, los siguientes:

El señor Ever Luis Rodríguez Morales fue vinculado al Ejército Nacional como soldado regular, en buenas condiciones de salud. Durante su permanencia en la institución sufrió diferentes lesiones que han deteriorado progresivamente su calidad de vida.

Fue retirado de la institución el 24 de febrero de 2012, sin que a la fecha de presentación de la demanda le hubiese sido practicada la respectiva junta médico laboral a la que tiene derecho, debido a que empezó a sufrir graves quebrantos de salud, acudió a diferentes valoraciones médicas, así como a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, que dictaminó una pérdida de capacidad laboral de 51.22 %.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas, invocó las siguientes:

Los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228, 220 y 230 de la Constitución Política; la Ley 923 de 2004; los decretos 1157 de 2014 y 4433 de 2004 así como el Código Sustantivo del Trabajo.

Al efecto, señaló que es indudable que el demandante sufrió un notable desmejoramiento de su estado de salud y de su calidad de vida cuando se encontraba vinculado a la institución.

Por tanto, es aplicable el criterio señalado por la Corte Constitucional en la sentencia T-602 de 2009 en la que precisó que es contrario a los fines del Estado que la Fuerza Pública se niegue a prestarle los servicios de salud a quien al ingresar a prestar sus servicios a la patria tenía unas condiciones óptimas de salud y una vez fuera del mismo le persistan las lesiones ocasionadas por causa y razón de la prestación del servicio.

Invocó diversas sentencias del Consejo de Estado en las que se resolvieron asuntos similares, a fin de sustentar sus pretensiones.

1. Contestación de la demanda

La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo que argumentó que los actos administrativos que definen la capacidad psicofísica del personal de las Fuerzas Militares se encuentran reglados en los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000 y que, según estos, es competencia de la Junta Médico Laboral Militar o de Policía determinar la capacidad laboral para el servicio y las secuelas, de cuyas decisiones conoce en última instancia el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, que está facultado para modificarlas o revocarlas. Además, refirió que la existencia de un régimen excepcional en materia de capacidad psicofísica para los miembros de las fuerzas militares fue avalada por la Corte Constitucional cuando declaró la exequibilidad de los decretos referenciados.

De esa manera, expuso que quien pretenda cuestionar la legalidad el acto administrativo que niega el reconocimiento de una pensión de invalidez, debe demandar el acto complejo conformado por las decisiones de la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico de Revisión Laboral, lo cual no se dio en el caso concreto.

Finalmente, sostuvo que el acta de la Junta Regional de Invalidez del 3 de marzo de 2017 aportada por el demandante como prueba anticipada no cumple los requisitos previstos en el artículo 183 del CGP en relación con la citación y notificación de la contraparte, por lo que se opuso a que la misma sea tenida en cuenta en este proceso.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 21 de agosto de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda e impartió las siguientes órdenes:

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 21 de agosto de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda e impartió las siguientes órdenes:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo ficto generado con la petición del 15 de marzo de 2018 que negó al demandante el reconocimiento y pago de pensión de invalidez.

SEGUNDO: ORDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL que, a título de restablecimiento del derecho, reconozca y pague en favor de EVER LUIS RODRIGUEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.131.939.266 una pensión de invalidez equivalente al 50% de la asignación básica percibida por un Cabo Tercero. Las sumas resultantes a favor del demandante se ajustarán en su valor, en aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente decisión.

TERCERO: La NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL deberá efectuar los descuentos legales procedentes sobre las mesadas reconocidas a favor del demandante.

CUARTO: DECLARAR la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 15 de marzo de 2015.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda

SEXTO: SIN COSTAS, en esta instancia.

Al efecto, estableció que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar realizó al demandante un dictamen de pérdida de capacidad laboral, en el que le determinó una pérdida de PCL del 51,22 %, documento con base en el que el señor Rodríguez Morales le solicitó al Ejército Nacional el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez por disminución de la capacidad psicofísica.

Al respecto, si bien es cierto, el artículo 2 del Decreto 1157 de 2014 establece que habrá lugar a que el Ministerio de Defensa Nacional reconozca una pensión de invalidez cuando medie Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal de Revisión Médico Laboral en la que se disponga una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 50 %, ocurrida en servicio activo, también lo es que las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez son entidades a las que el Legislador también les otorgó competencias expresas en la materia.

Ahora, frente al demandante, señaló que al plenario no se aportó constancia de que se le hubiera practicado la Junta Médico Laboral Militar que estableciera las posibles lesiones e incapacidad reclamada; por el contrario, se observa que, en la petición del 15 de marzo de 2018, que dio lugar al acto administrativo ficto que hoy se demanda, el actor solicitó al Ejército Nacional que le fuesen realizados los exámenes médicos y se expidiera el concepto correspondiente.

Además, con la demanda, el actor solicitó exhortar a la accionada para que allegara como prueba el acta de la Junta Médico Laboral y que, de no existir, procediera a realizarla, para determinar la merma de la capacidad laboral. Esta prueba fue decretada por el Despacho sustanciador en audiencia inicial y pese a que la parte demandante cumplió con el deber de tramitarla, pues acreditó haber radicado ante la Dirección de Sanidad Militar los oficios correspondientes, además que insistió en la realización de la Junta Médica a través de correos electrónicos del 13 de enero y 22 de julio de 2020 (Archivos 4, 6 y 9 Carpeta 001 expediente digital), la prueba no fue allegada por la entidad accionada.

Teniendo en cuenta lo anterior, consideró dable resolver la solicitud de reconocimiento pensional con el dictamen de pérdida de capacidad laboral elaborado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, lo cual resulta plenamente procedente, tal como lo indicó el Consejo de Estado al resolver un caso idéntico (sentencia del 28 de octubre de 2019, Radicado: 73001-23-33-000-201500225-01(0035-17), C.P.: CÉSAR PALOMINO CORTÉS).

Además, al Ejército Nacional se le requirió para que, de haberse realizado, aportara el Acta de la Junta Médico Laboral Militar o que realizara la respectiva Junta, lo que, pese al oficio librado y las reiteraciones de la parte demandante, no se practicó, por lo que no encontró de recibo que la entidad demandada pretenda valerse de esa omisión para obtener un fallo a su favor.

Por último, en cuanto a la proposición jurídica incompleta que alega la parte demandada, al señalar que no solo debía demandarse el acto administrativo que negó la pensión de invalidez, sino también las actas de la Junta Médico Laboral y/o el Tribunal de Revisión Laboral Militar, advirtió que dichas actas únicamente constituyen un acto administrativo definitivo, susceptible de control judicial, cuando establecen un porcentaje de disminución de la capacidad psicofísica que trunca el derecho pensional.

Sin embargo, en el caso concreto no se avizora la existencia de las mismas, y teniendo en consideración que, según la constancia de tiempos servidos (fl. 14), el actor fue retirado de la institución por el cumplimiento del tiempo del servicio militar, puede concluirse que no le fue realizada Junta Médico Laboral. En esa medida, concluyó que es procedente que la demanda esté encaminada a obtener únicamente la nulidad del acto administrativo ficto que negó el pago de la pensión de invalidez y la indemnización por disminución de la capacidad psicofísica.

4. El recurso de apelación

La entidad demandada apeló el fallo de primera instancia, para lo que argumentó que:

1. El demandante no logró desvirtuar la legalidad del acto ficto;

2. Se invirtió la carga de la prueba a la entidad demandada, cuando le corresponde a la parte demandante probar que el acto cuestionado está viciado de legalidad;

3. Al proceso sólo ingresaron pruebas documentales y nunca la entidad tuvo la oportunidad de controvertir la «prueba pericial» que fundamentó el fallo de primera instancia.

Al efecto, expuso que solicitar la realización de la Junta Médica Laboral de las Fuerzas Militares es una obligación propia de quien requiere su calificación, por lo que dicha responsabilidad no puede invertirse en cabeza de la entidad demandada, procedimiento que no adelantó el señor Rodríguez Morales y, por el contrario, optó acudir ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, la cual no existe a la fecha, y emitió un informe que no fue discutido dentro del proceso, que no se sometió a contradicción probatoria y, peor aún, que ni siquiera la parte demandante aportó como dictamen pericial pero que la primera instancia le dio la connotación del mismo.

Tampoco se aportó prueba si quiera sumaria que demuestre que el señor Ever Luis Rodríguez Morales haya solicitado a la Dirección de Sanidad Militar el diagnóstico de las afecciones que consideraba le aquejaban luego de haberse retirado del servicio militar obligatorio. Además, encontró dudoso el hecho de que este apenas hubiera acudido en el año 2017 a valorar una secuela producida en el año 2012, lo cual no se compadece con la realidad, pues a estas instancias procesales no se conoce que su afección hubiese sido producto de la prestación del servicio. Por lo tanto, resultaría violatorio de los derechos del Ministerio de Defensa tener que pagar una pensión de invalidez de la cual se desconoce el origen de la pérdida de la capacidad laboral.

De otra parte, de conformidad con el Decreto 094 de 1989, la capacidad psicofísica de los miembros de la Fuerza Pública será determinada por las autoridades médico-laborales militares y de policía, esto es, por la Junta Médica Laboral y por el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía y solo en caso de que dicha entidad se haya sustraído de su obligación, podrán subsidiariamente intervenir las juntas regionales de calificación de invalidez. En este caso, precisó que la Dirección de Sanidad nunca se sustrajo de su obligación, pues el demandante no demostró haber realizado los trámites para la calificación.

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 12 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3. ° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y se dispuso que, una vez ejecutoriado dicho auto, dentro de los 10 días siguientes, regresara el expediente para fallo, salvo que las partes presenten solicitud probatoria, de conformidad con el artículo 212 del CPACA y el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

1. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad conel artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

• 1. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos de la apelación, le corresponde a la Sala determinar si, como lo determinó el Tribunal Administrativo de Antioquia, al demandante, en su condición de soldado regular retirado, le asiste el derecho a la pensión de invalidez equivalente al 50 % de la asignación básica percibida por un cabo tercero, en los términos del Decreto 1157 de 2014, con base en el acta de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar que calificó la pérdida de capacidad laboral en un 51.22 % originada durante la prestación del servicio militar obligatorio.

• 1. Marco normativo y jurisprudencial. De la pensión de invalidez en el régimen de seguridad social especial previsto para los integrantes de la Fuerza Pública

Los decretos 2728 de 1968[[2]](#footnote-2), 1836 de 1979[[3]](#footnote-3), 094 de 1989[[4]](#footnote-4), 1796 de 2000[[5]](#footnote-5) y 4433 de 2004[[6]](#footnote-6) se han ocupado de desarrollar el régimen prestacional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, así como de la evaluación de la capacidad psicofísica, las incapacidades, invalideces e indemnizaciones.

El Decreto 094 de 1989 «Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional» dispuso, sobre los exámenes de retiro, lo siguiente:

Artículo 8º. - Exámenes para retiro. Los exámenes médico - laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para retiro así como para la correspondiente Junta Médico - Laboral Militar o de Policía, deben observar completa continuidad, desde su comienzo hasta su terminación. Si interrupción por parte del interesado, sin causa justificada y por un término mayor de treinta (30) días se considera como renuncia a tales exámenes y perderá por lo tanto los derechos originados por razón de las lesiones o enfermedades, relacionadas en este procedimiento. Para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, en las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se llevará un riguroso control sobre el proceso de los exámenes de la capacidad sicofísica para retiro y de las correspondientes Juntas Médico - Laborales, exigiendo a los interesados las presentaciones periódicas que se estimen necesarias.

A su turno, en relación con la pensión de invalidez, contempló:

Artículo 89. Pensión de invalidez del personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al 75 % de su capacidad psicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en las partidas señaladas en los respectivos estatutos de carrera, así:

a) El 50% de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución del 75% de la capacidad sicofísica.

b) El 75% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad psicofísica que exceda del 75% y no alcance al 75% y no alcance el 95%.

c) El 100 % de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%.

Artículo 90. PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL PERSONAL DE SOLDADOS Y GRUMETES. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada así:

a) El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.

b) El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%.

Posteriormente, se expidió el Decreto 1796 de 2000 que estableció, en su artículo 39, la pensión de invalidez para aquellos vinculados al servicio militar obligatorio y para los soldados profesionales que sufrieran una pérdida de capacidad psicofísica del 75 % o más durante la prestación del servicio. Así lo contempló la norma:

ARTÍCULO 39. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL PERSONAL VINCULADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y PARA LOS SOLDADOS PROFESIONALES. Cuando el personal de que trata el presente artículo adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad laboral, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada como a continuación se señala:

a. El setenta y cinco por ciento (75%), del salario que se señala en el parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).

b. El ochenta y cinco por ciento (85%) del salario que se señala en el parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).

c. El noventa y cinco por ciento (95%), del salario que se señala en el parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

PARAGRAFO 1o. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio será el sueldo básico de un cabo tercero o su equivalente en la Policía Nacional.

PARAGRAFO 2o. Para los soldados profesionales, la base de liquidación será igual a la base de cotización establecida en el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales.

PARAGRAFO 3o. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior al 75% no se generará derecho a pensión de invalidez.

En estos términos resulta evidente que en los casos en los que un miembro de la Fuerza Pública experimente una disminución de su capacidad laboral en serviciosurge el derecho a percibir la prestación pensional derivada de un estado de invalidez; porque el Estado tiene la obligación constitucional y legal de proteger a todos los residentes del país en su vida y hora[[7]](#footnote-7), lo que cobra una especial relevancia en el caso de quienes prestan sus servicios en defensa de la soberanía nacional y como garantes de los derechos y libertades públicas[[8]](#footnote-8).

Asimismo, dispuso en el artículo 48 transitorio, que:

ARTICULO 48. ARTÍCULO TRANSITORIO. Hasta tanto el Gobierno Nacional determine lo correspondiente a la valoración y calificación del personal que trata el presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad psicofísica, de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del decreto 094 de 1989, excepto el artículo 70 de la misma norma.

Ahora bien, la Ley 100 de 1993 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones» consagró la pensión de invalidez, en los siguientes términos:

ARTÍCULO40. Monto de la Pensión de Invalidez. El monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente a:

a) El 45 % del ingreso base de liquidación, más el 1.5 % de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50 % e inferior al 66 %;

b) El 54 % del ingreso base de liquidación, más el 2 % de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 800 semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66 %.

La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75 % del ingreso base de liquidación.

En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado.

En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado.

Luego, se expidió la Ley 923 de 2004 en la que se señalaron normas, objetivos y criterios que debía observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.

Concretamente, en el artículo 3.º, dispuso:

ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles> El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:

(…)

(…)

3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico­Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro.

Podrá disponerse la reubicación laboral de los miembros de la Fuerza Pública a quienes se les determine de conformidad con el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades e invalideces, una disminución de la capacidad laboral que previo concepto de los organismos médico-laborales militares y de policía así la ameriten, sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar.

En desarrollo de la citada ley, se expidió el Decreto 4433 de 2004 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública» que, en sus artículos 30 y 31, señaló:

Artículo 30.Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, al personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que correspondan según lo previsto en el presente decreto:

30.1 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) e inferior al ochenta y cinco por ciento (85%).

30.2 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) e inferior al noventa y cinco por ciento (95%).

30.3 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

Parágrafo 1°. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un Cabo Tercero o su equivalente en la Policía Nacional.

Parágrafo 2°. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados Profesionales, previstas en el Decreto-ley 1793 de 2000 serán reconocidas por el Ministerio de Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.

Parágrafo 3°. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el pensionado por invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar las funciones elementales de su vida, condición esta que será determinada por los organismos médico laborales militares y de policía del Ministerio de Defensa Nacional, el monto de la pensión se aumentará en un veinticinco por ciento (25%). Para efectos de la sustitución de esta pensión, se descontará este porcentaje adicional.

Artículo 31.Liquidación de la pensión de invalidez originada en combate o actos meritorios del servicio.En virtud de la naturaleza especial de las circunstancias en que puede originarse la disminución de la capacidad laboral, la pensión de invalidez de que trata el artículo anterior se incrementará en los porcentajes que a continuación se indican, cuando se originen en combate, o en actos meritorios del servicio, o por acción directa del enemigo, o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio en cumplimiento de una orden de operaciones, los cuales serán descontados para efectos de la sustitución pensional:

31.1 El tres por ciento (3%), cuando la disminución de la capacidad labora