CE - Sentencia 08001233300020180096501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de julio dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 08001233300020180096501 (67361)

Demandante: ROBERTO RAFAEL GALLO ELJAICK

Demandado: NACION - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Y OTRO

Tema: Responsabilidad por decomiso de maquinaria / falta de legitimación en la causa por activa parcial – prueba de la propiedad y posesión de maquinaria / No se acreditó el daño alegado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuesto s por las partes contra la sentencia del 31 de mayo de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo d el Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 5 de agosto de 2016, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera de la DIAN arribaron a la calle 13 # 13 -30 del municipio de Puerto Colombia, en donde se encontraba la máquina vibro compactadora auto compulsada , marca Caterpillar , serial 1MG00328 , y la máquina motoniveladora marca Caterpillar , serial 87VO9857, con el fin de realizar la verificación físico-documental de estas, para lo cual ordenaron su traslado a una bod ega ubicada en el mismo municipio.

serial 1MG00328 , y la máquina motoniveladora marca Caterpillar , serial 87VO9857, con el fin de realizar la verificación físico-documental de estas, para lo cual ordenaron su traslado a una bod ega ubicada en el mismo municipio. Posteriormente, el 10 de agosto de 2016, la DIAN ordenó su aprehensión porque las maquinas no estaban amparadas en una declaración de importación o documento equivalente. No obstante, el 29 de septiembre de 2016, la entidad ordenó el archivo de la actuación porque el funcionario que realizó la diligencia de verificación físico-documental de las maquinas carecía de competencia para ello , por lo que ordenó la devolución de estas.2

Radicado: 08001233300020180096501 (67361)

Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick

El demandante considera que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – en adelante DIANson patrimonialmente responsable s a título de falla en el servicio por la aprehensión de la maquinaria de su propiedad por parte de un funcionario incompetente y por la demora injustificada en devolverla, lo que causó su deterioro y la imposibilidad de explotar económicamente tales equipos durante el tiempo de su retención.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 19 de octubre de 2018 1, Roberto Rafael Gallo Eljaick, mediante apoderad o judicial y en ejercicio de l medio de control de reparación directa, present ó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la

judicial y en ejercicio de l medio de control de reparación directa, present ó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la DIAN para que se les declarara patrimonialmente responsables por el deterioro de la maquinaria de su propiedad y la imposibilidad de explotar económicamente esos equipos durante el tiempo de su retención por parte de la DIAN, la cual fue ordenada en diligencia de l 5 de agosto de 2016 en el municipio de Puerto Colombia.

Como pretensiones de su demanda, el actor solicita condenar a la s entidades accionadas a pagarle, por daño emergente , la suma de $ 88’130192 y, por lucro cesante, la cantidad de $1.683’160.000.

En apoyo de las pretensiones, el demandante afirma que es propie tario de la máquina vibro compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328 y de la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857.

Manifiesta que , en los meses de juli o y agosto de 2016, dichas máquinas se encontraban en la calle 1 3 # 13-30 del municipio de Puerto Colombia, a cargo de

1 Archivo “01. DEMANDA” índice 2, Samai.3

Radicado: 08001233300020180096501 (67361)

Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick

Giovanny Raúl Brigante del Guercio, donde estaban en uso en un proyecto de obra de canalización.

Sostiene que el 5 de agosto de 2016, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera de la DIAN hicieron p resencia en dicho lugar para realizar la verificación físico

obra de canalización.

Sostiene que el 5 de agosto de 2016, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera de la DIAN hicieron p resencia en dicho lugar para realizar la verificación físico documental de la maquinaria , por lo que ordenaron su traslado a una bodega ubicada en el mismo municipio, a fin de establecer su identificación.

Indica que, el 9 de agosto de 2016, un funcionar io de la DIAN realizó experticio técnico a la maquinaría y pudo establecer la plena identificación de la máquina vibro compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328, pero no ocurrió lo mismo con la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857.

Señala que el 10 de agosto de 2016, la DIAN , mediante actas Nos. 39021112110 y 39021112111, ordenó la aprehensión de la referida maquinaria con fundamento en la causal establ ecida en el numeral 1.6 del Decreto 2685 del 2019 referida a “cuando la mercancía no se encuentre amparada en una planilla de envió, factura de nacionalización o declaración de importación”.

Afirma que el 24 de agosto de 2016, la División de Gestión de Fiscalización de la DIAN dictó autos de apertura de investigació n para cada máquina, en aras de resolver su situación jurídica.

Manifiesta que el 2 9 de septiembre de 2016, la entidad ordenó el archivo de la actuación porque el funcionario que realizó la diligencia de verificación físicodocumental de las maquinas car ecía de competencia para ello , pues solo estaba comisionado para la práctica de diligencias de inspección, control y verificación de

actuación porque el funcionario que realizó la diligencia de verificación físicodocumental de las maquinas car ecía de competencia para ello , pues solo estaba comisionado para la práctica de diligencias de inspección, control y verificación de las obligaciones aduaneras en establecimientos públicos, parqueaderos, lugares de explotación minera a cielo abierto y dond e se parqueara o utilizara maquinaria de tipo amarillo ubicada en Barranquilla, pero no en Puerto Colombia.4

Radicado: 08001233300020180096501 (67361)

Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick

Indica que el 10 de abril de 2017 la DIAN ordenó la devolución de la máquina vibro compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328 y, el 11 de agosto de 2017, la entrega de la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857, sin justificar la demora en la devolución de esta.

Asegura que hasta la fecha de presentación de la demanda la maquinaria no pudo ser utilizada por el deterioro sufrido durante el tiempo que estuvo aprehendida por la DIAN, periodo durante el cual también se dejaron de percibir los dineros que esas máquinas producían por concepto de su arrendamiento.

El demandante considera que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – en adelante DIANson patrimonialmente responsables a título de falla en el servicio por la aprehensión de la maquinaria de su propiedad por parte de un funcionario incompetente y por la demora injustificada en devolverla, lo que causó su deterioro y la imposibilidad de explotarla económicamente durante el tiempo de la retención.

aprehensión de la maquinaria de su propiedad por parte de un funcionario incompetente y por la demora injustificada en devolverla, lo que causó su deterioro y la imposibilidad de explotarla económicamente durante el tiempo de la retención.

2. Contestaciones

El 3 de abril de 20192, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al ministerio público.

2.1. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 3 se opuso a las pretensiones, con fundamento en que no tuvo intervención alguna en los hechos demandados, pues se t rató de una actuación de exclusiva competencia de la DIAN. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva” , “vulneración del principio de especialización del gasto pú blico” y “vulneración del principio de legalidad”.

2 Archivo “05. AUTO ADMISIORIO”, índice 2, Samai. 3 Archivo “07. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA MINHACIENDA”, índice 2, Samai.5

Radicado: 08001233300020180096501 (67361)

Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick

2.2. La DIAN4 señaló que el daño alegado en la demanda no era antijurídico , pues constituía una obligación que el actor estaba en el deber de soportar, comoquiera que la operación en la que estuvo involucrada la maquinaria amarilla surgió del cumplimiento de sus func iones legales de control de maquinaria importada; además, aunque el actor no formuló objeción alguna contra la aprehensión, fue la

que la operación en la que estuvo involucrada la maquinaria amarilla surgió del cumplimiento de sus func iones legales de control de maquinaria importada; además, aunque el actor no formuló objeción alguna contra la aprehensión, fue la misma entidad la que al resolver la situación jurídica de la maquinaria decidió ordenar su devolución al interesado. No formuló excepciones.

3. Audiencia inicial

El 15 de octubre de 2020 5 el Tribunal Administrativo del Atlántico realizó la audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso, resolvió excepciones, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a es te último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar “si la Nación - Unidad Administrativa EspecialDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Seccional Barranquilla es administrativa y patrimonialmente responsa ble por los perjuicios ocasionados al accionante, como consecuencia de una operación administrativa derivada del presunto decomiso irregular de dos (2) maquinarias amarillas "i) Maquinaria: Vibrocompactador Autocompulsado, Marca: Caterpillar, Modelo: CS433 B, Serial: 1MG00328; ii) Maquinaria: Motoniveladora, Marca: Caterpillar, Modelo: 120 G, Serial: 87VO9857", por parte del Patrullero Manuel Humberto Cubides Cancelado miembro de la Policía Fiscal y Aduanera – POLFA, las cuales eran utilizadas en el desarrollo de una obra pública de canalización en el Municipio de Puerto Colombia (Atlántico), específicamente en la Calle 13 No. 13 - 30 el día cinco (5) de agosto

miembro de la Policía Fiscal y Aduanera – POLFA, las cuales eran utilizadas en el desarrollo de una obra pública de canalización en el Municipio de Puerto Colombia (Atlántico), específicamente en la Calle 13 No. 13 - 30 el día cinco (5) de agosto de dos mil dieciséis (2016); o si, por el contrario, no le es atribuible responsabilidad a la admin istración por haberse configurado alguna causal de exoneración de responsabilidad extracontractual”.

4 Archivo “08. CONTESTACIÓN DEMANDA DIAN”, índice 2, Samai. 5 Archivo “17. ACTA AUDIENCIA INICIAL”, índice 2, Samai.6

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Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 12 de febrero de 2021 6 se corrió trasl ado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El demandante7 y la DIAN8 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta, respectivamente. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el ministerio público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 31 de mayo de 2021 9 el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que el daño padecido por el actor devino en antijurí dico a partir del decomiso de la maquinaria por un servidor que carecía de competencia para realizar la aprehensión en el municipio de Puerto Colombia , así como por la demora

que el daño padecido por el actor devino en antijurí dico a partir del decomiso de la maquinaria por un servidor que carecía de competencia para realizar la aprehensión en el municipio de Puerto Colombia , así como por la demora injustificada en devolverla . No se pronunció respecto de la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En efecto, el tribunal a quo señaló que “[…] la Sala considera que el daño padecido por el actor devino en antijurídico a partir del decomi so de la maquinaria amarilla por un servidor que carecía de tota l competencia para realizar la aprehensión de las mismas en el municipio de Puerto Colombia - Atlántico, pues este solamente se encontraba facultado para realizar tales diligencias en la ciudad de Barranquilla, tal como lo señaló la accionada DIAN en el Au to de Archivo del expediente administrativo. Aunado a lo anterior, se suma el hecho de una demora injustificada para definir la situación jurídica de los rodantes amarillos, pues a partir de que el Jefe de la División de Fiscalización Aduanera tuvo conocim iento de que el Patrullero Manuel Humberto Cubides Cancelado miembro de la Policía Fiscal y

6 “Gestión en otros despachos”, expediente digital, índice 7, Samai. 7 Archivo “26.1 alegatos de conclusion (2)”, índice 2, Samai. 8 Archivo “ 25.1 ALEGATOS 1 INSTANCIA - ROBERTO GALLO ELJAICK 2018 0965 ”, índice 2, Samai. 9 Archivo “27. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA”, índice 2, Samai.7

Samai. 9 Archivo “27. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA”, índice 2, Samai.7

Radicado: 08001233300020180096501 (67361)

Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick

Aduanera – POLFA, no tenía competencia para iniciar el procedimiento de verificación físico-documental, se debió haber devuelto en forma inmediata la vibro compactadora y la motoniveladora al señor Roberto Rafael Gallo Eljaick. […]”.

En la parte resolutiva el a quo ordenó el pago de daño emergente por concepto de pago de bodega de la maquinaria retenida en suma de $1’233.007, pero consideró que los gastos por compra de repuestos y arreglos a la maquinaria, así como el lucro cesante, no se demostraron.

6. Recursos de apelación

El 810 y el 1811 de junio de 2021, las partes interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron concedidos el 30 de junio de 202112 y admitidos el 17 de septiembre de 202113.

6.1. La parte actora 14 se opuso a la decisión del a quo en cuanto a los perjuicios materiales, pues a su juicio, resultaba alejado de la realidad que una maquinaria retenida por más de un año no sufriera averías y señaló que al proceso se allegaron las cotizaciones de lo que se requiere para poner de nuevo en funcionamiento la s maquinas, costos que por su alto valor aún no habían sido efectuados por el demandante. Igualmente, sostuvo que el Tribunal omitió actualizar la suma de $1’233.007 reconocida por concepto de daño emergente. En cuanto al lucro cesante,

maquinas, costos que por su alto valor aún no habían sido efectuados por el demandante. Igualmente, sostuvo que el Tribunal omitió actualizar la suma de $1’233.007 reconocida por concepto de daño emergente. En cuanto al lucro cesante, manifestó que se probó que, para el momento de la aprehensión, la maquinaria estaba arrendada a la empresa Construcciones y Diseños Stevenson Hnos S.A.S., a la Unión Temporal de Guardacostas y a la Unión Temporal Vías del Atlántico, como consta en las certificaciones allegadas al expediente y que el a quo no valoró, razón

10 Archivos “28 CORRESPONDENCIA 08 DE JUNIO DE 2021” y “28.1 RECURSO DE APELACION (2)”, índice 2, Samai. 11 Archivos “ 40. CORRESPONDENCIA 18 DE J UNIO DE 2021 ” y “40.1 RECURSO DE APELACIÓN - ROBERTO GALLO ELJAICK 2018-00965”, índice 2, Samai. 12Archivo “42. AUTO CONCEDE RECURSO DE APELACION”, índice 2, Samai. 13 Índice 4, Samai. 14 Archivos “28 CORRESPONDENCIA 08 DE JUNIO DE 2021” y “28.1 RECURSO DE APELACION (2)”, índice 2, Samai.8

Radicado: 08001233300020180096501 (67361)

Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick

por la cual solicitó su reconocimiento . Finalmente, solicitó que se condenara en costas a la DIAN.

6.2. La DIAN15 señaló que, en primer lugar, no existió daño antijurídico por cuanto la

por la cual solicitó su reconocimiento . Finalmente, solicitó que se condenara en costas a la DIAN.

6.2. La DIAN15 señaló que, en primer lugar, no existió daño antijurídico por cuanto la Administración no decomisó ninguna maquinaria, sino que inició el proceso de definición de situación jurídica con su aprehensión. En segundo lugar, manifestó que cumplió su deber de realizar los controles aduaneros sobre una mercancía de procedencia extranjera y que el error consistente en que la maquinaria hubiera sido aprehendida por un funcionario que carecía de competencia para ello fue corregido por la misma Ad ministración. Agregó que no hubo demora injustificada en la devolución de la maquinaria, pues se ordenó su entrega al finalizar la actuación. Consideró que los costos del bodegaje de la maquin aria, era un gasto que el demandante estaba en la obligación de soportar.

7. Trámite en segunda instancia

Toda vez que aunque la parte demandante 16 y la DIAN 17 se pronunciaron sobre los respectivos recursos de apelación, no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA 18, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, por tanto, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia.

El ministerio público guardó silencio.

15 Archivos “ 40. CORRESPONDENC IA 18 DE JUNIO DE 2021 ” y “40.1 RECURSO DE

correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia.

El ministerio público guardó silencio.

15 Archivos “ 40. CORRESPONDENC IA 18 DE JUNIO DE 2021 ” y “40.1 RECURSO DE APELACIÓN - ROBERTO GALLO ELJAICK 2018-00965”, índice 2, Samai. 16 Índice 10, Samai. 17 Indice 9, Samai. 18 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá u n término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lug ar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”9

Radicado: 08001233300020180096501 (67361)

Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 31 de mayo de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con l o dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor 19 de la deman da, supera la

Atlántico, de conformidad con l o dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor 19 de la deman da, supera la exigida de 500 SMLMV , para que un proceso adelanta do en ejercicio del medio de control de reparación directa , tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación20.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto ad ministrativo, según lo dispone el artículo 140 21 del Código de Pr ocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

19 El artículo 157 del CPACA dispone que: “ la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerar se la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor (…)”. 20 Para la fecha de presentación de la demanda ( 19 de octubre de 2018 ) 500 SMLMV equivalían a la suma de $ 390’621.000 y en el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $1.683’160.000.

20 Para la fecha de presentación de la demanda ( 19 de octubre de 2018 ) 500 SMLMV equivalían a la suma de $ 390’621.000 y en el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $1.683’160.000. 21 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos d el artículo 90 de la Constitución Política, la persona inter esada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entr e otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En to dos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada10

Radicado: 08001233300020180096501 (67361)

Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño atribuido a una extralimitación de la DIAN, por la aprehensión de una maquin aria por parte de un funcionario incompetente y la demora injustificada en devolverla, lo que causó su deterioro y la imposibilidad de explotarla económicamente durante el tiempo de la retención.

Se advierte que, en el sub judice , la fuente del daño no ra dica en los actos

la demora injustificada en devolverla, lo que causó su deterioro y la imposibilidad de explotarla económicamente durante el tiempo de la retención.

Se advierte que, en el sub judice , la fuente del daño no ra dica en los actos administrativos que ordenaron la aprehensión de la maquinaria, pues la actuación administrativa finalizó a favor del interesado y ordenó la devolución de esta, de modo que lo que se cuestiona son las consecuencias de las decisiones administrativas, como lo señaló esta Sección en un caso similar:22

“[…] En el presente caso, la actuación administrativa adelantada por la DIAN finalizó con decisión administrativa que dio la razón al administrado y terminó la actuación administrativa a su favor , con la orden de devolución del vehículo, por lo que, aunque la fuente del daño provino de decisiones expresas de la administración adoptadas en forma previa, no se controvierte aquí su legalidad, pues la misma administración dispuso exonerar al demandant e. Se trata entonces de un caso en que los actos que constituyeron fuente de los perjuicios no fueron ni requerían ser controvertidos judicialmente, como quiera que la decisión definitiva le f ue favorable al demandante, por lo cual, no se cuestiona la lega lidad de la decisión que culminó el procedimiento, sino la consecuencia de las medidas que durante este se mantuvieron vigentes, siendo la acción idónea para ello la promovida por los demandantes. […]”.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el pr oceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario ver ificar si la demanda se presentó en

Si bien en el pr oceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario ver ificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercic io oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio23.

una de ellas, t eniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera , Subsección B, sentencia del 16 de diciembre de 2015 exp. 37461 (acumulado 43199). 23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2 011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en11

Radicado: 08001233300020180096501 (67361)

Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apunta ndo a la protección del interés general 24, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la

ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas op ortunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 25, o frecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones con troversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta po r el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondo - artículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia defini tiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 24 Corte Constitucional. Sentencia C -394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuració n normativa, limita

C.C.A.” 24 Corte Constitucional. Sentencia C -394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuració n normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda p ersona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para e vitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C -832 de 2001 a que se ha hecho reit erada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 25 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Ex p. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, rac ionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el em pleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.12

oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.12

Radicado: 08001233300020180096501 (67361)

Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como lí mite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jur ídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 26 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 27, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa