CE - Sentencia 08001233300020200038801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 08001-23-33-000-2020-00388-01 (7739-20231) Demandante : Juan Carlos Orozco Llenera y otros Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho

Tema

Decisión

: :

: Disciplinario – Irregularidades en el proceso disciplinario – análisis de convencionalidad – cumplimiento sentencia de tutela del 24 de febrero de 2025 Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a dar cumplimiento al fallo emitido por la Subsección B de la Sección Tercera, con ponencia del Dr. Alberto Montaña Plata, el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025), dentro de la acción de tutela con radicado: 11001 -03-15-0002024-04153-00 (acumulado), 11001-03-15-000-2024-03980-00, 11001-03-15-000-202404285-00, 11001-03-15-000-2024-05727-00 y en el que se indicó lo siguiente:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por los Tribunales Administrativos de Antioquia y Nariño, Víctor Isidro Ramírez Loaiza y Rafael Enrique Pretel Martínez, por las razones aquí presentadas.

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por los Tribunales Administrativos de Antioquia y Nariño, Víctor Isidro Ramírez Loaiza y Rafael Enrique Pretel Martínez, por las razones aquí presentadas.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela identificada con el radicado No. 11001 -03-15-000-2024-04285-00, específicamente, fr ente a las Sentencias de 12 de diciembre de 2023, proferidas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-000-2015-01017-01, 13001 -23-33-000-2015-00784-01 y 18001 -23-33-0002016-00231-01, por no cumplir con el requisito de inmediatez.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las Sentencias de (1) 3 de mayo de 2024, Rad. 85001 -23-33-000-2013-0024902; (2) 9 de mayo de 2024, Rad. 25000 -23-42000-2015-03436-01; (3) 4 de julio de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2014-01307-01; (4) 10 de julio de 2024, Rad. 15001 -23-33-000-2017-00478-01; (5) 26 de junio de 2024, Rad. 080012333-000-2020-00392-02; (6) 26 de junio de 2024, Rad. 73001-23-33-000-201900042-01; (7) 30 de mayo de 2024, Rad. 08001-23-33-000-2020-00388-01; (8) 3 de mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2016-00221-01; (9) 24 de mayo de 2024, Rad. 54001 -23-33-000-201600224-01; (10) 18 de julio de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2015-00589-01; (11) 18 de julio de 2024, Rad. 13001 -23-33000-2014-00294-01; (12) 9 de mayo de 2024, Rad. 52001 -23-33000-201400563-01; (13) 6 de junio de 2024, Rad. 11001 -03-25-000-2016-00592-00; (14) 9 de mayo de 2024, Rad. 27001 -23-33-000-2014-00010-01; (15) 9 de mayo de 2024, Rad. 68001-233-000-2021-00070-01; (16) 15 de mayo de 2024, Rad. 15001 -23-33-000-201700604-01; (17) 23 de mayo de 2024, Rad. 41001 -23-33000-2015-00905-01; (18) 5 de junio

de 2024, Rad. 11001 -03-25-000-201600173-00; (19) 3 de mayo de 2024, R ad. 05001-2333-000-2015-01775-01; (20) 15 de mayo de 2024, Rad. 25000 -23-42-000-2017-05284-03;

1 Expediente electrónico visible en la herramienta Samai.Número Interno: 7739-2023

Demandante: Juan Carlos Orozco Llenera y otros

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

(21) 25 de abril de 2024, Rad. 17001 -23-33-000-2019-00613-01; (22) 8 de febrero de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2016-01396-00; (23) 22 de febrero de 2024, Rad. 20 00123-33-0032017-00007-01; (24) 15 de febrero de 2024, Rad. 11001 -03-25-0002010-00052-00; (25) 4 de abril de 2024, Rad. 70001 -23-33-000-2014-00058-01; (26) 11 de abril de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2019-00359-00; (27) 18 de abril de 2024, Rad. 52001 -23-33-000-201500285-01; (28) 23 de mayo de 2024, Rad. 44001 -23-40-000-2016-00156-01; (29) 9 de mayo

de 2024, 7300123-33-000-2019-00344-01; (30) 9 de mayo de 2024, Rad. 73001-23-33-0002019-00289-01; (31) 9 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2013-0135101; (32) 25 de julio de 2024, Rad. 52001 -23-33-000-2018-00394-01; (33) 18 de julio de 2024, Rad. 1500123-33-000-2019-00530-01; (34) 1 de agosto de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2019-00639-01; (35) 25 de julio de 2024, Rad. 41001 -2333-000-2017-00175-01; (36) 2 de octubre de 2024, Rad. 27001-23-33-0002018-00099-01; (37) 2 de octubre de 2024, Rad. 17001 -23-33-0002018-0013601; (38) 2 de octubre de 2024, Rad. 27001-23-33-000-2018-90017-01; (39) 2 de octubre de 2024, Rad. 44001-23-40-000-2016-00192-01; (40) 2 de octubre de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2019-00356-01; (41) 2 de octubre de 2024, Rad. 54001 -2333-000-2019-00252-01; (42) 2 de octubre de 2024, Rad. 7300123-33-000-2019-00301-01; y (43) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001 -23-33-0002019-00229-01, pr oferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones indicadas en esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, dentro de los 30 días contados a parti r de la notificación de esta providencia, profieran las sentencias de remplazo, según su competencia, en los procesos referenciados en el numeral anterior y en consideración a lo aquí decidido.

Por consiguiente, decide la Sala el recurso de apelación inte rpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 23 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección “A”, que accedió parcialmente a la nulidad de las decisiones sancionatorias de 11 de julio de 2019 y 16 de diciembre de 2019 y condenó al pago de 40 S.M.L.M.V., por concepto de indemnización por perjuicio moral de la demanda interpuesta por el señor Juan Carlos Orozco Llenera, Kateherine Rueda Better, en representación de sus menores hijos Juan Sebastián y Juan Carlos Orozco Rueda en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

Los demandantes Juan Carlos Orozco Llenera, Kateherine Rueda Better, en representación de sus menores hijos Juan Sebastián y Juan Carlos Orozco Rueda, por

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

Los demandantes Juan Carlos Orozco Llenera, Kateherine Rueda Better, en representación de sus menores hijos Juan Sebastián y Juan Carlos Orozco Rueda, por conducto de apoderado, acuden a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo siguiente:

1.1. Pretensiones.Número Interno: 7739-2023

Demandante: Juan Carlos Orozco Llenera y otros

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Declarar la nulidad de los actos administrativos disciplinarios contenidos en “los fallos disciplinarios de julio 11 de 2019 y diciembre 16 de 2019, a través de los cuales se impuso sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 10 años en contra del señor Juan Carlos Orozco Llerena, actos expedidos por la Procuraduría provincial de Santa Marta y la Procuraduría Regional del Magdalena respectivamente, dentro del proceso disciplinario identificado con radicado IUS 2016-209647”.

A título de restablecimiento del derecho , solicitaron: (i) la eliminación de la sanción impuesta en el Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI; y (ii) el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El señor Juan Carlos Orozco Llerena puso de presente que, resultó elegido para

reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El señor Juan Carlos Orozco Llerena puso de presente que, resultó elegido para desempeñar el cargo de concejal del municipio de Soledad, Atlántico para el periodo 2016-2019.

Argumentan que, en el mes de marzo del año 2016, el alcalde municipal de Soledad (Atlántico) presentó proyecto de acuerdo para crear y financiar el Fondo del Fomento al Desarrollo del Deporte, debatido y aprobado por el Concejo y sancionando a través del Acuerdo 0000199 del 2016.

Señalan que, el ciudadano Paul Varelo Barrios, presentó queja ante la Procuraduría Provincial de Barranquilla en contra de todos los concejales del municipio de Soledad, incluido el señor Juan Carlos Orozco Llerena.

Agregan que, la Procuraduría Provincial de Barranquilla, mediante auto de junio 21 de 2016 ordenó apertura de Indagación Preliminar y en providencia de octubre 27 de 2016 dispuso apertura de Investigación Disciplinaria en contra de los 19 concejales del municipio de Soledad ; luego el proceso fue enviado por competencia a la procuradora provincial de Santa Marta quien profiere pliego de cargos.

Aducen que, en cumplimiento de lo ordenado po r la Procuraduría General de la Nación mediante Resolución 583710 del 27 de octubre de 2016, la procuradora provincial de Barranquilla remitió el expediente disciplinario al procurador provincial de Santa Marta. Indican que, mediante auto del 19 de septiembre de 2018, la Procuraduría Provincial de

Barranquilla remitió el expediente disciplinario al procurador provincial de Santa Marta. Indican que, mediante auto del 19 de septiembre de 2018, la Procuraduría Provincial de Santa Marta, formuló pliego de cargos en la que se imputó la comisión de falta gravísima,Número Interno: 7739-2023

Demandante: Juan Carlos Orozco Llenera y otros

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

contenida en el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, a título de dolo.

Afirman que, mediante providencia de julio 11 de 2019 la Procuraduría Provincial de Santa Marta profirió fallo sancionatorio de destitución del cargo e inhabilidad general por diez (10) años.

Sostienen que, la Procuraduría Regional del Magdalena resolvió el recurso de apelación, mediante fallo de diciembre 16 de 2019, por el cual confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia. Decisión notificada a través de edicto fijado en fecha enero 2 de 2020 y desfijado el 7 de enero de 2020.

En la refor ma de la demanda 2, enfatizan que, el día de 8 de julio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió sentencia en el caso Petro Urrego vs. Colombia donde se declaró al Estado Colombiano responsable de violar el derecho contenido en el artíc ulo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, disponiendo además de la reparación al demandante, que el estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico a los parámetros

contenido en el artíc ulo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, disponiendo además de la reparación al demandante, que el estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico a los parámetros establecidos en el párrafo 1543 de la sentencia.

Dan a conocer que, la demandada profirió la Circular 005 de 1 de septiembre de 2020, respecto de los funcionarios de elección popular cuando se trata de investigaciones por hechos de corrupción o por conductas que objetivamente encuadren en delitos consagrados en la ley penal sancionables a título de dolo, podrán imponerse sanciones distintas a la destitución e inhabilidad general, con lo cual de manera expresa se reconoce la falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Convención Interamericana de Derechos Humanos; Constitución Política, artículos 2, 29, y 90; Ley 734 de 2002, artículos 4, 6, 13, 141 y 142; y Ley 1437 de 2011, artículo 137 y 138.

Como concepto de v iolación, el apoderado de los accionantes señaló que, los actos acusados se encuentran viciados de nulidad por los siguientes cargos:

1.2.1. Violación del principio de legalidad por indebida subsunción normativa.

2 Archivo 07 expediente digital.Número Interno: 7739-2023

Demandante: Juan Carlos Orozco Llenera y otros

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

2 Archivo 07 expediente digital.Número Interno: 7739-2023

Demandante: Juan Carlos Orozco Llenera y otros

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Señala que, la demandada sustenta la ocurrencia en una extralimitación de funciones al haberse incluido en el Acuerdo 199 de 2016, una fuente de financiación en la creación del fondo de fomento del deporte del municipio de Soledad, que no está contemplado en la Ley 19 de 1991, donde no indica nada sobre el elemento normativo de la falta indilgada respecto a la finalidad perseguida por los investigados en la aprobación del acto administrativo.

1.2.2. Violación a los derechos de contradicción, defensa y debido proceso. Precisa que, el ente de control disciplinario omitió correr traslado de las pruebas documentales, pasando por alto el artículo 245 de la Ley 600 de 2000, por remisión expresa del artículo 730 de 2002, medios que sirvieron de soporte para el p liego de cargos y los fallos disciplinarios.

1.2.3. Falta de competencia y expedición irregular de los actos acusados. Destaca que, la visita especial realizada por la procuradora provincial de Barranquilla la efectuó cuando había perdido competencia para conocer del proceso disciplinario, irregularidad que fue expuesta a la Procuraduría Regional del Magdalena, que al resolver el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia expresó que no se presentaba irregularidad alguna de conformidad con el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 y solo está prevista como nulidad la falta de competencia del funcionario que emite el fallo.

de apelación contra el fallo de primera instancia expresó que no se presentaba irregularidad alguna de conformidad con el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 y solo está prevista como nulidad la falta de competencia del funcionario que emite el fallo.

1.2.4. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Argumenta que, los fallos disciplinarios fueron el resultado de interpretaciones personales de los operadores disciplinarios y no producto de la valoración de las pruebas como lo exige el legislador en el artículo 141 del CDU.

1.2.5. Falsa motivación en el estudio de la Ilicitud sustancial. Refiere que, la entidad demandada para justificar la ilicitud sustancial de la conducta desplegada argumenta violación al principio de moralidad pública un desarrollo novedoso que no fue mencionado en el pliego de cargos y que afecta el principio de congruencia.

1.2.6. Irregularidades en el proceso de calificación de la culpabilidad. Deduce que, el órgano de control disciplinario no explicó la calificación dolosa, para lo cual era necesario desglosar cada uno de los elementos jurídicos que estructuran la culpabilidad en contraste con la conducta ejercida y no darla como cierta por la simple configuración de la extralimitación de funciones.Número Interno: 7739-2023

Demandante: Juan Carlos Orozco Llenera y otros

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

1.2.7. Violación al principio de proporcionalidad de la sanción. Sustenta que, la demandada no tuvo en cuenta la conducta desplegada que no de rivaron de corrupción, desviación de recursos o perturbación de un servicio esencial, de modo que la sanción e

demandada no tuvo en cuenta la conducta desplegada que no de rivaron de corrupción, desviación de recursos o perturbación de un servicio esencial, de modo que la sanción e inhabilidad general por diez (10) años para ocupar cargos públicos es desproporcionada e irracional.

2. Contestación de la demanda.

La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda3, en los siguientes términos:

Se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que, su actuación fue conforme a la Constitución y la ley, al sancionado le respetaron las garantías fundamentales al debido proceso y defensa, en tanto: (i) el trámite administrativo se adelantó de cara a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002; (ii) le permitió al disciplinado ejercer su derecho de contradicción formulando descargos, alegando de conclusión, apelando el fallo de primera instancia, permitiendo su participación activa ante el operador disciplinario; (iii) efectuó una adecuada individualización de la conducta objeto de reproche; y, (iv) la sanción impuesta al accionante atendió a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Enfatizó que, la primera instancia endilgó la falta disciplinaria descrita en el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al considerar que el ex concejal votó o fijó un tributo que la ley no le había facultado para crear y, la segunda instancia decide confirmar la primera decisión, al establecer que, la totalidad de los miembros de la Corporación Pública decidieron aprobar el proyecto del acuerdo presentado por el alcalde municipal de Soledad, para fijar un impuesto, que la Ley 19 de 1991 no había autorizado.

primera decisión, al establecer que, la totalidad de los miembros de la Corporación Pública decidieron aprobar el proyecto del acuerdo presentado por el alcalde municipal de Soledad, para fijar un impuesto, que la Ley 19 de 1991 no había autorizado.

Considera que, el demandante incurrió en la conducta una extralimitación de funciones de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 743 de 2002, considerada falta gravísima.

Precisa que, la con ducta censurada y probada por el operador disciplinario, se adecúa en su totalidad al supuesto de hecho que describe la falta prevista por el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, pue si bien el Acuerdo 199 de 2016, tuvo por finalidad el fomento y desarrollo del deporte, en consonancia con la Ley 19 de 1991, al crear el Fondo de Fomento, pero al establecer como fuente de financiación dentro del

3 Archivo 13 expediente digitalNúmero Interno: 7739-2023

Demandante: Juan Carlos Orozco Llenera y otros

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

presupuesto municipal, con el gravamen de 1.5% del valor de los convenios y contratos, se dio un alcance distinto a la finalidad que se había propuesto la Ley 19 de 1991, estando demostrado el dolo en la conducta del ex concejal.

3. La sentencia de primera instancia4.

El Tribunal Administrativo del Atlántico Sección “A”, mediante sentencia proferida el 23 de marzo de 2023, (i) declaró parcialmente la nulidad de las decisiones sancionatorias

3. La sentencia de primera instancia4.

El Tribunal Administrativo del Atlántico Sección “A”, mediante sentencia proferida el 23 de marzo de 2023, (i) declaró parcialmente la nulidad de las decisiones sancionatorias de 11 de julio de 2019 y 16 de diciembre de 2019, proferidas por la Procuraduría Provincial de Santa Marta y la Procuraduría Regional del Magdalena; (ii) a título de restablecimiento de derecho, ordenó a la Procuraduría General de la Nación que cancele los respectivos antecedentes disciplinarios del señor Juan Carlos Orozco Llerena; (iii) condenó a la demandada a pagar a favor del señor Juan Carlos Orozco Llerena, una suma equivalente a 40 S.M.L.M.V., por concepto de perjuicio moral; y (iv) negó las demás pretensiones de la demanda, (sin condena en costas) por considerar:

Que no se encuentran cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, ya que, si bien se encuentra establecida una conducta unívoca de los concejales disciplinados, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto de la aprobación del Acuerdo 00199 de 2016, pero era necesario referirse de manera separada por cada uno de los investigados, desconociendo la intención individual de los cabildantes para emitir su aprobación y que no se encuentra plenamente acreditado el actor haya desplegado la conducta imputada de manera voluntaria, con la unívoca e inequívoca intención de desconocer sus deberes funcionales y transgredir el ordenamiento jurídico.

Que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que la sanción de

desplegado la conducta imputada de manera voluntaria, con la unívoca e inequívoca intención de desconocer sus deberes funcionales y transgredir el ordenamiento jurídico.

Que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que la sanción de destitución o inhabilidad general deberá tener relación con hechos de corrupción, o ser constitutiva de delito doloso, previa denuncia, cuando de cargos de elección popular se trate, aspectos no acreditados por la demandada, así las cosas, logró desvirtuarse el principio de legalidad que cobija a las decisiones acusadas, siendo menester declarar su nulidad.

Por otra parte, declaró el reconocimiento de los perjuicios morales, al poderse inferir el dolor causado al actor, pues fue elegido concejal del municipio de Soledad, cargo al cual accedió luego de someterse a un proceso democrático, y por hechos acaecidos en el ejercicio de sus funciones fue destituido e inhabilitado por 10 años, siendo la noticia

4 Archivo 35 expediente digitalNúmero Interno: 7739-2023

Demandante: Juan Carlos Orozco Llenera y otros

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

altamente desplegada, y subsistiendo actualmente en cualquier medio de búsqueda digital, por lo cual se reconocerá indemnización en cuantía de 40 S.M.L.M.V.

4. El recurso de apelación5.

La parte demandada en la oportunidad procesal interpuso recurso de apelación en contra la sentencia de primera, solicitando se revoque, en consideración a lo siguiente:

Manifiesta que, los fallos disciplinarios se sustentaron de manera clara y suficiente cada

La parte demandada en la oportunidad procesal interpuso recurso de apelación en contra la sentencia de primera, solicitando se revoque, en consideración a lo siguiente:

Manifiesta que, los fallos disciplinarios se sustentaron de manera clara y suficiente cada uno de los requisitos que configuran la falta disciplinaria donde se concluyó que el demandante en calidad de concejal del municipio de SoledadAtlántico, se extralimitó en sus funciones al debatir, aprobar y expedir el Acuerdo 00199 del 7 de marzo de 2016, por el cual se crea el Fondo del Fomento del Desarrollo del Deporte de Soledad, donde se impuso como forma de financiación un impu esto del 1.5% sobre todos los convenios y contratos suscritos por el municipio y sus entidades descentralizadas, sin tener facultades legales y reglamentarias para hacerlo, motivo por el cual no existe causal alguna para declarar la nulidad de los fallos demandados.

Que fundamentó en debida forma la falta endilgada encaminada al actuar del demandante en calidad de concejal, por aprobar de forma unánime y sin debate alguno, un acuerdo municipal de creación de un tributo no autorizado por la ley, donde asist ió, participó y votó favorablemente el acuerdo, sin tener competencia para ello, y extralimitándose en sus funciones, especialmente en las atribuidas por el artículo 32 de la Ley 193 de 1994, motivo por el cual las decisiones de primera y segunda instancia si cumplieron con los requisitos propios que exige la Ley 734 de 2002.

De otra parte, se refiere a los perjuicios morales, considerando que, no se logró acreditar en el plenario la afectación moral mediante los medios probatorios idóneos, tales como,

De otra parte, se refiere a los perjuicios morales, considerando que, no se logró acreditar en el plenario la afectación moral mediante los medios probatorios idóneos, tales como, dictamen pericial de un médico especialista en psiquiatría o de un psicólogo o mediante una historia clínica en el que se plasme una consulta del actor por depresión o ansiedad o algún otro tipo de patología, por lo que no quedó suficientemente probado que el señor Orozco y su familia efectivamente padecieron un sufrimiento derivado de los hechos expuestos en la demanda y el fallo no realiza un examen de fondo que permita demostrar de manera alguna los presuntos daños, es decir, no se ve un análisis juicioso ni minucioso a la luz de los criterios de la sana crítica, como para determinar la contundencia.

5 Expediente digital índice 002 Samai, archivos 73 y 75.Número Interno: 7739-2023

Demandante: Juan Carlos Orozco Llenera y otros

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

5. Alegatos de conclusión6.

En auto del 22 de marzo de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.

II. CONSIDERACIONES Cuestión previa.

Antes de estudiar el fondo del asunto, estima la Sala que es del caso precisar las razones por las cuales se está adoptando una nueva decisión en el sub-lite.

II. CONSIDERACIONES Cuestión previa.

Antes de estudiar el fondo del asunto, estima la Sala que es del caso precisar las razones por las cuales se está adoptando una nueva decisión en el sub-lite.

Debe decirse que mediante sentencia del veinticuatro (24) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), esta Subsección confirmó «la sentencia del 16 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por el señor José Eriberto Muñoz Ruíz.».

Sin embargo, esta providencia fue dejada sin efecto el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025), dentro de la acción de tutela con radicado: 11001-03-15-000-202404153-00 (acumulado), 11001-03-15-000-2024-03980-00, 11001-03-15-000-2024-0428500, 11001-03-15-000-2024-05727-00.

El fundamento para adoptar la decisión por parte de la Subsección B de la Sección Tercera fue:

«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de quienes fueron electos por voto popular,

Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido en el artículo 23.2 de la CADH26.

57. En ese orden de ideas, dado el contenido y alcance de los reparos planteados por la parte actora, los mismos serán estudiados de forma conjunta, es decir, se analizará la tesis adoptada por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para los casos enjuiciados, de cara a la postura de la Corte Constitucional sobre la potestad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto de empleados públicos de elección popular, así como la interpretación que, en ese marco, se le ha dado al artículo 23.2 de la CADH, sobre limitación de los derechos políticos.

6 Índice 04 expdiente Samai.Número Interno: 7739-2023

Demandante: Juan Carlos Orozco Llenera y otros

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

58. En Sentencia C -028 de 2006, la Co rte Constitucional, al analizar la exequibilidad de los artículos 44 (numeral 1), 45 (numeral 1, literal d) y 46 de la Ley 734 de 2002, concluyó que la facultad otorgada por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para sancionar a

artículos 44 (numeral 1), 45 (numeral 1, literal d) y 46 de la Ley 734 de 2002, concluyó que la facultad otorgada por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para sancionar a servidores públicos de elección popular, mediante la limitación, de forma temporal o definitiva, de los derechos políticos, no contrariaba los artículos 93 de la Constitución Política y 23 de la CADH, (se trascribe) …

62. Finalmente, b la Sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad de la titularidad de la potestad disciplinaria y funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación, en el marco de la Ley 2094 de 2021, estableció que la aludida potestad fue otorgada a esa autoridad por expreso mandato constitucional (artículos 118 y 277 de la Constitución Política). No obstante, la misma debía ser interpretada de forma sistemática y armónica con la CADH y, en consecuencia, debía respetar el principio de reserva judicial para las sanciones que limiten derechos políticos. Por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión constituía un remedio que garantizaría la intervención del juez de lo contencioso administrativo.

63. A partir de lo anterior, se tiene entonces que para la época en la que fueron proferidas las decisiones administrativas de carácter sancionatorio, existía una tesis consolidada de la Corte Constitucional que avalaba la competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar, con destitución e inhabilidad, a servidores públicos de elección popular, respecto de la cual las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se apartaron

sancionar, con destitución e inhabilidad, a servidores públicos de elección popular, respecto de la cual las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se apartaron indebidamente, dado el carácter de cosa juzgada constitucional que el tema tenía a la fecha de expedición de las decisiones enjuiciadas.(…)».

En ese contexto, la Subsección debe acatar la orden dada en el amparo judicial mencionado.

Sin embargo, debe expresarse que las razones expresadas en el fallo no son de recibo porque se traducen en un incumplimiento de las obligaciones del CADH, lo cual puede acarrearle responsabilidad inter