CE - Sentencia 11001031500020240235700 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá DC, dieciséis (16) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 1100-1031-5000-2024-02357-00 (3.765)

Demandante: WÍLLMAR CALDERÓN OLMOS

Demandado: ECOPETROL SA

Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Asunto: NULIDAD POR PRUEBA RECOBRADA - PRUEBAS

FALSAS - NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA –

DEBIDO PROCESO

Síntesis del caso: se pretende la revisión de la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se negaron las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Wíllmar Calderón Olmos contra los actos administrativos mediante los cuales Ecopetrol SA le impuso una sanción disciplinaria de suspensión del cargo por un término de cuatro meses; el recurso fue impuesto con fundamento en las causales primera, segunda y quinta del artículo 250 del CPACA, por considerar que se encontraron documentos nuevos, que se valoraron pruebas falsas o adulteradas y que la sentencia incurrió en nulidad por haberse dictado con desconocimiento del juez natural, del debido proceso y del principio non bis in ídem. Se declara infundado el recurso porque no se demostró la configuración de las causales alegadas.

haberse dictado con desconocimiento del juez natural, del debido proceso y del principio non bis in ídem. Se declara infundado el recurso porque no se demostró la configuración de las causales alegadas.

Temas: recurso extraordinario de revisión – nulidad por prueba recobrada, pruebas falsas y nulidad originada en la sentencia por desconocimiento del juez natural, del debido proceso y del principio non bis in idem.

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 3 de noviembre de 2022 dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 25000-23-42-000-2016-0130402 (2377-2021), mediante la cual se dispuso lo siguiente:

“1º. Confírmase la sentencia de 10 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección C), que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Wíllmar Calderón Olmos contra la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol), conforme a la motivación.2

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2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester (…)” (índice 24 SAMAI - negrillas del original)1.

I. ANTECEDENTES

origen, previas las anotaciones que fueren menester (…)” (índice 24 SAMAI - negrillas del original)1.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. El señor W íllmar Calderón Olmos, en ejercicio del medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra Ecopetrol SA con el fin de que se declarara la nulidad de los actos mediante los cuales fue sancionado disciplinariamente en el proceso PD-4135-2012 en los cuales se impuso una sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de cuatro (4) meses y, como consecuencia de la declaración de nulidad, se eliminara todo antecedente disciplinario de su hoja de vida (fls. 727 a 748 cdno. ppal).

1. A título de restablecimiento del derecho el demandante solicitó (i) que se declare que no hubo solución de continuidad en la relación laboral entre el 23 de noviembre de 2016 y el 22 de febrero de 2017; (ii) que Ecopetrol SA sea condenada al pago de todos los emolumentos laborales dejados de percibir durante ese período, incluidos salarios, prestaciones sociales, cesantías, primas y vacaciones ; (iii) que se ajuste el valor de las condenas con base en el IPC certificado por el DANE y , (iv) que se indemnice el daño moral y patrimonial causado, valorado en la suma de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000), con fundamento en los artículos 206 y 207 del Código General del Proceso ; las expresas pretensiones de la demanda de

nulidad son las siguientes:

cincuenta millones de pesos ($150.000.000), con fundamento en los artículos 206 y 207 del Código General del Proceso ; las expresas pretensiones de la demanda de nulidad son las siguientes:

“1. Declarar que son nulos los Actos Administrativos disciplinarios contenido en los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos por la Gerencia de Control disciplinario de ECOPETROL S. A. el 31 de mayo de 2016 y en segunda instancia por el Presidente de ECOPETROL el 12 de octubre de 2016, el cual quedó ejecutoriado el 15 de noviembre de 2016 al ser notificado por EDICTO al disciplinado servidor público WILLMAR CALDERON OLMOS, en cuanto dispuso en su numeral Tercero y Cuarto: Declarase Disciplinariamente responsable al señor Willmar Calderon Olmos del cargo único formulado en su contra en el Proceso disciplinario PD-48032014, de conformidad con lo parte resolutiva de dicha providencia, y como consecuencia de lo anterior, sanciónese al se ñor Willmar Calderon Olmos con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de tres (3) meses, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído, por haber sido expedido con falsa motivación, abuso y

1 Índice 24 SAMAI del Consejo de estado - Archivo: 19_SENTENCIA.pdf.3

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desviación de Poder y violación de la Constitución y las leyes de la República.

Y como consecuencia de la declaración de nulidad de dichos actos

Actor: Wíllmar Calderón Olmos Recurso extraordinario de revisión

desviación de Poder y violación de la Constitución y las leyes de la República.

Y como consecuencia de la declaración de nulidad de dichos actos administrativos disciplinarios se disponga:

1.- Condenar a la demanda ECOPETROL S.A. a pagarle al demandante WILLMAR CALDERON OLMOS los salarios y prestaciones sociales legales y convencionales, cesantías e intereses sobre las cesantías, vacaciones causadas, primas de servicios, de antigüedad y demá s emolumentos propios del servicio debidamente indexados causados durante el tiempo de tres (3) meses que duró la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo en virtud de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos por la Gerencia de Control disciplinario de ECOPETROL S.A. el 31 de mayo de 2016 y en segunda instancia por el Presidente de ECOPETROL el 12 de octubre de 2016.

2.- Se ordene en la Sentencia la entidad demandada ECOPETROL S.A. de manera principal el ajuste de valor de todas las condenas dinerarias por cantidad líquida de dinero que se impongan a cargo de la accionada, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor IPC certificado por el DANE desde la fecha de suspensión efectiva del servidor público demandante WILLMAR CALDERON OLMOS en el ejercicio de su cargo durante tres (3) meses entre noviembre 24 de 2016 y hasta febrero 25 de 2017 inclusive, con el pago total y liberatorio de las condenas por los sueldos, primas, prestaciones sociales y demás emolumentos propios del servicio dejados de percibir, de conformidad con el artículo 187 in fine del

2017 inclusive, con el pago total y liberatorio de las condenas por los sueldos, primas, prestaciones sociales y demás emolumentos propios del servicio dejados de percibir, de conformidad con el artículo 187 in fine del

C.P.A.C.A.

3.- Se declare que para todos los efectos legales laborales y prestaciones sociales en general, que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio por parte del accionante WILLMAR CALDERON OLMOS, durante el tiempo de suspensión de su contrato de trabajo transcurrido durante tres 3 meses entre noviembre 14 de 2016 y hasta febrero 25 de 2.017 inclusive.

4.- INDEMNIZACION DE PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES, Se condene a la empresa demandada a pagarle al demandante los perjuicios materiales y morales, a que estaba obligada para con el trabajador, perjuicios que estimo razonada y juratoriamente de acuerdo co n los arts. 206 y 207 del Código General del Proceso, en Ciento Cincuenta Millones ($150.000.000) de Pesos Moneda legal colombiana.

5.- Que se ordene el cumplimiento de Ia sentencia dentro del término de establecido en el artículos 189 del C.P.A.C.A., advirtiendo a la entidad pública demandada que las cantidades liquidas de dinero que se impongan en la sentencia devengaran interés moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia y hasta la fecha en que se produzca el pago total y liberatorio de las condenas por los salarios, primas, prestaciones sociales y demás emolumentos propios del servicio durante el tiempo de suspensión de su contrato de trabajo transcurrido de tres (3) meses entre noviembre 24 de

las condenas por los salarios, primas, prestaciones sociales y demás emolumentos propios del servicio durante el tiempo de suspensión de su contrato de trabajo transcurrido de tres (3) meses entre noviembre 24 de 2016 y hasta febrero 25 de 2.017 inclusive, de conformidad con el artículo 192 in fine del C.P.A.C.A.

6.- Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad pública demandada en cuanto fuere procedente .”. (fls. 74 a 74 índice 2 SAMAI proceso ante la Sección Segunda del Consejo de Estado - mayúsculas fijas del original).4

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1. Como sustento fáctico de sus pretensiones el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente (fls. 727 a 748 cdno. ppal):

a) Ha trabajado como geólogo para Ecopetrol SA desde 1990 y en 2006 fue designado como interventor del contrato no. 5202323, posición que ocupó hasta 2008 cuando Ecopetrol reasignó sus funciones a otro empleado.

b) Durante su gestión como interventor cumplió las directrices de la Oficina Jurídica de Ecopetro l SA, no obstante, el nuevo interventor del contrato modificó los parámetros impartidos por esa oficina para su ejecución, finalización y liquidación, lo que generó un “conflicto de interpretaciones” sobre las obligaciones del contratista.

c) Solicitó a Ecopetrol SA, a través de diversos requerimientos en ejercicio del derecho de petición, un paz y salvo para liberarse de cualquier responsabilidad futura sobre su

que generó un “conflicto de interpretaciones” sobre las obligaciones del contratista.

c) Solicitó a Ecopetrol SA, a través de diversos requerimientos en ejercicio del derecho de petición, un paz y salvo para liberarse de cualquier responsabilidad futura sobre su labor como interventor del contrato ; en atención a que (i) el contratista inició un proceso en contra de Ecopetrol SA y (ii) varios trabajadores del contratista iniciaron procesos laborales contra el contratista ; en consecuencia, Ecopetrol SA podía verse afectada en caso de una condena, y ello no era responsabilidad del actor.

d) Presentó múltiples peticiones a Ecopetrol SA que no fueron respondid as adecuadamente ya que, la empresa las remitía a respuestas anteriores, pero no le dio una solución clara, incluso, la Oficina Jurídica de Ecopetrol SA organizó reuniones para eludir las solicitudes del demandante con el objetivo de prevenir posibles acciones de tutela; además, fue víctima de hostigamientos desde que se sindicalizó.

e) El jefe del actor presentó una queja disciplinaria contra é l y alegó desgaste administrativo por peticiones reiterativas lo que llevó a que Ecopetrol SA iniciara un proceso disciplinario , el cual finalizó con una sanción de suspensión laboral e inhabilidad especial por cuatro (4) meses por la presentación reiterada de solicitudes de parte del demandante, que Ecopetrol SA consideraba ya resueltas ; en ese momento, Ecopetrol SA dijo que se configuró la falta prevista en el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, norma que prohíbe a los servidores públicos incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar sus funciones.

artículo 35 de la Ley 734 de 2002, norma que prohíbe a los servidores públicos incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar sus funciones.

f) Las actuaciones de Ecopetrol SA en su contra fueron constitutivas de persecución laboral debido a su afiliación sindical y su rol como dirigente sindical.5

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2. Sentencia de primera instancia

El 10 de marzo de 2021, en sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda , concluyó que la sanción fue impuesta de conformidad con lo regulado en la Ley 734 de 2002 y que no vulneró el debido proceso ni los derechos del demandante ; también determinó que no se probó una persecución laboral en contra de este por ser dirigente sindical (índice 20 SAMAI2).

3. Recurso de apelación

La parte demandante (índice 20 SAMAI )3 reiteró los argumentos de la demanda y sostuvo que (i) la Ley 734 de 2002 le fue aplicada indebidamente, por el hecho de que tiene la condición de trabajador sindicalizado sujeto a un régimen especial disciplinario contenido en la convención colectiva de trabajo; (ii) que esa indebida aplicación de la norma vulneró su derecho del debido proceso , y (iii) que el tribunal valoró inadecuadamente las pruebas obrantes en el proceso.

4. Sentencia de segunda instancia

contenido en la convención colectiva de trabajo; (ii) que esa indebida aplicación de la norma vulneró su derecho del debido proceso , y (iii) que el tribunal valoró inadecuadamente las pruebas obrantes en el proceso.

4. Sentencia de segunda instancia

Mediante sentencia del 3 de noviembre de 2022 (índice 24 SAMAI)4, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda y concluyó que está demostrado lo siguiente:

1. Las peticiones reiteradas e improcedentes del demandante relacionadas con su intervención en el contrato no. 5202323 afectaron el funcionamiento de Ecopetrol SA, pues, solicitaba paz y salvo por presuntos sobrecostos del contrato, a pesar de que las respuestas a sus solicitudes ya habían sido emitidas por Ecopetrol SA lo cual constituye un abuso del derecho de petición, razón por la cual la falta fue debidamente tipificada con base en el Código Disciplinario Único.

2 Índice 20 SAMAI del tribunal - Archivo 10_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES – págs. 70 a 72. 3 Índice 24 SAMAI del tribunal Archivo 21RECIBEMEMORIALES_201601304.PDF. 4 Índice 24 SAMAI del tribunal Archivo 19_SENTENCIA.pdf.6

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1. El demandante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa durante el

Actor: Wíllmar Calderón Olmos Recurso extraordinario de revisión

1. El demandante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa durante el proceso disciplinario, por cuanto, (i) se respetaron sus garantías procesales, incluidas la presentación de pruebas y descargos , y (ii) el procedimiento cumplió con la protección del debido proceso del accionante y las pruebas presentadas fueron evaluadas adecuadamente por Ecopetrol SA.

1. Ecopetrol SA estaba facultada para sancionar disciplinariamente a sus empleados de acuerdo con la Ley 734 de 2002; en este caso, el demandante argumenta que esta ley no le es aplicable por su condición de trabajador sindicalizado, pero, ese régimen sancionatorio es aplicable a todos los servidores públicos, incluidos los trabajadores oficiales de la entidad.

1. El demandante no aportó pruebas que demostraran la predicada persecución sindical y represalias por haber denunciado actos de corrupción.

5. Recurso extraordinario de revisión

El actor interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 3 de noviembre de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que confirmó el fallo de primera instancia, con fundamento en las causales previstas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 250 CPACA (índice 2 SAMAI )5 con apego en el siguiente razonamiento:

1. La causal del numeral 1, la cual se refiere a haber “encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por

1. La causal del numeral 1, la cual se refiere a haber “encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contrar ia” (índice 2 SAMAI ) está configurada, debido a que, en unos procesos adelantados ante la jurisdicción ordinaria laboral se obtuvieron documentos que tenían información relevante y que eran necesarios para decidir su caso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

1. La causal del numeral 2 , alusiva a que la sentencia se haya proferido “con fundamento en documentos falsos o adulterados”, se presenta en este asunto, pues, algunos de los documentos en los que se basó la sentencia emitida como resultado

5 Índice 2 del Consejo de EstadoArchivo 1.Demanda.pdf – págs. 99 a 101.7

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del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contenían información falsa, lo cual está demostrado con información obtenida en procesos laborales tramitados ante la jurisdicción ordinaria y, adicionalmente, “se presentaron más de una docena de pruebas sobrevinientes en 2019 a 2023 que demuestran que lo afirmado por el Consejo de Estado en sede segunda instancia no obedece a la realidad, a la luz de la doctrina del árbol envenenado es necesario mostrar la contaminación del histórico de

pruebas sobrevinientes en 2019 a 2023 que demuestran que lo afirmado por el Consejo de Estado en sede segunda instancia no obedece a la realidad, a la luz de la doctrina del árbol envenenado es necesario mostrar la contaminación del histórico de paso por las c omunicaciones condenatorias en 2012 que la advirtieron” (índice 2

SAMAI)6.

1. La causal del numeral 5, sobre “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación ” está demostrada , por cuanto, (i) existió una violación del principio de juez natural, debido a que su caso debió ser conocido por la jurisdicción ordinaria laboral y no por la contencioso administrativa ya que, el conflicto surgió de su relación laboral y afectaba sus derechos como trabajador; en consecuencia, el proceso no correspondía a un procedimiento sancionador administrativo sino a un conflicto de carácter laboral ; (ii) se violó su derecho del debido proceso porque las pruebas y los testimonios no fueron valorados adecuadamente, pues, Ecopetrol SA fundó la sanción en pruebas insuficientes y no le permitió una defensa adecuada , y (iii) fue sancionado con apoyo en pruebas que ya habían sido evaluadas en un proceso disciplinario anterior, en el cual fue absuelto, lo cual desconoció el principio “non bis in idem” (índice 2 SAMAI)7.

6. Oposición al recurso

Ecopetrol SA se opuso a las pretensiones del recurso, en esa dirección manifestó que (i) el proceso disciplinario en contra del demandante, relacionado con la reiteración de solicitudes improcedentes, se llevó a cabo conforme a la ley, y garantizó sus derechos

Ecopetrol SA se opuso a las pretensiones del recurso, en esa dirección manifestó que (i) el proceso disciplinario en contra del demandante, relacionado con la reiteración de solicitudes improcedentes, se llevó a cabo conforme a la ley, y garantizó sus derechos fundamentales; la empresa calificó la falta disciplinaria como grave y justificó la sanción impuesta; los actos administrativos fueron emitidos sin desviación de poder ni falsa motivación ; (ii) adicionalmente, en el recurso de revisión, la parte actora no aportó pruebas nuevas o argumentos que no hayan sido objeto de análisis en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y que justifiquen su procedencia , y Ecopetrol SA no utilizó documentos falsos o adulterados en los procesos disciplinario y judicial.

6 Índice 2 del Consejo de Estado - Archivo 1. Demanda.pdf – págs. 5 a 6. 7 Índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado - Archivo1. Demanda.pdf – págs. 83 a 102.8

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7. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público pide declarar infundado el recurso extraordinario de revisión (índice 2 SAMAI) 8, por cuanto no se cumplen los requisitos para que prosperen las causales segunda y quinta del artículo 250 del CPACA9, en respaldo de lo cual expuso lo siguiente:

a) Respecto de la causal segunda, el recurrente nunca tachó de falsos los documentos

causales segunda y quinta del artículo 250 del CPACA9, en respaldo de lo cual expuso lo siguiente:

a) Respecto de la causal segunda, el recurrente nunca tachó de falsos los documentos a los que se refiere en el recurso de revisión, no expresó con claridad en qué consistía la supuesta falsedad ni está demostrado que esos documentos eran determinantes en la decisión adoptada por el Consejo de Estado.

b) Sobre la causal quinta, no está acreditada una nulidad procesal originada en la sentencia, pues, el Consejo de Estado realizó un control completo y detallado de los actos administrativos expedidos por Ecopetrol SA, valoró correctamente las pruebas y respetó las garantías procesales del demandante; adicionalmente, los actos disciplinarios expedidos por Ecopetrol SA son de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa y no de la ordinaria laboral.

c) Por último, el recurso extraordinario de revisión no permite reabrir el debate probatorio ya resuelto, pues, no es una tercera instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) generalidades del recurso extraordinario de revisión , 3) las causales de revisión invocadas y solución del caso concreto, 4) conclusión, y 5) condena en costas.

8 Índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado - Archivo: 043Memorial_CHL_43Concepto.pdf.

invocadas y solución del caso concreto, 4) conclusión, y 5) condena en costas.

8 Índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado - Archivo: 043Memorial_CHL_43Concepto.pdf. 9 La Sala aclara que el Ministerio Público no se refirió a la causal primera en el concepto emitido en este asunto.9

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1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentado el recurso oportunamente10, corresponde a la Sala de Decisión determinar si se configuran las causales 1, 2 y 5 previstas en el artículo 250 del CPACA, respecto de la sentencia de segunda instancia proferida el 3 de noviembre de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

La Sala declarará infundado el recurso, pues, no se acreditaron las causales de revisión extraordinaria alegadas, debido a que , el recurrente no demostró i) la existencia de pruebas recobradas que fueran decisivas en la decisión, ii) la existencia de documentos falsos o adulterados, iii) ni se configuró una nulidad en la sentencia que afectara el debido proceso del demandante , aunado a ello , además, lo que pretende el recurrente es revivir el análisis probatorio surtido en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, con lo cual se evidencia su intención de convertir este asunto, indebidamente, en una tercera instancia, lo cual jur ídicamente no es procedente.

2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

de nulidad y restablecimiento del derecho, con lo cual se evidencia su intención de convertir este asunto, indebidamente, en una tercera instancia, lo cual jur ídicamente no es procedente.

2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada, puesto que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre que se con figure alguno de los supuestos consagrados en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 , sin perjuicio de las dos causales adicionales contempladas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 atinentes a la posibilidad de revisar las sentencias que reconozcan prestaciones periódicas con cargo a recursos públicos.

1. El objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material, cuando se advierte que esta ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que revisten tal gravedad que autorizan al juez a romper el principio de la cosa juzgada: “ (…) la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella

10 El recurso fue interpuesto el 25 de enero de 2024, es decir, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, cumpliendo lo previsto en el artículo 251 del CPACA; esta norma es aplicable al presente caso por estar vigente al momento de la ejecutoria de la providencia objeto del recurso.10

de la sentencia recurrida, cumpliendo lo previsto en el artículo 251 del CPACA; esta norma es aplicable al presente caso por estar vigente al momento de la ejecutoria de la providencia objeto del recurso.10

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verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto superior”11.

1. El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia del recurso extraordinario de revisión, contenidas en los artículos 250 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797 de 200312.

1. El artículo 252 del CPACA dispone que el recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener i) la indicación de las partes y sus representantes, ii) el nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento y, iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada13.

1. En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es una “tercera instancia” en la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende revisar, por tal razón , las pretensiones y fundamentos deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su procedencia14.

1. Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son eminentemente procedimentales, pues, ninguno est á dirigido a cuestionar la labor intelectual de juzgamiento “ sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de

1. Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son eminentemente procedimentales, pues, ninguno est á dirigido a cuestionar la labor intelectual de juzgamiento “ sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a excepción de

11 Corte Constitucional, sentencia C-739 del 11 de julio de 2001, exp. D-3293, MP Álvaro Tafur Galvis. 12 En este caso, el recurso procede frente a las providencias que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, en los supuestos contenidos en el artículo 2 0 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y/o cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicabl es. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de marzo de 2019, exp. 201800394-00, CP Rocío Araújo Oñate. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp.

00394-00, CP Rocío Araújo Oñate. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp. 2013-00212-01(REV), CP Fredy Ibarra Martínez. 14 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1º de diciembre de 1997, exp. REV 117, CP Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, exp. 2006-00318-00(REV), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.11

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la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo”15.

Con estos fundamentos, a continuación