CE - Sentencia 11001031500020240285701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01

Accionante: ADRIANA PATRICIA BALLENA SANTOS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta por el juez natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferido el 12 de septiembre de 2024 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Adriana Patricia Ballena Santos promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 21 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Sucre dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 70001 33 33 002 2021 00194 00/01 , con el fin que se ampare el

Sucre dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 70001 33 33 002 2021 00194 00/01 , con el fin que se ampare el “(…) derecho a la aplicación del principio Constitucional de Primacía de la Realidad (art.53 C.N.) sobre las formas debido proceso (Art.29 C.N.), derecho de acceso a la administración de justicia con prevalencia del derecho sustancial (Art. 228 C.N.), principio de confianza legítima, derecho al respeto de los precedentes judiciales horizontal en desarrollo a la igualdad infringidos como consecuencia de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre (…)” y formuló la s siguientes pretensiones1:

“[…] AMPARO CONSTITUCIONAL: Respetuosamente, solicito a los Honorables Magistrados, la Tutela Constitucional de mis derechos fundamentales de los arts. 2, 25, 29, 53, 83, 228 y 229 C.N., quebrantados

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00.Radicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01

Accionante: Adriana Patricia Ballena Santos

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por la sentenci [a] de fecha 21 de febrero de 2024 del del (sic) Tribunal Administrativo de Sucre; en esa medida, SOLICITO:

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por la sentenci [a] de fecha 21 de febrero de 2024 del del (sic) Tribunal Administrativo de Sucre; en esa medida, SOLICITO:

Primero: Se DISPONGA: dejar sin efecto la providencia judicial citada y, en su lugar, se ORDENE al mismo Tribunal Administrativo de Sucre, en donde se surtió la segunda instancia, proferir nueva decisión de reemplazo en la cual se identifique, analice y ponderen el elemento modular de la subordinación, toda vez que se pudo demostrar dentro del proce so que desarrolló mis funciones en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF", cumpliendo un horario de trabajo, órdenes impartidas por sus superiores y acatando el deber de solicitar permiso para ausentarse del desarrollo de sus labores, como se desprende de los testimonio[s] de las señoras Katia Marcela Soto Herazo, Rocío Estela Ayazo Moreno y Luz María Gómez Balmeceda. Y todas las probanzas aportadas, en conexidad con respeto de la salvaguarda de los derechos y principios fundamentales arriba enunciados (aplicación del principio Constitucional de Primacía de la Realidad (art.53 C.N.) sobre las formas debido proceso, acceso la Administración de justicia, igualdad, derecho al trabajo, confianza legitima […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que prestó sus servicios como abogada en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF por más de siete años “(…) en horarios de trabajo impuestos directamente por la misma entidad (de 8:00 a.m. a 12:30 m y

La accionante informó que prestó sus servicios como abogada en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF por más de siete años “(…) en horarios de trabajo impuestos directamente por la misma entidad (de 8:00 a.m. a 12:30 m y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes), en sus instalaciones, con sus propios equipos, siempre en beneficio del ICBF (…)”2.

Indicó que “(…) [l]a “vinculación” se realizó a través de forma atípica e irregular, mediante contratos de prestación de servicios, donde atendí estrictamente las órdenes impartidas por la entidad empleadora de manera eficiente y honrada, en cuanto a la forma o modo como debía realizar mi trabajo (…)”3.

Sostuvo que “(…) [n] o obstante, la continuidad del servicio subordinado, nunca se me cancelaron las prestaciones sociales y aportes pensionales a que por ley tenía derecho, tales como: cesantías definitivas y sus intereses, primas semestrales y de navidad, vacaciones y los ap ortes pensionales por los siete (7) años un (1) mes y ocho (8) días (…)”4.

Manifestó que elevó solicitud ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con el fin de que se reconociera y pagara las precitadas prestaciones sociales, incluyendo todos los aportes pensionales y la mencionada entidad mediante el oficio nro. E-2021-58400000008682-1 negó dicha solicitud.

Relató que el 3 de diciembre de 2021, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto Colombiano de Bienestar

2 Ibidem. 3 Ibidem.

Relató que el 3 de diciembre de 2021, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto Colombiano de Bienestar

2 Ibidem. 3 Ibidem. 4 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01

Accionante: Adriana Patricia Ballena Santos

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Familiar – ICBF porque no le pagaron los derechos prestacionales derivados del contrato de trabajo realidad.

Señaló que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo que, en sentencia del 28 de septiembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda al encontrar probado los elementos de la relación laboral.

Mencionó que, inconforme con la anterior decisión, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF interpuso recurso de apelación y que el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 21 de febrero de 2024 la revocó al considerar que “(…) [e] n efecto, en el caso bajo estudio, no puede hablarse de subordinación como atrás se explicó si no de coordinación, natural del contrato de prestación de servicio, habida cuenta de que el desempeño de las funciones de la demandante no estuvo totalmente d ominado por las directrices impartidas por la demandada tal punto que se ejerciera “… una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual…” (…)”5.

En cuanto a la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,

demandada tal punto que se ejerciera “… una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual…” (…)”5.

En cuanto a la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, aseveró que su solicitud de amparo cumple con todos los requisitos generales, comoquiera que (i) el asunto bajo estudio tiene relevancia constitucional debido a que “(…) la decisión adoptada por el Tribunal Accionado al revocar la sentencia de primera instancia compromete derechos fundamentales que resultan vulnerados, tanto más cuanto la afectada es una mujer (…) y mucho más cuando son derechos laborales de “especial” prot ección constitucional los que se encuentran en juego (art. 25 C.N.)y es una persona en circunstancias de “debilidad” la que reclama justicia (trabajadora) (…)”6; (ii) se agotaron todos los recursos judiciales, ordinario y extraordinarios que tenía a su alcance, (iii) la sentencia atacada fue proferida el 21 de febrero de 2024 y notificada el 15 de marzo de 2024; (iv) en cuanto a la irregularidad procesal sostuvo “(…) al no valorarse que la entidad demandada pretendió regir una relación laboral por las normas propias de “un contrato de prestación de servicio”, el principio constitucional de la realidad en materia laboral (…)”7; (v) se identificaron en debida forma los hechos que generaron la vulneración y (vi) no se trata de tutela contra tutela.

Frente a causales especiales de procedencia de la acción de tutela, precisó que en la providencia cuestionada se incurrió en defectos sustantivo, fáctico, procedimental y violación directa de la Constitución.

Frente a causales especiales de procedencia de la acción de tutela, precisó que en la providencia cuestionada se incurrió en defectos sustantivo, fáctico, procedimental y violación directa de la Constitución.

Frente a la configuración del defecto sustantivo, sostuvo que “(…) [l] a decisión adoptada por el operador accionado al revocar la sentencia, dando por sentada la ocurrencia del principio de la coordinación, afectan el principio y derecho fundamental de Primacía de la Realidad (art.53 C.N.) al Debido Proceso (art.29

5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01

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C.P.) en conexión lógica con el derecho fundamental de acceso a la Administración de Justicia (arts.228-229 C.P.), pues cercena a la actora la posibilidad de obtener una tutela judicial efectiva a través de una decisión con la debida valoración del material probatorio sobre la controversia planteada. El accionado al dar por establecido el principio de coordinación, sin revisar si quiera las prueba documentales y testimoniales que lograron acreditar los elementos que denuncian la existencia del contrato rea lidad, que han venido siendo configurados por la jurisprudencia laboral y estructurados también por la OIT en la Recomendación 198 de 2006 (…)”8.

Añadió que la providencia enjuiciada : i) infringe normas constitucionales que

jurisprudencia laboral y estructurados también por la OIT en la Recomendación 198 de 2006 (…)”8.

Añadió que la providencia enjuiciada : i) infringe normas constitucionales que determinan la obligación de hacer efectivo los derechos (artículos 2 y 228 C.P.) y hacer prevalecer el derecho sustancial; ii) se aparta del marco constitucional debido a que se aplica de manera automática el principio de coordinación; iii) se afectan los derechos y principios constitucionales de buena fe y seguridad jurídica.

Arguyó que se configuró el defecto de violación directa de la Constitución porque “(…) [e]l Tribunal accionado hace caso omiso del principio pro homine y asume una posición excesivamente rigurosa, contraria al orden justo que pregona la Carta, incluso desproporcionada, al terminar afirmando “… no se puede hablar de subordinación, si no del principio de coordinación…” ; en otros términos, el operador accionado se enfoca por hacer nugatorios la eficacia pr [á]ctica de derechos constitucionales fundamentales (…)”9.

Expresó que “(…) [a]terrizado a nuestro caso, si existen dos interpretaciones validas respecto a la aplicación del principio de realidad sobre las formas, debió el tribunal adoptar la interpretación más favorable constitucionalmente que hubiese garantizado de una mejor forma el acceso a la Administración de Justicia (…)”10.

Reprochó que el tribunal accionado “(…) [i]ncurren en un excesivo ritual manifiesto, que ocurre: “…cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones

que ocurre: “…cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia” (T -053/12); en nue stro caso, es evidentísimo el defecto aludido, en virtud a lo único que permitiría “probar” la subordinación sería el hecho de que existiera en el desarrollo de la relación elementos constatable de “ordenes mediante correo electrónico, solicitud para ausentarse llamados de atención”, es decir, pretende imponer una tarifa probatoria. Sin conderar (sic) los derechos fundamentales en juego (…)”11.

Por otra parte, frente a la configuración del defecto fáctico, aludió que “(…) [l] as pruebas dejadas de valorar por el despacho accionado se refieren las pruebas testimoniales, las cuales resultaron con un mayor grado de fiabilidad -por su

8 Ibidem. 9 Ibidem. 10 Ibidem. 11 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01

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consistencia y exactitud-, manifestaron constarle los hechos que relata de manera directa, además, con ocasión de haberse relacionado con la suscrita accionante por su condición de abogada en el ICBF (…)”12.

Finalmente, resaltó que “(…) [l] as actividades desempeñadas por la suscrita siempre fueron en las instalaciones del ICBF fue un hecho indiscutido y también

su condición de abogada en el ICBF (…)”12.

Finalmente, resaltó que “(…) [l] as actividades desempeñadas por la suscrita siempre fueron en las instalaciones del ICBF fue un hecho indiscutido y también corroborado por los testigos. Asimismo, el objeto social de la empresa, en todo el tiempo de los servicios personales, el ICBF suministró a la suscrita sus equipos, instrumentos y materiales de labores (…) [l]as tareas asignadas estuvieron siempre bajo la vigilancia y control del ICBF: este control se expresaba de varias maneras los testigos fueron conco rdantes en cuanto al cumplimiento de las directrices señaladas por el instituto, sin que le fuera dado a la suscrita fijar por sí misma la forma o modo como debía realizar las labores que le habían sido asignadas (…) [e]n efecto, existe de forma fehaciente el cumplimiento de los elementos del “contrato realidad”: en ningún caso existe la coordinación, tal como supone el tribunal accionado (…)”13.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 5 de junio de 2024 a través del aplicativo de recepción de tutela en línea de la página web de la Rama Judicial14 y fue asignada por reparto a la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación.

3.2. P or auto del 18 de julio de 2024 15, la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado declaró fundado los impedimentos manifestados por los Consejeros Luis Eduardo Mesa Nieves y Jorge Iván Duque Gutiérrez.

Consejo de Estado declaró fundado los impedimentos manifestados por los Consejeros Luis Eduardo Mesa Nieves y Jorge Iván Duque Gutiérrez.

3.3. Mediante auto del 12 de agosto de 202416 el despacho sustanciador admitió la tutela y dispuso notificar 17 al Tribunal Administrativo de Sucre, como parte accionada; así como vincular18 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, como tercero interesado en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo para que remitiera copia digital o el enlace de consulta del proceso

12 Ibidem. 13 Ibidem. 14 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00. 15 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00. 16 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00. 17 Esta orden se cumplió el 15 de agosto de 2024. Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00. 18 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01

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identificado con el radicado nro. 70001 33 33 002 2021 00194 00/01 , el cual fue remitido19.

3.4. La apoderada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF presentó escrito20 en el que luego de hacer un recuento del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , sostuvo que el elemento de la subordinación del contrato realidad no se logró probar por en de se debía aplicar el artículo 167 del Código General del Proceso.

Señaló que “(…) se logró demostrar que la suscrita no desempeñó de manera subordinada las labores. Por lo tanto Manifiesta el Tribunal “En efecto, en el caso bajo estudio, no puede hablarse de subordinación como atrás se explicó si no de coordinación, natural del contrat o de prestación de servicio, habida cuenta de que el desempeño de las funciones de la demandante no estuvo totalmente dominado por las directrices impartidas por la demandada tal punto que se ejerciera “… una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual, en el proceso no aparecen directrices, ordenes por escrito, llamados de atención y en general ningún documento que dé sustento al dicho o afirmaciones de las testigos, ni prueba que Coordinadores impartieran órdenes a la demandante (…)”.

3.5. La magistrada ponente de la providencia cuestionada rindió informe21 en el que solicitó que se niegue el amparo deprecado al no existir la vulneración invocada y

demandante (…)”.

3.5. La magistrada ponente de la providencia cuestionada rindió informe21 en el que solicitó que se niegue el amparo deprecado al no existir la vulneración invocada y manifestó que “(…) la decisión en comento, se fundamentó en las pruebas que oportunamente fueron allegadas al expediente y en la pauta marcada por la jurisprudencia contenciosa administrativa sobre la materia, de forma tal que los argumentos vertidos en ella no obedecen al capr icho del juzgador sino a la valoración probatoria y a la interpretación adecuada de los fundamentos fácticos y jurídicos puestos de presente en la misma (…)”.

3.6. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo remitió el expediente22 del proceso de nulidad y restablecimiento derecho solicitado, de conformidad con lo ordenado en el auto admisorio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de septiembre de 202423, negó la solicitud de amparo, al considerar que “(…) la

19 Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00. 20 Visto en los índices 34 y 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00. 21 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00.

21 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00. 22 Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00. 23 Visto en el índice 40 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00.Radicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01

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providencia del 21 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, que revocó el fallo del 28 de septiembre de 2023 dictado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, no se incurrió en los defectos aducidos por la accionante (…)”.

Para ello, inicialmente expuso que el caso objeto de estudio cumple con los requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Puntualmente, frente al requisito de relevancia constitucional, indicó “(…) que el debate planteado por la accionante gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad (…)”.

Con posterioridad, descendió a estudiar el defecto fáctico invocado por la accionante, y puso de presente las pruebas que sirvieron de fundamento a la

proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad (…)”.

Con posterioridad, descendió a estudiar el defecto fáctico invocado por la accionante, y puso de presente las pruebas que sirvieron de fundamento a la providencia enjuiciada y anotó que “(…) considera la Sala que la motivación expuesta por la autoridad demandada para dar solución a la litis no es arbitraria, pues trajo a colación el caudal probatorio encontrado en el plenario, procedió a su efectiva valoración y explicó las razones por las cuales estimaba que la accionante no cumplió con la carga de acreditar que hubo subordinación en el desarrollo de los contratos que celebró con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), requisito necesario para declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente (…)”.

Agregó que “(…) no se configura un defecto fáctico, en tanto es justamente en el ámbito valorativo donde el juez, a partir de los cánones de la sana crítica, cuenta con una mayor libertad de análisis para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al caso (…) [e]l no estar de acuerdo con las apreciaciones que efectúa el operador judicial, como ocurre en el sub examine, no justifica el uso de la acción de tutela para su contradicción como si se tratara de una tercera instancia (…)”.

Resaltó que la accionante “(…) utiliza la acción de tutela para plantear un examen de las probanzas, que, a su juicio, es el que debe darse, lo cual no puede avalarse por el juez constitucional no solo porque no es de su competencia realizar este tipo de valoraciones, sino porque el def ecto fáctico está estructurado en específicas

de las probanzas, que, a su juicio, es el que debe darse, lo cual no puede avalarse por el juez constitucional no solo porque no es de su competencia realizar este tipo de valoraciones, sino porque el def ecto fáctico está estructurado en específicas causales referenciadas por la Corte Constitucional y en ninguno de los eventos previstos se encuentra la posibilidad de estudiar la prueba bajo consideraciones propias del juez de tutela, so pretexto de desconocimiento de las pautas de la sana crítica, como lo pretende la parte actora (…)”.

Añadió que el Tribunal Administrativo de Sucre al momento de proferir la sentencia atacada observó lo dispuesto en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 dictada por esta Corporación, en lo referente a los criterios, parámetros o indicios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios.

Aunado a lo anterior, explicó que “(…) [c]on base en ese examen, indicó el Tribunal que en el caso de la accionante no se cumplió lo referente a demostrar laRadicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01

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subordinación, en tanto se desconoció el contenido del artículo 167 del Código General del Proceso conforme al cual «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», pues no acreditó la e xistencia de los elementos necesarios para concluir la

General del Proceso conforme al cual «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», pues no acreditó la e xistencia de los elementos necesarios para concluir la desnaturalización del vínculo contractual público que desvirtuara la presunción legal prevista en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (…)”.

Comentó que “(…) la autoridad demandada profirió la providencia objeto de censura en el ámbito de sus competencias y luego de analizar los requisitos de la relación contractual que la accionante tenía con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) concluyó que si bien se demostró la celebración de contratos y que recibía una remuneración, no era posible determinar la configuración de la subordinación, exigencia indispensable para declarar la existencia de una relación laboral encubierta como la r eclamada; por tanto, no le asistía razón al a quo al acceder a las súplicas de la demanda (…)”.

Adujo que “(…) la providencia que profirió el Tribunal Administrativo de Sucre, se encuentra debidamente justificada, según lo dispuesto en las normas legales y jurisprudenciales en relación con la declaración de la relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios, lo cual, en modo alguno, constituye transgresión de sus garantías fundamentales, sino que corresponde a las atribuciones de autonomía e independencia de las que está investido el juez de la causa y que en forma pr ecisa lo habilitan para aplicar la ley sustancial y fijarle su verdadero sentido y alcance frente al caso concreto (…)”.

Precisó que “(…) el fallador constitucional no puede tomar posición en juicios de

causa y que en forma pr ecisa lo habilitan para aplicar la ley sustancial y fijarle su verdadero sentido y alcance frente al caso concreto (…)”.

Precisó que “(…) el fallador constitucional no puede tomar posición en juicios de interpretación, pues ello compete estrictamente al juez natural. El oficio del juez de tutela, cuando se trata de providencias judiciales, es revisar que la decisión no sea manifiestamente arbitraria y desproporcionada, lo que no ocurre en el asunto sub examine (…)”.

Frente a la configuración del defecto procedimental, sostuvo que “(…) la accionante hace consistir en que el Tribunal al examinar el contenido del libelo aplicó un excesivo ritual manifiesto al considerar que lo único que permitiría demostrar la subordinación sería el hecho de que existiera en el desarrollo de la relación elementos constatables de «órdenes mediante correo electrónico, solicitud para ausentarse llamados de atención», es decir, pretende imponerle una tarifa probatoria, sin tener en cuenta los derechos fundamentales quebrantados, no tiene vocación de prosperidad (…)”.

Lo anterior, toda vez que, “(…) el asunto concluyó con fallo de segunda instancia que resolvió favorablemente el recurso de apelación impetrado por la parte demandada y, en consecuencia, a denegar las súplicas incoadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió para que se declarara nulo el acto que le negó el pago de prestaciones sociales y luego de un estudio exhaustivo del caudal probatorio, de las disposiciones legales y de losRadicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01

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estudio exhaustivo del caudal probatorio, de las disposiciones legales y de losRadicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

precedentes judiciales, concluyó que la accionante no cumplió con la carga que le imponía el artículo 167 del Código General del Proceso, en cuanto le incumbía probar la existencia de una relación laboral subyacente a través de un contrato de prestación de servicios (…)”.

Finalmente, frente a la violación directa de la constitución alegada por la accionante, insistió en que “(…) no se incurrió en violación directa de la Constitución como lo alega la parte actora, pues se repite, precisamente en obedecimiento a las normas legales y de los precedentes judiciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se decidió el asunto, lo que de ninguna manera desconoce los artículos 13 y 53 de la Constitución, específicamente los principios de igualdad, primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la normativa convencional que sobre derechos laborales ha ratificado el Estado colombiano ni va en contravía de la supremacía que comporta el artículo 4.º de la Constitución (…)”.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, l a accionante lo impugnó 24, manifestando, entre otras cosas, lo siguiente:

“[…] ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, l a accionante lo impugnó 24, manifestando, entre otras cosas, lo siguiente:

“[…] ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El planteamiento esencial de la demanda y la acción fue:

Las disposiciones citadas se presentaron y explicaron en el “Concepto de Violación” de la demanda, el fallador las ignoró por completo, produciendo además la trasgresión del Debido Proceso.

Resulta claro así, la afectación de derechos fundamentales que me asisten, como: aplicación del principio Constitucional de Primacía de la Realidad (art.53 C.N.) sobre las formas, el derecho de Acceso a la Administración de Justicia, el derecho fundamental al Debido Proceso, el derecho a la Igualdad en la interpretación de la ley y el principio de Confianza Legítima (seguridad jurídica y. buena fe) en conexidad con la obligatoriedad de los Precedentes Verticales fijados por el mismo Tribunal Administrativo.

Pese a la claridad de los argumentos con soporte en los cánones constitucionales, la Subsección A de la Sección Segunda, profiere decisión un exiguo fallo, sin penetrar ni esclarecer el problema de fondo, declarando la inexistencia de violación constitucional