CE - Sentencia 11001031500020240455901 de 2025

Demandante: Mario de Jesús Monroy Giraldo Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-04559-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-04559-01

Demandante: MARIO DE JESÚS MONROY GIRALDO

Demandados: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

MEDELLÍN Y OTROS

Tema:

Tutela contra providencia judicial . Requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra la sentencia del 4 de octubre de 2024 , en virtud de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente el amparo solicitado en la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito radicado el 28 de agosto de 2024, el señor Mario de Jesús Monroy Giraldo,

acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito radicado el 28 de agosto de 2024, el señor Mario de Jesús Monroy Giraldo, actuando en nombre propio , promovió demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín y la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas (UARIV), en la que pretende el amparo de los siguientes derechos fundamentales: «la dignidad humana, el debido proceso, el mínimo vital, el derecho a la igualdad, derecho a la reparación administrativa, los derechos que tienen los desplazados como sujetos de protección especial por el Estado».

En criterio del actor, la vulneración de las citadas garantías constitucionales se materializó ante la falta de cumplimiento efectivo de la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 24 de marzo de 2023 al interior del proceso 05-001-31-09-005-2023-00042-01, y en la cual se ordenó «a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes, precise a Mario De Jesús Monrroy Giraldo y a su grupo familiar de forma fundamentada, el plazo aproximado y el orden en el que accederán a la indemnización administrativa».Demandante: Mario de Jesús Monroy Giraldo Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-04559-01

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1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, el accionante formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Solicito señores magistrados del CONSEJO DE ESTADO, que se protejan los derechos constitucionales y fundamentales del señor MARIO DE JESÚS MONROY GIRALDO con cédula de ciudadanía N°70.432.483 de Cañasgordas, que fué afectado por el desplazamiento forzado junto a su núcleo familiar.

SEGUNDO: Les solicito muy encarecidamente señores magistrados del CONSEJO DE ESTADO que se le ordene al JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN que, no permita que el fallo de tutela dado a mi favor en segunda instancia por el TRIBUNAL SUPERIOR DE ME DELLÍN SALA DE DECISIÓN PENAL con radicado 05-001-31-09-005-2023-00042-01 de la fecha 24 de mayo de 2023, sea desacatado por la UARIV (Sandra Viviana Alfaro YaraDirectora técnica del comité de reparaciones) o a quien haga sus veces en la competencia para cumplir las órdenes judiciales por la UARIV.

TERCERO: Que se le ordene a la UARIV que le dé cumplimiento eficaz al fallo de tutela dado a mi favor por el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN -SALA DE

TERCERO: Que se le ordene a la UARIV que le dé cumplimiento eficaz al fallo de tutela dado a mi favor por el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN -SALA DE DECISIÓN PENAL con radicado 05 001-31-09-005-2023-00042-01 de la fecha 24 de mayo de 2023, para que mis derechos constitucionales no sigan siendo conculcados o vulnerados, como está sucediendo a la fecha de hoy por la UARIV, al no existir quien exija el cumplimiento de esta orden judicial.

CUARTO: Solicito con to do respeto señores magistrados del CONSEJO DE ESTADO que, se revoquen las decisiones tomadas por el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN (Magistrado ponente: Luis Enrique Restrepo Mendez) de las fechas 22 de septiembre de 2023, 04 de diciembre de 2023 y 22 de abril de 2024, por medio de las cuales, se revocaron las sanciones impuestas en contra de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara (Directora Técnica del comité de reparaciones) por desacato al fallo de tutela, que consistia en arresto domiciliario y multa.

Además, que se revoquen las decisiones tomadas por el juez Jairo Guarín Arenas, titular del JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN en el auto 203 del 23 de junio de 2023, el auto 287 del 23 de agosto de 2023, el auto 312 del 25 de septiembre de 2023, el auto 287 del 18 de enero de 2024, el auto 013 del 22 de enero de 2024 y el auto 149 del 22 de abril de 2024, por medio de los cuales,

25 de septiembre de 2023, el auto 287 del 18 de enero de 2024, el auto 013 del 22 de enero de 2024 y el auto 149 del 22 de abril de 2024, por medio de los cuales, se archivó el incidente de desacato y negó a dar trámite.

QUINTO: Consecuencialmente les solicito señores Magistrados del CONSEJO DE ESTADO que, se amparen todas las garantías constitucionales y sea tenido en cuenta el debido proceso, para que se amainen y cesen tantas irregularidades presentadas durante el proceso toda vez que se han presentado vulneraciones a los derechos de las víctimas del conflicto armado; reconocidas como tal por el Estado y que se les reconoció la medida de indemnización de su núcleo familiar a través de la resolución 04102019-712158 del 02 de junio de 2020, sin solución de fondo a la fe cha de hoy; aunque tengo un fallo de tutela a favor en segunda instancia.1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

1 Transcripción literal del texto original con posibles errores.Demandante: Mario de Jesús Monroy Giraldo Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-04559-01

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El señor Monroy Giraldo es víctima de desplazamiento forzado inscrito en el Registro

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El señor Monroy Giraldo es víctima de desplazamiento forzado inscrito en el Registro Único de Víctimas. Por tal condición, la UARIV le reconoció indemnización administrativa a través de la Resolución 04102019-712158 del 2 de junio de 2020 en la cual dispuso la aplicación del Método Técnico de Priorización.

El 22 de marzo de 2023, el señor Monroy Giraldo instauró acción de tutela contra la UARIV debido a que , tras solicitar a la entidad el cumplimiento de la medida de indemnización por desplazamiento forzado, no recibió respuesta favorable.

El asunto, identificado con el radicado 05001-31-09-005-2023-00042-01, correspondió al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín, el cual profirió sentencia de primera instancia el 31 de marzo de 2023 considerando la configuración de carencia actual de objeto por hecho superado puesto que la accionada informó al actor que había atendido su solicitud de fondo a través de la Resolución 04102019 -712158 del 2 de junio de 2020 y que, tras aplicar el método técnico de priorización en el año 2022, los resultados no fueron satisfactorios para proceder con el pago.

Tras ser impugn ada esta decisión por el accionante, mediante sentencia del 24 de mayo de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales del actor y ordenar a la UA RIV que precisara al señor Monroy Giraldo y a su grupo familiar el

mayo de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales del actor y ordenar a la UA RIV que precisara al señor Monroy Giraldo y a su grupo familiar el plazo aproximado y el orden en el que accederían a la indemnización administrativa.

Debido al incumplimiento de la orden previamente impartida, el 9 de junio de 2023 el accionante presentó un incidente de desacato contra la UARIV. Mediante auto del 23 de junio de 2023, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín ordenó el archivo del trámite incidental al considerar que la entidad accionada había proporcionado una respuesta a la parte accionante dentro de sus capacidades.

Posteriormente, el 27 de julio de 2023, el señor Monroy Giraldo solicitó el desarchivo del incidente de desacato. Sin embargo, mediante auto del 23 de agosto de 2023, el Juzgado Quinto Penal del Cir cuito de Medellín decidió no requerir nuevamente a la UARIV, argumentando que aún no se cumplían las condiciones necesarias para emitir una respuesta definitiva, ya que la aplicación del método técnico de priorización estaba programada para el mes de septiembre de 2023.

El 25 de agosto de 2023, el señor Monroy Giraldo presentó un nuevo incidente de desacato. En esta ocasión, mediante auto del 15 de septiembre de 2023, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín declaró incumplido el fallo de tutela de l 24 de mayo de 2023, sancionando a Sandra Viviana Alfaro Yara, directora técnica de reparaciones de la UARIV, con arresto domiciliario por 5 días y una multa de 5

mayo de 2023, sancionando a Sandra Viviana Alfaro Yara, directora técnica de reparaciones de la UARIV, con arresto domiciliario por 5 días y una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). No obstante, en grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión mediante auto del 22 de septiembre de 2023, al concluir que, aunque se demostró el incumplimiento de la accionada, no se configuró responsabilidad subjetiva ni dolo, elementos esenciales para imponer dichas sanciones.Demandante: Mario de Jesús Monroy Giraldo Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-04559-01

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El 9 de octubre de 2023, el actor interpuso un nuevo un incidente de desacato contra la UARIV. A través de auto del 8 de noviembre de 2023, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín reafirmó su posición de considerar incump lida la sentencia del 24 de mayo de 2023 y sancionó nuevamente a Sandra Viviana Alfaro Yara con arresto domiciliario por 5 días y multa de 5 SMLMV.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín, mediante auto del 4 de diciembre de 2023, revocó dicha provi dencia tras considerar que la UARIV había informado en reiteradas ocasiones las razones por las cuales no podía establecerse una fecha exacta para el pago de la indemnización, explicando que esto dependía de la

2023, revocó dicha provi dencia tras considerar que la UARIV había informado en reiteradas ocasiones las razones por las cuales no podía establecerse una fecha exacta para el pago de la indemnización, explicando que esto dependía de la aplicación del método técnico de priorización.

El 14 de diciembre de 2023, el señor Monroy Giraldo presentó una nueva solicitud de desacato. A este respecto, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín, en auto del 18 de enero de 2024, se abstuvo de requerir a la entidad accionada, ya que los resultados del método de priorización no incluyeron al actor dentro del grupo de víctimas que recibirían la indemnización en ese momento, previendo una nueva aplicación del método en el año 2024.

Finalmente, el 1 . ° de abril de 2024, el señor Monroy Girald o presentó una última solicitud de incidente de desacato. El 12 de abril de 2024, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín mantuvo su postura y sancionó nuevamente a Sandra Viviana Alfaro Yara con arresto domiciliario por 5 días y multa de 5 SMLMV. No obstante, en grado de consulta, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante auto del 22 de abril de 2024, revocó dicha decisión, reiterando que la UARIV había expuesto las razones por las cuales no era posible establecer una fecha precisa para el pago, debido a la dependencia del proceso técnico de priorización.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

El accionante sostuvo que, a pesar de contar con una sentencia de tutela favorable de segunda instancia emitida el 24 de mayo de 2023 por el Tribunal Superior de

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

El accionante sostuvo que, a pesar de contar con una sentencia de tutela favorable de segunda instancia emitida el 24 de mayo de 2023 por el Tribunal Superior de Medellín, la UARIV ha incumplido reiteradamente con la orden judicial de precisar el plazo y el orden para acceder a su indemnización administrativa.

Argumentó que la entidad ha utilizado maniobras dilatorias, justificando su inacción en la aplicación del método técnico de priorización, el cual considera inconstitucional debido a que perpetúa la vulneración de derechos fundamentales, especialmente los de las víctimas del confl icto armado, quienes son sujetos de especial protección constitucional.

Afirmó que dicha herramienta ha sido utilizada como un obstáculo jurídico para negar o postergar indefinidamente el cumplimiento de las órdenes judiciales, evadiendo las responsabilidades del Estado. En su caso, aunque se le reconoció formalmente la medida de indemnización, no se le ha ofrecido una solución de fondo, limitándose la UARIV a justificar la falta de cumplimiento en criterios técnicos que, según el actor, resultan discriminatorios y arbitrarios.Demandante: Mario de Jesús Monroy Giraldo Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-04559-01

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Asimismo, cuestionó que las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de las sentencias de tutela, como el Juzgado Quinto Penal del Circuito

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Asimismo, cuestionó que las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de las sentencias de tutela, como el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior de Medellín en sede de consulta, no han ejercido un control efectivo. Destac ó que el tribunal ha revocado en varias ocasio nes las sanciones impuestas por el incumplimiento del fallo inicial, en transgresión de sus garantías constitucionales.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, por auto del 29 de agosto de 2024, admitió la acción de tutela ; ordenó la notificación de l Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín y de la UARIV; y comisionó al juzgado accionado para que allegara el expediente del proceso de tutela No. 05-001-31-09-005-2023-00042-00/01.

1.6. Intervenciones

La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos procesales como consta en el expediente de SAMAI 2 y en virtud de los cuales se recibieron los siguientes escritos:

1.6.1. Juzgado Quinto Penal del Circuito Judicial de Medellín

En memorial aportado el 5 de septiembre de 2024, el juzgado solicitó ser desvinculado del trámite de tutela o que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo puesto que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

En memorial aportado el 5 de septiembre de 2024, el juzgado solicitó ser desvinculado del trámite de tutela o que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo puesto que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

Aseveró que, al interior de los incidentes de desacato promovidos por el señor Monroy Giraldo, ha actuado conforme al marco legal aplicable, observando las garantías procesales de las partes y notific ando oportunamente a los intervinientes. En este sentido, señaló que la parte actora está utilizando la acción de tutela para reabrir y cuestionar lo decidido por el juez natural de la causa , evidenciando que de fondo existe un mero descontento del señor Monroy Giraldo con las decisiones judiciales adversas a sus intereses.

1.6.2. UARIV

Con escrito del 5 de septiembre de 2024, l a entidad sostuvo que no es procedente proporcionar una fecha exacta o probable para el pago de la indemnización administrativa al señor Monroy Giraldo, dado que esta depende de la aplicación del método técnico de priorización establecido en la Resolución 1049 de 2019.

Explicó que este procedimiento técnico incluye una serie de gestiones complejas, como la unificación y verificación de datos en la Red Nacional de Información, la ponderación de variables demográficas, socioeconómicas y de avance en el proc eso

2 Índice 00007 del expediente digital de primera instancia.Demandante: Mario de Jesús Monroy Giraldo Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-04559-01

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2 Índice 00007 del expediente digital de primera instancia.Demandante: Mario de Jesús Monroy Giraldo Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-04559-01

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de reparación integral, así como la validación de requisitos administrativos para garantizar que la víctima no haya fallecido, no haya sido excluida del Registro Único de Víctimas, y que el monto de la indemnización no exceda el límite de 40 SMLMV.

La entidad enfatizó que dicho procedimiento técnico es indispensable para garantizar una distribución eficiente y equitativa de los recursos disponibles, priorizando a las víctimas que se encuentran en situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Por lo tanto, destacó que no le es posible establecer fechas específicas para el pago de la indemnización, dado que estas dependen de los resultados obtenidos mediante el método técnico de priorización.

Aclaró que no desconoce el derecho del accionante a ser indemnizado, el cual ya fue reconocido formalmente, sino que se encuentra limitada por la necesidad de atender a un amplio universo de víctimas mediante un sistema mixto que permite tanto la atención inmediata de las víctimas en situaciones de vulnerabilidad extrema, como la de aquellas que, aunque no cumplen con estos criterios, también son titulares del derecho a la reparación económica.

Por lo anterior , la entidad so licitó que se nieguen las pretensiones del accionante, argumentando que ha realiz ado todas las gestiones necesarias dentro de su marco

derecho a la reparación económica.

Por lo anterior , la entidad so licitó que se nieguen las pretensiones del accionante, argumentando que ha realiz ado todas las gestiones necesarias dentro de su marco legal y competencial para dar cumplimiento a los mandatos legales y constitucionales, evitando con ello la vulneración de sus derechos fundamentales.

1.6.3. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín

En memorial allegado el 6 de septiembre de 2024, el tribunal accionado se limitó a indicar que en el auto proferido el 22 de abril de 2024 al interior de la acción de tutela No. 0500131090052023 -00042 se encuentran los argumentos por los cuales se concluyó la ausencia de responsabilidad subjetiva que condujo a la revocatoria de la sanción impuesta en primera instancia en el marco del incidente de desacato.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección C, profirió sentencia el 4 de octubre de 2024 en la que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.

Para arribar a la anterior determinación, el a quo advirtió que la acción de tutela no supera el requisito de relevancia constitucional en vista de que persigue reabrir el debate resuelto por la autoridad judicial accionada, utilizando el mec anismo constitucional a modo de instancia adicional.

El fallo se notificó a través de correo electrónico remitido el 15 de noviembre de 2024.

1.8. Impugnación

Con escrito radicado en la Secretaría General de la Corporación el 20 de noviembre de 2024, el accionante presentó impugnación a la decisión de primera instanciaDemandante: Mario de Jesús Monroy Giraldo

1.8. Impugnación

Con escrito radicado en la Secretaría General de la Corporación el 20 de noviembre de 2024, el accionante presentó impugnación a la decisión de primera instanciaDemandante: Mario de Jesús Monroy Giraldo Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-04559-01

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solicitando su revocatoria para que, en su lugar, se accedan a las pretensiones de la acción de tutela.

El señor Monroy Giraldo reiteró que cuenta con un fallo de tutela de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior de Medellín, con radicado 05 -001-31-09-005-202300042-01 del 24 de mayo de 2023, que ordenó a la UARIV indemnizarlo. Explicó nuevamente que dicho fallo no ha sido acatado por la entidad accionada, lo que vulnera sus derechos fundamentales y constituye un desacato a las órdenes judiciales, situación que no fue debidamente analizada en la decisión impugnada.

Reparó que en la decisión impugnada se omitió considerar lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, en particular los artículos 27, 52 y 53, que regulan el cumplimiento de los fallos de tutela y las sanciones correspondientes en caso de desacato. Asimismo, resaltó que tampoco se tuvo en cuenta sentencias de la Corte Constitucional, como

los fallos de tutela y las sanciones correspondientes en caso de desacato. Asimismo, resaltó que tampoco se tuvo en cuenta sentencias de la Corte Constitucional, como las T-248 de 2021, T -377 de 2022, T -205 de 2021, T -450 de 2019 y el auto 331 de 2019, las cuales est ablecen que, incluso cuando una víctima no resulta priorizada, tiene derecho a conocer un plazo aproximado para acceder a la indemnización.

De igual manera, el accionante criticó que se haya declarado improcedente su solicitud de amparo sin analizar con profundidad los hechos planteados ni la inconstitucionalidad del método técnico de priorización empleado por la UARIV, el cual considera una “talanquera jurídica” que prolonga indefinidamente el acceso de las víctimas a las medidas de reparación. Insistió en que este mecanismo ha sido utilizado como una herramienta para evadir responsabilidades, limitando sus derechos fundamentales y desconociendo el mandato constitucional de protección especial a las víctimas.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación al fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, S ubsección C de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado.

En suma, no se advierte irregularidad alguna que impida a esta sala proferir una decisión de fondo, de cara a la pretensión constitucional de la parte accionante.

2.2. Cuestión previa

De la revisión de las contestaciones de la acción de tutela obrantes en el expediente,

decisión de fondo, de cara a la pretensión constitucional de la parte accionante.

2.2. Cuestión previa

De la revisión de las contestaciones de la acción de tutela obrantes en el expediente, se advierte que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín solicitó su desvinculación del proceso de la referencia puesto que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante. Debido a que tal solicitud no se resolvió en el trámite de primera instancia, corresponde abordarla en la presente providencia.Demandante: Mario de Jesús Monroy Giraldo Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-04559-01

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Se anticipa que la solicitud de desvinculación elevada por el juzgado accionado será negada puesto que la determinación de la eventual vulneración de los derechos fundamentales del actor corresponde al análisis de fond o que debe surtir el juez de tutela. En este orden de ideas, no resulta posible acceder a la desvinculación de la autoridad judicial accionada bajo el fundamento de la ausencia de transgresión de las garantías constitucionales del accionante.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte accionante y el material probatorio recaudado corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

accionante y el material probatorio recaudado corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante, con ocasión de la falta de cumplimiento efectivo de la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 24 de marzo de 2023 al interior del proceso 05-001-31-09-0052023-00042-01?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) estudio sobre los requisitos generales de procedencia y, finalmente, de encontrarse superados, (iii) el análisis de los defectos invocados, y (iv) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su procedencia.5 Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)

realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena a ntes reseñado. 5 Se dijo en la mencionada sentencia “ DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Mario de Jesús Monroy Giraldo Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-04559-01

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presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, c orresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, c orresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir entre el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que cada uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de tutela no se erige en una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022 6, la cual, desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación de est