CE - Sentencia 11001031500020240461401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04614-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: ADRIANA PATRICIA QUINTERO CALAMBÁS

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE

CUMPLE CON EL REQUISITO DE INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 7 de noviembre de 2024, mediante la cual la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO 1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

1 En adelante la Sección Cuarta.2

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I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora ADRIANA PATRICIA QUINTERO CALAMBÁS, actuando

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I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora ADRIANA PATRICIA QUINTERO CALAMBÁS, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a l acceso a la administración de justicia , los cuales estima vulnerados por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN 2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA3 al haber proferido las providencias de 1 9 de enero de 202 1 y 9 de a gosto de 202 2, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 19001-33-33-0032018-00307-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que junto a sus padres y hermanos desde el año 1994

2 En adelante el Juzgado. 3 En adelante el Tribunal.3

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fueron víctimas de secuestro y desplazamiento forzado por grupos al margen de la ley, por lo que se vieron obligados a dejar sus predios ubicados en el Municipio de Puracé.

Afirmó que en nombre propio y en representación de sus hijos JJCQ

margen de la ley, por lo que se vieron obligados a dejar sus predios ubicados en el Municipio de Puracé.

Afirmó que en nombre propio y en representación de sus hijos JJCQ y AFCQ4 y junto con los señores MIGUELINA CALAMBÁS, JAIME QUINTERO, LICED ANDREA QUINTERO CALAMB ÁS en nombre propio y en representación de sus hijas LVMQ y KSMQ, JAIME ANDRÉS QUINTERO CALAMB ÁS en nombre propio y en representación de sus hijos MIQT, MCQT y JAQO y LICED PAOLA QUINTERO CALAMBÁS en nombre propio y en representación de sus hijas EDNQ y SMRQ , presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL5 y la POLICIA NACIONAL6, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios y la reparación integral, ocasionados por el despojo de sus predios y el desplazamiento forzado del que fueron víctimas.

4 La Sala se reserva el nombre por protección a los menores de edad. 5 En adelante Ejercito Nacional. 6 En adelante Policía Nacional.4

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Mencionó que el proceso fue identificado con el número único de radicación 19001-33-33-003-2018-00307-00 y le correspondió por

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Mencionó que el proceso fue identificado con el número único de radicación 19001-33-33-003-2018-00307-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, mediante providencia de 19 de enero de 2021, declaró la excepción de caducidad respecto a los actores mayores de edad y ordenó continuar el trámite de la demanda frente a los demandantes menores de edad.

Aseguró que inconforme con la anterior decisión formul ó recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante auto de 9 de agosto de 2022, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente, al apartarse sin justificación del criterio jurisprudencial sobre la no exigibilidad del presupuesto de caducidad del medio de control de reparación directa por perjuicios ocasionados por delitos de lesa humanidad.

Agregó que las decisiones cuestionadas incurrieron en el defecto fáctico, al no valorar de manera íntegra las pruebas que5

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demostraban su condición de víctimas de desplazamiento forzado, delito considerado por el Estatuto de Roma como un delito de Guerra y les a humanidad que surge de la p érdida de los derechos patrimoniales.

demostraban su condición de víctimas de desplazamiento forzado, delito considerado por el Estatuto de Roma como un delito de Guerra y les a humanidad que surge de la p érdida de los derechos patrimoniales.

Manifestó que : “[…] a la fecha la reparación de los bienes en abandono y despojo no se han restituido, por ende, el daño permanece en el tiempo; de igual manera, la condición de vulnerabilidad continúa en condiciones de extrema pobreza, en este sentido, tenía que darles a los demandantes un trato diferencial […]”.

Finalmente, aseveró que las providencias cuestionadas incurrieron en violación directa de la Constitución, pues desconocieron el precedente jurisprudencial de esta Corporación que señalaba que el término de caducidad no es exigible cuando se pretende la indemnización de un daño ocasionado por un delito de lesa humanidad.

I.4.- Pretensiones6

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La actora solicita el amparo de su s derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERA: Que se me RECONOZCAN Y AMPAREN los derechos fundamentales vulnerados

SEGUNDA: Solicito revocar decisión de auto interlocutorio proferido por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL

“[…] PRIMERA: Que se me RECONOZCAN Y AMPAREN los derechos fundamentales vulnerados

SEGUNDA: Solicito revocar decisión de auto interlocutorio proferido por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN y confirmado por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, mediante el cual decide “caducidad” de los demandante mayores de eda d; en efecto, ordenar la vinculación a la demanda de reparación directa de los demandantes ADRIANA PATRICIA QUINTERO CALAMBÁS, (CC. 34.568.165), JAIME QUINTERO, mayor y domiciliado en la ciudad de Popayán, identificada con la

cedula de ciudadanía No.4.687.791 expedida en Inza Cauca,

y MIGUELINA CALAMBAS ORDOÑES, JAIME ANDRÉS

QUINTERO CALAMBÁS, (C.C. 76.329.442), LICED PAOLA

QUINTERO CALAMBÁS, (C.C. 34.318.181), LICED ANDREA QUINTERO CALAMBÁS, (C.C. 34.318.217), LADY MARCELA QUINTERO CALAMBÁS, (C.C. 34.323.5 88), MARCOS ALEXANDER MUÑOZ CALAMBÁS, (C.C. 76305411), ÉDISON LEÓN MUÑOZ CALAMBÁS (C.C. 16.747.354) y SANDRA DANCELLY MUÑOZ CALAMBÁS (C.C. 25.627.955), MARIA JOSÉ COBO QUINTERO y demás que consagra la demanda de REPARACIÓN DIRECTA, adelantada por el JUZGAD O TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN , toda vez

JOSÉ COBO QUINTERO y demás que consagra la demanda de REPARACIÓN DIRECTA, adelantada por el JUZGAD O TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN , toda vez que por la motivación de la acción de tutela, somos víctimas de violencia ocasionados por delitos de lesa humanidad, por ende, el daño permanece aún en el tiempo.

TERCERA: Y las demás que se consideren pertinentes para la protección y amparo de nuestros derechos fundamentales […]”.

I.5. Defensa7

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I.5.1.- El JUZGADO señaló que la solicitud de amparo resulta improcedente por cuanto no cumple con el requisito general de la inmediatez, pues, a su juicio, entre los autos que declararon la caducidad y la interposición de la acción de tutela transcurrieron más de 6 meses , plazo establecido como razonable para formular el mecanismo constitucional contra providencia judicial.

Asimismo, indicó que la actuación judicial cuestionada aún se encuentra en trámite, pues el pasado 3 de septiembre de 20 24 se llevó a cabo la audiencia de pruebas en la que se dispuso el cierre probatorio y se continu ó a la etapa de alegaciones , por lo que a la fecha no se ha decidido la primera instancia.

llevó a cabo la audiencia de pruebas en la que se dispuso el cierre probatorio y se continu ó a la etapa de alegaciones , por lo que a la fecha no se ha decidido la primera instancia.

En ese sentido, recalcó que la acción de tutela resulta improcedente por cuanto no cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, además, porque la decisión cuestionada no incurre en un defecto especifico, ni vulnera los derechos fundamentales de la actora.

I.5.2.- La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso , advirtió que la acción de tutela no cumple8

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con los requisitos de procedencia ya que no efectuó un estudio de los mismos, ni acreditó la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Asimismo, señaló que la decisión cuestionada se encuentra ajustada a derecho y que lo que pretende la actora, es convertir el mecanismo constitucional en una tercera instancia que satisfaga los argumentos que fueron debatidos en sede ordinaria.

I.5.3.- La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso , advirtió que la acción de tutela es

I.5.3.- La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso , advirtió que la acción de tutela es improcedente por cuanto la actora no cumplió con el requisito general de inmediatez.

Aseguró que la providencia cuestionada fue notificada a las partes el 17 de agosto de 2022 y la solicitud de amparo fue radicada el 30 de agosto de 2024, esto es, 2 años y 13 días después de la ocurrencia de los hechos que presuntamente vulneraron sus derechos fundamentales, generando con ello una ruptura del principio de inmediatez y desvirtuando un posible perjuicio irremediable.9

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Asimismo, aseguró que en el asunto no se observa una amenaza inminente e injustificada que amerite el estudio del mecanismo constitucional para acceder a las pretensiones.

I.5.4.- El TRIBUNAL y los señores LICED ANDREA QUINTERO

CALAMBAS, MIGUELINA CALAMBAS, JAIME QUINTERO, JAIME

ANDRÉS QUINTERO CALAMBAS, PAOLA QUINTERO

CALAMBAS, EDINSON LEÓN MUÑOZ CALAMBAS, KAREN SOFÍA

MORENO QUINTERO, LUISA VALENTINA MORENO QUINTERO,

ANDRÉS QUINTERO CALAMBAS, PAOLA QUINTERO

CALAMBAS, EDINSON LEÓN MUÑOZ CALAMBAS, KAREN SOFÍA

MORENO QUINTERO, LUISA VALENTINA MORENO QUINTERO,

MARÍA ISABELA QUINTERO TIMANÁ, JULIÁN ANDRÉS

QUINTERO ORTIZ, MARÍA CAMILA QUINTERO TIMANÁ, JUAN

JOSÉ COBO QUINTERO, ANDRÉS FELIPE COBO QUINTERO, SARA MANUELA RUIZ QUINTERO, ERIKA DANIELA NARVÁEZ QUINTERO Y SARA KATHERINE MUÑOZ MAGÓN , estos últimos vinculados en calidad de terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificad os en debida forma, guard aron silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN CUARTA mediante sentencia de 7 de noviembre de10

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2024, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se acreditó el presupuesto general de la inmediatez.

Sostuvo que el auto proferido por el TRIBUNAL fue notificado el 10 de agosto de 2022 mediante anotación en los estados electrónicos, por lo que la parte actora tenía hasta el 11 de febrero de 2023, para interponer la acción de tutela, sin embargo, la solicitud de amparo se

de agosto de 2022 mediante anotación en los estados electrónicos, por lo que la parte actora tenía hasta el 11 de febrero de 2023, para interponer la acción de tutela, sin embargo, la solicitud de amparo se radicó hasta el 30 de agosto de 2024, es decir, cuan do había transcurrido 2 años y 19 días desde la notificación de la providencia acusada.

Finalmente, consideró que: “[…] en el caso concreto se superó ampliamente el lapso que la jurisprudencia constitucional ha considerado razonable para atacar vía tutela providencias judiciales. Como se observa pasaron más de dos años sin que los interesados acudieran al juez de tutela en procura de la protección de los derechos fundamentales que estimaban vulnerados; sumado a lo anterior, la actora tampoco expuso alguna justificación que explique esta tardanza, ante ese escenario debe la Sala declarar que la acción de tutela no cumple con el presupuesto de inmediatez […]”.11

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN CUARTA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio , considerar que no se cumple con el requisito de inmediatez vulnera sus derechos fundamentales y causa daños irremediables.

CUARTA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio , considerar que no se cumple con el requisito de inmediatez vulnera sus derechos fundamentales y causa daños irremediables.

Igualmente, señaló que es necesaria la intervención del juez de tutela quien debe garantizar la protección de las garantías constitucionales deprecadas, ordenando a la autoridad judicial realizar la ponderación de los derechos que sistemáticamente se ha negado realizar.

Arguyó que: “[…] la acción de tutela resulta procedente, ya que la acción contencioso administrativa no parece susceptible de resolver el problema de manera integral. Así pues, como lo ha afirmado la Corte, en casos como éste, en los que la acción administrativa no resulta idónea para amparar mis derechos y de los demás accionados […]”.12

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de13

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tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en14

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asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es

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asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso15

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judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de

es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo16

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del

de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se dejen sin efecto las providencias de 19 de enero de 2021 y 9 de agosto de 202 2, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2018-00307-01.

A las citadas providencias la actora les atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , habida cuenta que, a su juicio, la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.17

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Los disensos de la actora radican en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente , al apartarse sin justificación de l criterio jurisprudencial sobre la no exigibilidad del presupuesto de caducidad del medio de control de

Los disensos de la actora radican en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente , al apartarse sin justificación de l criterio jurisprudencial sobre la no exigibilidad del presupuesto de caducidad del medio de control de reparación directa por perjuicios ocasionados por delitos de lesa humanidad.

Agregó que las decisiones cuestionadas incurrieron en el defecto fáctico, al no valorar de manera íntegra las pruebas que demostraban su condición de víctimas de desplazamiento forzado, delito considerado por el Estatuto de Roma como un delito de Guerra y lesa humanidad que surge por la p érdida de los derechos patrimoniales.

Finalmente, aseveró que las providencias cuestionadas incurrieron en violación directa de la Constitución, pues desconocieron el precedente jurisprudencial de esta Corporación que señalaban que el término de caducidad no es exigible , cuando se pretende la indemnización de un daño ocasionado por un delito de lesa humanidad.18

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 7 de noviembre de 2024, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se acreditó el presupuesto general de la inmediatez.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 7 de noviembre de 2024, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se acreditó el presupuesto general de la inmediatez.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia , manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio, considerar que no se cumple con el requisito de inmediatez vulnera sus derechos fundamentales y causa daños irremediables.

Igualmente, señaló que es necesaria la intervención del juez de tutela quien debe garantizar la protección de las garantías constitucionales deprecadas, ordenando a la autoridad judicial realizar la ponderación de los derechos que sistemáticamente se ha negado realizar.

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar sin efectos tanto la providencia de 19 de enero de 2021 proferida por el JUZGADO, como la dictada el 9 de agosto de 2022 por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados frente a la19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04614-01

Actora: ADRIANA PATRICIA QUINTERO CALAMBÁS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta la que dio por terminado el proceso para la actora.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

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providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta la que dio por terminado el proceso para la actora.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de l a quo, para lo cual se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra prov