CE - Sentencia 11001031500020240490201 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04902-01

Accionante: Jorge Humberto Vanegas Ramírez

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA,

SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04902-01

Demandante: Jorge Humberto Vanegas Ramírez Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Referencia: Acción de tutela

Tema: Tutela contra providencia judicial. Subtema 1: Incidente de liquidación de perjuicios en proceso de controversias contractuales. Subtema 2: Defecto fáctico por falta de valoración e indebida valoración probatoria . Subtema 3: Defecto sustantivo por desconocimiento de las reglas de liquidación fijadas en la sentencia de condena.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia del 17 de octubre de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Jorge Humberto Vanegas Ramírez formuló solicitud de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , que

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Jorge Humberto Vanegas Ramírez formuló solicitud de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , que consideró vulnerados por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado con ocasión de la providencia de liquidación de perjuicios proferida el 14 de diciembre de 2023, corregida el 6 de marzo de 2024 , dentro del expediente con radicado núm. 25000232600019951170402 (68664) , pues considera que la concreción y liquidación de los perjuicios relacionados con la pérdida de oportunidad está permeada por defectos de índole fáctica y sustantiva.

2. Hechos probados1

2.1. Entre Jorge Humberto Vanegas Ramírez y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ─en adelante EAAB─, se celebró el contrato No. 363 de 1992 para la construcción de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario de algunos barrios de Bogotá D.C.

1 Ver documentos contenidos en el índice 15 de Samai del expediente de tutela de primera instancia, y los documentos almacenados en los links allegados a través de l oficio con certificado núm.920998E3BBAAD9D1 1A0A1E7157C35BBB CDA98824A8002AD4 FF796FD55896A26E.Radicado: 11001-03-15-000-2024-04902-01

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2.2. Mediante las Resoluciones núm. 0237 del 20 de junio de 1994 y 0315 del 15 de agosto de 1994 la entidad contratante declaró la caducidad del contrato.

2.3. Con fundamento en la declaratoria de caducidad, el contratista inició un proceso de controversias contractuales que se tramitó bajo el radicado núm. 250002336000199511704-01 (30257) . Este proceso se resolvió a favor del demandante, tanto en primera como en segunda instancia.

2.3.1. En la sentencia de segunda instancia, proferida el 29 de julio de 2015 por la Subsección A, de la Sección Tercera , del Consejo de Estado, además de disponerse la nulidad de los actos que declararon la caducidad del contrato, se ordenó, a título de condena , el pago del lucro cesante y, en abstracto, el pago de los perjuicios derivados de la pérdida de oportunidad respecto a la posible utilidad que hubiera podido percibir el contratista dentro de los cinco años que pervivió la inhabilidad para contratar con el Estado. Tal pérdida de oportunidad debía liquidarse en trámite incidental, conforme a los siguientes parámetros , cuyos apartados se transcriben en extenso dada su importancia:

“[…] La parte actora deberá allegar la documentación contentiva de la información que se describe a continuación, para cada uno de los cinco (5) años anteriores a la fecha de ejecutoria del acto administrativo a través del cual se declaró la caducidad del contrato:

1.1. Estados de resultados, firmados por profesional idóneo (Contador Público…) […].

fecha de ejecutoria del acto administrativo a través del cual se declaró la caducidad del contrato:

1.1. Estados de resultados, firmados por profesional idóneo (Contador Público…) […]. 1.2. Facturas, cuentas de cobro o certificaciones expedidas por las entidades estatales, con las cuales se acredite el monto de la contratación con el Estado para cada uno de los años mencionados.

• Bases para el cálculo.

[…]. A través de un método estadístico apropiado se deberá proyectar la pérdida de oportunidad […]. Como qu iera que la pérdida de oportunidad se debe calcular proporcional al beneficio que se esperaba percibir, con base en la contratación estatal de los cinco (5) años anteriores a la declaratoria de caducidad, se deberá proyectar la utilidad de los cinco (5) años en que permaneció vigente la inhabilidad. La proyección se deberá realizar con base en las siguientes pautas:

a) Se debe obtener la suma de los contratos celebrados por el demandante con el Estado dentro de los cinco (5) años anteriores […] b) Con base en el método contable que se considere apropiado, se deberá calcular el porcentaje de utilidades [de esos contratos]. c) Con base en el método estadístico que se considere adecuado […]., se deberá proyectar el valor correspondiente a los contrat os que hubiera podido celebrar el demandante durante los cinco (5) años en los cuales permaneció vigente la inhabilidad […]. d) Al valor que resulte […], se deberá aplicar el porcentaje de utilidad hallado […].

Así entonces, a partir de los valores contratados en los cinco (5) años anteriores a la declaratoria de caducidad, será posible predecir los valores de los contratos que

el porcentaje de utilidad hallado […].

Así entonces, a partir de los valores contratados en los cinco (5) años anteriores a la declaratoria de caducidad, será posible predecir los valores de los contratos que corresponderían a los cinco (5) años posteriores a dicha declaratoria; sin embargo, como no se cuenta con la certeza absoluta de que efectivamente los hubiera contratado […], resultará necesario ajustar tales valores en función de unaRadicado: 11001-03-15-000-2024-04902-01

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interpretación probabilística que permita vislumbrar cómo puede ser afectado el resultado por diversas circunstancias externas, por tanto: e) Al valor que resulte después de desarrollar el punto d), con base en un método estadístico que se considere adecuado, se le deberá aplicar la probabilidad que hubiere tenido el demandante para obtener las utilidades anteriormente proyectadas, f) La

probabilidad aplicada a la proyección de la utilidad constituye el valor que ha de indemnizarse […]”.

2.4. La parte demandante tramitó el respectivo incidente de liquidación de perjuicios. Dentro del trámite incidental se decretó la práctica de un dictamen pericial que arrojó como cifra indexada2 a indemnizar la suma de $4.769.659.782,82, el cual fue objetado por error grave por la demandada, a cuyo efecto se presentó un nuevo dictamen que tasó la indemnización en $34.746.702.889.

2.5. Mediante auto del 6 de octubre de 2021 3 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C decidió el incidente de liquidación

dictamen que tasó la indemnización en $34.746.702.889.

2.5. Mediante auto del 6 de octubre de 2021 3 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C decidió el incidente de liquidación de perjuicios, en el sentido de fijar el lucro cesante en la suma de $43.852.970 y, negó las pretensiones relativas a los perjuicios causados por pérdida de oportunidad, toda vez que la demandante no aportó todos los documentos requeridos para realizar la proyección de utilidades, aunado a que ninguno de los dictámenes dio cuenta del valor de los perjuicios , entre otras razones, porque hicieron los cálculos con base en el valor contratado ms no en el valor facturado y no se logró advertir que a la proyección final de la utilidad se le haya aplicado la probabilidad de obtener dicha ganancia. Esta decisión fue apelada en lo atinente a la denegación del perjuicio por pérdida de oportunidad.

2.6. Por auto del 14 de diciembre de 2023, la Subse cción A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al desatar el recurso de apelación en contra del proveído de liquidación de perjuicios, resolvió modificar la providencia del 6 de octubre de 2021, para, en su lugar : (i) liquidar la condena en abstracto fijada en la sentencia del 29 de julio de 2015; (ii) actualizar la condena por lucro cesante en la suma de $77.967.212; (iii) condenar a la EAAB a pagar al demandante la suma de $ 450.926.179, por concepto de las utilidades dejadas de percibir reconocidas a título de pérdida de oportunidad.

$77.967.212; (iii) condenar a la EAAB a pagar al demandante la suma de $ 450.926.179, por concepto de las utilidades dejadas de percibir reconocidas a título de pérdida de oportunidad.

En la providencia se expuso que el demandante, para acreditar la pérdida de oportunidad, presentó certificaciones de 30 contratos estatales celebrados como persona natural o como miembro de un consorcio, junto con copias de algunos de esos negocios jurídicos. Además, aportó copias de sus declaraciones de renta, balances, estados de resultados y certificaciones de retención en la fuente correspondientes a las vigencias entre 1989 y 1993.

De igual modo, se analizaron los dos dictámenes y se hizo hincapié en que, la primer experticia, aun cuando realizó el cálculo de las utilidades no indicó la fuente directa de esa operación, ni el método para efectuarla y, en algunos casos se modificaron los valores facturados sin ex plicar la razón para ello, como tampoco explicó el

2 A la fecha de presentación del dictamen, esto es, el 7 de diciembre de 2017. 3 Aclarado parcialmente por auto del 4 de noviembre de 2021, en relación con la concreción del lucro cesante.Radicado: 11001-03-15-000-2024-04902-01

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método empleado para determinar el porcentaje promedio de las utilidades, de suerte que no fue posible establecer cómo el perito desarrolló ese punto a partir de los balances y la contabilidad anual.

En relación con el segundo dictamen destacó el juez de la liquidación que tal

método empleado para determinar el porcentaje promedio de las utilidades, de suerte que no fue posible establecer cómo el perito desarrolló ese punto a partir de los balances y la contabilidad anual.

En relación con el segundo dictamen destacó el juez de la liquidación que tal experticia cuestionó el empleo de datos del DANE con fines probabilísticos que hizo el perito predecesor, sin embargo, adoptó la misma forma de la primera pericia para establecer el monto de la contratación y, a través de un modelo de regresión inicial, sin exponer el origen de las cifras, ni la operación efectuada para obtenerlas, proyectó las utilidades y estableció un valor a reconocer por pérdida de oportunidad de $34.746.702.889,oo, dado que adujo que la probabilidad exigida por el Consejo de Estado no debía ser aplicada en el cálculo del perjuicio, con lo cual obró en contra de lo indicado en la sentencia del 29 de julio de 2015.

Por todo lo anterior, al valorar las experticias, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que ambos dictámenes presentaban errores en los cálculos que afectaban su eficacia. No obstante, advirtió que, pese a dichas falencias, era posible tomar elementos de cada pericia, dado que contenían aciertos, para realizar el cálculo final de la pérdida de oportunidad.

Con tal fin, se propuso aplicar las pautas de la sentencia del 29 de julio de 2015 . Para ello , tom ó como base las sumas efectivamente causadas a favor del demandante en los contratos suscritos en el quinquenio anterior a la declaratoria de caducidad del contrato, de acuerdo con las certificaciones expedidas por los

Para ello , tom ó como base las sumas efectivamente causadas a favor del demandante en los contratos suscritos en el quinquenio anterior a la declaratoria de caducidad del contrato, de acuerdo con las certificaciones expedidas por los contratantes y descartó el empleo de los valores contratados, habida cuenta que no todos fueron ejecutados en su totalidad. Así mismo, para el cálculo de l porcentaje de las utilidades percibidas en el quinquenio anterior, tomó en consideración los estados de resultados (ingresos operacionales) y el valor de la contratación previamente establecido. Con fundamento en e llo hizo la proyección de utilidades para el periodo 1995 y 1999 , para lo cual acogió el método «Maximin, Maximax»4 expuesto en el primero de los peritajes y la indexó con el incremento de las utilidades en función del IPC . Finalmente, para hallar las probabilidades de obtención de las utilidades proyectadas, siguió la metodología Laplace 5, utilizada por el primero de los peritos.

Así, el juez de la liquidación pudo establecer que, durante el quinquenio anterior a la caducidad, el valor final contratado con el Estado por el señor Vanegas Ramírez, incluyendo las proporciones de su participación en los consorcios, ascendió a $3.557.472.352,52. Obtenido esterubro, estableció el porcentaje de las utilidades a partir de los ingresos operac ionales, según balances y estados de resultados y, como no existía certeza que la misma porción de utilidades que reflejaban los ingresos operacionales fuera la que hubiera obtenido el contratista, es decir, no existe prueba directa que acredite la utilidad esperada o recibida, se tomó en cuenta

como no existía certeza que la misma porción de utilidades que reflejaban los ingresos operacionales fuera la que hubiera obtenido el contratista, es decir, no existe prueba directa que acredite la utilidad esperada o recibida, se tomó en cuenta el promedio del AIU, pero , al no contar con ese dato en todos los contratos y/o

4 Según se explicó en el dictamen, este método consistía en asegurar una ganancia o una pérdida conservadora. Para ello, se identifica el peor resultado de cada alternativa y de esos peores resultados se escoge el mejor. 5 De acuerdo con la experticia, “el criterio Laplace” parte del hecho de que como se desconocen las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los estados posibles, se propone que las probabilidades sean las mismas para cada alternativa.Radicado: 11001-03-15-000-2024-04902-01

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certificaciones, acudió al criterio jurisprudencial de aplicación de reglas de la experiencia, conforme a l cual, en materia de contrata ción estatal, el AIU pactado oscila entre el 10% y el 25% y la utilidad entre el 5% y el 10%. De esta forma obtuvo una cifra de $71.149.447,05 promedio por año. Este valor, indexado en el IPC, se utilizó para hacer la proyección de utilidades en el quinquenio ulterior a la caducidad, con lo cual obtuvo un valor total de $ 450.926.179.oo, que fijó como indemnización por pérdida de oportunidad.

2.7. El contratista solicitó la aclaración y corrección del anterior auto, a efectos de lo

con lo cual obtuvo un valor total de $ 450.926.179.oo, que fijó como indemnización por pérdida de oportunidad.

2.7. El contratista solicitó la aclaración y corrección del anterior auto, a efectos de lo cual destacó los siguientes yerros: (i) corregir el valor de un contrato, pues se inscribió $245.945, cuando en realidad era: $245.945.000; (ii) corregir el promedio de la utilidad op eracional, pues, pese a que arrojó entre 5.74% y 36.30%, se optó por aplicar una utilidad del 10%, así, el promedio de la utilidad no debió ser de $71.149.447,05, sino de $221.904.961, para un total de $9.102.502.085,53 y, (iii) existieron yerros en el cálculo de la totalidad de los contratos celebrados, pues no debió aplicarse el valor de la facturación final, sino el valor inicial pactado en cada contrato.

2.8. Mediante auto del 6 de marzo de 2024 se resolvió la solicitud de aclaración y corrección. Se indicó que la aclaración, en cuanto iba dirigida a cuestionar que : (i) la tasación no se hizo con fundamento en la estadística ordenada en el fallo de condena; (ii) que no debió calcularse la utilidad, sino el “monto de la contratación estatal” y (iii) la utilización del IPC para el cálculo de la proyección; no era procedente, dado que, en realidad, el propósito del demandante era reprochar puntos de la decisión, finalidad no prevista por dicho instituto procesal.

Se reiteró que los cálculos se hicieron s iguiendo el derrotero fijado en la sentencia

procedente, dado que, en realidad, el propósito del demandante era reprochar puntos de la decisión, finalidad no prevista por dicho instituto procesal.

Se reiteró que los cálculos se hicieron s iguiendo el derrotero fijado en la sentencia del 29 de julio de 2015 y que la pretensión del demandante de que no se calculara la utilidad sino el monto de los contratos, iba, precisamente, en contravía de lo expuesto en la sentencia, en la cual se indicó que el monto de los contratos era apenas el paso inicial para ponderar la pérdida de oportunidad. Así mismo, que siendo el IPC y el ICCP indicadores utilizados por distintos sectores económicos, no existe un parámetro legal para que se excluya o se privilegie el uno u el otro.

En cuanto a la solicitud de corrección, se accedió a aquella relacionada con el valor del contrato, por ser procedente, ya que, si bien inicialmente ascendía a $245.945.000, su valor final real fue de $250.945.000, por lo que se realizó el ajuste correspondiente. Así, el consolidado de los contratos alcanzó los $4.355.518.618,52 y la proyección de utilidades se fijó en $87.110.372,37, que, al totalizarse, arrojaron la cifra de $559.693.574,30, monto en el que se estableció la inde mnización por pérdida de oportunidad.

Respecto de los demás reproches, se indicó que eran típicos disensos del demandante sobre la forma de llevarse a cabo la liquidación.

3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela

Jorge Humberto Vanegas Ramírez solicitó al juez constitucional el amparo de sus

demandante sobre la forma de llevarse a cabo la liquidación.

3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela

Jorge Humberto Vanegas Ramírez solicitó al juez constitucional el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como la nulidad de los autos de liquidación de perjuicios proferidos porRadicado: 11001-03-15-000-2024-04902-01

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la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado en el expediente radicado bajo el núm. 25000 -23-26-000-1995-11704-02. En consecuencia, pidió que se realizara la liquidación del perjuicio derivado de la pérdida de oportunidad, ocasionada por la declaratoria de caducidad del contrato No. 363 de 1992 por parte de la EAAB, confor me a las reglas establecidas en la sentencia del Consejo de Estado del 29 de julio de 2015.

El tutelante argumentó que el auto del 14 de diciembre de 2023 y su posterior proveído de corrección del 6 de marzo de 2024: (i) desconocieron e inaplicaron las reglas preestablecidas en la sentencia del 29 de julio de 2015 del Consejo de Estado para la liquidación de los perjuicios correspondientes a la pérdida de oportunidad del tutelante; (ii) incurrieron en errónea interpretac ión y valoración probatoria en la proyección de las utilidades y la aplicación de probabilidad de los contratos futuros que podría haber celebrado el accionante durante los cinco años

oportunidad del tutelante; (ii) incurrieron en errónea interpretac ión y valoración probatoria en la proyección de las utilidades y la aplicación de probabilidad de los contratos futuros que podría haber celebrado el accionante durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad del contrato No. 363 de 1992; (iii) omitieron la valoración del documento de objeciones que presentó la EAAB a l dictamen pericial, en el que estableció el valor de la indemnización a que tendría derecho el tutelante, por concepto de pérdida de oportunidad y (iv) le limitaron el acces o a la administración de justicia de forma oportuna, pues el proceso lleva más de treinta años y a la fecha no existe una decisión que resarza integralmente al señor Vanegas Ramírez.

Por las razones expuestas, la parte accionante consideró que la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado incurrió en : (i) defecto sustantivo al desconocer e inaplicar las reglas establecidas en sentencia del 29 de julio de 2015, sobre el método contable y estadístico que se requería realizar para calcular el monto del perjuicio por pérdida de oportunidad y la correlativa inaplicación del artículo 193 del CPACA, re ferida al imperativo de observar las reglas o bases prefijadas por el Consejo de Es tado en 2015 en el cálculo del daño por pérdida de oportunidad; y (ii) defecto fáctico por: a) falta de valoración de elementos probatorios incorporados al expediente, como ocurrió con lo expuesto por la EAAB en el escrito de objeciones al dictamen, cuyo a nálisis del cálculo estadístico arrojó

probatorios incorporados al expediente, como ocurrió con lo expuesto por la EAAB en el escrito de objeciones al dictamen, cuyo a nálisis del cálculo estadístico arrojó una cifra de $7.115.449.114, 85 como total liquidado, aún sin indexar y b) valoración irrazonable de la información contable sobre las utilidades proyectadas, al no considerar los cinco valores del promedio anual de u tilidades y aplicar únicamente el correspondiente a un año.

4. Trámite en primera instancia

En primera instancia, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado profirió auto el 17 de septiembre de 20246, en el que admitió la tutela ; vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y a la EAAB.

5. Contestación de los accionados

6 Documento conten ido en el índice 4 ibidem, con certificado núm. 5649AC06249AFBCA

89F5879B68F1C32D E21B24617244BB30 E25AFA4C7CBFEA1A.Radicado: 11001-03-15-000-2024-04902-01

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5.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A 7 contestó que la tutela carece de relevancia constitucional y por ende es improcedente, dado que el accionante formula múltiples reparos a los cálculos realizados en el auto de liquidación de perjuicios del 14 de diciembre de 2023 que, en segunda instancia, dio cierre al incidente de regulación de lo s perjuicios reconocidos en abstracto en la

accionante formula múltiples reparos a los cálculos realizados en el auto de liquidación de perjuicios del 14 de diciembre de 2023 que, en segunda instancia, dio cierre al incidente de regulación de lo s perjuicios reconocidos en abstracto en la sentencia del 29 de julio de 2015; pasando por alto que la tutela no procede para debatir la cuantía de perjuicios económicos de carácter contractual. Por demás, refirió que en el auto atacado se tuvieron en cuen ta todas las pruebas existentes, tanto así que se reconoció un perjuicio negado en primera instancia y, además, de manera razonada y motivada se siguieron los parámetros de la sentencia del 29 de julio de 2015 y las metodologías planteadas por los expertos en los dictámenes.

Refirió que en la liquidación se tuvieron en cuenta, para el cálculo de las utilidades, los balances y demás papeles comerciales y contables y que no necesariamente los porcentajes de las utilidades debían ser equivalentes o idénticos a los registrados en los balances generales, dado que estos eran un parámetro para el cálculo, pero no la prueba directa de los valores a reconocer. En otras palabras, la indicación de la sentencia no era proyectar las utilidades futuras con base en el mero porcentaje de utilidades de ingresos operacionales, pues estos últimos eran apenas una variable en el cálculo respectivo, y lo que debía obtenerse para esa proyección era el valor de las utilidades derivadas de los contratos.

Indicó que aun cuando la EAAB, al objetar uno de los dictámenes, estableció en su escrito el posible valor que podía, en su criterio, reconocerse al contratista, la Subsección A no estaba obligada en manera alguna a tener esa manifestación como

Indicó que aun cuando la EAAB, al objetar uno de los dictámenes, estableció en su escrito el posible valor que podía, en su criterio, reconocerse al contratista, la Subsección A no estaba obligada en manera alguna a tener esa manifestación como prueba de la cuantía del perjuicio.

En definitiva, ni el auto del 14 de diciembre de 2023 ni la providencia que lo corrigió el 6 de marzo de 2024 vulneran derecho fundamental alguno, ya que las decisiones adoptadas se fundamentaron en bases legales y judiciales claramente expuestas y en lo demostrado dentro del proceso. Además, las cifras que pretende el accionante resultan exorbitantes y lejos de constituir una genuina medida de amparo, podrían evidenciar un uso indebido y abusivo de la acción de tutela.

5.2. La EAAB8 solicitó que se declare improcedente o en su defecto se niegue la tutela, bajo el entendido que ninguna de las actuaciones desplegadas por el Consejo de Estado, ni por la EAAB han vulnerado derecho fundamental alguno del accionante y que las pretensiones de la tutela son netamente económicas, pues solicita que se realice una nueva liquidación de perjuicios. Asimismo, que las decisiones que se cuestionan en la tutela están fundadas en una interpretación razonable de las pruebas y en el marco legal aplicable al caso y que este mecanismo constitucional no se traduce en una instancia adicional ni está previsto para desconocer la autonomía e independencia judicial, ya que todo se reduce a un disenso de la actora con la liquidación y, en esa medida , no se atiende el requisito de relevancia constitucional.

desconocer la autonomía e independencia judicial, ya que todo se reduce a un disenso de la actora con la liquidación y, en esa medida , no se atiende el requisito de relevancia constitucional.

7 Documento contenido en el índice 11 ibidem, con certificado núm. 1519148A49BDBBFD FAF69D79667A3EC5 6E86846D9E355F98 C4D4B76BFB92AF74. 8 Documento contenido en el índice 13 ibidem, con certificado núm. E5192C33DD86F46E F9836CB5351DCCA8 E0B3FB6F6BF50369 084F88271DAE8959.Radicado: 11001-03-15-000-2024-04902-01

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6. Sentencia de tutela de primera instancia

La Sección Segunda, Subsección B , del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia el 17 de octubre de 20249, en la que negó la solicitud de amparo. Como fundamento de su decisión, indicó que los pronunciamientos cuestionados justificaron su sentido en una motivación suficiente y coherente y, asunto distinto es que, con fundamento en directrices señaladas por el Consejo de Estado en la sentencia de condena en abstracto del 29 de julio de 2015, se hubiera detectado un error aritmético cometido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, por tanto, se tuvo que efectuar la operación correctiva , que arrojó un valor significativamente menor a las cifras exorbitantes que pretendía la demandante.

error aritmético cometido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, por tanto, se tuvo que efectuar la operación correctiva , que arrojó un valor significativamente menor a las cifras exorbitantes que pretendía la demandante.

Señaló que, por el contrario, los autos de liquidación proferidos por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado resultaron más favorables para la parte demandante, pues reconocieron un perjuicio qu e la primera instancia había negado. Esto se debió a que la primera instancia desestimó ciertas pruebas por considerarlas no idóneas, mientras que la segunda instancia les otorgó valor, lo que evidencia el respeto por el debido proceso.

Precisó que, si bien el accionante disiente de la escogencia de la prueba técnica que se empleó para hacer los cálculos, lo cierto fue que la corporación judicial demandada razonó su decisión a partir de un estudio integral de la prueba pericial y de los balances y otros documentos comerciales que sirvieron de parámetro, pero no constituyeron prueba directa de los valores finales a reconocer. Esto, para remarcar que, al margen de que los cálculos no coincidan con los que se figura el demandante, las decisiones atacadas fueron producto de un análisis probatorio conjunto, todo por lo cual no se configuró ninguno de los defectos invocados.

7. Impugnación

La parte accionante presentó impugnación 10 en contra de la sentencia del 17 de octubre de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, a cuyo efecto esgrimió que la primera instancia erró en la identificación del punto central de la controversia.

Con el fin de que se encaminara la discusión correctamente, el accionante precisó

Estado, a cuyo efecto esgrimió que la primera instancia erró en la identificación del punto central de la controversia.

Con el fin de que se encaminara la discusión correctamente, el accionante precisó que, “el punto medular del reproche constitucional se cent ra en que el Consejo de Estado en la sentencia de la condena en abstracto de manera expresa y clara, señaló que la liquidación debería realizarse con base en un cálculo contable, situación que no fue atendida en el auto de liquidación del 14 de diciembre de 2023”.

Por tanto, a juicio del impugnante, lo que se debía establecer era si al momento de concretar la liquidación se utilizó un método contable para proyectar las utilidades futuras con base en los contratos pasados, porque así lo dispuso la sentencia del

9 Documento contenido en el índice 18 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai, con certificado núm. C315A07DCAB6DAA2 8FF9ED96C1AB8460 98C154EFDE6C8372 D74FE7A4976BE44B. 10 Documento contenido en el índice 22 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai, con certificado A45068A44EB9CDBA 6294F86A1ED2541F 3AA4123057DD7DD2 33