CE - Sentencia 11001031500020240523801 de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05238-01

Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arevalo

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA, SUBSECCION A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)

Bogota, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCION DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-05238-01

Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial, mediante la cual se confirmó la decisión de rechazar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por caducidad. Ausencia del defecto invocado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia proferida el 25 de octubre de 2024 por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Sabel Reinerio Arévalo Arévalo.

1. Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Sabel Reinerio Arévalo Arévalo promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia.

el señor Sabel Reinerio Arévalo Arévalo promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia. Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogotá D.C. — Colombia www. consejodeestado.gov.co {Scanned with |Radicación: 11001-03-15-000-2024-05238-01

Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, al Tribunal Administrativo del Quindío dejar sin efectos las providencias emitidas el 14 de junio de 2024 y el 4 de julio de igual anualidad, mediante la cual negó la admisión del medio de control de simple nulidad, para, en su lugar, proferir una nueva decisión en la que se admita dicha demanda. 1.1.2. Hechos de la solicitud La parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes: i) Instauró demanda de simple nulidad, con el fin de que se declarara la nulidad «del acto administrativo expedido por la Universidad del Quindío, a través de su representante legal». ii) El 9 de abril de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia rechazó el medio de control precitado, al considerar que la acción promovida no era de simple nulidad, sino de nulidad y restablecimiento del derecho y que, «en esas condiciones, la acción estaba caducada». iii) Por lo anterior, interpuso recurso de apelación. El 14 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la anterior decisión.

esas condiciones, la acción estaba caducada». iii) Por lo anterior, interpuso recurso de apelación. El 14 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la anterior decisión. iv) Inconforme con ello, formuló recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del CPACA. El 4 de julio de igual anualidad, la corporación judicial precitada rechazó por improcedente dicho recurso. 1.1.3. Fundamentos de derecho El señor Sabel Reineiro Arévalo Arévalo afirmó que el Tribunal Administrativo del Quindío, con ocasión de la expedición de las providencias del 14 de junio de 2024 y del 4 de julio de igual anualidad, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, comoquiera que Calle 12 No 7-65 - Tel (57-1) 350-5700 - Bogotá D.C. - Colombia www consejodeestado gov.co {Scanned with =!Radicación: 11001-03-15-000-2024-05238-01

Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo incurrió en defecto procedimental, al apartarse completamente de la enseñanza jurisprudencial del Consejo de Estado, desarrollada desde el año 1961, sobre la «teoría de los motivos y finalidades», la cual consiste en que «la acción de simple nulidad contra actos particulares se torna [...] procedente cuando apareja un interés general».

Adicionalmente, indicó que la autoridad judicial precitada también desconoció el estudio de exequibilidad de la Sentencia C-426 de 2002, en la que la Corte Constitucional precisó que la acción de nulidad procede contra actos de contenido

general». Adicionalmente, indicó que la autoridad judicial precitada también desconoció el estudio de exequibilidad de la Sentencia C-426 de 2002, en la que la Corte Constitucional precisó que la acción de nulidad procede contra actos de contenido particular cuando el propósito es el control de legalidad abstracta del acto sometido a control jurisdiccional. 1.2. Actuación procesal El 2 de septiembre de 2024, el despacho del magistrado Fredy Ibarra Martínez de la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación (i) admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Quindío; (ii) vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia y al director, o a quien haga sus veces, de la Universidad del Quindío, como terceros interesados en los resultados del proceso; y (iii) requirió a la corporación judicial accionada para que remitiera copia magnética del expediente con radicado 63001-33-33-004-2024-00010-00. 1.3. Contestación de la demanda 1.3.1. Tribunal Administrativo del Quindío El magistrado Luis Carlos Marín Pulgarín afirmó que la acción de tutela no cumple los requisitos generales de procedibilidad, pues no goza de relevancia constitucional, sino que se trata de un asunto meramente legal, en razón a que se discute la vulneración en abstracto de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sin especificar en concreto su afectación. Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogotá D.C. — Colombia www.consejodeestado.gov.co

administración de justicia, sin especificar en concreto su afectación. Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogotá D.C. — Colombia www.consejodeestado.gov.co {Scanned with |Radicación: 11001-03-15-000-2024-05238-01

Accionante: Sabe! Reinerio Arevalo Arevalo Ahora, en caso de que se considere que la solicitud de amparo supera el examen de procedibilidad formal, aseguró que, en la providencia censurada, no incurrió en ninguna irregularidad, ya que, tras un detallado análisis de los elementos probatorios presentados en el proceso y de las normas aplicables al caso concreto, concluyó que el medio de control procedente para impugnar la Resolución núm. 10664 de 2023

(mediante la cual se nombró a un docente de tiempo completo) era el de nulidad y restablecimiento del derecho, y no el de simple nulidad, como sostiene el tutelante. 1.3.2. Universidad del Quindío El director y el representante legal del ente académico referido, Luis Fernando Polania Obando, manifestó que la acción de tutela es improcedente porque el actor no probó la vulneración de sus derechos fundamentales y tampoco acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable con ocasión de las providencias judiciales cuestionadas. 1.4. Sentencia impugnada El 25 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional, puesto que la controversia planteada ya había sido resuelta en el proceso ordinario. Al respecto, explicó que la autoridad judicial accionada, en la

declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional, puesto que la controversia planteada ya había sido resuelta en el proceso ordinario. Al respecto, explicó que la autoridad judicial accionada, en la providencia cuestionada, se centró en evaluar la aplicación de la teoría de los móviles y las finalidades y determinó que, dadas las circunstancias específicas del caso, el medio de control correcto para ventilar las pretensiones del actor era el de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que la nulidad de los actos administrativos de nombramiento del señor John James Pérez Penagos implicaría el restablecimiento automático de un derecho subjetivo en favor de la señora Milena Elizabeth Gómez Yepes. Adicionalmente, resaltó que los cargos relativos al desconocimiento del precedente judicial ya fueron materia de análisis y decisión por parte de las autoridades judiciales competentes, lo cual excluye de la posibilidad de que la tutela sea utilizada como un Core “ys Dee Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 — Bogota D.C.- - Colomt www.consejodeestado.gov.co {Scanned with |Radicación: 11001-03-15-000-2024-05238-01

Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo mecanismo para reabrir debates ya resueltos, toda vez que la acción de tutela no puede emplearse como una instancia adicional. 1.5. Impugnación La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual afirmó que no resulta acertado concluir que ya se dio el debate legal de la aplicación de la teoría de los móviles y las finalidades, pues es evidente que la autoridad judicial accionada

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual afirmó que no resulta acertado concluir que ya se dio el debate legal de la aplicación de la teoría de los móviles y las finalidades, pues es evidente que la autoridad judicial accionada no hizo una lectura correcta de los supuestos fácticos en los que se apoyó la acción de simple nulidad. Por tanto, solicitó revocar la decisión recurrida y, en su lugar, conceder el amparo invocado.

2. Consideraciones 2.1. Competencia La Subsección es competente para conocer de la presente impugnación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». 2.2. Problema jurídico Corresponde a la sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si el Tribunal Administrativo del Quindío, al expedir las providencias emitidas el 14 de junio de 2024 y el 4 de julio de igual anualidad, incurrió en el defecto alegado por el accionante y, por ende, si se vulneraron los derechos fundamentales de este último.

Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. — Colombia www. consejodeestado.gov.co {Scanned with =!&

de este último. Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. — Colombia www. consejodeestado.gov.co {Scanned with =!& Radicación: 11001-03-15-000-2024-05238-01

Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo 2.3. Marco normativo y jurisprudencial 2.3.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales La jurisprudencia constitucional? ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,? en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales

contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional». 1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003 T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. | ? Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 o Bogotá D.C. — Colombia www .consejodeestado.gov.ca - {Scanned with |Radicación: 11001-03-15-000-2024-05238-01

Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas

{Scanned with |Radicación: 11001-03-15-000-2024-05238-01

Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos. 2.4. Hechos probados De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala de decisión establece lo siguiente: 2.4.1. El señor Sabel Reinerio Arévalo Arévalo instauró demanda, en ejercicio del medio de control de simple nulidad, en contra de la Universidad del Quindío, con el fin de obtener la nulidad de las resoluciones núm. a) 10664, del 20 de enero de 2023, por medio de la cual se nombró al profesional John James Penagos, como docente de tiempo completo, de acuerdo con el resultado obtenido en el concurso de méritos; b) 12046, del 16 de noviembre de 2023, mediante la cual se negó una solicitud de revocatoria directa presentada por la docente Milena Elizabeth Gómez Yepes; y C) 12204, del 14 de diciembre de 2023, a través de la cual se resolvió de manera desfavorable un recurso de reposición y no se concedió el recurso de apelación.

12204, del 14 de diciembre de 2023, a través de la cual se resolvió de manera desfavorable un recurso de reposición y no se concedió el recurso de apelación. 2.4.2. El 9 de abril de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia rechazó el medio de control por haber operado el fenómeno jurídico de caducidad. Para soportar su decisión, en primer lugar, afirmó que la demanda interpuesta por el actor no era una de simple nulidad, sino una de nulidad y restablecimiento del derecho, porque implicaba el restablecimiento automático de un derecho a favor de un tercero. Textualmente, expuso: «[...] En el caso que ahora nos ocupa no cabe duda, atendiendo los destinatarios de los actos que incumben los hechos narrados en la demanda y la naturaleza de las situaciones jurídicas creadas a través de estos que, dichas manifestaciones de voluntad tienen el carácter de particulares, de suerte que, en principio, el medio de control que ha Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogotá D.C. — Colombia www.consejodeestado.gov.co {Scanned with =!Radicación: 11001-03-15-000-2024-05238.94

Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo de utilizarse para controvertirlos no es otro que el de Nulidad y Restablecimiento del

Derecho. Con todo, como ya se dijo, permite el artículo 137 de manera excepcional accionar en contra de actos de carácter particular por vía del medio de control de simple nulidad cuando se materialice alguno de los presupuestos enlistados linea atrás; siendo ello

Derecho. Con todo, como ya se dijo, permite el artículo 137 de manera excepcional accionar en contra de actos de carácter particular por vía del medio de control de simple nulidad cuando se materialice alguno de los presupuestos enlistados linea atrás; siendo ello posible en el caso de marras solo respecto de la causal descrita en el Numeral 1, esto es “Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.” Lo anterior, dado que no refieren los actos controvertidos a bienes de uso público, tampoco se vislumbra cómo pueden estos afectar de manera “grave” el orden público, político, económico, social o ecológico y tampoco se cita en la demanda disposición que expresamente permita controvertir dichas decisiones mediante el medio de control que aquí se incoa. Impone pues la norma en el numeral transcrito una limitación al ejercicio del plurimencionado medio de control en tratándose de actos administrativos de carácter particular y concreto, en el sentido de que, cuando así lo sea, la demanda no podrá perseguir o lograr un restablecimiento automático del derecho a favor del demandante o de un tercero en particular y de ser así deberá impetrase dentro de los 4 meses siguientes a la expedición y notificación del acto controvertido [...]». En segundo lugar, aclaró que si bien era cierto que en el caso se demandaron las resoluciones 12046 y 12204 de 2023, también lo es que estas realmente no contienen una decisión de fondo que cree, modifique o extinga una situación jurídica, pues se limitan a defender el contenido de las resoluciones 10853 del 21 de febrero de 2023 y

una decisión de fondo que cree, modifique o extinga una situación jurídica, pues se limitan a defender el contenido de las resoluciones 10853 del 21 de febrero de 2023 y 10925 del 14 de marzo del mismo año, por medio de las cuales la Universidad amplió el plazo al señor John James Pérez Penagos para tomar posesión del cargo en el que fue designado como docente y, por lo tanto, son esas decisiones las que debieron ser atacadas si lo que se pretendía era dejar sin efecto su contenido. En ese sentido, indicó que nada impedía para que de manera oportuna, esto es dentro de los 4 meses siguientes a la expedición de la Resolución 10925 del 14 de marzo de 2023, se elevara solicitud de revocatoria del acto de nombramiento controvirtiendo la legalidad de las resoluciones correspondientes y posteriormente el asunto se debatiera en vía judicial; sin embargo, ello no fue así, pues solo hasta el 24 de octubre de 2023 la señora Milena Elizabet Gómez Yepes, quien es la siguiente en la lista de elegibles para proveer el cargo aludido después del señor Pérez Penagos, solicitó la revocatoria del nombramiento alegando que quien ocupaba el primer puesto no tomó posesión de aquel en los términos de ley. Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogota D.C. — Colombia www.consejodeestado.gov.co {Scanned with =!Radicación: 11001-03-15-000-2024-05238-01

Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo Adicionalmente, afirmó que, si en gracia de discusión se alegara el desconocimiento del contenido de los actos en comento por parte de la señora Milena Elizabeth, tercera

Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo Adicionalmente, afirmó que, si en gracia de discusión se alegara el desconocimiento del contenido de los actos en comento por parte de la señora Milena Elizabeth, tercera que evidentemente resultaría favorecida con la nulidad de tales decisiones, lo cierto es que puede evidenciarse que esta lo conocía para el 23 de octubre de 2023, pues aludió a ellas en la solitud de revocatoria y, aun así, ninguna acción emprendió en su contra.

Así, precisó que los actos que contienen las decisiones que se catalogan como contrarias a derecho son las resoluciones 10853 y 10925 de 2023, las cuales hoy no pueden ser objeto de demanda por vía de simple nulidad, ya que no fueron demandadas dentro del término de que trata el artículo 138 de la ley 1437 de 2011; máxime cuando su anulación conllevaría un restablecimiento automático para un tercero, esto es la posibilidad para la señora Gómez Yepes, quien sigue en la lista usada para proveer el cargo que hoy ostenta el señor Pérez Penagos, de ser designada en ese. Ahora, con respecto a las resoluciones 12046 y 12204 de 2023, señaló que el artículo 96 de la ley 1437 de 2011 establece los efectos de la solicitud de revocatoria directa para casos como el que allí se discute, en el sentido de señalar que ni aquella ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar, tal y como pareciera se pretende en este caso. Con base en lo expuesto, consideró que la acción impetrada a pesar de ser de simple nulidad no cumple con los requisitos que permitan demandar por esa vía un acto de

como pareciera se pretende en este caso. Con base en lo expuesto, consideró que la acción impetrada a pesar de ser de simple nulidad no cumple con los requisitos que permitan demandar por esa vía un acto de contenido particular y concreto en tanto desconoce los términos de caducidad de que trata el artículo 138 de la ley 1437 de 2011 y, por lo tanto, dispuso su rechazo conforme a lo dispone el articulo 169 ejusdem. 2.4.3. Por lo anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión. 2.4.4. El 14 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la decisión de primera instancia. Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co {Scanned with =!19 rc.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05238-01

Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo 2.4.5. El demandante interpuso recurso de reposición. El 4 de julio de 2024 la corporación judicial precitada rechazó por improcedente dicho recurso. 2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia 2.5.1. El asunto objeto de estudio goza de relevancia constitucional, toda vez que, contrario a lo sostenido por el juez de primera instancia, el debate planteado por la parte accionante gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la expedición de las providencias del 14 de junio de 2024 y del

parte accionante gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la expedición de las providencias del 14 de junio de 2024 y del 4 de julio de igual anualidad, comoquiera que, en su criterio, el Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en desconocimiento del precedente judicial, evento que de hallarse acreditado conduciría a encontrar lesionados los intereses de la parte actora. 2.5.2. Se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, por cuanto la decisión cuestionada es una providencia que puso fin a la discusión planteada dentro del medio de control de simple nulidad. 2.5.3. Se cumple la exigencia de inmediatez, puesto que la providencia que resolvió el recurso de apelación, interpuesto en contra del auto que rechazó la demanda por caducidad, fue proferida el 14 de junio de 2024 y la acción de tutela fue instaurada el 30 de septiembre de igual anualidad, esto es, en el término de los seis meses previstos jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio de la tutela en contra de providencias judiciales 2.5.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis jurisprudencial. 2.5.5. En el escrito de tutela se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales. Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogotá D.C. — Colombia www.consejodeestado.gov.co {Scanned with =!_ Ss

con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales. Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogotá D.C. — Colombia www.consejodeestado.gov.co {Scanned with =!_ Ss Radicación: 11001-03-15-000-2024-05238-01

Accionante: Sabel Reinerio Arévalo Arévalo 2.5.6. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia que pretende controvertirse en esta sede fue proferida dentro del medio de control de simple nulidad.

Visto lo anterior, al encontrarse cumplidos en el caso los requisitos generales de procedibilidad, se impone abordar el estudio de fondo de la presente acción, para lo cual se aclara que los cargos formulados no se estudiaran a través del defecto procedimental invocado, sino mediante la causal de desconocimiento del precedente judicial, por ser la que mejor se adecua a los argumentos de inconformidad. 2.6. Caso concreto. 2.6.1. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la regla de la doctrina probable. La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal disposición?, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal disposición?, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela. Respecto del precedente vertical’, la jurisprudencia constitucional ha sido enfatica en 3 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. 4 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogotá D.C. — Colombia www.consejodeestado.gov.co {Scanned with |Radicación 11001-0323 24-( Accionante Sabel Reinerio Arévalo Arévalo LEMOA, -19-U 0 Le. sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por consiguiente, con la misma

consideración a: 1) el principio de igualdad, que es vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada, que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima, que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior”. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso®. De esta forma, la Corte Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos los casos que se

determina a través del problema jurídico que analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella». Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que tal en