CE - Sentencia 11001031500020240526800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-05268-00 (8505) Accionante: Procuraduría General de la Nación Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la

Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Tema: tutela contra providencia judicial . Subtema 1: auto que declara terminado el proceso de acción popular. Subtema 2: recurso de apelación en acciones populares.

Subtema 3: requisito de procedibilidad de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud interpuesta por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas núm. 6 para la Conciliación Administrativa, presentó escrito de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por la Subsección A de la Sección Primera d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la

con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por la Subsección A de la Sección Primera d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ocasión de los autos proferidos, respectivamente, el 28 de septiembre de 2023 y el 15 de marzo de 2024 , dentro del proceso con radicado núm. 25000-23-41-000-2021-00779-00/04.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir d el escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra los siguientes hechos probados:Radicado: 11001-03-15-000-2024-05268-00 (8505) Accionante: Procuraduría General de la Nación Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

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2. La Procuraduría General de la Nación (la Procuraduría) presentó demanda en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos

(acción popular) , el 8 de septiembre de 2021, contra la Nación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 (UT) y de otros1, con las siguientes pretensiones:

1. Que se declare la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público y al acceso al servicio

Colombia 2020 (UT) y de otros1, con las siguientes pretensiones:

1. Que se declare la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público y al acceso al servicio público esencial de internet de manera eficiente, continua y permanente, con ocasión de las acciones y omisiones acaecidas dentro del proceso licitatorio núm. LP-038 de 2020 y la celebración y ejecución del contrato 1043 de 2020

(el contrato), suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la UT.

1. Que se ordene la devolución por el valor de setenta mil doscientos cuarenta y tres millones doscientos setenta y nueve mil quinientos noventa y nueve pesos (70.243.279.599).

1. Que se ordene el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a la Nación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por valor de cuarenta y dos mil novecientos c uarenta y cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, con fundamento en la cláusula décima segunda penal del contrato 1043 de 2020, o lo que considere conveniente.

1. Que se ordene el pago del daño emergente causado a la Nación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3. Además, solicitó que se ordenara al ministerio y al fondo demandados que tomaran las medidas que fueran necesarias contra todas las personas que consolidaron las irregularidades denunciadas; adopt aran los correctivos y medidas legales, judiciales,

3. Además, solicitó que se ordenara al ministerio y al fondo demandados que tomaran las medidas que fueran necesarias contra todas las personas que consolidaron las irregularidades denunciadas; adopt aran los correctivos y medidas legales, judiciales, contractuales, administrativas, financiera s y/o técnicas que propend ieran por la prestación eficiente, continua y permanente del servicio público de internet; y evitaran mayores costos sociales y económicos para el país.

4. Finalmente, la Procuraduría también pidió que el juez administrativo declarara que las demandadas eran responsables por los daños, perjuicios e indemnizaciones que llegaran a presentarse; que la firma contratista respondiera por responsabilidad extracontractual del Estado y por las demandas o reclamaciones que se presentaran en el marco del contrato 1043 de 2020; y que la sentencia favorable que se emitiera en el proceso de acción popular tuviera prevalencia sobre cualquier otra decisión arbitral o judicial.

1 Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros SAS., INTEC de la Costa SAS., OMEGA Buildings Constructora SAS, SESCOLOMBIA SAS., BBVA Assert Management SA Sociedad Fiduciaria, ITAU Corpbanca Colombia SA, Consorcio PE2020 C Digitales, Telemediciones SAS, PMO SOLYCOM SAS y Eurocontrol SA Sucursal Colombia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05268-00 (8505) Accionante: Procuraduría General de la Nación Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

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5. El asunto correspondió conocerlo, por reparto, a la Subsección A de la Sección

Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

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5. El asunto correspondió conocerlo, por reparto, a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que, en auto del 13 de septiembre de 2021 2, admitió la demanda; vinculó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), a las superintendencias de Notariado y Registro, Financiera de Colombia, de Industria y Comercio y de Sociedades, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, a la Sociedad Nuovo Security L LC y a la

Sociedad INSELSA SAS.

6. En auto de la misma fecha, el Tribunal decretó, como medidas cautelares de urgencia, el levantamiento del velo corporativo de varias personas jurídicas , el embargo de bienes, el rastreo de cuentas bancarias y la suspensión de contratos, entre otras órdenes.

7. Luego de agotadas algunas actuaciones relativas a vinculaciones, traslados y recursos respecto de las medidas cautelares y la pr áctica de pruebas, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca expidió auto, el 28 de septiembre de 2023 3, en el que declaró la terminación del proceso por improcedencia del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos

A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca expidió auto, el 28 de septiembre de 2023 3, en el que declaró la terminación del proceso por improcedencia del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos y por pérdida de competencia y levantó las medidas cautelares decretadas , con fundamento en lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 27 de julio de 20234.

8. El Tribunal explicó que la demanda de acción popular tuvo sustento en presuntas irregularidades emanadas del contrato 1043 de 2020, y que, en el mencionado fallo de unificación, la Sala Plena de la Sección Tercera indicó lo siguiente:

94.- Los perjuicios cuya indemnización se ordenó en la sentencia de primera instancia no corresponden a daños a un interés colectivo: corresponden a perjuicios derivados de la nulidad del Contrato, la cual –por disposición legal – y tratándose de un contrat o de tracto sucesivo, tiene como consecuencia su terminación anticipada.

[…]

94.3.- Los perjuicios derivados de la no ejecución de la obra objeto del Contrato en los términos en ella previstos tampoco corresponden a la indemnización que debe disponerse en la acción popular para restablecer los derechos colectivos vulnerados: se trata de perjuicios derivados de la nulidad del Contrato, sobre los cuales debe pronunciarse el juez competente. A ellos se hace referencia en el laudo arbitral y sobre los mismos cursa una acción de reparación directa iniciada por la ANI.

[…]

pronunciarse el juez competente. A ellos se hace referencia en el laudo arbitral y sobre los mismos cursa una acción de reparación directa iniciada por la ANI.

[…]

2 Samai, exp ediente núm. 25000-23-41-000-2021-00779-00, índice 2, certificado 9C08949889110846 1F022435BCAD3A77 9F7C685015398B10 DF8E439F65CD1D49. 3 Samai, expediente núm. 25000-23-41-000-2021-00779-00, índice 1204, certificado EEDCAA1EE3B6F0E0 253E2C1E55CA3786 045E21BB31797910 805C22AA68DADC59. 4 Expediente núm. 25000-23-41-000-2017-00083-02.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05268-00 (8505) Accionante: Procuraduría General de la Nación Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

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123.- El simple hecho de que la afectada con la violación del derecho sea una entidad pública, no permite que ella sea desplazada por el actor popular en la defensa de sus intereses. La defensa del interés patrimonial de una entidad pública debe realizarse por su representante legal, por lo que solo cuando se constate que no se está ejerciendo, o que no se está haciendo de manera adecuada, puede acudirse a la acción popular; ella debe estar dirigida a lograr que quien debe hacer tal defensa la realice efectivamente, si se verifica que no lo está haciendo: no a sustituirla. No tener este tipo de consideraciones

que no se está haciendo de manera adecuada, puede acudirse a la acción popular; ella debe estar dirigida a lograr que quien debe hacer tal defensa la realice efectivamente, si se verifica que no lo está haciendo: no a sustituirla. No tener este tipo de consideraciones conduce, como ocurrió en este caso, a activar la acción constitucional sin tener en cuenta la actividad procesal adelantada por la entidad contratante y las pretensiones formuladas –en la acción contractual– por los mismos hechos y en defensa del interés patrimonial la citada entidad.

9. En ese sentido, el Tribunal destacó la existencia de cuatro procesos contractuales iniciados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con fundamento en el contrato de aporte 1043 de 2020, con posterioridad a la demanda de acción popular, de manera que, correspondía al juez contractual resolver sobre los perjuicios causados y la consecuente pérdida del dinero.

10. Por los motivos expuestos, concluyó que se hacía necesario no seguir con la acción constitucional popular, por improcedente, en atención a los procesos contractuales adelantados por el fondo ante la posible duplicidad y contrariedad de decisiones. Así, argumentó que perdió competencia para continuar conociendo el proceso.

11. La Procuraduría General de la Nación presentó recurso de apelación contra el anterior auto, pues consideró que la providencia en que el Tribunal sustentó su decisión era equivocada, no correspondía a una sentencia de unificación y abordó un asunto distinto al discutido en el proceso de acción popular.

12. El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en auto del 25 de octubre de 202 35, declaró

asunto distinto al discutido en el proceso de acción popular.

12. El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en auto del 25 de octubre de 202 35, declaró improcedente la apelación formulada por la demandante, en atención a lo previsto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado6. Por otro lado, explicó que no era posible tramitar el recurso como una reposición , de acuerdo con el artículo 318 del Código General del Proceso ( CGP), dado que el auto controvertido había sido emitido por la Sala de Decisión y no por el ponente.

13. En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación presentó recurso de reposición y en subsidio queja en contra del auto del 25 de octubre de 202 3, con el argumento de que la providencia del 28 de septiembre de ese año era una sentencia porque definió «la suerte de las pretensiones» ; sin embargo, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en decisión del 15 de marzo de 20247, estimó bien denegado el recurso de apelación.

5 Samai, exp ediente núm. 25000-23-41-000-2021-00779-00, índice 1232, certificado AA2BC4205631763C A5817391443EE4A7 673AFEBD1CE31F2F 4060F010C5599614. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección Primera, auto del 10 de febrero de 2021, expediente núm. 08-001-23-33-000-2019-00646-01.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección Primera, auto del 10 de febrero de 2021, expediente núm. 08-001-23-33-000-2019-00646-01. 7 Samai, expediente núm. 25000-23-41-000-2021-00779-04, índice 2 8, B8CE83C45792BF9C 5F15B46603CA6B1B 3A45F8315649CA14 C84F738AF3773E3E.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05268-00 (8505) Accionante: Procuraduría General de la Nación Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

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2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

14. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente8:

3.1. Que se declare la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y del derecho al efectivo acceso a la administración de justicia con fundamento en la configuración de los defectos procedimental absoluto y fáctico, junto con la violación directa de la Constitución […].

3.2. Que como consecuencia de la declaratoria de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al efectivo acceso a la administración de justicia se ordene dejar sin efectos las decisiones adoptadas mediante el auto del 28 de septiembre de 2023, proferido por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y mediante el auto del 15 de marzo de 2024 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que la acción popular continúe su trámite.

de Cundinamarca y mediante el auto del 15 de marzo de 2024 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que la acción popular continúe su trámite.

3.3. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca continuar con el proceso en el estado en que se encontraba, esto es, la etapa probatoria de tal manera que la acció n popular pueda culminar con una sentencia de fondo que resuelva las pretensiones y las demás situaciones procesales que surjan dentro del proceso9.

15. Como fundamento de sus pretensiones, la Procuraduría General de la Nación sintetizó las actuaciones surtidas dentro del proceso de acción popular con radicado núm. 25000-23-41-000-2021-00779-00 y afirmó que las autoridades accionadas incurrieron en los defectos procedimental absoluto y de violación directa de la

Constitución.

16. Por un lado, indicó que la decisión que dio por terminado el mencionado proceso no tuvo sustento «en una norma legal, sino en una muy poco plausible interpretación» de la sentencia dictada el 27 de julio de 2023 10 por parte de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado , la cual no era aplicable al caso concreto por cuanto abordó un asunto distinto al discutido en esa oportunidad, para lo cual relacionó las diferencias entre ambos.

17. Manifestó que el caso que resolvió el Consejo de Estado estaba circunscrito a la afectación de varios derechos colectivos como consecuencia de irregularidades cometidas por particulares y exservidores públicos, con ocasión de la adjudicación de

17. Manifestó que el caso que resolvió el Consejo de Estado estaba circunscrito a la afectación de varios derechos colectivos como consecuencia de irregularidades cometidas por particulares y exservidores públicos, con ocasión de la adjudicación de un contrato de concesión mediante «el pago de sobornos» que los contratistas pretendían luego cobrar al Estado.

18. No obstante , que en la acción popular de «centros poblados» la afectación de derechos colectivos, si bien tiene relación con la actividad contractual, lo cierto es que el Estado sí desembolsó el pago del anticipo del negocio de aporte 1043 de 2020 a la

8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 2, certificado D4C52F26D93EC2E0 07AD6730907C261B 0A7BE05B72A1F725 E1166F39F1D2AF14. 9 Se transcribe incluso con errores contenidos en el escrito de tutela. 10 Expediente núm. 25000-23-41-000-2017-00083-02.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05268-00 (8505) Accionante: Procuraduría General de la Nación Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

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UT con garantías bancarias que no fueron expedidas por entidades financieras y que fueron presentadas como reales, situación que desencadenó la vulneración alegada.

19. En ese orden, sostuvo que lo que busca la demanda de acción popular es la restitución de dineros al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las

19. En ese orden, sostuvo que lo que busca la demanda de acción popular es la restitución de dineros al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para garantiza r los derechos colectivos al patrimonio público, a la moralidad administrativa y al servicio público de acceso a internet . Por las razones

expuestas, la Procuraduría consideró:

La decisión adoptada por la Sección Tercera en la sentencia del 23 de julio de 2023, que según se indica en el auto del 28 de septiembre de 2023, es la razón de ser de la expedición de este último, es un defecto procedimental por cuanto dicha sentencia es una decisión que no constituye precedente en el sentido que el Tribunal le otorga en la providencia del 28 de septiembre, pues en ella, nunca se expresó que deberían darse por terminados los medios de control tendientes a la defensa de los derechos colectivos relacionados con temas contractuales, cuando se verificara la existencia de medios de control contractual11.

20. Por otro lado, la Procuraduría aseguró que el Tribunal accionado incurrió en el defecto procedimental absoluto, toda vez que acudió a la figura de la terminación anticipada del proceso que no está regulada en la Ley 472 de 1998, motivo por el que era susceptible de ser apelada con sustento en lo previsto en los artículos 243 y 244 de la Ley 1437 de 2011 (CP ACA), según los cuales procede el mencionado recurso en contra del auto que ponga fin al proceso.

21. Arguyó la configuración del defecto procedimental en que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, las acciones

en contra del auto que ponga fin al proceso.

21. Arguyó la configuración del defecto procedimental en que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, las acciones populares son principales y autónomas, es decir, no dependen del ejercicio de otros medios de control para acudir a aquellas de manera directa ante la vulneración de un derecho o interés colectivo.

22. En cuanto al defecto de violación directa de la Constitución, la Procuraduría expresó que ocurrió en la medida en que el auto del 28 de septiembre de 2023 carece de fundamentación normativa porque está justificad o en una interpretación de la sentencia del Consejo de Estado del 2 7 de julio de 202 3 que contradice postulados constitucionales. Además, dado que el legislador, si bien permite la terminación anticipada de los procesos judiciales, en el asunto bajo estudio no se con figuró algún supuesto contenido en las normas que disponen esa posibilidad. En tal sentido,

enunció lo siguiente:

[…] Así las cosas, la posibilidad de terminar el proceso antes de dictar sentencia no es una facultad arbitraria del juez sino que está reglada en la ley.” y de ello nada se sustentó en las providencias violatorias del debido proceso que se cuestiona12.

11 Se transcribe incluso con errores contenidos en el escrito de tutela. 12 Se transcribe incluso con errores contenidos en el escrito de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05268-00 (8505) Accionante: Procuraduría General de la Nación Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

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2.3. Trámite procesal

Accionante: Procuraduría General de la Nación Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

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2.3. Trámite procesal

23. El despacho ponente, en auto del 3 de octubre de 202413, admitió la tutela; vinculó, como terceros con interés, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 y a sus integrantes Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros SAS, INTEC de la Costa SA y SESCOLOMBIA SAS; y al BBVA ASSET MANAGEMENT SA Sociedad Fiduciaria ; requirió a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que aportara el expediente de la acción popular; tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda de tutela; y ordenó la notificación de los sujetos procesales.

2.4. Intervenciones

24. BBVA Asset Management contestó que el escrito de tutela no superó los requisitos generales de subsidiariedad, comoquiera que la Procuraduría General de la Nación no agotó el mecanismo de revisión eventual en acciones populares, y de inmediatez, dado que el auto del 15 de marzo de 2024 , objeto de controversia, fue notificado el 22 de marzo siguiente y la tutela fue interpuesta el 30 de septiembre de ese año, es decir, trascurridos más de 6 meses14.

25. De otra parte, precisó que, contrario a lo que afirmó la accionante, la decisión que terminó el proceso no es una sentencia, ya que no decidió de fondo las pretensiones,

trascurridos más de 6 meses14.

25. De otra parte, precisó que, contrario a lo que afirmó la accionante, la decisión que terminó el proceso no es una sentencia, ya que no decidió de fondo las pretensiones, sino un auto fundado en el fallo de unificación del Consejo de Estado del 27 de julio de 2023; y que, al margen de las peticiones de protección de derechos colectivo s, la argumentación de la demanda no es un asunto distinto al cuestionamiento del cumplimiento del contrato.

26. Agregó que la referida providencia de esta corporación es precedente para el caso concreto porque en esa oportunidad la Sección Tercera concluyó que no era posible continuar con un trámite de acción popular ante la existencia de otro proceso de índole contractual iniciado por los mismos hechos. También, explicó que los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998 limitan la procedencia del recurso de apelación al auto que decreta medidas cautelares y a la sentencia de primera instancia, motivo por el que no aplican normas del CPACA y del CGP sobre la materia.

27. Por las razones expuestas, afirmó que los autos objeto de controversia no incurrieron en alguna irregularidad procesal que afecte derechos fundamentales, y que la acción de tutela busca agotar una tercera instancia judicial, lo cual escapa de la órbita del juez constitucional. Finalmente, solicitó que se nieguen las pretensiones de amparo.

28. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitaron «que se

amparo.

28. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitaron «que se

13 Samai, e xpediente núm. 11001 -03-15-000-2024-05268-00, índice 5, certificado 7893797866CA407B A1BCFDF86C691D68 33EEAB8A9C7E3102 3CE557238C32C1F2. 14 Samai, exp ediente núm. 11001 -03-15-000-2024-05268-00, índice 12, certificado 4DAF677752782933 C59A7BF9F51A47AA B82732D0CBAA368F C1C7C6923E69FB48.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05268-00 (8505) Accionante: Procuraduría General de la Nación Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

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determine lo que en derecho corresponda» y destacaron que no había acción u omisión vulneradora de derechos fundamentales que les fuera atribuibles15.

29. Abordó aspectos normativos del trámite de la acción popular y requirió que fueran analizados los siguientes temas: la subsidiariedad de la acción de tutela de cara a un posible incidente de nulidad y la oportunidad de su ejercicio; y la idoneidad de la acción popular para la defensa de la protección del erario , pese a la existencia de otras acciones legales iniciadas por las autoridades legitimadas con ese fin.

30. El magistrado de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

popular para la defensa de la protección del erario , pese a la existencia de otras acciones legales iniciadas por las autoridades legitimadas con ese fin.

30. El magistrado de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ponente del auto del 15 de marzo de 2024 objeto de tutela contestó16 que el escrito de amparo revela un desacuerdo con lo decidido en la mencionada providencia bajo los mismos argumentos que ya fueron resueltos con el recurso de queja, lo que denotaba carencia de relevancia constitucional. Además, reiteró la improcedencia de la apelación en contra del auto que termina el proceso en acciones populares.

31. SESCOLOMBIA SAS pidió que las pretensiones de amparo fueran desestimadas, pues no avizoró vulneración de derechos fundamentales de la Procuraduría General de la Nación. Manifestó que la tutela pretende reabrir el debate sobre la procedencia del recurso de apelación. Aseguró que la terminación anticipada del proceso no es una figura extraña a la acción popular, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado en su jurisprudencia 17, y que, en el caso concreto, esa decisión tuvo fundamento legal y constitucional por economía procesal, además de la sentencia de la Sección Tercera de esta corporación del 27 de julio de 2023 que guardó similitud con el asunto en discusión18.

32. Abordó la procedencia de los recursos en acciones populares e indicó que la decisión de terminar el proceso , del 28 de septiembre de 2023 , no es una sentencia sino un auto que no es apelable de acuerdo con la postura actual del Consejo de Estado19. Comparó las pretensiones de la demanda popular con las del proceso

decisión de terminar el proceso , del 28 de septiembre de 2023 , no es una sentencia sino un auto que no es apelable de acuerdo con la postura actual del Consejo de Estado19. Comparó las pretensiones de la demanda popular con las del proceso contractual que se encuentra en curso en su contra por los mismos hechos, y expresó que son idénticas en cuanto buscan la restitución del pago del anticipo al contratista.

33. Por último, adujo que el accionante desconoce que la falta de jurisdicción o competencia es causal de nulidad y, por ende, debe ser declarada por el juez una vez la advierta. Por las razones expuestas, consideró que las pretensiones de la tutela no están l lamadas a prosperar , por lo que pidió que fueran negadas o declaradas improcedentes.

15 Samai, expediente núm. 11001 -03-15-000-2024-05268-00, índice 13, certificado F19F4A5867660890 DF5AA5BD38B419EB 16ED7DC31227ADBF C7F990DD5C35C6D9. 16 Samai, exp ediente núm. 11001 -03-15-000-2024-05268-00, índice 14, certificado CED7122C3DDF1293 972F71F1D8806FBF C5DD350045DF9BB7 12D5D38822A21048. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección Primera, sentencias del 20 de febrero de

2014, exp. núm. 15001 -23-33-000-2013-00149-02, y del 24 de junio de 2021, exp. núm. 66001 -23-33-000-201800106-01. 18 Samai, exp . núm. 11001 -03-15-000-2024-05268-00, índice 21, certificado 47ECBDB28D6548E5 6567674F4C8ED260 E9982BDBFD5ACCAC D653A2F45088931D. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, auto del 26 de junio de 2019, exp. núm. 25000-23-27-000-2010-02540-01.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05268-00 (8505) Accionante: Procuraduría General de la Nación Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

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34. La magistrada de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ponente del auto del 28 de septiembre de 2023 contestó que la tutela no superó el requisito de inmediatez , toda vez que, desde que fue proferida la mencionada providencia y la que resolvió el recurso de queja, hasta la interposición del escrito de tutela, trascurrieron más de 1 año y más de 7 meses , respectivamente20.

35. Reiteró las razones que sustentan la decisión objeto de tutela y citó jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual en los procesos populares solo procede el recurso de apelación en contra del auto que decreta medidas cautelares y de la sentencia de primera instancia21.

del Consejo de Estado según la cual en los procesos populares solo procede el recurso de apelación en contra del auto