CE - Sentencia 11001031500020240527901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cuatro (04) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05279-01

Accionante: Clara López Obregón y otro1

Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Reconocimiento personería jurídica a la agrupación política Todos Somos Colombia / MODIFICA IMPROCEDENCIA – Declara falta de legitimación en la causa por activa de un tutelante. Además de no cumplir el presupuesto de relevancia constitucional, el asunto tampoco supera la exigencia de subsidiariedad.

Procede la Sala a decidir la impugnaci ón presentada por la parte actora contra la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 1º de octubre de 2024 los señores Clara López Obregón 2 y Óscar Gutiérrez Guaqueta3 promovieron acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 1º de octubre de 2024 los señores Clara López Obregón 2 y Óscar Gutiérrez Guaqueta3 promovieron acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales a la paz, participar en la conformación, ejercicio y control político4, igualdad y debido proceso.

2. Solicitaron se dejara sin efectos la sentencia de 18 de abril de 2024, emitida dentro del proceso de nulidad electoral5 que instauró la señora Ximena Echavarría Cardona contra el Consejo Nacional Electoral , encaminado a obtener la anulación la

1 Óscar Gutiérrez Guaqueta 2 En su condición de senadora de la República y miembro fundador de la agrupación política Todos Somos Colombia. 3 Como presidente y representante legal de aquella agrupación política. 4 Mediante las prerrogativas de elegir y ser elegido y construir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 5 Expediente 11001-03-28-000-2023-00058-00.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05279-01

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Resolución6 mediante l a cual se le reconoció personería jurídica a la agrupación política Todos Somos Colombia.

3. En la providencia acusada se anuló el acto administrativo enjuiciado. Se consideró que se incurrió en falsa motivación y se trasgredieron los artículos 108 y 262

política Todos Somos Colombia.

3. En la providencia acusada se anuló el acto administrativo enjuiciado. Se consideró que se incurrió en falsa motivación y se trasgredieron los artículos 108 y 262

(parágrafo 5) de la Constitución Política. Se indicó que “Todos Somos Colombia” no participó en las elecciones a Senado de la República para el período 2022 -2026, puesto que (i) no hacía parte de la coalición Pacto Histórico , en razón a que , al suscribir e l correspondiente acuerdo , carecía de personería jurídica ; y (ii) esa agrupación política no avaló la candidatura al senado de la señora Clara López Obregón, dado que lo fue por el partido Unión Patriótica. Por lo anterior, no era dable sustentar el recono cimiento de personería en la superación del umbral de las votaciones obtenidas por la referida coalición. Tampoco era viable sustentarlo en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera , pues los parámetros allí estipulados no han sido debidamente introducidos al ordenamiento jurídico, y tampoco en supuestos actos de violencia o persecución, en los términos de la sentencia SU -257 de 2021 de la Corte Constitucional.

4. La parte actora afirmó que se configuró un defecto sustantivo, en tanto la interpretación efectuada sobre l os artículos 108 y 262 de la Constitución Política limita el derecho a elegir y ser elegido y a constituir partidos y movimientos políticos sin limitación alguna y desconoce el Acuerdo Final de Paz y el Acto Legislativo 02 de 2017, máxime cuando en este último estableció que los contenidos de aquel Acuerdo

limita el derecho a elegir y ser elegido y a constituir partidos y movimientos políticos sin limitación alguna y desconoce el Acuerdo Final de Paz y el Acto Legislativo 02 de 2017, máxime cuando en este último estableció que los contenidos de aquel Acuerdo serían parámetros obligatorios de interpretación, así como referentes de desarrollo y validez de las normas de implementación y desarrollo del Acuerdo, premisa que desatendió la decisión judicial acusada.

5. De igual modo, se incurrió en desconocimiento del precedente pues la autoridad judicial desatendió la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional, pese a que era aplicable a su caso, dado que con esta providencia se materializa el principio de igualdad a través de la adopción de acciones afirmativas para proteger grupos y minorías políticas que históricamente han estado excluidas. Puntualmente, señaló que la interpretación del artículo 108 Superior no puede hacerse de manera exegética y aislada, sino de acuerdo con el modelo democrático construido a partir de los principios y derechos que rigen el Estado Social de Derecho, sin que con ello se afecten otros valores o principios que la misma Constitución protege y garantiza.

6. Asimismo, se configuró defecto fáctico, porque la decisión acusada carece de apoyo probatorio. No se valoraron en debida forma los oficios aportados por los presidentes de los partidos políticos que integraron la coalición de Pacto Histórico.

En estos documentos se certificó que el movimiento Todos Somo s Colombia hizo parte de la coalición y que la ausencia de la suscripción se debía a las limitantes del

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parte de la coalición y que la ausencia de la suscripción se debía a las limitantes del

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artículo 262 de la Constitución Política, pero que, en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y del artículo 40 Superior, daban fe de que la agrupación política hacía parte de este y que, por tanto, avaló la candidatura de la senadora Clara López . También se omitió la valoración de otras pruebas que demostraban la participación de la agrupación en distintas oportunidades en procesos electorales.

B. Sentencia de primera instancia

7. Mediante sentencia de 29 de noviembre de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia del trámite constituciona l, al no superar el requisito de relevancia constitucional . Se consideró que los reproches están encaminados a revivir el análisis efectuado por el juez natural de la controversia, como si la tutela fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Se esgrimen divergencias de carácter netamente legal respecto de los requisitos que deben cumplir los partidos o movimientos políticos para obtener la personería jurídica, las cuales ya habían sido alegados en el proceso ordinario y que fueron atendidas por la autoridad judicial accionada , con fundamentos que provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

C. La impugnación

atendidas por la autoridad judicial accionada , con fundamentos que provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

C. La impugnación

8. La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia . Sostuvo que el asunto tiene relevancia constitucional, porque la autoridad accionada (i) efectuó una interpretación literal-formal de los requisitos enunciados en el artículo 108 de la Constitución Política para la obtención de personería jurídica de los partidos políticos, sin tener en cuenta, no solo las excepciones que la Corte Constitucional ha desarrollado respecto de la aplicación de dicho precepto legal, sino lo dispuesto por el Acto Legislativo 02 de 2017 ; (ii) desconoció el artículo 40 Superior; (iii) no aplicó las excepciones frente a los mencionados requisitos; y (iv) no tuvo en cuenta que en las elecciones para elegir autoridades locales realizadas en el 2023, hubo mayor participación política a través de los diferentes partidos, lo que materializa el derecho a constituir partidos sin limitación alguna.

9. En ese sentido, la postura asumida por la autoridad judicial accionada transgrede un derecho fundamental de aplicación inmediata, en cuanto a limitar el campo de participación democrática a actores sociales y políticos que han sido excluidos históricamente como las minorías políticas, como el partido Todos Somos Colombia, respecto del cual se debió aplicar la excepción de acoger el artículo 108 Superior, pues al no hacerlo vulneró su garantía superior a la igualdad.

10. Por último, anotó que según los estatutos del partido Unión Patriótica, el

respecto del cual se debió aplicar la excepción de acoger el artículo 108 Superior, pues al no hacerlo vulneró su garantía superior a la igualdad.

10. Por último, anotó que según los estatutos del partido Unión Patriótica, el otorgamiento del aval no implica la afiliación automática, por ende, la senadora Clara López no era militante del partido y su inscripción en la coalición se dio con plena claridad de su afiliación y representatividad del movimiento Todos Somos Colombia.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05279-01

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11. Mediante auto de 24 de febrero de 2025 se declaró fundado el impedimento presentado por el consejero Fernando Alexei Pardo Florez.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

E. Competencia

12. La Sala es competente para conocer de la impugnac ión presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19917.

F. Análisis del caso concreto

13. La Sala advierte que frente a la tutelante Clara López Obregón no se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa. Al respecto, cabe precisar que, conforme al artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir a la acción de tut ela, bien sea -por sí misma o a través de un representante, para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

la acción de tut ela, bien sea -por sí misma o a través de un representante, para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y, excepcionalm ente de los particulares. Mandato constitucional que se consagró en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

14. De acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, los titulares de la acción de tutela podrán solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma direc ta, (ii) por intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de age nte oficioso

(cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los personeros municipales (facultados para intervenir en representación de terceras personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado8.

15. En el proceso de nulidad electoral dentro del que se profirió la sentencia acusada actuaron como demandante la señora Xi mena Echavarría Cardona, en calidad de demandado el Consejo Nacional Electoral y en condición de terceros vinculados las agrupaciones políticas Todos Somos Colombia, Colombia Humana, Unión Patriótica

(UP), Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alianza D emocrática Amplia,

7 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

(UP), Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alianza D emocrática Amplia,

7 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 8 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidadpara promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de 2008 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05279-01

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Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Comunista Colombiano y Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

16. En esa medida, los habilitados para controvertir la decisión judicial censurada a través de este mecanismo con stitucional son quienes participaron en las mencionadas diligencias, pues aunque aquel medio de control tenga un carácter público, lo que implica que cualquier persona pueda promoverlo, la facultad para acudir a esta acción está supeditada a la titularidad de los derechos fundamentales cuya protección se invoca, que, bajo dicha perspectiva, está en cabeza únicamente de quienes intervinieron en el proceso.

acudir a esta acción está supeditada a la titularidad de los derechos fundamentales cuya protección se invoca, que, bajo dicha perspectiva, está en cabeza únicamente de quienes intervinieron en el proceso.

17. En el sub-lite se tiene que presentaron el escrito de tutela la señora Clara López Obregón aduciendo que actuaba como senadora de la República y miembro fundador del movimiento político Todos Somos Colombia, y el señor Óscar Gutiérrez Guaqueta, en condición de “presidente y representante legal” de aquella agrupación política.

18. Con base en lo expuesto, se tiene que para que aquellas personas tengan la legitimación para promover esta acción debieron haber participado dentro del aludido proceso en representación del movimiento o tengan su representación legal para procurar la salvaguarda de sus intereses.

19. Al respecto, se tiene que en la Resolución acusada se indicó que la señora López Obregón el 20 de febrero de 2023 presentó la solicitud de reconocimiento de personería de dicha agrupación y allí se indicó que actuaba para ese momento como “Presidenta y Representante Legal”, y en la Resolución 9 por medio de la cual se inscribió a ese movimiento en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, se señaló que el señor Gutiérrez Guaqueta era miembro de la Dirección Nacional y que la señora Elizabeth Cortés Suárez era la presidenta y representante legal de aquel. Asimismo, una vez consultad a la información de l movimiento político en la página electrónica del Consejo Nacional Electoral, se evidencia que aquel no tiene personería jurídica vigente y que el señor Gutiérrez actuó como solicitante de aquella y que en la actualidad, de acuerdo con la página web de este partido político, se

página electrónica del Consejo Nacional Electoral, se evidencia que aquel no tiene personería jurídica vigente y que el señor Gutiérrez actuó como solicitante de aquella y que en la actualidad, de acuerdo con la página web de este partido político, se desempeña como presidente de la agrupación.

20. Por consiguiente , aunque el movimiento político Todos Somos Colombia en la actualidad no cuente con personería jurídica, se colige que su representación está a cargo del señor Óscar Gutiérrez Guaqueta, en razón a que, de conformidad con los estatutos de ese partido (artículo 27), es ta “estará en cabeza del presidente o la presidenta nacional del partido”.

21. Así las cosas, el señor Gutiérrez Guaqueta es quien está legitimado en la causa para promover esta acción, con el objeto de procurar la salvaguarda de las garantías superiores que presuntamente le fueron transgredidas al aludido movimiento político,

9 3897 de 2023.Radicación: 11001-03-15-000-2024-05279-01

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con ocasión de la decisión judicial acusada, mediante la cual se anuló el acto administrativo que le había reconocido personería jurídica.

22. Por tanto, se declarará la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Clara López Obregón, en atención a que no participó en el proceso de nulidad electoral en el cual se dictó la sentencia atacada.

23. Aclarado lo anterior, la Sala comparte la decisión adoptada en primera instancia sobre la improcedencia de la acción de tutela, pero al no satisfacer, además de la

electoral en el cual se dictó la sentencia atacada.

23. Aclarado lo anterior, la Sala comparte la decisión adoptada en primera instancia sobre la improcedencia de la acción de tutela, pero al no satisfacer, además de la exigencia de relevancia constitucional, el presupuesto de subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación.

24. En cuanto al requisito de subsidiariedad, cabe anotar que la acción de tutela reviste de una naturaleza residual y subsidiaria, esto es, solo procede en los eventos en que el ordenamiento jurídico no disponga de otro instrumento diferente para obtener la p rotección constitucional que se invoca, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable

(artículo 86 de la Constitución Política). En ese sentido, resulta indispensable que, previo a acudir al juez constitucional, el interesado haya agotado todos los recursos que tenía a su alcance con la finalidad de remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos.

25. Lo anterior, conforme al artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que prevé las causales de improcedencia de la tutela, en el que se estipuló que esta no procederá “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

26. Con base en lo expuesto, se tiene que el movimiento político Todos Somos Colombia fue vinculado como tercero interesado en el proceso de nulidad electoral

las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

26. Con base en lo expuesto, se tiene que el movimiento político Todos Somos Colombia fue vinculado como tercero interesado en el proceso de nulidad electoral en el que se anuló el acto que le reconoció personería jurídica. Dicho trámite le fue notificado en los términos de los artículo s 197 y 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el f in de que se pronunciara de conformidad con el artículo 172 ibidem.

27. En cumplimiento de lo anterior, la agrupación política, a través de apoderada judicial, emitió el respectivo pronunciamiento sobre la demanda. Sin embargo, lo efectuó de manera extemporán ea, razón por la cual, mediante auto de 23 de noviembre de 2023, se indicó que dicha contestación “no será tenida en cuenta para el trámite de este proceso”, lo cual también fue señalado en la sentencia acusada.

28. En esa medida, aquel movimiento político no puede, por conducto de la tutela, procurar la defensa de sus derechos fundamentales cuando pudo exponer ante el juez natural su postura respecto de la legalidad del acto administrativo acusado, pero lo hizo por fuera del término legalmente establecido para tal efecto. Es decir, la tutelaRadicación: 11001-03-15-000-2024-05279-01

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no puede emplearse como una instancia alternativa para revivir oportunidades procesales que ya fenecieron y que no fueron aprovechadas por la parte interesada.

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no puede emplearse como una instancia alternativa para revivir oportunidades procesales que ya fenecieron y que no fueron aprovechadas por la parte interesada.

29. Además, como lo anotó el a quo, el asunto carece de relevancia constitucional.

Para tener por satisfecho tal presupuesto no basta la argumentación que en ese sentido se indicó en los escritos de tutela y de impugnación, según la cual se transgredió el artículo 40 de la Constitución Política, en razón a la presunta indebida interpretación del artículo 108 Superior y a la falta de aplicación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, del Acuerdo Legislativo 02 de 2017 y de la sente ncia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional. Para tal propósito , es indispensable dilucidar si la argumentación planteada por la parte actora tiene como propósito acreditar la afectación constitucional que se alega, situación que no se configura en este asunto.

30. Lo anterior, por cuanto las inconformidades de la parte accionante evidencian desacuerdo con la providencia objeto de censura. Se pretende emplear esta acción como una instancia adicional del medio de control de nulidad electoral, con el fin de reabrir el debate jurídico ya zanjado por el juez natural de la causa e imponer el modo en que a juicio del actor se debió haber definido el litigio . La simple inconformidad con una decisión judicial que le resulta desfavorable a un extremo del litigio, no lo habilita para que acuda ante el juez constitucional con el objeto de modificar tal determinación, como se expondrá a continuación.

con una decisión judicial que le resulta desfavorable a un extremo del litigio, no lo habilita para que acuda ante el juez constitucional con el objeto de modificar tal determinación, como se expondrá a continuación.

31. La parte actora indica que se incurrió en defecto sustantivo, porque se interpretaron de manera indebida los artículos 108 y 262 de la Constitución Política y se desconocieron el Acuerdo Final de Paz y el Acto Legislativo 02 de 2017. No obstante, para la Sala tales reproches tienen como fin que se acoja la manera, como a juicio del tutelante, debieron aplicarse tales instr umentos jurídicos, sin considerar que el modo en que lo hizo la autoridad judicial no involucra algún tipo de arbitrariedad, por el contrario, su decisión sobre el particular cuenta con suficiente argumentación y materializa el principio de autonomía judicial.

32. En cuanto al régimen ordinario de personería jurídica, contenido en el artículo 108

Superior, se precisó que ese precepto legal exige para dicho reconocimiento “haber conseguido una votación no inferior al 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en las elecciones a la Cámara de Representantes o al Senado de la República y uno de los beneficios de este reconocimiento es la posibilidad de presentar listas de candidatos a través de coaliciones”.

33. Con base en dicha norma, concluyó que los aludidos presupuesto s no se cumplieron, pues “el partido Todos Somos Colombia no participó en las elecciones a Senado de la República para el periodo 2022-2026. Esto, porque al no contar con personería jurídica no podía suscribir el acuerdo de coal ición ni avalar candidatos, requisito indispensable de conformidad con la ley y, por tanto, no era posible

a Senado de la República para el periodo 2022-2026. Esto, porque al no contar con personería jurídica no podía suscribir el acuerdo de coal ición ni avalar candidatos, requisito indispensable de conformidad con la ley y, por tanto, no era posible sustentar el reconocimiento a la personería jurídica a la superación del umbral de lasRadicación: 11001-03-15-000-2024-05279-01

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votaciones obtenidas por la coalición «Pacto Histórico»”. Conclusión de la que no se advierte algún tipo de arbitrariedad.

34. Del mismo modo, n o se evidencia que se haya interpretado de man era indebida el artículo 262 Superior, diferente es que se haya concluido que el movimiento Todos Somos Colombia no integraba una coalición, por lo que no era procedente que inscribiera listas bajo esa figura para aspirar a corporaciones públicas.

35. Sin perjuicio de lo anterior, tuvo en cuenta que la “dinámica del país ha generado una serie de reglas especiales para la adquisición, co nservación, pérdida e incluso restitución de la personería jurídica ”. Entre estas se tiene el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera , en el que se dispuso “que era primordial la ampliación democrática para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas para enriquecer el debate y la deliberación en relación con los problemas de orden nacional, para así fortalecer el pluralismo, la representación, la participación y la inclusión política ”. Acuerdo para cuya estabilidad y seguridad jurídica se expidió el Acto Legislativo 02 de 2017, en el sentido de que lo allí

los problemas de orden nacional, para así fortalecer el pluralismo, la representación, la participación y la inclusión política ”. Acuerdo para cuya estabilidad y seguridad jurídica se expidió el Acto Legislativo 02 de 2017, en el sentido de que lo allí establecido fuera ” obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación”.

36. De acuerdo con lo expuesto, la autoridad judicial coligió que “ las directrices establecidas en el acuerdo de paz son políticas de Estado y se deben aplicar una vez se realice la incorporación en el ordenamiento jurídico, a través de los mecanismos ordinarios establecidos en la Constitución y la ley”, por consiguiente, no se podía sustentar el reconocimiento de la personería jurídica en los parámetros del Acuerdo, “ cuando estos no han sido debidamente introducidos al ordenamiento jurídico a través de las modificaciones normativas necesarias”.

37. En ese sentido, para la Sala carece de asidero la afirmación de que no se tuvieron en cuenta los referidos Acuerdo y Acto Legislativo, pues fue así, distinto es que no de la manera pretendida por el accionante. La autoridad judicial esgrimió las razones por las cuales no era viable su aplicación, sin que el actor destinara argumentación alguna para controvertirlas o para acreditar que aquellas comportaban la afectación constitucional que alega.

38. La parte tutelante también adujo desconocimiento del precedente, al desatender la sentencia SU -257 de 2021 de la Corte Constitucional , pese a que resultaba aplicable a su caso. Sin embargo, no explica cuál regla jurisprudencial fue inobservada o por qué consideraba que su situación se avenía a la allí zanjada, en

la sentencia SU -257 de 2021 de la Corte Constitucional , pese a que resultaba aplicable a su caso. Sin embargo, no explica cuál regla jurisprudencial fue inobservada o por qué consideraba que su situación se avenía a la allí zanjada, en razón a que solo hizo referencia de manera general a que se deben adoptar acciones para proteger grupos y minorías políticas.

39. Sobre dicha providencia la autoridad judicial se pronunció, en el sentido de indicar que si bien los requisitos del artículo 108 Superior deb ían ser aplicados de manera más laxa cuando se dem ostrara la imposibilidad de alcanzar el umbral electoral exigido en razón a actos graves de violación de los derechos humanos, de violenciaRadicación: 11001-03-15-000-2024-05279-01

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o persecución política , lo cierto es que dichas circunstancias no se acreditaron en esas diligencias. Contrario a ello, se observaba que había podido participar en otras contiendas electorales sin limitación alguna.

40. Por lo anterior, la Sala concluye que se pretende que se acoja el aludido pronunciamiento constitucional sin consideración a que la autoridad accionada explicó el motivo por el cual ello no era procedente, frente a lo cual no se enfiló argumentación alguna tendiente a desvirtuar lo determinado sobre el particular, lo cual denota nuevamente la intención de imponer la tesis de la parte actora sin demostrar que el modo en que se desató la controversia represente la afectación constitucional que se invoca.

41. Por último, se indicó la configuración de defecto fáctico, porque no se tuvieron en

demostrar que el modo en que se desató la controversia represente la afectación constitucional que se invoca.

41. Por último, se indicó la configuración de defecto fáctico, porque no se tuvieron en cuenta los documentos que acreditaban que el movimiento político Todos Somos Colombia integraba la coalición de Pacto Histórico , que avaló a la senadora Clara López y que participó en distintas oportunidades en procesos electorales.

42. La Sala evidencia que, contrario a lo afirmado por el tutelante, la autoridad judicial accionada valoró los elementos de convicción que certificaban que el partido Todos Somos Colombia hacía parte de la coalición programática Pacto Histórico. No obstante, también examinó “la solici