CE - Sentencia 11001031500020240531801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-05318-01

Accionante: Nelson Ricardo Cañón Aramendez

Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Tutela contra providencia.

Decisión: Se amparan los derechos fundamentales invocados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 31 de octubre de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante la cual se declaró improcedente la acción por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

Nelson Ricardo Cañón Aramendez trabajó en la Policía Nacional desde el 19 de enero de 1999 hasta el 30 de abril de 2015 1, cuando fue retirado del servicio mediante la Resolución 457 del 17 de marzo de 2015.

Por tal razón solicitó el reconocimiento de su asignación mensual de retiro, pero

enero de 1999 hasta el 30 de abril de 2015 1, cuando fue retirado del servicio mediante la Resolución 457 del 17 de marzo de 2015.

Por tal razón solicitó el reconocimiento de su asignación mensual de retiro, pero su petición le fue negada mediante el Oficio E-00003-201813885-CASUR, ID.342518 del 17 de julio de 2018, el cual demandó a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Cali, el cual , mediante la sentencia del 21 de mayo de 2020 declaró nulo el acto administrati vo y condenó a la entidad demandada al pago correspondiente.

La Policía Nacional presentó recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia del 13 de septiembre de 2024 , revocó la decisión de primera instancia.

1 De acuerdo al accionante su tiempo de servicio fue de 16 años, 4 meses y 18 días.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-05318-01

Accionante: Nelson Ricardo Cañón Aramendez

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2 2.2. Fundamento jurídico

La parte accionante manifestó que la decisión objeto de cuestionamiento adolece de un defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio, particularmente porque la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que el accionante era un oficial que ostentaba el grado de capitán, por lo que jamás hizo

de un defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio, particularmente porque la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que el accionante era un oficial que ostentaba el grado de capitán, por lo que jamás hizo parte no del nivel ejecutivo.

Además, señaló que la autoridad judicial incurrió en error inducido, posiblemente porque obtuvo una información incorrecta respecto al tipo de vinculación del accionante basada en la normativa expuesta en el recurso de apelación presentado por parte de la Policía Nacional.

Por lo anterior, sostuvo que además se presentó un defecto sustantivo, teniendo en cuenta que el Tribunal reprochado aplicó el Decreto 754 de 2019 correspondiente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, cuando en su criterio ha debido aplicar el Decreto 1212 de 1990 correspondiente al régimen de oficiales.

Sostuvo también que en la decisión se incurrió también en el defecto por decisión sin motivación , ya que estuvo sustentada en una normativa que no correspondía al asunto.

Alegó también un presunto desconocimiento del precedente , para lo cual citó dos sentencias referentes a la asignación de retiro en el nivel ejecutivo, en las cuales se determinó que al personal de este nivel que se encontraba en servicio activo antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 no se le podía aplicar la Ley 754 de 2019.

2.3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó: «(…) PRIMERO: Se tutele al Accionante Capitán ® Nelson Ricardo Cañón Aramendez, los derechos fundamentales de igualdad ante la Ley, debido proceso, acceso a la administración de Justicia y los demás que encuentre

«(…) PRIMERO: Se tutele al Accionante Capitán ® Nelson Ricardo Cañón Aramendez, los derechos fundamentales de igualdad ante la Ley, debido proceso, acceso a la administración de Justicia y los demás que encuentre vulnerados el Honorable Juez de Tutela, los cuales le fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en la sentencia de Segunda Instancia No. 294 de fecha 13 de septiembre de 2024, en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001 -33-33-011 2018 -00213-00, demandada la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional “CASUR”.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de la protección de los precitados derechos fundamentales, se ordene al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, revocar y/o dejar sin efectos la sentencia de Se gunda Instancia No. 294 de fecha 13 de septiembre de 2024, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001 -33-33-011-2018-00213-00, demandada la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional “CASUR”, demandante el acá Acciona nte; y en su lugar, en un término no superior a Veinte (20) días se profiera sentencia de segunda instancia en la que se resuelva el recurso de apelación, observando la situación fáctica y jurídica demostrada en el proceso, en especial la condición de ofic ial de la Policía Nacional del Demandante Capitán Nelson Ricardo Cañón Aramendez, y en consecuencia se profiera fallo dando aplicando el régimen pensional para los Oficiales de la Policía Nacional Decreto 1212 de 1990. mas no comoAcción De Tutela

Nacional del Demandante Capitán Nelson Ricardo Cañón Aramendez, y en consecuencia se profiera fallo dando aplicando el régimen pensional para los Oficiales de la Policía Nacional Decreto 1212 de 1990. mas no comoAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-05318-01

Accionante: Nelson Ricardo Cañón Aramendez

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3 equivocadamente lo realizó el Tribunal aplicando el Decreto 754 de 2019.» (Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto del 7 de octubre de 2024, a través del cual se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como autoridad judicial accionada y en calidad de tercero s con interés en el resultado del proceso, al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Cali y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

2.4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a través de la magistrada ponente del fallo cuestionado señaló que la acción instaurada es improcedente pues simplemente refleja la discrepancia del actor con la decisión adoptada.

Sostuvo que esta no trasgredió los derechos fundamentales invocados, sino que por el contrario se ajustó a las pruebas válidamente aportadas al proceso.

2.4.2. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

por el contrario se ajustó a las pruebas válidamente aportadas al proceso.

2.4.2. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 31 de octubre de 2024 declaró improcedente la acción por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Indicó que no se evidenció ninguna vulneración ius fundamental con la decisión y que el núcleo de la controversia planteada se limitó a asuntos meramente legales y probatorios, cuya competencia le corresponde al juez de lo contencioso administrativo que ya había proferido su decisión sobre el asunto y no al de tutela.

2.6. Impugnación

La parte ac cionante, después de insistir en los argumentos de la demanda de tutela, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en consecuencia, se amparen los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

En ese sentido argumentó que de no ser concedido el amparo tendría que acudir a la justicia internacional para hacer valer los derechos negados por e l Estado colombiano o acudir nuevamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control de reparación directa , demandando su alegada falla en la administración de justicia por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.Acción De Tutela

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-05318-01

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4 3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la providencia del 13 de septiembre de 2024 , incurrió en los defectos: fáctico, sustantivo, por error inducido, por decisión sin motivación y de desconocimiento del precedente y con ello en la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso del accionante.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000 . F ue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer Decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que

parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer Decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se ut ilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garant izar

ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garant izar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance deAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-05318-01

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5 quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.

3.3.1.4. Contrario a lo planteado por la primera instancia, esta Sala considera que el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de la presunta existencia de los defectos fáctico, por error inducido, sustantivo, por decisión sin motivación y de desconocimiento del precedente en la providencia censurada, con los que presuntamente se están vulnerando de manera arbitraria los derechos fundamentales a la igualdad, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso del señor Nelson Ricardo Cañón Aramendez.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

los derechos fundamentales a la igualdad, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso del señor Nelson Ricardo Cañón Aramendez.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional2 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa3, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la

2 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU -632 de 2017, SU -195 de 2012, T -143 de 2011, T456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 3 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-05318-01

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6 valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva4, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»5.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»10.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación in debida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

4 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

4 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 5 Corte Constitucional, sentencia SU -222 de 2016, magistrada ponen te: María Victoria Calle Correa.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-05318-01

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7 En otras palabras, una p rovidencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionad a), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con

rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplica r las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»11.

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se

ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»11.

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente vinculante.

En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en laAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-05318-01

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8 jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la regla de la doctrina probable.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal disposición5, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal disposición5, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C -590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez, constituye una c ausal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

Respecto del precedente vertical6, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algun os particulares que exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada, que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídic a y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de

debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima, que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen exp ectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior7.

Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso8. De esta forma, la Corte Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de petrificar la interpretación judicial ni de convertir el cri terio de autoridad en el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de

reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de petrificar la interpretación judicial ni de convertir el cri terio de autoridad en el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación9.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-05318-01

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9 Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un juez unitario o colegiado se aparte del precedent e judicial, es posible indicar que un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente u na interpretación del derecho frente al contexto social actual.

De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las

De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. En tales situ