CE - Sentencia 11001031500020240557000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05570-00

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUCRE

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. SUBSIDIARIEDADLa tutela no procede para plantear argumentos que no fueron formulados ante el juez ordinario.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por el Departamento de Sucre contra el Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Tercera de Decisión.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 16 de octubre de 2024, el Departamento de Sucre, a través de apoderada judicial, interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso administrativo, así como los principios de confianza legítima y de responsabilidad jurídica, que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Tercera de Decisión, al haber proferido la sentencia del 17 de abril de 2024 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 que el señor Michel José García Corpas interpuso en su contra.

Administrativo de Sucre-Sala Tercera de Decisión, al haber proferido la sentencia del 17 de abril de 2024 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 que el señor Michel José García Corpas interpuso en su contra.

En virtud del amparo, solicita que el derecho y los principios alegados sean tutelados y, en consecuencia, que se deje sin efectos la providencia reprochada y se ordene a la autoridad accionada a proferir una nueva decisión.

1 Identificado con número de radicado: 70001-33-33-003-2019-00271-00/01.2 Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05570-00

Solicitante: Departamento de Sucre Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2. Hechos relevantes

El 31 de julio 2019 Michel José García Corpas presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución No. 0367 del 24 de enero de 2019, expedida por el Departamento de Sucre, que ordenó su trasladado para ocupar el mismo cargo de rector que venía ejerciendo en la Institución Educativa de Guaranda, del municipio de Guaranda, a la Institución Educativa San Juan Bautista de Pueblo Nuevo, del municipio de Majagual. A título de restablecimiento del derecho solicitó su reintegro y el reconocimiento de los emolumentos laborales, así como el reajuste de las prestaciones sociales, dejados de percibir con ocasión de su traslado.

El asunto correspondió en primera instancia al Juez Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo quien, por sentencia del 19 de diciembre de 2023 negó

de las prestaciones sociales, dejados de percibir con ocasión de su traslado.

El asunto correspondió en primera instancia al Juez Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo quien, por sentencia del 19 de diciembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda. Inconforme con la decisión, el demandante apeló. El asunto fue conocido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de SucreSala Tercera de Decisión que, por sentencia del 17 de abril de 2024, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda.

3. Fundamentos de la solicitud

El solicitante considera que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, así como los principios de confianza legítima y de responsabilidad jurídica. Afirma que, al proferir la decisión del 17 de abril de 2024, incurrió en desconocimiento del precedente.

Sostuvo que la Corte Constitucional, en relación con los artículos 125 y 209 de la Constitución Política, ha sostenido que la carrera administrativa constituye un principio constitucional y una norma jurídica superior de inmediata aplicación. Plantea que el Constituyente de 1991 impulsó la realización plena y eficaz de los principios de igualdad e imparcialidad, por lo que se ha promocionado un sistema de competencia a partir de los méritos.

En línea con lo anterior, sostiene que el Tribunal no tuvo en consideración que, en virtud de la solicitud No. 20212311187861 que hizo la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC al Departamento, este reportó, certificó y actualizó, en definitiva, los3

En línea con lo anterior, sostiene que el Tribunal no tuvo en consideración que, en virtud de la solicitud No. 20212311187861 que hizo la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC al Departamento, este reportó, certificó y actualizó, en definitiva, los3 Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05570-00

Solicitante: Departamento de Sucre Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

empleos vacantes para los cargos docentes y directivos docentes oficiales. En virtud de lo anterior, se dio apertura a un proceso de selección para proveer el cargo rector en la Institución Educativa de Guaranda, del municipio de Guaranda. Dicho cargo, objeto del reintegro ordenado, cual se encuentra siendo provisto por otro docente, tal como lo evidencia la Resolución No. 0246 del 5 de febrero de 2024, por medio del cual este último fue nombrado. En desarrollo de lo planteado, afirma que:

Al dar cumplimiento a la orden judicial, evidentemente existe un conflicto de intereses, pues también, se comprometen los derechos fundamentales del docente FABIAN MENDOZA STAVE CC. (...) y por supuesto, el principio de la legitima confianza, como corolario de la buena fe, en el sentido de que la administración departamental no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaba el proceso de selección mediante acuerdo No. 2122 de 2021 proferido por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL con el docente que provee el cargo, sin que se le otorgue a esta última un período de transición para que ajuste su comportamiento a una nueva situación administrativa. (...) El fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre, el día 17 de abril de 2024,

sin que se le otorgue a esta última un período de transición para que ajuste su comportamiento a una nueva situación administrativa. (...) El fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre, el día 17 de abril de 2024, nos limita, restringe, cohíbe el cumplimiento judicial debido a que el cargo objeto de la litis se encuentra provisto por el docente FABIAN MENDOZA STAVE(...)

Plantea que lo anterior da cuenta de la configuración de un perjuicio irremediable, por cuanto el concurso de méritos se encuentra en la fase de nombramientos y ya se dio inicio al término de vigencia del registro de elegibles. Adicional a lo anterior, sostiene que el demandante no ha sido desvinculado de la entidad, ni excluido de la nómina, por lo que no es dable traer a colación la figura del «reintegro», pues este ha continuado percibiendo sus salarios y demás emolumentos laborales, por parte del Departamento.

Planteó además que, en virtud de la facultad discrecional de la administración departamental, puede reubicar, al interior de su planta, el cargo de Rector en los municipios que esta compone.

4. Trámite procesal

El 18 de octubre de 2024 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a la autoridad judicial accionada, así como a Michel José García Corpas, en calidad de tercero con interés. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.4 Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05570-00

Solicitante: Departamento de Sucre Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.4 Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05570-00

Solicitante: Departamento de Sucre Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

El Juez Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo remitió copia digital del expediente ordinario y, junto con el resto de las partes, guardó silencio respecto de la solicitud.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la providencia que resolvió acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, incoado contra el solicitante.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 C. Pol y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;

los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;

2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. 3 Ibidem.5 Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05570-00

Solicitante: Departamento de Sucre Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del “precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se

determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tut ela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso

protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tut ela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discu siones de naturaleza eminentemente legal».

4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).6 Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05570-00

Solicitante: Departamento de Sucre Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la C. Pol y el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados5.

Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el objeto de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías

fundamentales invocados5.

Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el objeto de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías legítimas de defensa y reconocimiento de derechos fundamentales 6. La Corte Constitucional, en sentencia SU-062 de 2018, estableció las razones principales que refuerzan el requisito de subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:

«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia (…). [L]a acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su juez natural.

En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman un proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.

Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el

Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones

5 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 6 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.7 Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05570-00

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a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica».

La Corte Constitucional también ha destacado que el requisito de subsidiariedad guarda relación con el deber de identificar de manera razonable los hechos y argumentos que acrediten la trasgresión de derechos fundamentales, de modo que:

(…) se traduce en el deber de demostrar que, en el asunto sub-judice, efectivamente sus derechos están siendo trasgredidos y que ello fue puesto a consideración del juez natural de la causa o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas

(…) se traduce en el deber de demostrar que, en el asunto sub-judice, efectivamente sus derechos están siendo trasgredidos y que ello fue puesto a consideración del juez natural de la causa o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad.7

Caso concreto

El solicitante considera que la autoridad accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso administrativo en concurso de méritos, así como los principios de confianza legítima y de responsabilidad jurídica. Afirma que erró al declarar la nulidad de la Resolución demandada y ordenar reintegrar al actor, no tuvo en cuenta que el cargo respecto del cual ordena el reintegro se encuentra siendo provisto por otro docente, como resultado de un proceso de selección basado en concurso de méritos, el cual fue legalmente adelantado. Tampoco consideró la facultad discrecional que tiene el Departamento para reubicar al interior de su planta según sus necesidades.

La autoridad accionada resolvió declarar la nulidad de la Resolución demandada por cuanto, de conformidad con el material probatorio aportado y el marco normativo aplicable al caso, el traslado del demandante de una institución educativa a otra se hizo por fuera de las exigencias legales que dicha decisión requiere cumplir. Consideró que la facultad discrecional del Departamento, para reubicar su personal, se encuentra limitada, por ello, la entidad territorial, previo a proferir el acto administrativo demandado, debió sustentar su decisión en una recomendación que haya sido orientada por el Consejo Directivo del Establecimiento Educativo, como parte de la motivación del acto administrativo cuestionado. Por lo anterior, afirmó que: no aparece demostrado es que el traslado del rector, ordenado con el fin de resolver

haya sido orientada por el Consejo Directivo del Establecimiento Educativo, como parte de la motivación del acto administrativo cuestionado. Por lo anterior, afirmó que: no aparece demostrado es que el traslado del rector, ordenado con el fin de resolver un conflicto de convivencia en la institución, hubiere estado precedido de la recomendación debidamente sustentada del Consejo Directivo del Establecimiento Educativo como lo establece el numeral 3 del Art. 2.4.5.1.5. del Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 que a la letra establece: “3. Necesidad de resolver un conflicto que

7 Corte Constitucional, sentencia SU-081 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.8 Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05570-00

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afecte seriamente la convivencia dentro de un establecimiento educativo, por recomendación sustentada del consejo directivo” para los traslados no sujetos al proceso ordinario.

Lo anterior en atención a que la exigida recomendación no fue aportada al proceso ni en la resolución controvertida se hace alusión a ello, lo cual configura la causal de nulidad de falta de motivación alegada por la parte demandante.

En este punto se precisa que de conformidad con el artículo 1424 de la Ley 115 de 1994, cada establecimiento educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico. El Consejo Directivo es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento educativo.

conformado por el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico. El Consejo Directivo es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento educativo.

A su vez, la falta de esa recomendación previo a proferir el acto administrativo, constituye una violación al derecho al debido proceso del demandante en tanto se desconoció un requisito establecido en el ordenamiento para proceder al traslado, el cual debió ser observado por cuanto no se estaba llevando un traslado ordinario.

La Sala advierte que los argumentos presentados por el solicitante, respecto de cuestionar la decisión de la declaratoria de nulidad del acto demandado, no acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias de carácter netamente legal. Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.

Adicional a lo anterior, la Sala observa que la parte accionante no acreditó haber

razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.

Adicional a lo anterior, la Sala observa que la parte accionante no acreditó haber puesto en conocimiento del juez natural del proceso ordinario, en ninguno de los momentos procesales destinados para ello, las situaciones de hecho y argumentos que expone ahora en sede de tutela, respecto de la imposibilidad de reintegrar al demandante al cargo pretendido, por cuanto este se encuentra siendo provisto por9 Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05570-00

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otro docente, legalmente nombrado en el marco de un proceso de concurso de méritos ya adelantado. El solicitante, teniendo de presente dicha situación, pudo haberla puesto de presente por medio de los momentos procesales destinados para ello. Esto, además, por cuanto el acto administrativo de nombramiento del nuevo docente se realizó antes de la expedición de la decisión judicial, ahora cuestionada.

La Sala advierte que la tutela, como mecanismo constitucional subsidiario, no puede ser utilizada con el fin de subsanar errores de procedimiento cometidos por quien la presenta. Lo anterior desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela como mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales, permitiendo que la parte accionante se beneficie de sus propias omisiones al no haber expuesto, a través de los mecanismos dispuestos por el ordenamiento para ello, la imposibilidad de reintegrar al demandante al cargo pretendido, por encontrarse este siendo provisto por otro docente, en virtud de la Resolución No. 0246 del 5 de febrero de

través de los mecanismos dispuestos por el ordenamiento para ello, la imposibilidad de reintegrar al demandante al cargo pretendido, por encontrarse este siendo provisto por otro docente, en virtud de la Resolución No. 0246 del 5 de febrero de 2024, y que ahora reprocha en sede de tutela8.

Como los hechos y argumentos que fundan la vulneración de derechos fundamentales no fueron objeto de debate ante el juez natural de la causa, la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, respecto de este punto, por lo que este argumento también resulta improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela del Departamento de

Sucre contra el Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Tercera de Decisión.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 8 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2015, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez: La acción de tutela no es un medio alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello, cuando quiera que las personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus derechos fundamentales están siendo transgredidos. Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a consideración del

personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus derechos fundamentales están siendo transgredidos. Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a consideración del juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad.10 Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05570-00

Solicitante: Departamento de Sucre Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

NICOLÁS YEPES CORRALES WILLIAM BARRERA MUÑOZ