CE - Sentencia 11001031500020240569701 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05697-01

Demandante: Gensol de Colombia S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05697-01

Accionante: Gensol de Colombia S.A.S.

Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencias judiciales Subtema 1: Decisión sin motivació n.

Subtema 2: Defecto fÆctico. Subtema 3: Desconocimiento del precedente judicial. Subte ma 4: Requisitos generales de procedencia – Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia del 5 de diciembre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Gensol de Colombia SAS 1, por conducto de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la adm inistración de justicia, que consideró vulnerados por la Subsección B de la Sección Tercera del

Gensol de Colombia SAS 1, por conducto de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la adm inistración de justicia, que consideró vulnerados por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia del 2 de agosto de 2024, que modificó el fallo dictado el 21 de agosto de 2019, por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco del proceso de reparación directa, identificado con el nœmero de radicado 25000-23-36-000 -201401104-00/01.

2. Hechos

2.1. La sociedad comercial Gensol de Colombia SAS -antes denominada Cummins de Colombia SA-, en adelante Gensol, solicitó al Banco de Occidente la expedición de un cheque por la suma de doscientos mil dólares (200.000 USD) pag adero a orden de la sociedad Cumminis Engine Co. En consecuencia, el 28 de abril de 2006

1 Archivo electrónico identificado con certificado F6598FF1847AF5A4 FB1B8 B375EDD3140 87E1EDE080A97343 48B73966291A5A52, ubicado en el índice 2 del expedi ente digital de primera instancia.0000

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la entidad bancaria emitió el título valor nœmero 5371 y, para dichos efectos, debitó de la cuenta corriente de la organización el valor $475.300.000.

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la entidad bancaria emitió el título valor nœmero 5371 y, para dichos efectos, debitó de la cuenta corriente de la organización el valor $475.300.000.

2.2. La Policía Fiscal y Aduanera de Barranquilla, el 9 de mayo de 2006, retuvo el referido cheque nœmero 5371 porque Gensol pretendió sacarlo del p aís sin haber diligenciado el formulario “DIAN 534” y, en consecuencia, lo puso a disposici ón de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.3. La DIAN profirió la Resolución 2479 del 18 de octubre de 2006, a travØs de la cual impuso una sanción a Gensol por un valor de $135.125.910, por el hecho de haber cometido una infracción cambiaria. Por lo tanto, Gensol solicitó al Banco d e Occidente la reexpedición del mencionado cheque nœmero 5371, para así poder pagar la sanción cambiaria impuesta en su contra, no obstante, su requerimiento no fue atendido.

2.4. En consecuencia, Gensol reclamó en repetidas ocasiones a la DIAN la restitución del título valor con la finalidad de recuperar los recursos ante el Banco de Occidente con el fin de cancelar la multa impuesta en su contra, pese a ello sus peticiones fueron denegadas.

2.5. El 9 de noviembre de 2012, la DIAN autorizó el desglose de l cheque nœmero 5371, y el 21 de enero de 2013 se efectuó la respectiva devolución.

2.6. Posteriormente, el 23 de enero de 2013, Gensol negoció con el Banco de

5371, y el 21 de enero de 2013 se efectuó la respectiva devolución.

2.6. Posteriormente, el 23 de enero de 2013, Gensol negoció con el Banco de Occidente la suma de doscientos mil dólares (200.000 USD), producto del valor del cheque nœmero 5371, por la suma de $355.043.828. Por ende, el 3 de diciembre de 2013, la DIAN actualizó la sanción impuesta a la suma de $172.049.910.

2.7. Por lo anterior, Gensol presentó una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el propósito de que se declarara la responsabil idad patrimonial y extracontractual de la DIAN por el retraso injustificado en la devolución del cheque nœmero 5371. Dicho retraso se originó a pesar de que, medi ante la Resolución nœmero 2479 del 18 de octubre de 2006, la entidad dispuso que los fondos del título valor no serían tenidos en cuenta para descontar e l monto de la sanción impuesta por la infracción cambiaria y, por lo tanto, su retención n o era procedente. Como consecuencia, se produjo un detrimento en el patrimonio d e la sociedad accionante.

2.8. El proceso se identificó bajo el radicado nœmero 25000-23-36-000-2014-0110400 y su conocimiento correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que, mediante sentencia del 21 de agosto de 2019, declaró la responsabilidad patrimon ial extracontractual de la DIAN en la medida en que la restitución del título valor se hizo de manera tardía e injustificada.0000

sentencia del 21 de agosto de 2019, declaró la responsabilidad patrimon ial extracontractual de la DIAN en la medida en que la restitución del título valor se hizo de manera tardía e injustificada.0000

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Seæaló que, si bien en el marco del proceso administrativo cambiario iniciado contra la sociedad demandante la entidad estatal tenía facultad para retener el cheq ue nœmero 5371 y descontar de este el valor de la sanción impuesta , conforme al artículo 35 del Decreto 1092 de 1996, lo cierto es que, mediante la Resolución nœmero 2479 del 18 de octubre de 2006, se dispuso que el título valor se conservaría œnicamente como prueba material. En consecuencia, era viable reproducir una copia del documento para que reposara en el expediente y así entregar el original a la actora.

2.9. Inconforme con la decisión, la DIAN interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante fallo del 2 de agosto de 2024, que modificó la decisión de primera instancia. En dicho fallo, se seæaló que la retención del cheque nœmero 5371 no e ra procedente para asegurar el pago de la sanción impuesta a la sociedad Gensol, ya que la misma DIAN, a travØs de la resolución cambiaria, dispuso que el monto de la multa no sería descontado de los fondos del título valor, sino que dicho acto administrativo constituiría el título ejecutivo para el recaudo de la cuantía de la infracción.

descontado de los fondos del título valor, sino que dicho acto administrativo constituiría el título ejecutivo para el recaudo de la cuantía de la infracción.

Así entonces, respecto al daæo emergente, a pesar de que le correspo ndía una suma superior a la sociedad Gensol, la autoridad judicial confirmó la condena impuesta por el Tribunal por un valor de $118.334.000, toda vez qu e esto no fue objeto de apelación por parte de la demandante.

En cuanto al lucro cesante, el juez de segunda instancia manifestó qu e, como la parte accionante no recurrió la decisión que negó el reconocimiento de los intereses moratorios, lo procedente era confirmar ese aspecto y revocar la indemnización otorgada por el rendimiento del capital porque ello no fue solicitado en las pretensiones de la demanda.

Por œltimo, advirtió que como la DIAN fue apelante œnico e impugnó un a specto global de la sentencia de primera instancia, esto es, su responsabilidad patrimonial extracontractual, la Sala quedaba habilitada para revisar las particularidades que hacen parte de ese aspecto mÆs general tal como el estudio de los perju icios otorgados por el a quo, por lo tanto, adujo que como el reconocimiento de intereses legales no hizo parte de los requerimientos de la demanda, era pertinente revo car dicha condena.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud de amparo

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió al juez constitucional dejar sin efectos la sentencia del 2 de agosto de 2024 p roferida por

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió al juez constitucional dejar sin efectos la sentencia del 2 de agosto de 2024 p roferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado “UNICAMENTE (sic) en lo que ataæe a la negativa de reconocer el lucro cesante otorgad o por el TRIBUNAL DE CUNDINAMARCASECCIÓN TERCERA, por valor de0000

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$1.079.230.100” y, en su lugar, ordenar que dentro de los 10 días siguientes a la notificación del fallo de tutela se dicte fallo de reemplazo en atención a l os argumentos expuestos en la solicitud de amparo.

Como sustento de sus pretensiones la parte tutelante afirmó que la decisión cuestionada incurrió en violación directa de la Constitución, defecto sustantivo y fÆctico y desconocimiento del precedente constitucional y judicial.

Sostuvo que la decisión objeto de reparos vulneró su derecho al debido proceso, en la medida en que se configuró una irregularidad procesal, la cual tuvo efecto decisivo y determinante, por cuanto confundió la pretensión principal deno minada “lucro cesante”, que se solicitó con la demanda, con la forma de liquidarla o determinarla.

Indicó que la DIAN, en su contestación de la demanda no se pronunció, ni se opuso a la pretensión de lucro cesante, así como tampoco en su recurso de ape lación

determinarla.

Indicó que la DIAN, en su contestación de la demanda no se pronunció, ni se opuso a la pretensión de lucro cesante, así como tampoco en su recurso de ape lación presentó reparos al respecto. Simplemente, de forma global, afirma que las pretensiones son improcedentes.

Expuso que la autoridad demandada incurrió en defecto sustantivo por insuficiente sustentación. Para el efecto explicó que la autoridad censurada desbordó el marco fijado por las partes, en la medida en que le estaba vedado pronunciarse sob re supuestos y peticiones no discutidas por las partes al interior del proceso. Concretamente, lo relacionado con el lucro cesante y su forma de determinarlo.

Manifestó que la decisión cuestionada carecía de apoyo probatorio, “cuando afirma que la pretensión de intereses legales no se solicitó en la demanda inicial, cuando en realidad se trata de establecer, si se solicitó o no la pretensión del lucro cesante en la demanda, porque la tasa de interØs moratorio propuesta en la demanda y cambiada por intereses legales por el a quo, es la forma en que se liqu ida o determina la pretensión del lucro cesante, pero no es la pretensión en sí misma y por ello la decisión tomada de negar la indemnización queda sin sustento lega l o falsamente motivada, el cual quebranta el postulado del debido proceso como derecho fundamental”2.

Por otra parte, adujo que el fallo atacado desconoció las sentencias T-533 de 2012 y C-197 de 1999 que han seæalado “que la justicia rogada aplica para cuando un ciudadano solicita la nulidad de un acto administrativo y no cuando el objeto de la

y C-197 de 1999 que han seæalado “que la justicia rogada aplica para cuando un ciudadano solicita la nulidad de un acto administrativo y no cuando el objeto de la demanda es la declaratoria de la responsabilidad del Estado” . En igual sentido, indicó que no se tuvo en cuenta la sentencia del 8 de agosto de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, expediente radicado 27993, en la q ue explicó que la justicia rogada tiene dos implicaciones, así:

2 Ibidem.0000

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“La primera «la imposibilidad de iniciar de oficio un trámite judicial, pues se entiende que la persona interesada en reclamarle a la Administración la ocurrencia de un daæo antijurídico, tiene la carga procesal de presentar la demanda, exponiendo con suficiencia las razones que le sirven de fundamento a sus pretensiones. Por consiguiente, el A quo no puede, al momento de tramitar y decidir de fondo el asunto, rebasar el marco de la relación jurídico procesal trabada por las partes» y, la segunda «involucra, la imposibilidad del fallador para iniciar de oficio el trÆmite de apelación, ya que son los sujetos procesales involucrados en la causa los que tienen el deber de sustentar los motivos de su inconformidad. Así visto, la competencia del juez de alzada se restringe a los cargos que fueron formulados por las partes a través del recurso de apelación»”

Finalmente, consideró que la decisión cuestionada desconoció el criterio

competencia del juez de alzada se restringe a los cargos que fueron formulados por las partes a través del recurso de apelación»”

Finalmente, consideró que la decisión cuestionada desconoció el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado. Lo anterior porque no tuvo en cuenta la sentencia proferida el 21 de julio de 2021 por la Sección Segunda del Cons ejo de Estado, en la que se afirmó que los perjuicios materiales hacen refere ncia al deterioro patrimonial que sufre una persona con ocasión de un daæo antijurídico, es decir, por una lesión de sus intereses pecuniarios que no estÆn en la obligación de soportar. En igual sentido, arguyó que no se aplicó la sentencia del 22 de abril de 2015, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se unificó el tema del pago del lucro cesante.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

El Despacho del magistrado ponente de primera instancia, con auto del 14 de noviembre de 2024 3, admitió la acción, vinculó como terceros con interØs a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la DIAN, y ordenó la notificación a las partes.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

4.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado contestó la acción de tutela y solicito declarar la improcedencia de la acción, porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que lo que realmente pretende la accionante, es provocar el estudio del asunto como si se tratara de una tercera instancia.

con el requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que lo que realmente pretende la accionante, es provocar el estudio del asunto como si se tratara de una tercera instancia.

Indicó que la decisión cuestionada realizó un correcto anÆlisis fÆctico, probatori o y jurídico ya que se sustentó en derecho y con base en los medios de prueb a valorados de manera razonada e integral.

3 Archivo electrónico identificado con certificado 1100AFB73D95875A 9A760 35C9D60CA5D 8B8A30371A2BD100 856D04BB68EF041A, ubicado en el índice 12 del expediente digital de primera instancia.0000

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4.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegó el respectivo informe, mediante el cual deprecó que se declare la improcedencia de la acción o, en su defecto se denieguen las pretensiones de la demanda.

Advirtió que, de la lectura de la solicitud de amparo, era posible inferir que e l demandante buscaba utilizar el mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional del proceso ordinario, en la medida en que se presen tan una serie de objeciones de tipo legal respecto de la decisión censurada.

4.3. La DIAN solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, con fundamento en que en la acción tuitiva no se acreditaron ni se expusieron de manera clara las razones por las cuales el asunto tenía trascendencia constitucional. En ese

4.3. La DIAN solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, con fundamento en que en la acción tuitiva no se acreditaron ni se expusieron de manera clara las razones por las cuales el asunto tenía trascendencia constitucional. En ese sentido, seæaló que los planteamientos carecen de suficiencia argumentativa respecto a la presunta relevancia constitucional del caso. Adicionalmente sostuvo que la solicitud de amparo no superaba el requisito de subsidiariedad.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 5 de diciemb re de 20244, declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

El juez constitucional de primera instancia sostuvo, en síntesis, que el asun to controvertido por la actora ya fue objeto de estudio por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y que la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resue lto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades accionada s incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación contra la decisión de prim era instancia en el que reiteró los todos argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Sostuvo que el juez constitucional de primera instancia descontextualizó la argumentación jurídica y no estudió ni transcribió los pÆrrafos relacionados con la argumentación de la relevancia constitucional.

Sostuvo que el juez constitucional de primera instancia descontextualizó la argumentación jurídica y no estudió ni transcribió los pÆrrafos relacionados con la argumentación de la relevancia constitucional.

4 Archivo electrónico identificado con certificado C440E8975A4D2DDA 9A9D7F5 A4A21E33B 7BAA1631CC00C4B8 4243346C764F3E81, ubicado en el índice 23 del expediente digital de primera instancia.0000

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El magistrado ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, a travØ s de auto del 20 de enero de 2025 5, concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque la sociedad Gensol de Colombia SAS es la titular de las garantías constitucion ales que afirma fueron vulneradas en su condición de parte demandante d entro del proceso de reparación directa con radicado 25000-23-36-000-2014-01104-00/01.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva porque la

proceso de reparación directa con radicado 25000-23-36-000-2014-01104-00/01.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva porque la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue la autoridad porque profirió la sentencia del 2 de agosto de 2024, que puso fin al proceso de reparación directa radicado 25000-23-36-000-2014-01104-00/01 y que, seg œn la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederÆ a realizar el estudio de fondo fren te a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preli minar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento d e fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

5 Archivo electrónico identificado con certificado 85C1B6F2F20E49DA C9F42FE2 30644BA0

de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

5 Archivo electrónico identificado con certificado 85C1B6F2F20E49DA C9F42FE2 30644BA0 7B4EAEE464B115CC 7C0201B0FD9BD80B ubicado en el índice 32 del expediente digit al de primera instancia.0000

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Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 6 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que habilitan la interposición de la tutela 7 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto8.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento jud icial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración d e justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”9.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuy o objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga

decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuy o objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 7 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: qu e el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proces o y; que el fallo censurado no sea de tutela 8 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia jud icial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser razón suficiente

concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o i nconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de l os fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Cor te Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinari o aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato cons agrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.

jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato cons agrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 9 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.0000

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Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”10.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un de recho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

AdemÆs, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho mÆs estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el anÆlisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas ; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derecho s fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del ju ez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de proced ibilidad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el

Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interØs pœblico, ya que el asunto debe trascender el interØs particular de las partes y generar un efecto mÆs amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

10 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.0000

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Respecto de esta œltima, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho trÆnsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en tØrminos de los defectos definidos por la jurisprudencia como œnicas causales que habilitan el control constitucional concreto11.

5. Caso concreto

La parte actora consideró que la decisión cuestionada incurrió en violación dir ecta de la Constitución, defecto sustantivo y fÆctico y desconocimiento del precedente constitucional y judicial.

5.1. Respecto al defecto de decisión sin motivación,