CE - Sentencia 11001031500020240575801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 31 de marzo de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05758-01

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL |Disciplinario| Relevancia constitucional - confirma

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de única instancia que la declaró responsable disciplinari amente y le impuso una sanción de suspensión de su cargo , así como los autos que resolvieron una solicitud de nulidad y un recurso de reposición presentados con posterioridad.

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora contra la Sentencia de 5 de diciembre de 2024 , mediante la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 24 de octubre de 2024, Gloria Patricia Montoya Arbeláez presentó una acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso

(defensa) e igualdad , con ocasión de unas providencias que fueron proferidas por la autoridad judicial accionada en el marco del proceso disciplinario No. 11001-01-02-000-2016 03091-003.

1 El artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación. 2 “PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y la Corte Suprema de Justicia, atendiendo lo señalado en la parte motiva. // SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Gloria Patricia Montoya Arbeláez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.” 3 La Sentencia de 28 de mayo de 2023 que declaró disciplinariamente responsable a la accionante, el Auto de 17 de julio de 2023 que negó una solicitud de nulidad formulada por ella y el Auto de 17 de julio de 2024 que resolvió

3 La Sentencia de 28 de mayo de 2023 que declaró disciplinariamente responsable a la accionante, el Auto de 17 de julio de 2023 que negó una solicitud de nulidad formulada por ella y el Auto de 17 de julio de 2024 que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el Auto de 17 de julio de 2023.Radicación: 11001-03-15-0002024-05758-01

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma ______________________________________________________________________________________________________________

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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“PRETENSIÓN PRINCIPAL.

Se deje sin efecto la sentencia proferida el ocho de mayo de 2023, dentro del proceso disciplinario 11001010200003091 -00, por constituir una vía de hecho al ser proferida con vulneración al debido proceso, derecho de defensa e igualdad, por haberse omitido la oportunidad para presentar alegatos de conclusión al no haber sido notificado por estados el auto que concedió el traslado de diez (10) días para hacerlo.

Consecuencialmente, ordenar a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, que profiera una nueva decisión declarando la nulidad de lo actuado desde el 14 de abril de 2023, y en lugar ORDENE la terminación y archivo del proceso disciplinario por haberse configurado la prescripción de la acción desde el nueve de mayo de 2023, librando los oficios correspondientes a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

archivo del proceso disciplinario por haberse configurado la prescripción de la acción desde el nueve de mayo de 2023, librando los oficios correspondientes a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN NACIONAL DE

ADMINISTRACION JUDICIAL.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA En caso de no ser acogida la pretensión principal antes enunciada, se deje sin efecto el auto proferido el 17 de julio de 2023, por la DRA. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS, dentro del proceso disciplinario 11001010200003091-00, por constituir una vía de hecho al ser proferido con vulneración al debido proceso, derecho de defensa e igualdad, por desconocer que se configuró nulidad de la sentencia de mayo ocho de 2023, al haberse omitido la oportunidad para presentar alegatos de conclusión por no haber sido no tificado por estados el auto que concedió el traslado de diez (10) días para hacerlo.

Consecuencialmente, ordenar a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, que profiera una nueva decisión declarando la nulidad de la sentencia de mayo ocho de 2023, y en su lugar ORDENE la terminación y archivo del proceso disciplinario por haberse configurado la prescripción de la acción desde el nueve de mayo de 2023, librando los oficios correspon dientes a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN NACIONAL DE

ADMINISTRACION JUDICIAL.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN NACIONAL DE

ADMINISTRACION JUDICIAL.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

destacan los siguientes:

4. 1) Entre el 1 de mayo de 2003 y el 31 de mayo de 2023, Gloria Patricia Montoya Arbeláez se desempeñó como magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín. Durante el tiempo laborado le iniciaron múltiples vigilancias judiciales administrativas por la congestión del despacho, entre ellas, la No. 2016-143, a raíz de la cual se remitieron copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que evaluara una posible falta disciplinaria.

5. 2) Por Auto de 9 de mayo de 2018, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ordenó la apertura formal de la investigación disciplinaria contra Gloria Patricia Montoya Arbeláez, y el 31 de julio de 2019, formuló pliego de cargos en su contra por, presuntamente, incurrir en la prohibiciónRadicación: 11001-03-15-0002024-05758-01

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma ______________________________________________________________________________________________________________

3 de 11 establecida en el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996 4, al no resolver el recurso de apelación dentro de la acción popular No. 2013-00681Decisión: Confirma ______________________________________________________________________________________________________________

3 de 11 establecida en el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996 4, al no resolver el recurso de apelación dentro de la acción popular No. 2013-0068101 en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley 472 de 19985.

6. 3) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante Auto de 1 de febrero de 2023, resolvió la solicitud probatoria presentada6; mediante Auto de 27 de febrero de 2023, decidió no reponer la decisión anterior; en Auto de 16 de marzo de 2023, negó una solicitud de nulidad formulada por la señora Montoya Arbeláez 7 y, en Auto de 14 de abril de 2023 , resolvió no reponer la d ecisión de 16 de marzo de 2023, declaró cerrado el debate probatorio y corrió traslado a los sujetos procesales por el término de 10 días para la presentación de sus alegatos de conclusión.

7. 4) En Sentencia de única instancia de 8 de mayo de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial declaró disciplinariamente responsable a Gloria Patricia Montoya Arbeláez . Determinó que no estaba justificada la demora de casi 3 años en resolver el recurso de apelación presentado en la acción popular No. 2013 -00681-01 y, en consecuencia, la sancionó con suspensión de 2 meses en el ejercicio del cargo.

8. 5) El 11 de mayo de 2023, la señora Montoya Arbeláez solicitó la nulidad de la sentencia con fundamento en las causales 2 y 3 del artículo

suspensión de 2 meses en el ejercicio del cargo.

8. 5) El 11 de mayo de 2023, la señora Montoya Arbeláez solicitó la nulidad de la sentencia con fundamento en las causales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002 8. Sostuvo que se le vulneró el debido proceso

(defensa), dado que: a) las providencias de 27 de febrero, 16 de marzo y 14 de abril de 2023 las adoptó únicamente la magistrada ponente y no la totalidad de la Sala de Decisión como lo ordena el artículo 199 de la Ley 734 de 2002 , y b) e l Auto de 14 de abril de 2023 no se notificó por estado conforme lo exigen los artículos 105 y 169 de la Ley 734 de 2002 , pero en la sentencia se afirmó que sí.

4 “Artículo 154. Prohibiciones. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está prohibido:(…) 3. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados (…)” 5 “Artículo 37. Recurso de Apelación. El recurso de apelación procederá contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto dentro de los veinte (20) días siguien tes contados a partir de la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal competente. La práctica de pruebas durante la segunda instancia se sujetará, también, a la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil; en el auto que admite el recu rso se fijará un plazo para la práctica

Tribunal competente. La práctica de pruebas durante la segunda instancia se sujetará, también, a la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil; en el auto que admite el recu rso se fijará un plazo para la práctica de las pruebas que, en ningún caso, excederá de diez (10) días contados a partir de la notificación de dicho auto; el plazo para resolver el recurso se entenderá ampliado en el término señalado para la práctica de pruebas.” 6 En el sentido de negar unas pruebas documentales por inútiles, superfluas e impertinentes (Decisiones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constituci onal sobre el archivo o negación frente a las moras judiciales atribuidas, así como estadísticas reportadas), y acceder a otras (Permisos e incapacidades concedidos, certificaciones médicas y oficiar y/o requerir a entidades como la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, para que informen sobre la carga laboral y los antecedentes disciplinarios de la demandada). 7 En la cual ella alegó una falta de competencia funcional, la violación al derecho de defensa y la existencia de irregularidades sustanciales que afectaban el debido proceso. Sostuvo, entre otros, que no podía acudirse a la integración normativa para aplicar el artículo 35 del CGP, sino que debía aplicarse el artículo 195 de la Ley 734 de 2002, y que, e n virtud del artículo 199 de la Ley 734 de 20 02, la magistrada ponente no podía resolver individualmente la reposición del auto, sino que dicha decisión le correspondía a la Sala Plena de la corporación.

2002, y que, e n virtud del artículo 199 de la Ley 734 de 20 02, la magistrada ponente no podía resolver individualmente la reposición del auto, sino que dicha decisión le correspondía a la Sala Plena de la corporación. 8 “Artículo 143. Son causales de nulidad las siguientes: (…) 2. La violación del derecho de defensa del investigado.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”.Radicación: 11001-03-15-0002024-05758-01

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma ______________________________________________________________________________________________________________

4 de 11 9. 6) Mediante Auto de 17 de julio de 2023 , la Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió rechazar la solicitud de nulidad porque, a) aunque se alegó que aquella se configuró al proferir el fallo , fue por una acto procesal anterior, b) la seguridad jurídica impedía volver sobre las decisiones de 27 de febrero y 16 de marzo de 2023, respecto de las cuales ya había un pronunciamiento en el Auto de 14 de abril de 2023, y c) si bien no hubo notificación por estado, se notificó al correo electrónico gloriapmontoyaa@hotmail.com, el 17 de abril de 2023, por lo que se logró la finalidad de “enteramiento de la disciplinable ”. Sobre ello, precisó que la Ley 2213 de 2022 previó que las notificaciones también podían efectuarse con el envío de la providencia a través de mensaje de datos.

10. 7) El 27 de julio de 2023, a través de correo electrónic o, la señora

Ley 2213 de 2022 previó que las notificaciones también podían efectuarse con el envío de la providencia a través de mensaje de datos.

10. 7) El 27 de julio de 2023, a través de correo electrónic o, la señora Montoya Arbeláez presentó recurso de reposición contra la decisión de 17 de julio de 2023. Alegó que, entre otros, no se observaron los artículos 100, 103, 105 y 111 de la Ley 734 de 2002, pues se notificó personalmente el Auto de 14 de abril de 2023, cuando este debió ser notificado por estado y a pesar de que siempre manifestó su negativa a la notificación por medios electrónicos. Así mismo, indicó que era jurídicamente imposible que alegara la nulidad antes de la sentencia, pues solo cuando esta se profirió y se le comunicó se configuró la vulneración, ya que para esa fecha no se había notificado por estado el auto que corrió traslado para alegar de conclusión.

Con fundamento en ello, pidió que se dejara sin efectos el auto recurrido, se declarara la nulidad de la Sentencia de 8 de mayo de 2023 y se ordenara la terminación y archivo del proceso por haberse configurado la prescripción de la acción disciplinaria desde el 9 de mayo de 2023.

11. 8) La señora Montoya Arbeláez indicó que, el 6 de noviembre de 2023,

(se trascribe) “por los mismos hechos y derechos”, presentó una acción de tutela, identificada con el radicado No. 11001 -03-15-000-2023-06812-00, la cual le correspondió a esta Sala, la Subsección B de la Sección Tercera del

tutela, identificada con el radicado No. 11001 -03-15-000-2023-06812-00, la cual le correspondió a esta Sala, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que, en Sentencia de 11 de diciembre de 2023, declaró la improcedencia por falta de subsidiariedad, ya que el recurso de reposición contra el auto que rechazó la nulidad no había sido resuelto 9. Dicha decisión fue confirmada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia de 18 de marzo de 2024.

12. 9) Por Auto de 1 de abril de 2024 , la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió no reponer la decisión de 17 de julio de 2023. Estableció que la accionante desconoció el principio de preclusión procesal al fundamentar su solicitud de nulidad en cuestionamientos sobre los Autos de 27 de febrero y 16 de marzo de 2023 . Sobre la inobservancia de normas en

9 También se evidenció que en dicha providencia se negó el amparo respecto de la aparente mora judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para resolver, precisamente, el recurso de reposición.Radicación: 11001-03-15-0002024-05758-01

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma ______________________________________________________________________________________________________________

5 de 11 relación con la falta de notificación por estado, r eiteró que no ofrecía discusión que la Ley 2213 de 2022 previó que las notificaciones podían efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de

5 de 11 relación con la falta de notificación por estado, r eiteró que no ofrecía discusión que la Ley 2213 de 2022 previó que las notificaciones podían efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de daos a la dirección electrónica del interesado, y que la señora Montoya Arbeláez no negó que el mensaje se le entregó. Además, indicó que conforme con la jurisprudencia10, no se podía declarar la nulidad de un acto cuando este cumplía la finalidad a la que estaba destinado.

13. Respecto al reparo de que era imposible alegar la nulidad antes de la sentencia, insistió en que el Auto de 14 de abril de 2023 fue notificado personalmente, sin que la recurrente lo hubiese controvertido, pero optó por guardar silencio (se trascribe) “en torno a que esa determinación se le puso en conocimiento en el correo electrónico a través del cual ha dirigido todos sus escritos en esta actuación”. Agregó que el Ministerio Público también fue notificado personalmente y ello no impidió que alegará de conclusión.

14. El fundamento de la vulneración radicó en que, (se trascribe) “Con la sentencia de mayo ocho de 2023, notificada por edicto de mayo 12 de 2023 y con el auto que denegó la declaratoria de nulidad de ésta, proferido el 17 de julio de 2023, que adquirió firmeza el 24 de abril de 2024 (cuando se notificó la resolución del recurso de reposición), nos fue vulner ado el derecho de defensa, contradicción, debido proceso, así como el derecho a la igualdad, por pretermitirse la oportunidad de presentar los alegatos de

notificó la resolución del recurso de reposición), nos fue vulner ado el derecho de defensa, contradicción, debido proceso, así como el derecho a la igualdad, por pretermitirse la oportunidad de presentar los alegatos de conclusión y no declarar la terminación del proceso por 22 haberse configurado la prescripción de la acción disciplinaria”.

15. A juicio de la parte actora, la decisión de negar la nulidad de la sentencia constituía una “vía de hecho ”, porque con ello se evitó que se consolidara el término de prescripción de la acción disciplinaria el 9 mayo de 2023 , y porque, a pesar de que indicó que no recibiría notificaciones personales por correo electrónico, así se hizo. Con lo cual, además, se vulneró su derecho a la igualdad porque en otros procesos disciplinario s11, los autos que concedieron traslado para alegar de conclusión fueron notificados por oficio enviado por correo físico y posteriormente por estado.

16. Por último, advirtió que esta acción era diferente a la identificada con el radicado No. 11001 -03-15-000-2023-06812-00/01, ya que aquella fue declarada improcedente por falta de subsidiariedad , mientras que esta se interpuso una vez cumplido tal requisito, es decir, una vez se resolvió, en Auto de 1 de abril de 2024, el recurso de reposición que se encontraba pendiente, el cual se resolvió 1 año y 2 meses después de haberse interpuesto (27 de

10 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal. Sentencia de 26 de octubre de 2011, Rad. 32143.

el cual se resolvió 1 año y 2 meses después de haberse interpuesto (27 de

10 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal. Sentencia de 26 de octubre de 2011, Rad. 32143. 11 110010102000201502405-00, 110010102000201502212-00, 110010102000201603626 -00, Acumulados . 11001010200020170592-00, 110010102000201800058-00, 110010102000201800059-00.Radicación: 11001-03-15-0002024-05758-01

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma ______________________________________________________________________________________________________________

6 de 11 julio de 2023). Por ello, solicitó que se estudiara de fondo su solicitud de amparo.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

17. Mediante Sentencia de 5 de diciembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional , pues se utilizó como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces, e insistir en la presunta existencia de una causal de nulidad en la sentencia disciplinaria de 18 de mayo de 2023, lo cual ya había sido objeto de debate ante el juez natural de la causa en los Autos de 17 de julio de 2023 y 1 de abril de 2024.

18. Inconforme con la sentencia de tutela de primera instancia, la parte actora presentó escrito de impugnación, en el que alegó que no pretendía

2023 y 1 de abril de 2024.

18. Inconforme con la sentencia de tutela de primera instancia, la parte actora presentó escrito de impugnación, en el que alegó que no pretendía revivir el debate sobre las pruebas o las nulidades que ya fueron resueltas sino que pretendía demostrar las arbitrariedades y abusos cometidos a lo largo del proceso disciplinario, en especial con el auto que corrió traslado para alegar, el cual debió ser notificado por estado, pero que se hizo por correo electrónico a pesar de que de manera clara y expresa no había autorizado. Ante eso, insistió en que ha nulidad se configuró cuando se profirió sentencia sin sus alegatos y con desconocimiento de su derecho de defensa, de manera que era jurídicamente imposible alegarla antes.

19. Reiteró que la magistrada ponente modificó en varias ocasiones el rito del proceso, sin ninguna justificación: (a) resolvió recursos como sustanciadora cuando eran competencia de la Sala Plena; y (b) omitió notificar por estado el traslado para alegar, ya que si lo hacía (se trascribe) “no le sería posible proferir sentencia antes del nueve de mayo de 2023, cuando operaba la prescripción”.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

20. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela satisfizo, o no, el requisito de relevancia constitucional. En el evento en el que

2.1. Fijación de la controversia

20. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela satisfizo, o no, el requisito de relevancia constitucional. En el evento en el que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, se procederá a establecer, una vez verificados los demás requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos al debido proceso (defensa) eRadicación: 11001-03-15-0002024-05758-01

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma ______________________________________________________________________________________________________________

7 de 11 igualdad al proferir la Sentencia de 18 de mayo de 2023 y los Autos de 17 de julio de 2023 y 1 de abril de 2024, en el proceso disciplinario No. 11001-01-02000-2016 03091 -00. Como consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o revocará la decisión de primer grado.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

21. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

22. Para la Corte Constitucional, la relevancia constitucional encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia adicional p ara reabrir debates de carácter legal . En ese orden,

competencias tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia adicional p ara reabrir debates de carácter legal . En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en una instancia adicional12.

23. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige, adicionalmente, que se demuestre una vulneración des proporcionada y/o arbitraria de un derecho fundamental13.

24. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001 -03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una carga argumentativ a por parte del accionante que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto 14; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia

12 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022. 13 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

12 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022. 13 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024. 14 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundam entales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es men os cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”Radicación: 11001-03-15-0002024-05758-01

Demandante: Gloria Patricia Montoya Arbeláez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma ______________________________________________________________________________________________________________

8 de 11 adicional al proceso ordinario15 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad16.

25. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU -295 de 2023 17, estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres

derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad16.

25. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU -295 de 2023 17, estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2) perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

26. Bajo este entendido, la Sala estima que , en el presente caso , no se cumplió con el mencionado requisito porque la parte actora , como lo determinó el juez de tutela de primera instancia, pretende reabrir el debate sobre la falta de competencia de la magistrada ponente para proferir algunas providencias en el proceso disciplinario, así como la existencia de una causal de nulidad por la falta de notificación por estado del Auto de 14 de abril de 2023 , que corrió traslado para los alegatos de conclusión , pese a que, según los artículos 100 a 105 de la Ley 734 de 2002, debía hacerse así y no por notificación personal . Dichos reparos no son más que una reiteración de lo expuesto e n los recursos de reposición y solicitudes de nulidad presentadas en el proceso disciplinario, aspectos respecto de los cuales la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronunció en el Auto de 17 de julio de 2023, de la siguiente manera, (se trascribe):

“En el caso que se analiza, aun cuando la doctora Montoya Arbeláez señala que la nulidad también se configuró al 'momento del proferimiento" del fallo de única instancia que la sancionó, en realidad fundamenta su solicitud en un acto procesal anterior al cu estionar que no se notificara por estado

que la nulidad también se configuró al 'momento del proferimiento" del fallo de única instancia que la sancionó, en realidad fundamenta su solicitud en un acto procesal anterior al cu estionar que no se notificara por estado electrónico el auto (mixto) de 14 de abril de 2023 (con el que, luego de no reponerse la decisión de 16 de marzo de 2023, se ordenó correr traslado para presentar las alegaciones finales), lo que impone el rechazo de plano de la solicitud de invalidez en estudio, por tres razones a saber.

2.1. (…) "las nulidades en el marco de los procesos disciplinarios regulados por la Ley 734 de 2002, deben formularse antes de haberse proferido el respectivo fallo, de conformidad con lo previsto en el artículo 146 ibid