CE - Sentencia 11001031500020240611801 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06118-01

Demandante: Juan David Castilla Bahamón

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2024-06118-01 Demandante JUAN DAVID CASTILLA BAHAMON Demandada COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Instancia adicional. Desconocimiento del precedente. Proceso disciplinario contra abogado. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Juan David Castilla Bahamón contra la sentencia de 11 de diciembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que dispuso lo siguiente: «Primero. Denegar el amparo invocado por el señor Juan David Castilla Bahamón, de acuerdo con lo expuesto en este proveído».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 12 de noviembre de 20241, el señor Juan David Castilla Bahamón instauró acción de tutela, en nombre propio, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la

con lo expuesto en este proveído».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 12 de noviembre de 20241, el señor Juan David Castilla Bahamón instauró acción de tutela, en nombre propio, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, trabajo e igualdad.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: (sic para toda la cita) «PRIMERO: Se declare la vulneración al DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL, DERECHO AL

TRABAJO, SEGURIDAD JURÍDICA, CONFIANZA LEGÍTIMA e IGUALDAD.

SEGUNDO: Que en consecuencia se declare la nulidad y quede sin efectos los fallos proferidos el 30 de noviembre de 2022 proferido por la COMISIÓN SECCIONAL SEGUNDA DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA en donde se me declara responsable de temeridad y 17 de julio de 2024 proferido por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL en donde confirma la sanción.

TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la COMISIÓN SECCIONAL SEGUNDA DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA a proferir nuevo fallo considerando los defectos analizados en la presente acción de tutela».

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. Mediante providencia de 8 de julio de 2022, el Juzgado Promiscuo Municipal de Yotoco (Valle del Cauca) dispuso la compulsa de copias contra el abogado Juan David Castilla Bahamón para que fuera investigado disciplinariamente

de Yotoco (Valle del Cauca) dispuso la compulsa de copias contra el abogado Juan David Castilla Bahamón para que fuera investigado disciplinariamente por haber interpuesto dos acciones de tutela por los mismos hechos sin justificación alguna, pese a que en el acápite de juramento expresó no haber prestado tutela por esa misma situación.

1 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06118-01

Demandante: Juan David Castilla Bahamón

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2. Del asunto conoció en primera instancia la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, bajo el radicado Nro. 76001 -11-02-000-202201240-00, que mediante providencia de 30 de noviembre de 2022, declaró disciplinariamente responsable al tutelante; motivo por el cual lo sancionó con la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos años y multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, por incurrir de manera dolosa en la falta contemplada en el artículo 332 numeral 3° de la Ley 1123 de 2007 y en desconocimiento del deber consagrado en el numeral 6° del artículo 283 de esa misma ley. La autoridad de primera instancia fundamentó su decisión en que en las dos acciones de tutela presentadas por el abogado se le solicitó a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yotoco la vinculación de la parte actora a la audiencia contravencional que se realizaría con ocasión al comparendo Nro.

acciones de tutela presentadas por el abogado se le solicitó a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yotoco la vinculación de la parte actora a la audiencia contravencional que se realizaría con ocasión al comparendo Nro. 76890000000029827063, a fin de garantizar su derecho al debido proceso. La Comisión Seccional precisó que la única diferencia entre las dos tutelas consistió en que en la segunda se solicitó informar la fecha y hora de la mencionada audiencia virtual. Por consiguiente, aunque el abogado sostuvo que se trataba de causas distintas, realmente lo pretendido era la garantía al debido proceso por la situación fáctica descrita. Por consiguiente, la autoridad judicial manifestó que el abogado Juan David Castilla Bahamón incurrió en la falta consagrada en el artículo 33 numeral 3° de la Ley 1123 de 2007, bajo la modalidad dolosa. Explicó que tal falta no permite actuar de manera culposa, pues para su configuración se requiere el conocimiento de la ilicitud, en tanto que el togado al ser profesional del derecho «tenía conocimiento del deber profesional establecido en el Estatuto Deontológico del Abogado y pese a ello decidió actuar de manera desviada y contraria a lo establecido en la misma normatividad». Asimismo, desestimó el argumento del abogado consistente en que la primera acción presentada buscaba la protección al derecho de petición, al debido proceso y a la igualdad y como el juez de esa primera tutela jamás hizo pronunciamiento respecto los último s dos derechos se optó por presentar la segunda tutela con el fin de alcanzar esa protección, pues frente al debido proceso e igualdad no existía cosa juzgada. Al respecto la Comisión Seccional

pronunciamiento respecto los último s dos derechos se optó por presentar la segunda tutela con el fin de alcanzar esa protección, pues frente al debido proceso e igualdad no existía cosa juzgada. Al respecto la Comisión Seccional sostuvo que el abogado tenía la obligación de impugnar la sentencia proferida en la primera acción presentada. Sostuvo que en el caso no se configuraba la causal de exclusión de la responsabilidad alegada por el disciplinable por convicción errada e invencible, en tanto que el togado sabía que elevaría una nueva tutela con identidad de pretensiones, hechos y sujetos. 2.3. El señor Juan David Castilla Bahamón interpuso recurso de apelación contra la providencia de primera instancia. 2.4. Mediante providencia de 17 de julio de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la providencia apelada. Explicó que el abogado Juan David Castilla Bahamón solicitó por medio de derecho de petición de 9 de febrero de 2022 la vinculación de su cliente al proceso por el comparendo Nro. 76890000000029827063 adelantado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yotoco, solicitud que fue respondida de forma ne gativa. Por esa razón, procedió a instaurar la primera acción de

2 Ley 1123 de 2007. Artículo 33. Numeral 3°: «Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado: (…) 3. Promover la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, caso en el cual se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991».

(…) 3. Promover la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, caso en el cual se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991». 3 Ley 1123 de 2007. Artículo 28. Numeral 6°: «Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: 6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado».Radicado: 11001-03-15-000-2024-06118-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tutela, en la que solicitó la vinculación de su representada al proceso administrativo, la cual fue negada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Yotoco del Valle del Cauca, bajo el radicado Nro. 2022-00058-00. El 6 de abril de 2022, el abogado interpuso un segundo derecho de petición ante la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yotoco pidiendo nuevamente la vinculación al proceso, solicitud que también fue negada. Por esto, la Comisión aseveró que el abogado interpuso la segunda acción de tutela, tramitada bajo radicado Nro. 2022-00188-00, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Yotoco del Valle Del Cauca, en la que se solicitó la protección del debido proceso de su representada y su vinculación al proceso administrativo. Con fundamento en esos supuestos fácticos, la Comisión Nacional aseguró que las dos acciones de tutela formuladas por el abogado tenían identidad de

su representada y su vinculación al proceso administrativo. Con fundamento en esos supuestos fácticos, la Comisión Nacional aseguró que las dos acciones de tutela formuladas por el abogado tenían identidad de hechos y de derechos, pues se fundamentaron en una vulneración al debido proceso por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yotoco, dada la falta de vinculación de su representada al proceso contravencional de tránsito por el comparendo impuesto. Subrayó que, si bien existieron dos derechos de petición de fecha diferente, uno del 9 de febrero de 202 2 y otro del 6 de abril del mismo año, ambos tenían los mismos fundamentos de hecho y de derecho: la vinculación de su cliente al proceso. Por lo que, las dos acciones impetradas eran idénticas en cuanto a los argumentos de hecho y de derecho. Por consigui ente, la autoridad judicial sostuvo que se acreditó en grado de certeza la responsabilidad del disciplinado y la existencia de la falta de conformidad con el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007. Agregó que se comprobó que el abogado actuó con voluntad y conocimiento de que las dos acciones de tutela eran idénticas en sus fundamentos de hecho y de derecho. Por ende, consideró que en el caso no se configuraba la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria por error invencible.

3. Fundamentos de la acción Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, el tutelante argumentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, por las razones que a continuación se expondrán.

judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, por las razones que a continuación se expondrán. 3.1. Defecto fáctico: el accionante consideró que se incurrió en tal defecto, porque no se valoraron integralmente las pruebas obrantes en los expedientes de tutela, pese a que ambos expedientes fueron decretados como prueba. Censuró que únicamente se hayan analizado los escritos de tutela y los fallos proferidos. De haberse valorado todas las p ruebas, la decisión dentro del proceso disciplinario habría sido la absolución de responsabilidad. Para las autoridades judiciales accionadas bastó que en ambas tutelas se haya hecho alusión al debido proceso. Censuró que «tal situación ya fue suficiente para determinar que había un mismo objeto en las acciones tutelares» y que «no puede pretenderse que por que en las pretensiones se diga debido proceso ello sea suficiente análisis para determinar que hay temeridad». Además, precisó que en la primera acción lo pretendido fue el agendamiento de la audiencia de forma virtual; en cambio, la segunda iba encaminada a la vinculación del proceso contravencional en la etapa en la que este se encontrara. Y agregó que en el fallo de primera instancia no se hizo análisis sobre los derechos al debido proceso e igualdad. Manifestó que en criterio de la autoridad de movilidad el ciudadano solo tiene 11 días para solicitar la audiencia so pena de perder su derecho de solicitarla.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06118-01

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11 días para solicitar la audiencia so pena de perder su derecho de solicitarla.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06118-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin embargo, para evitar tal situación y a fin de garantizar el derecho de defensa del ciudadano, optó por presentar diferentes derechos de petición y las diferentes tutelas, pues en Colombia no existe un proceso que pueda llevarse sin la comparecencia del implicado. E indicó que conforme el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 el fallo puede dictarse en la primera audiencia realizada durante el trámite administrativo. Por lo tanto, sostuvo que en varias oportunidades solicitó el agendamiento de la audiencia o siquiera la vinculación de su cliente al trámite, atendiendo a que en esta se podía dictar fallo. Indicó que de haberse considerado todas las pruebas del expediente, las autoridades judiciales habrían tenido en cuenta «el engaño y ocultamiento de información por parte de la secretaría de movilidad al haber sancionado en enero de 2022 y en febrero de 2022 al responder la petición nada decir sobre dicha circunstancia fáctica». Insistió que su actuar no fue de mala fe ni que buscaba engañar, sino que era la única estrategia con la que contaba pues al no conocer que existía un acto administrativo, no podía iniciar revocatoria directa o demanda alguna ante lo contencioso administrativo. 3.2. Defecto sustantivo: el actor sostuvo que se desconoció el numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso conforme al que el proceso es

administrativo, no podía iniciar revocatoria directa o demanda alguna ante lo contencioso administrativo. 3.2. Defecto sustantivo: el actor sostuvo que se desconoció el numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso conforme al que el proceso es nulo «cuando se omite la práctica de una prueba». Aseguró que en su caso se decretó una serie de pruebas, pero finalmente estas no fueron practicadas. Agregó que las autoridades judiciales accionadas guardaron silencio sobre su solicitud de nulidad y que esa circunstancia vulnera su derecho de defensa. El solo hecho de que en el proceso disciplinario se haya realizado una audiencia no significa que se haya garantizado su debido proceso. 3.3. Decisión sin motivación: el actor sostuvo que se incurrió en ese defecto, porque (i) no se resolvió la nulidad propuesta en el recurso de apelación; (ii) no se justificó la razón por la cual las autoridades judiciales aseveraron que las dos tutelas eran iguales; (iii) no se argumentó cuál fue el deber incumplido; (iv) no se explicaron las razones por las que se consideró que actuó de forma dolosa; (v) y el juez de segunda instancia solo replicó lo manifestado por el juez de primera, sin efectuar un pronunciamiento real y de fondo sobre el recurso de apelación y sin considerar que los dos tutelas se originaron en derechos de petición diferentes. 3.4. Desconocimiento del precedente: sostuvo que conforme a la jurisprudencia constitucional es factible presentar una misma tutela sin ser temeraria, cuando no haya existido un pronunciamiento de fondo en la primera tutela. De manera que en el caso no se configuró temeridad, puesto que en la primera acción

constitucional es factible presentar una misma tutela sin ser temeraria, cuando no haya existido un pronunciamiento de fondo en la primera tutela. De manera que en el caso no se configuró temeridad, puesto que en la primera acción solo se analizó lo relativo al derecho de petición; d e ahí que el juez de la primera acción omitió completamente pronunciarse respecto del derecho al debido proceso e igualdad, que eran los que se buscaban proteger. Por lo tanto, insistió en que no existe temeridad cuando se presenta una segunda tutela respecto a aspectos que sobre lo que no existió pronunciamiento de fondo en la primera acción. También sostuvo que la Corte Constitucional ha establecido que para determinar si existe temeridad es necesario efectuar un análisis pormenorizado. Sin embargo, consideró que en su caso se llegó a la conclusión de que existía temeridad tan solo por haberse invocado el debido proceso, sin efectuar el análisis pormenorizado dispuesto por la Corte Constitucional. De otra parte, sostuvo que en otro s procesos disciplinarios de hechos semejantes al presente, tramitados bajo radicados Nro. 2022-1041, 2022-0677Radicado: 11001-03-15-000-2024-06118-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y 2022 -1045, fue absuelto de responsabilidad. Indicó que en esas oportunidades los procesos disciplinarios también tuv ieron origen en la presunta temeridad por un caso de un comparendo de tránsito, en el que en la primera acción también se solicitó el agendamiento de audiencia y en la

oportunidades los procesos disciplinarios también tuv ieron origen en la presunta temeridad por un caso de un comparendo de tránsito, en el que en la primera acción también se solicitó el agendamiento de audiencia y en la segunda tutela la vinculación al proceso contravencional. Por lo tanto, consideró vulnerado su derecho a la igualdad, en tanto que en el asunto objeto de debate sí se le impuso sanción, pero en los otros no, pese a que se trató de casos absolutamente similares. 3.5. Violación directa de la Constitución: el actor sostuvo que se incurrió en tal yerro, porque se transgredió la presunción de inocencia, en virtud de la cual se es inocente hasta que se demuestre lo contrario , más allá de toda duda razonable. Reiteró que en su caso se acreditó que no actuó de forma dolosa, ni desleal ni de mala fe y aun así se decidió declararlo culpable por su supuesto actuar doloso. 3.6. Finalmente, solicitó como medida provisional lo siguiente: «De conformidad con el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicito respetuosamente al juez que como medida provisional suspenda la anotación de la sanción para que pueda continuar ejerciendo mi profesión dado que es mi única actividad como fuente de ingresos».

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Mediante auto de 15 de noviembre de 2024, se admitió la acción de tutela interpuesta por e l señor Juan David Castilla Bahamón contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca; se vinculó como tercero con interés al Juzgado Promiscuo de Yotoco (Valle del Cauca); se dispuso no decretar las medidas provisionales

Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca; se vinculó como tercero con interés al Juzgado Promiscuo de Yotoco (Valle del Cauca); se dispuso no decretar las medidas provisionales solicitadas por el accionante; y se ordenó efectuar las notificaciones pertinentes. 4.2. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca manifestó que el actor está empleando la acción de tutela como si fuera una tercera instancia y que los cargos planteados en el escrito de tutela ya fueron debatidos. Indicó que el cargo sobre la indebida valoración probatoria fue resuelto en el curso del proceso disciplinario, pues en el recurso de apelación también argumentó lo mismo y, por ende, tales inconformidades fueron resueltas en segunda instancia. Aseguró que en el caso sí se acreditó la comisión de la falta disciplinaria, debido a que el abogado presentó dos acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos. E indicó que no se comprobó la configuración de ninguno de los defectos planteados por el accionante. Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela. 4.3. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial aseguró que la acción interpuesta no cumple con ninguno de los requisitos generales de procedencia, por lo que debe ser declarada la improcedencia. Seguido sostuvo que, en caso de no declarar la improcedencia, se deben negar las pretensiones porque el actor no cumplió con la suficiente carga argumentativa para demostrar la vulneración de los derechos fundamentales alegados. Lo anterior obedece a que la decisión fue proferida por el juez natural para desatar en segunda instancia los asuntos ventilados contra los

negar las pretensiones porque el actor no cumplió con la suficiente carga argumentativa para demostrar la vulneración de los derechos fundamentales alegados. Lo anterior obedece a que la decisión fue proferida por el juez natural para desatar en segunda instancia los asuntos ventilados contra los abogados y la sentencia y cada una de las etapas surtidas se atuvieron a las normas sustanciales y procedimentales existentes consagradas en la Ley 1123 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06118-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que las pruebas recaudadas al interior del plenario demostraron la responsabilidad disciplinaria del abogado al transgredir el deber profesional consagrado en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en la falta prevista en el artículo 33 numeral 3, cometida a título de dolo. Aseguró que uno de los argumentos expuestos en el recurso de apelación fue la insuficiencia en la valoración probatoria efectuada en primera instancia. E indicó que en el fallo de segunda instancia exami nó y valoró los elementos materiales probatorios que se encontraban en el proceso disciplinario, esto es los expedientes de tutela Nro. 2022 -0188 y 2022 -00058 las actuaciones desplegadas, las cuales fueron revisadas con detenimiento. Fruto de tal análisis se determinó la existencia de la falta y la responsabilidad disciplinaria del profesional del derecho. En suma, se acreditó que las dos acciones de tutela promovidas compartían

desplegadas, las cuales fueron revisadas con detenimiento. Fruto de tal análisis se determinó la existencia de la falta y la responsabilidad disciplinaria del profesional del derecho. En suma, se acreditó que las dos acciones de tutela promovidas compartían identidad de hechos y derechos, y en últimas tenían como fin la vinculación de la poderdante al proceso contravencional de tránsito, por el comparendo N ro. 76890000000029827063 adelantado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yotoco. Así las cosas, consideró que lo verdaderamente pretendido por el actor es revivir el debate surtido en el proceso disciplinario. Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción y la negativa del amparo solicitado. 4.4. El actor presentó memorial en el cual informó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial emitió providencia pronunciándose sobre el incidente de nulidad propuesto contra la sentencia de segunda instancia. Aseguró que las inconformidades allí planteadas no fueron resueltas de fondo.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia de 11 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A negó el amparo invocado por el señor Juan David Castilla Bahamón. Tras considerar satisfechos los requisitos generales de procedibilidad, dicha autoridad judicial sostuvo que no se configuraron los defectos fáctico, sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Indicó que al revisar el contenido de la providencia proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se advirtió que esta última tuvo en cuenta como pruebas los siguientes documentos, justamente, porque en la apelación se alegó

directa de la Constitución. Indicó que al revisar el contenido de la providencia proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se advirtió que esta última tuvo en cuenta como pruebas los siguientes documentos, justamente, porque en la apelación se alegó una incorrecta valoración probatoria: ● Escrito de tutela presentado por el abogado al interior de la acción de tutela No 202200058-00. ● Solicitud de vinculación al proceso contravencional por el comparendo No 76890000000029827063, por parte del abogado en representación de la señora (…), del 9 de febrero de 2022. ● Fallo de tutela proferido por JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YOTOCO DEL VALLE DEL CAUCA, al interior del proceso de tutela 202200058-00, del 17 de marzo de 2022. ● Escrito de tutela presentado por el abogado al interior de la acción de tutela No 202200188-0035. ● Fallo de tutela proferido por JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YOTOCO DEL VALLE DEL CAUCA, al interior del proceso de tutela 2022 - 00188-00, del 8 de julio de 2022. ● Respuesta de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yotoco del 25 de febrero de 2022, a la petición del 9 de febrero, al correo electrónico entidades@juzto.coRadicado: 11001-03-15-000-2024-06118-01

Demandante: Juan David Castilla Bahamón

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan David Castilla Bahamón

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ● Solicitud de vinculación al proceso contravencional por el comparendo No 76890000000029827063, por parte del abogado en representación de la señora (…), del 6 de abril de 2022, desde el correo “entidades@juzto.co”. ● Respuesta del 28 de abril de 2022 por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yotoco, a la petición del 6 de abril. Por lo tanto, aseguró que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, además de basar su decisión en las demandas de tutela y en sus respectivas sentencias, tuvo en cuenta «las peticiones que el señor Juan David Castilla Bahamón, en representación de la señora (…) presentó ante la Secretaría de Movilidad del municipio de Yotoco, y en las respuestas a dichas solicitud de vinculación al proceso contravencional». Por lo tanto, al haberse valorado las pruebas obrantes en el expediente, el juez de tutela consideró que no se incurrió en defecto fáctico. Agregó que el cargo sobre la indebida valoración probatoria constituye «una inconformidad en la manera en que los jueces naturales abordaron el caso, procurando iniciar una tercera instancia con el fin de que este juez constitucional vuelva a valorar y estudiar de fondo la causa disciplinaria». Respecto al defecto sustantivo por el desconocimiento del numeral 5º del artículo 133 del Código General del Proceso, sostuvo que como se indicó respecto del defecto fáctico se demostró que sí se valoraron y tuvieron en cuenta todos los

Respecto al defecto sustantivo por el desconocimiento del numeral 5º del artículo 133 del Código General del Proceso, sostuvo que como se indicó respecto del defecto fáctico se demostró que sí se valoraron y tuvieron en cuenta todos los documentos obrantes en el plenario. En consecuencia, sostuvo que en el caso no se configura la causal de nulidad prevista en la norma alegada por el actor. Agregó que tal cargo ha sido reiterativo tanto en el proceso disciplinario como a lo largo de esta acción de tutela y sostuvo que mediante auto de 19 de noviembre de 2024 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió el incidente de nulidad propuesto por el accionante contra la sentencia de segunda instancia, por las mismas circunstancias aducidas en el escrito de tutela. En cuanto al defecto por decisión sin motivación, reiteró que la Comisión Nacional resolvió las solicitudes de nulidad; por ende, desestimó el argumento consistente en que no existió pronunciamiento sobre lo expuesto en los incidentes . Y respecto a que no se argumentó debidamente la configuración de la temeridad, la autoridad judicial explicó que la Comisión Nacional «sí estudió la similitud de las acciones de tutela conforme a las pruebas allegadas al plenario, concluyendo que eran idénticas». Agregó que aunque en la segunda instancia no se estudiaron detalladamente los elementos de la temeridad, lo cierto es que dicha temática sí fue analizada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, tal aspecto no fue objeto de apelación. De manera que el juez de segundo grado solo circunscribió su decisión a los cargos de la apelación. En lo concerniente al desconocimiento del precedente, aseguró que dicho

objeto de apelación. De manera que el juez de segundo grado solo circunscribió su decisión a los cargos de la apelación. En lo concerniente al desconocimiento del precedente, aseguró que dicho argumento no fue propuesto en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia. Por ende, consideró que el juez de tutela no puede pronunciarse sobre circunstancias que no se debatieron en sede ordinaria. Y en relación a que en otros procesos disciplinarios idénticos ha sido absuelto por la falta de temeridad, el juez de tutela sostuv o que esas decisiones no constituyen un precedente judicial aplicable al caso particular, pues se emitieron en circunstancias diferentes a las hoy desarrolladas. Finalmente, desestimó el cargo por violación directa de la Constitución, pues consideró que la presunción de inocencia se desvirtuó en el proceso disciplinario con base en la valoración de las pruebas allegadas al proceso.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06118-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6. Impugnación El actor impugnó la sentencia de primera instancia por varias razones e insistió en lo expuesto en el escrito de tutela.

En primer lugar, manifestó su desacuerdo con que el juez de tutela de primera instancia haya sostenido que no había lugar a analizar el desconocimiento del precedent