CE - Sentencia 11001031500020240621901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06219-01

Accionante: Miguel Ángel Muñoz Gómez

Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro

Tema: Tutela contra la providencia judicial.

Decisión: Confirma la decisión de primera instancia por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 17 de enero de 2025, proferida por la Sección Segunda - Subsección B - del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado por no configurarse un defecto fáctico.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos1

La señora July Tatiana Fonseca Laguna presentó demanda a través del medio de control de nulidad electoral 2 contra el señor Miguel Ángel Muñoz Gómez, alcalde electo de l municipio de Puerto Guzmán - Putumayo, para el periodo

La señora July Tatiana Fonseca Laguna presentó demanda a través del medio de control de nulidad electoral 2 contra el señor Miguel Ángel Muñoz Gómez, alcalde electo de l municipio de Puerto Guzmán - Putumayo, para el periodo (2024-2027), por presunta doble militancia. Según la demandante, el accionante apoyó al candidato Nolver Jair Figueroa Delgado del partido Gente en Movimiento, lo cual contravi no los estatutos del partido MAIS que lo avaló, configurando la causal de nulidad electoral establecida en el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011.

El proceso fue conocido en primera instancia por e l Tribunal Administrativo de Nariño - Sala Primera de Decisión, autoridad judicial que declaró la nulidad de la elección de Miguel Ángel Muñoz Gómez, canceló su credencial como alcalde y ordenó suplir la vacancia del cargo. Su decisión se fundamentó en la Ley 1475 de 2011, la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia aplicable, destacando la importancia de respetar las directrices partidistas y la integridad del proceso electoral. La decisión fue apelada tanto por la señora July Tatiana Fons eca Laguna como por el señor Muñoz Gómez.

1 Índice 2 del aplicativo SAMAI. 2 Seguida ante el Tribunal Administrativo de Nariño, exp. 520023-33-000-2023 -0040701, aplicativo

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2 El recurso de apelación fue desatado por la Sección Quinta de esta Corporación autoridad judicial que, mediante sentencia del 17 de octubre de 2024, confirmó la sentencia proferida por el a quo.

El 22 de octubre d e 2024, el actor presentó solicitud de adición de la sentencia porque presuntamente la autoridad judicial no se había pronunciado sobre sus alegatos de conclusión, pero esta le fue negada mediante auto del 31 de octubre de 2024.

2.2. Fundamento jurídico

El actor alegó que las decisiones de primera y segunda instancia vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, a ser elegido y a la estabilidad laboral , al desconocer sus argumentos y no realizar un análisis completo de las pruebas aportadas, que, en su sentir, no era aptas para probar la figura de la doble militancia.

El accionante reprochó la existencia de los siguientes defectos contra providencia judicial en las decisiones cuestionadas:

Endilgó la existencia de un presunto defecto sustantivo, al considerar que se dio una interpretación caprichosa de la Ley 1621 de 2013 por lo que se consideró una prueba expresamente prohibida por la normativa aplicable, pero no sustentó como su planteamiento, ni la referida norma, eran aplicables a su caso concreto.

dio una interpretación caprichosa de la Ley 1621 de 2013 por lo que se consideró una prueba expresamente prohibida por la normativa aplicable, pero no sustentó como su planteamiento, ni la referida norma, eran aplicables a su caso concreto.

Además, señaló que se inaplicó lo señalado en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, teniendo en cuenta que los videos, las fotografías y las publicaciones en la red social Facebook no demostraban explícitamente su intención de apoyo al candidato de la otra colectividad política, sino que evidenci aban una simple admiración por este.

Indicó además que se presentó un defecto por desconocimiento del precedente al valorar pruebas que no son aptas para demostrar la figura de la doble militancia, citando como fundamento unas sentencias de esta corporación3.

Por otro lado, adujo de manera general y sin profundizar su planteamiento al caso concreto, que se configuró un defecto por violación directa de la Constitución, porque a su juicio, existió un proceder ilícito por parte de las autoridades judiciales accionadas que infringió los artículos 13, 29, 209 y 250 numerales 2° y 3° de la Constitución. Sostuvo sobre el particular que las actuaciones judiciales contravinieron disposiciones razonablemente vinculadas a los derechos fundamentales, en particular los principios de igualdad, debido proceso y transparencia administrativa.

3 Consejo de Estado, Sentencia del 28 de enero del 2021 con rad. núm. 68001 -23-33-000-2020-00015-00 MP. Carlos Enrique Moreno Rubio referente al elem ento modal de la conducta y del 26 de enero de 2023

3 Consejo de Estado, Sentencia del 28 de enero del 2021 con rad. núm. 68001 -23-33-000-2020-00015-00 MP. Carlos Enrique Moreno Rubio referente al elem ento modal de la conducta y del 26 de enero de 2023 MP. Luis Alberto Álvarez Parra con rád.11001-03 28-000-2022-00196-00Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06219-01

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3 De la lectura d el memorial de tutela, se infiere que lo que alegó además es la presunta existencia de un defecto fáctico por una indebida valoración probatoria por parte de las autoridades judiciales accionadas.

En ese entendido, su planteamiento estuvo dirigido a que la estimación de las pruebas, a su juicio desacertada, incidió en las decisiones adoptadas respecto a la interpretación y aplicación de la jurisprudencia y normativa vigentes acerca de la doble militancia en la modalidad de apoyo.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«[…] Se decrete la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el H. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA PRIMERA DE DECISIÓN, de fechas 7 de junio de 2024 (primera instancia) y, del 17 y 31 de octubre de

ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA PRIMERA DE DECISIÓN, de fechas 7 de junio de 2024 (primera instancia) y, del 17 y 31 de octubre de 2024 (segunda instancia) respectivamente, dentro del medio de control de NULIDAD ELECTORAL, en donde mi defendido, señor Miguel Ángel Muñoz Gómez, actúo como demandado, bajo el radicado No. 52 001 23 33 000 2023 – 0040701 […] [y] EN S U LUGAR, solicito, comedida y respetuosamente al H. Juez Constitucional, ordene al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, se pronuncie nuevamente, resolviendo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de decisión, revocando del 7 de junio de 2024 y en su lugar se denieguen las pretensiones de la demanda, atendiendo la aplicación de los precedentes jurisprudenciales y doctrinales desconocidos”. […]». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado mediante auto del 19 de noviembre de 2024 4, en el que ordenó notificar en calidad de accionados a la Sección Quinta del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Nariño - Sala Primera de Decisión y vinculó al Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Movimiento Alternativo y Social “MAIS”, la señora July Tatiana Fonseca Laguna, y al señor Ramiro Basili Colmenares Sayago.

al Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Movimiento Alternativo y Social “MAIS”, la señora July Tatiana Fonseca Laguna, y al señor Ramiro Basili Colmenares Sayago.

2.4.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado 5, a través del consejero ponente de la decisión , concluyó que las pretensiones de la tutela no tienen vocación de prosperidad, pues la acción no cumplió con el requisito de relevancia constitucional al limitarse a reiterar los argumentos del proceso ordinario, intentando reabrir un debate ya resuelto en este.

4 Índice 4 del aplicativo SAMAI. 5 Índice 10 del aplicativo SAMAI.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06219-01

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4 Sostuvo que la decisión tuvo fundamento en los medios de p rueba allegados al proceso, como videos y capturas de pantalla, en los que se pudo constatar que el señor Miguel Ángel Muñoz Gómez incurrió en doble militancia en modalidad de apoyo al respaldar al candidato Nolver Jair Figueroa Delgado, perteneciente a otra colectividad política.

Precisó que la tutela no puede usarse para reabrir discusiones procesales previamente resueltas, ya que la decisión controvertida cumplió con los principios de legalidad y autonomía judicial , por lo que solicitó que se declarara la improcedencia del amparo solicitado o en el caso de que se decidiera analizar de

previamente resueltas, ya que la decisión controvertida cumplió con los principios de legalidad y autonomía judicial , por lo que solicitó que se declarara la improcedencia del amparo solicitado o en el caso de que se decidiera analizar de fondo, se negaran las pretensiones.

2.4.2. El Consejo Nacional Electoral-CNE6, a través de su jefe de la Oficina Jurídica solicitó ser desvinculada de la acción al no estar legitimada en la causa por pasiva, ni ser responsable de la vulneración de los derechos fundamentales del actor.

2.4.3. El Tribunal Administrativo de Nariño - Sala Primera de Decisión 7, a través del magistrado ponente de la decisión indicó que la acción constitucional debe ser declarada improcedente, ya que no cumple con el requisito de subsidiariedad al intentar reabrir una discusión procesal ya resuelta que adquirió efectos de cosa juzgada.

Indicó que no se evidenció una irregularidad procesal de relevancia constitucional ni un defecto sustantivo o material que contradiga groseramente los fundamentos jurídicos, r ecordó que la jurisprudencia constitucional establece que la tutela contra providen cias judiciales solo es procedente en casos excepcionales de trascendencia social y desconocimiento del debido proceso, condiciones que no se configuran en este caso.

En cuanto a su decisión de fondo, el tribunal concluyó que las pruebas presentadas demostraron la configuración de la causal 8° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, referente a la doble militancia, pues se comprobó que el accionante respaldó a un candidato de un partido diferente al que lo avaló, lo cual contraviene la normativa aplicable.

Ley 1437 de 2011, referente a la doble militancia, pues se comprobó que el accionante respaldó a un candidato de un partido diferente al que lo avaló, lo cual contraviene la normativa aplicable.

2.4.4. El señor Ramiro Basili Colmenares Sayago , argumentó que las sentencias cuestionadas incurrieron en los defectos procedimental y sustantivo, con los que presuntamente trasgredieron el debido proceso establecido en el artículo 29 constitucional y los derechos políticos previstos en artículo 40 ibidem.

Alegó que la prohibición de doble militancia establecida en el artículo 107 constitucional y en la Ley 1475 de 2011 es absoluta, por lo que criticó la falta de impugnación al respecto ante el Consejo Nacional Electoral y adujo que, a su juicio, la doble militancia ha debido invocarse antes de la elección y no posterior a esta, por lo que solicitó que se accediera a las pretensiones del actor.

6 Índice 8 del aplicativo SAMAI. 7 Índice 12 del aplicativo SAMAIAcción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06219-01

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5 2.4.5. La Registraduría Nacional del Estado Civil 8, a través de su jefe de la Oficina Jurídica, solicitó declarar improcedente la acción, pues insiste en temas ya resueltos por los jueces competentes y carece de relevancia constitucional.

Oficina Jurídica, solicitó declarar improcedente la acción, pues insiste en temas ya resueltos por los jueces competentes y carece de relevancia constitucional.

Además, s olicitó ser desvinculada de la acción por falta de legitimación en la causa por pasiva respecto a esa entidad y no haber trasgredido ningún derecho fundamental del actor.

2.4.6. No se realizaron más intervenciones.

2.5. Sentencia Impugnada9

La Sección Segunda , Subsección B del Consejo de Estado, negó el amparo solicitado por no configurarse un defecto fáctico en la providencia ni evidenciarse una vulneración ius fundamental por parte de las autoridades judiciales accionadas.

El a quo verificó que la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad.

Indicó que lo que el actor censuró fue una valoración inadecuada de pruebas por parte de las autoridades judiciales accionadas, que incidió en la toma de decisiones, a su juicio, arbitrarias.

La Sala concluyó que los argumentos esbozados por el actor en la tutela replicaban los del proceso ordinario sin aportar elementos adicionales que demostraran una afectación injusta o desproporcionada a sus derechos fundamentales. Sostuvo que la valoración de las pruebas, como videos y publicaciones en redes sociales, fue realizada conforme a las reglas de la sana crítica, evidenciando actos positivos y concretos de apoyo que configuraron la causal de doble militancia.

2.6. Impugnación10

2.6.1. En el memorial de impugnación el apoderado del señor Miguel Ángel

crítica, evidenciando actos positivos y concretos de apoyo que configuraron la causal de doble militancia.

2.6. Impugnación10

2.6.1. En el memorial de impugnación el apoderado del señor Miguel Ángel Muñoz Gómez, se limitó a señalar: “Silvio San Martín Quiñones Ramos , abogado titulado e inscrito, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.465.542 de Bogotá y tarjeta profesional número 116.323 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en representación del señor Miguel Ángel Muñoz Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 97.425.565, concurre ante esa Honorable Corporación, con el fin de IMPUGNAR el fallo de tutela de primera instancia del 17 de enero de 2025, que negó el amparo solicitado, el cual será sustentado ante la autoridad que asuma el conocimiento de la impugnación.”

Revisado el Sistema de Gestión Judicial – SAMAI, se observa que el actor no presentó otro memorial con reparos sobre la sentencia proferida en primera

8 Índice 14 del aplicativo SAMAI. 9 Índice 29 del aplicativo SAMAI. 10 Índice 25 del aplicativo SAMAI.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06219-01

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6 instancia, en ese orden de ideas se entenderá que los argumentos de disenso

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6 instancia, en ese orden de ideas se entenderá que los argumentos de disenso son los mismos que alegó en el escrito de tutela.

2.6.2. El señor Ramiro Basili Colmenares Sayago presentó escrito en el que reiteró los argumentos esbozados en el informe a la tutela, además alegó ausencia de valoración de sus argumentos por parte de la primera instancia.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. Es de advertir que, si bien la parte actora cuestiona las providencias del 07 de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño Sala Primera de Decisión y del 17 de octubre de 2024 por la Sección Quinta de esta Corporación, lo cierto es que la sentencia de segunda instancia fue la que puso fin al proceso, por lo que e l análisis en esta instancia solo será respecto a la sentencia del 17 de octubre de 2024.

3.2.2. De la intervención del señor Ramiro Basili Colmenares Sayago

Encuentra la Sala que el señor Colmenares Sayago fue vinculado al presente asunto por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, en el auto admisorio de la demanda calendado el 19 de noviembre de 2024, bajo el

Encuentra la Sala que el señor Colmenares Sayago fue vinculado al presente asunto por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, en el auto admisorio de la demanda calendado el 19 de noviembre de 2024, bajo el entendido de que actuó como tercero interviniente en el curso del medio de control de nulidad electoral.

Una vez notificado de la demanda de tutela rindió informe en el que alegó la configuración de un defecto procedimental y sustantivo en la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 17 de octubre de 2024.

Adicional a lo dicho, una vez notificado del fallo proferido en primera instancia, presentó escrito de impugnación en el cual reiteró los argumentos esbozados en el informe de tutela.

Ahora bien, entiende la Sala que el señor Colmenares Sayago actúa en el presente asunto como tercero interviniente o coadyuvante de las pretensiones formuladas por el señor Miguel Ángel Muñoz Gómez, por lo anterior su intervención en el presente asunto no implica la posibilidad de realizar planteamientos o reclamaciones distintas a las formuladas en la demanda de tutela.

En ese orden de ideas, las alegaciones esbozadas por el señor Ramiro Basili que apoyen o refuercen los argumentos esbozados por el accionante, serán analizadas al resolver el fondo del presente asunto.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06219-01

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analizadas al resolver el fondo del presente asunto.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06219-01

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7 3.3. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer si la Sección Quinta de esta Corporación mediante la providencia del 17 de octubre de 2024, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente y de violación directa de la Constitución al confirmar la decisión judicial que negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado 52001-23-33-000-2023-00407-00/01.

Si bien es cierto, en la sentencia proferida en primera instancia el a quo limitó su análisis a la ocurrencia del defecto fáctico, lo cierto es que, conforme a los argumentos esbozados por el actor , la Sala entrara a estudiar la posible configuración además del defecto sustantivo, por desconocimiento de precedente y de violación directa a la Constitución.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros

Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, e s posible acudir al recurso de amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o vulnerados por decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe sujetarse a los valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el control de autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución impone.

La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige cumplir unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de elaboración jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la autonomía judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales, permitiendo subsanar controversias en procesos judiciales dentro del marco constitucional.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que est é sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se bu sque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se

quien demande el amparo, salvo, claro está, que se bu sque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tie ne un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06219-01

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8 3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.

3.4.1.4. El asunto por resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos: fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

3.5. La violación directa de la Constitución Política como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

«[…] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a l a Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.

Las providencias que i ncurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el

Las providencias que i ncurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados11.»

3.5.1. Análisis del defecto por violación directa de la Constitución en la providencia del 17 de octubre de 2024

Con respecto al presunto defecto de violación directa de la Constitución, el accionante se limitó a enunciarlo, sin sustentarlo más allá de citar unos artículos constitucionales, orientando su argumento a la omisión en la valoración probatoria y su inconformidad al respecto, sin advertirse que este se haya

11 Corte Constitucional, sentencia T – 587 de 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente: Alberto Rojas Ríos.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06219-01

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9 configurado en la providencia repro chada pues el actor no profundizó en sus argumentos al respecto, denotándose solamente su desazón frente las decisiones que no le fueron favorables, sin que se advierta una trasgresión ius fundamental al debido proceso, a la igualdad o al principio de tran sparencia administrativa.

3.6. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional1 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa 12, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. E sta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva 13, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez

juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios» 14.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.6.1. Análisis del defecto fáctico en la providencia del 17 de octubre de 2024

Para efectos de determinar si existió una in terpretación normativa caprichosa o una valoración probatoria arbitraria es necesario conocer las pruebas que tuvo en cuenta el ad quem para su decisión, éstas fueron:

«4. Pruebas relevantes para el caso

68. Se relacionaron las siguientes:

1. Siete (7) links de Facebook.

2. Formulario E26 ALC del 1 de noviembre de 2023, que declaró la elección del demandado como alcalde del municipio de Puerto Guzmán (Putumayo).

12 Corte Constitucional, Sentencia SU -448 de 2016, ver, entre otras, la sentencia T -102 de 2006 M.P.

del demandado como alcalde del municipio de Puerto Guzmán (Putumayo).

12 Corte Constitucional, Sentencia SU -448 de 2016, ver, entre otras, la sentencia T -102 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU-915 de 2013 14 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: Mar