CE - Sentencia 11001031500020240625001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero de Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-06250-011

Demandante : Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo

Demandado

Vinculados :

: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo de Bogotá y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Acción : Tutela (impugnación) Derechos Tema : : Debido proceso y trabajo Tutela contra providencia, contrato realidad, prescripción Decisión : Sentencia de segunda instancia – revoca improcedencia para acceder

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo de 23 de enero de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Quinta2, que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los a rgumentos expuestos por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

Édgar Gilbert o Rodríguez Aceve do, quien actúa a través de apoderado judicial , interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y trabajo , presuntamente vulnerado s por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

1 Expediente digital disponible en Samai. 2 C. P. Luis Alberto Álvarez Parra.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01

Demandante: Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

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Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 16 de octubre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C3 revocó la providencia de 9 de julio de ese año, en la que el Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo de Bogotá negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) [expediente 11001-33-42-0522023-00139-01], para acceder parcialmente 4 a ellas . En su lugar, pidi ó que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva decisión en la que se acoja la totalidad de las súplicas del aludido asunto ordinario, “modificando únicamente lo

ordene a la autoridad accionada emitir una nueva decisión en la que se acoja la totalidad de las súplicas del aludido asunto ordinario, “modificando únicamente lo que atañe a [la] prescripción”.

Hechos5.

Relata el accionante que, “laboró para el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, desde el día veinticuatro (24) de junio de 2015 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019 en el cargo de ABOGADO”, en el horario impuesto por dicha entidad y con funciones similares a las del personal de planta, sin embargo, fue vinculado a través de contratos de prestación de servicios, razón por la cual, el 13 de diciembre de 2022 solicitó declarar la existencia de la relación laboral y el pag o de todos los salarios y prestaciones a que hubiere lugar durante ese lapso, lo que le fue negado con oficio 01-9-2023-001335 N.I.S. 2022-01430626 de 18 de enero de 2023.

Que, por lo anterior, acudió ante la juris dicción conten cioso-administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contr a el SENA (expediente 11001-33-42-052-2023-00139-01), del que conoció el Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo de Bogotá que, con providencia de 9 de julio de 2024 negó las pretensiones formuladas, al considerar que , en su vínculo contractual no concurrían los presupuestos de una relación de trabajo , especialmente, el de la subordinación.

Aduce que , inconforme con esa decisión, interpuso recurso de ap elación,

contractual no concurrían los presupuestos de una relación de trabajo , especialmente, el de la subordinación.

Aduce que , inconforme con esa decisión, interpuso recurso de ap elación, desatado el 16 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el sentido de revocarla, para,

3 M. P. Amparo Oviedo Pinto. 4 Comoquiera que, aunque declaró la exist encia de una relación laboral, también declaró la prescripción extintiva del derecho al pago de las prestaciones sociales reclamadas. 4 Expediente 20001-23-33-000-2019-00025-01 (3550-2023), C. P. César Palomino 5 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01

Demandante: Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

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en su lugar, acceder parcialmente a las súplicas 6, al estimar que “[s]e encuentra demostrado que […], en el periodo comprendido entre 24 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2018, ejerció funciones de carácter permanente, que son inherentes y hacen parte del r ol misional de la entidad, que sin lugar a dudas implican subordinación”; sin embargo, determinó que “los derechos prestacionales correspondientes al periodo de vinculación no fueron reclamados en tiempo (dentro de los tres años siguientes) y por ende se ven afectados por el fenómeno prescriptivo”, excepto los relacionados con los a portes al sist ema de seguridad

correspondientes al periodo de vinculación no fueron reclamados en tiempo (dentro de los tres años siguientes) y por ende se ven afectados por el fenómeno prescriptivo”, excepto los relacionados con los a portes al sist ema de seguridad social en pensiones.

Sostiene que, la providencia censurada incurre en defecto fáctico, puesto que (i) “omitió valorar y tener como pruebas , [entre otras], […] el certificado contractual expedido por el SENA, donde consta que, […] laboró para esta entidad, entre el 21 de enero y el 31 de diciembre de 20 19 bajo el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.748337 del 21 de enero del 2019 […] [y] los certificados de pagos efectuados […] a [su] favor […], en [ese] año”; y, (ii) “al am paro de lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 67 de la ley 2080 que modificó el artículo 247 de la ley 1437 y en los numerales 2° y 5° del artículo 327 del Código General del proceso y habiéndose requerido los contratos desde el agotamie nto de la vía administrativa sin que el extremo pasivo los aportara, tenía el tribunal la potestad de requerir[los] […] una vez más, […] sin embargo, […] no lo hizo”.

1.2 Contestaciones de la acción.

1.2.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C7 adujo que se someterá “al juicio de valoración que se estime

necesario de la sentencia proferida dentro del expediente con radicado no. 1100133-42-052-2023-00139-01, soportada en l os medios de prueba […] y decidida en consecuencia, para que definitivamente se clau sure la etapa de control integral […] para garantía del sistema jurídico en su conjunto, cual es el papel de la jurisdicción constitucional, con cuya intervención, se espera que se cierre la discusión en el caso concreto”.

6 Cabe precisar que, el magistrado Carlos Alberto Orlando Jaiquel salvó voto, por cuanto, en su criterio, “los fundamentos de hecho y las pruebas que obran en el plenario no acreditan la existenc ia del elemento de subordinación durante la vinculación del entonces contratista en la entidad accionada”. 7 Índice 00010 del expediente de Samai de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01

Demandante: Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

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1.2.2 El Servicio Nacional de A prendizaje (SENA)8 pidió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia , por cu anto “es un mecanismo subsidiario y excepcional, cuyo propósito no es servir como una instancia adicional para revisar el fondo de las decisiones judiciales ya adoptadas, ni para revalorar hechos en los que no se ha demostrado una vulneración de los derechos fundamentales”.

1.2.3 El Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo de Bogotá 9 señaló cada una de las actuaciones desplegadas en el trám ite ordinario dentro de l cual se

que no se ha demostrado una vulneración de los derechos fundamentales”.

1.2.3 El Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo de Bogotá 9 señaló cada una de las actuaciones desplegadas en el trám ite ordinario dentro de l cual se emitió el fallo objeto de reproche y aportó el correspondiente expediente digital.

1.3 Providencia impugnada10.

Mediante sentencia de 23 de enero de 202 5, el Consejo de Estado, Sección Quinta declaró improcedente la acci ón de tute la de la refe rencia, al considerar que, no cumple el requisito de relevancia constitucional , comoquiera que “lo pretendido por la parte actora es reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez natural de la causa, tornándose la dis cusión, en est e escenario, en un asu nto exclusivamente de índole valorativo”.

1.4 La impugnación11.

Inconforme con la anterior decis ión, el tutelante la impugnó, para cuyo p ropósito reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.

Agregó que, “el asunto toma relevancia consti tucional al probar que, la autoridad accionada en ejercicio de su potestad de administrar justicia decide arbitrariamente no valorar pruebas que obran en el expediente, configurando con esto una vía de hecho que violenta [su] debido proceso”.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

En virtud de los artículos 32 12 del Decreto ley 2591 de 1991 13 y 2514 del Acuerdo

8 Índices 00011 del expediente de Samai de primera instancia.

2.1 Competencia.

En virtud de los artículos 32 12 del Decreto ley 2591 de 1991 13 y 2514 del Acuerdo

8 Índices 00011 del expediente de Samai de primera instancia. 9 Índice 00012 del expediente de Samai de primera instancia. 10 Índice 00016 del expediente de Samai de primera instancia. 11 Índice 00021 del expediente de Samai de primera instancia. 12 “Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”. 13 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01

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80 del 12 de marzo de 2 01915 expedido por la sala plena del Consej o de Estado , esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decreto s 2591 de 1991, 306 de 199 2, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y exped ito para la pr otección de los d erechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario , la protección inmediata de ellos

de 2017, como mecanismo directo y exped ito para la pr otección de los d erechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario , la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten am enazados o vulnerados po r la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de imped ir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema Jurídico.

Se contrae a dete rminar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 16 de octubre de 2024 , por medio de l cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segun da, Subsección C revocó la providencia de 9 de julio de ese año , en la que el Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo de Bogotá negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el tutelante contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) [expediente 11001-33-42-052-2023-00139-01], para acceder parcialmente a ellas ; y, en caso afirmativo, si se ha n vulnerado la s garantías superiores al debido proceso y trabajo invocadas en l a solicitud de amparo.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional

amparo.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artí culo 40 del Decreto 2 591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza

14 “Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Adm inistrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”. 15 Por medio del cual se expide “el reglamento interno del Consejo de Estado”.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01

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de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en s ede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manife stación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, quien la adm inistra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, quien la adm inistra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de he cho, para lo cual sostuvo que esta se con figura cuando se presenta, al menos, uno d e los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de s ustento prob atorio s uficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionar io judicial que profirió la providencia impugnada, c arece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constituci onal ha sido reiterada en varias decisiones de unifi cación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cual es están la s sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constituc ional destacó el carácter excepcional de la acción d e tutela, vale decir cuando de manera prot uberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la

de la acción d e tutela, vale decir cuando de manera prot uberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra dec isiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para ident ificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de pr ecisar si c on la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se prof irió dentr o del marco de actuación propio de los órganos judicialesRadicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01

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ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se disc uta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla el requisito de la in mediatez, es decir, que la tutela se inter ponga en un término razonable y prop orcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinant e en la sentencia que se impugna y que afe cta los dere chos fundamentales de la parte actora; (v) Que el

vulneración; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinant e en la sentencia que se impugna y que afe cta los dere chos fundamentales de la parte actora; (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derecho s quebranta dos y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido p osible; (vi) Que no se tra te de sentencias de t utela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de h echo por la de causales genéricas d e procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciale s, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte i ndica que los de fectos o vi cios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, care ce de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del sup uesto legal en el que se sustenta la decis ión; (iv) de fecto ma terial o sustant ivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una

en el que se sustenta la decis ión; (iv) de fecto ma terial o sustant ivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicc ión entre las consideraciones y la decisión; (v) err or inducido, se da cuando el juez o tribun al fue víctima de un engaño por part e de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que imp lica el inc umplimiento por parte de los servidores j udiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de s us decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la CorteRadicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01

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Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido const itucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda tr asgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir dec isiones judi ciales16, rectificó su

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir dec isiones judi ciales16, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012 17, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentale s, con observancia de los parámetros fijad os jurisprudencialmente, a sí como lo s que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos18.

2.5 Caso concreto.

Analizados los requisitos gen erales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitu cional, en la me dida en que r ecae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido pr oceso y trabaj o del tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebr anto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inm ediatez se satisface, por cuanto la

16 Sobre el par ticular pueden consultarse las sig uientes providencias de la sala plena de l o contencioso-administrativo del

Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,

C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 200403194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 20 09-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 17 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 18 Entre otras, de es ta subsección pueden c onsultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 200800779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado

Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2 009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Mon salve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011 -01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011 -01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo

Arenas Monsalve.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01

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providencia atacada quedó ejecutoriada el 25 de octubre de 2024 19 y la solicitud de amparo se presentó el 18 de noviembre siguiente, es decir, dentro de un

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providencia atacada quedó ejecutoriada el 25 de octubre de 2024 19 y la solicitud de amparo se presentó el 18 de noviembre siguiente, es decir, dentro de un término prudencial ( 24 días); y (v) la sentencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico invocada por el accionante.

2.5.1 Defecto fáctico.

Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra vici ada por defecto fáct ico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, “ surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”20.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hec ho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra21.

En el present e caso el demandante sostiene que , la decisión reprochada incurre en defecto fáctico, porque (i) “omitió valorar y tener como pruebas , [entre otras], […] el certificado contractual expedido por el SENA, donde consta que, […] laboró

En el present e caso el demandante sostiene que , la decisión reprochada incurre en defecto fáctico, porque (i) “omitió valorar y tener como pruebas , [entre otras], […] el certificado contractual expedido por el SENA, donde consta que, […] laboró para esta entidad, entre el 21 de enero y el 31 de diciembre de 20 19 bajo el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.748337 del 21 de enero del 2019 […] [y] los certificados de pagos efectuados […] a [su] favor […], en [ese] año”; y, (ii) “al amparo de lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 67 de la ley 2080 que modificó el artículo 247 d e la ley 1437 y en los numerales 2° y 5° del artículo 327 del Código General del proceso y habiéndose requerido los contratos desde el agotamiento d e la vía admin istrativa sin que e l extremo pasivo los

19 El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 18 de octubre de 2024, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 22 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA. 20 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño. 21 Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01

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aportara, tenía el tribunal la potestad de requerir [los] […] una vez más, […] sin embargo, […] no lo hizo”.

Con el propósito de dilucidar si el referido reproche tiene o no asidero jurídico, vale la pena recordar que, el contrato de prestación de servicios es el celebrado por los entes estatales para desarrollar actividades relacionadas con su administración o funcionamiento y sus condiciones están dadas, entre otras normas, por el artículo 3222, numeral 323, de la Ley 80 de 1993 24, es d ecir, por el cual , se vincula excepcionalmente a una persona con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asu mir el persona l de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, teniendo en cuenta que, debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Sin embargo, el contrato de prestación de servicios s e desf igura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación la boral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales en f avor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 5325 de la Constitución Política, con el que , se propende por la garantía de los

contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 5325 de la Constitución Política, con el que , se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas acerca de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional d e la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de

22 “DE LOS CONTRATOS ESTATALES”. 23 “<Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES>Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar act ividades relacion adas con la ad ministración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo p odrán ce lebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requie