CE - Sentencia 11001031500020240631701 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-01

Demandantes: Noel Palomino Palomino y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., diecisØis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06317-01

Accionante: Noel Palomino Palomino

Accionado: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal y

Tribunal Administrativo de Casanare Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencias judiciales Subtema 1: Violación directa de la Constitución. Subtema 2: Desconocimiento del precedente judicial. Subtema 3: R equisitos generales de procedencia – relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia del 16 de enero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Noel Palomino Palomino, CÆndida Rosa Castro Moreno, Sandra Viviana Palo mino Castro, Fabio Nelson Palomino Castro, Jairo Palomino Castro, Ana Delia Castillo Castro, Jacqueline Ramírez SÆnchez, Jhon Alexander Holguín Ramírez y James

Castro, Fabio Nelson Palomino Castro, Jairo Palomino Castro, Ana Delia Castillo Castro, Jacqueline Ramírez SÆnchez, Jhon Alexander Holguín Ramírez y James Holguín Ramírez 1, a travØs de apoderado, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la reparación integral y de acceso a la administración de justicia, que consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, al proferir las sentencias del 13 de junio de 2024 y del 25 de septiembre de 2023, respectivamente, en el marco del proceso de reparación directa, id entificado con el radicado nœmero 85001-33-33-002-2016-00315-00/01.

2. Hechos

2.1. Los aquí accionantes presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional,

1 ˝ndice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 252F761B3935D031 3B6FC1F6B78EC5AC

71F6BDE0DFAC75A8 A6263F922C7D8982.0000

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Demandante: Noel Palomino Palomino y otros

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con ocasión de los perjuicios materiales e inmateriales presuntamente deriva dos de la desaparición forzada de Óscar Palomino Castro, Luis Alfredo Castillo Castro, Carlos Augusto Castillo Castro y James Holguín Vargas a manos de miembros de

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con ocasión de los perjuicios materiales e inmateriales presuntamente deriva dos de la desaparición forzada de Óscar Palomino Castro, Luis Alfredo Castillo Castro, Carlos Augusto Castillo Castro y James Holguín Vargas a manos de miembros de las autodefensas del Casanare, encubierta por miembros de la institución policial, en hechos ocurridos el 16 de agosto de 2003.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, bajo el radicado 85001-33-33-002-2016-0031500 autoridad que, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2023 declaró de oficio la caducidad del medio de control. Sostuvo que el tØrmino para presentar la demanda debía co ntarse desde el momento en que cobró ejecutoria la inadmisión del recurso de casación interpuesto en el proceso penal que se adelantó en contra de los miembros de la Policía Nacional por el delito de desaparición forzada, esto es el 2 de agosto de 2013, por lo que la solicitud de conciliación radicada el 1 de junio de 2016 no fue presentada dentro el tØrmino de dos aæos que dispone el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

El juez ordinario de la primera instancia fundamentó su decisión en las sentencias de unificación del 6 de febrero de 2020 y 29 de enero de 2020 proferidas por el Consejo de Estado, en lo referente a la caducidad de la reparación directa en casos relativos a crímenes de lesa humanidad.

2.3. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó recurso de apelación, pues

de Estado, en lo referente a la caducidad de la reparación directa en casos relativos a crímenes de lesa humanidad.

2.3. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó recurso de apelación, pues a su juicio, en los casos de ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos se imponía flexibilizar el cómputo del tØrmino para presentar la demanda. Indicó que , antes de la sentencia de unificación del Consejo de Estado en 2020, las Subsecciones de la Sección Tercera tenían posiciones disímiles sobre el conteo de la caducidad en casos de responsabilidad extracontractual estatal por daæos derivados de la comisión de delitos de lesa humanidad. Algunas Subsecciones sostenían que la c aducidad comenzaba a partir del conocimiento del fallo penal condenatorio, mientras que otras no aplicaban el tØrmino de caducidad debido a la imprescriptibilidad de la acción penal y la prevalencia de los derechos convencionales y constitucionales de las víctimas.

Por lo tanto, manifestaron que para efectos de la admisibilidad del medio de control y el estudio del presupuesto de la caducidad en fase inicial, debía respetarse la jurisprudencia imperante al momento en que se radicó la demanda. En consecuencia, afirmaron que, de acuerdo con el criterio de la Øpoca de radicación de la demanda (2017), de cara a la responsabilidad extracontractual estatal derivada de daæos ocasionados por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, era viable inaplicar el tØrmino legal de caducidad.

2.4. El Tribunal Administrativo del Casanare, mediante sentencia del 13 de jun io de

daæos ocasionados por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, era viable inaplicar el tØrmino legal de caducidad.

2.4. El Tribunal Administrativo del Casanare, mediante sentencia del 13 de jun io de 2024, resolvió la alzada, en el sentido de confirmar la decisión de primera instancia.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud0000

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La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad , al debido proceso, a la reparación integral y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió al juez constitucional dejar sin efectos las sentencias proferidas al interior del proceso radicado 85001-33-33-002-2016-00315-00/01 y, en su lugar, ordenar al Tribunal Administrativo del Casanare que dicte fallo de reemplazo en el que estudie de fondo las pretensiones del medio de control de reparación directa.

Los accionantes aseguraron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fÆctico por indebida valoración probatoria y sustantivo “por violación al precedente horizontal y vertical, así como por desconocimiento de los precedentes vinculantes que seæalan el carÆcter de Fundamental de que goza el Derecho al Acceso a la Administración de Justicia, a la Igualdad y a la Reparación Integral”2.

Adujeron que su caso, donde se presumen delitos de lesa humanidad , se debe flexibilizar el tØrmino de caducidad, por ello, no le es aplicable el prece dente

Adujeron que su caso, donde se presumen delitos de lesa humanidad , se debe flexibilizar el tØrmino de caducidad, por ello, no le es aplicable el prece dente jurisprudencial con el cual se decidió de fondo el asunto, porque a pe sar de que el Consejo de Estado unificó este tipo de asuntos, la Corte Constitucional ha reiterado en diferentes decisiones que las autoridades judiciales deben “aplicar el precedente de unificación vigente al momento de proferir el fallo, es decir que las reglas jurisprudenciales tienen efectos inmediatos”3.

Indicaron que el juez del asunto debió tener en cuenta que, segœn el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional el carÆcter continuado o permanente de la desaparición forzada es el fundamento de la regla de la caducidad del me dio de control de reparación directa, por ello, el cómputo del tØrmino inicia cuando se tenga certeza del paradero de la persona desaparecida. En consecuencia, consideran que, como las víctimas mortales de estos hechos aparecieron hasta el aæo 2024, el tØrmino de caducidad debe contabilizarse a partir de esta fecha y no desde que se profirieron las decisiones penales en contra del agente de la Policía Nacional.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

El Despacho del magistrado ponente de primera instancia, con auto del 2 1 de noviembre de 20244, admitió la acción, vinculó como terceros con interØs a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y ordenó la notificación a las partes.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

noviembre de 20244, admitió la acción, vinculó como terceros con interØs a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y ordenó la notificación a las partes.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

4.1. El Tribunal Administrativo del Casanare contestó la solicitud de amparo y solicitó declarar su improcedencia por no superar el requisito de subsidiarieda d.

2 Ibid. 3 Ibid. 4 ˝ndice 00005 del expediente digital de primera instancia, certificado EE40C3770364EA17 360EBEEBB2FE2937

A7862C4C7AE460DC 43466271B05B1AC0.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-01

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros

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Sostuvo que la parte tenía a su disposición el recurso extraordinario de revisión, a travØs del cual podía cuestionar la decisión emitida en el marco del proceso de reparación directa. Por otra parte, indicó que la sentencia objeto de reparos fu e proferida conforme a las normas aplicables y segœn el criterio jurisprudencial vigente, en concordancia con las pruebas aportadas al expediente.

4.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal solicitó que se declarara la improcedencia de la acción en la medida en que no se vulneraron las garantías constitucionales de la parte actora. Afirmó que lo que se observaba e ra la intención de reabrir un debate ya resuelto ante el juez de la causa.

4.4. La Policía Nacional allegó su respectivo informe y deprecó que se declare la

garantías constitucionales de la parte actora. Afirmó que lo que se observaba e ra la intención de reabrir un debate ya resuelto ante el juez de la causa.

4.4. La Policía Nacional allegó su respectivo informe y deprecó que se declare la improcedencia de la acción. Manifestó que no se vulneraron los derechos invocados por los accionantes, en la medida en que la decisión fue proferida bajo el marco legal y jurisprudencial aplicable. Manifestó que la alegada vulneración de los derec hos fundamentales se relaciona directamente con la legalidad de la providencia del 13 de septiembre de 2024, motivo por el que no tenía legitimación en la cau sa por pasiva, y solicitó su desvinculación del trÆmite de tutela.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección B Sección Segunda del Consejo de Estado, en sente ncia del 16 de enero de 20255, negó las pretensiones de la demanda.

El juez constitucional de primera instancia expuso que, de la lectura del expe diente contentivo del radicado 85001-3333-002-2016-00315-01 y el pronunciam iento cuestionado, es posible avizorar una motivación suficiente y coherente, pues el asunto se resolvió de acuerdo con el criterio fijado en sentencia d e unificación del Consejo de Estado, como órgano de cierre de la jurisdicción administrativa en materia del tØrmino de caducidad en asuntos de reparación directa relacionados con daæos derivados de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En consecuencia, adujo que era pertinente indicar que en el caso e n concreto se

del tØrmino de caducidad en asuntos de reparación directa relacionados con daæos derivados de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En consecuencia, adujo que era pertinente indicar que en el caso e n concreto se observaba que el conteo del tØrmino de caducidad para la parte actora co menzó a partir del 24 de julio de 2013, fecha en la cual se notificó el au to de inadmisión del recurso de casación dentro del proceso penal que se promovieron los aquí demandantes contra los miembros de la Policía Nacional por el delito de desaparición forzada, razón por la cual se tenía hasta el 25 de julio de 2015 para presentar la demanda de reparación directa, no obstante, ello solo ocurrió el 1.” de julio de 2016, Øpoca para la cual ya era extemporÆneo, de acuerdo al plazo establecido legalm ente para ejercer el derecho de acción en este tipo de asuntos.

Con base en ello, el juez constitucional de primera instancia denotó que no se

5 ˝ndice 00016 del expediente digital de primera instan cia, certificado A6A483EBA9BA57CB

D63FAAEA2680805D 0FD4499579DD9D50 EABCC7D382916F91.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-01

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros

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desconoció el precedente aplicable, en tanto la regla aplicada obedecía y se encontraba acorde a un pronunciamiento de unificación dictado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

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desconoció el precedente aplicable, en tanto la regla aplicada obedecía y se encontraba acorde a un pronunciamiento de unificación dictado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Concluyó que el juez de tutela debía respetar la interpretación jurídica del fallador natural y por lo tanto no le correspondía cuestionar las decisiones adoptadas dentro del Æmbito de sus competencias, salvo que resultara palmaria la vulneració n de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación contra la decisión de pri mera instancia y reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

El magistrado ponente de la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, a travØs de auto del 25 de febrero de 2025 6, concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Noel Palomino Palomino, CÆndida Rosa Castro Moreno, Sandra Viviana Palo mino Castro, Fabio Nelson Palomino Castro, Jairo Palomino Castro, Ana Delia Castillo Castro, Jacqueline Ramírez SÆnchez, Jhon Alexander Holguín Ramírez y James

Castro, Fabio Nelson Palomino Castro, Jairo Palomino Castro, Ana Delia Castillo Castro, Jacqueline Ramírez SÆnchez, Jhon Alexander Holguín Ramírez y James Holguín Ramírez son los titulares de las garantías constitucionales que afirman so n vulneradas, en su condición de demandantes dentro del proceso de reparación directa con radicado 85001-33-33-002-2016-00315-00/01.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal fueron las autoridades que profirieron las decisiones que, segœn los tutelantes, vulneraron sus derechos fundamentales.

2.3. Antes de continuar con el anÆlisis de la solicitud de amparo, la Sala pone d e presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tan to en

6 Archivo electrónico identificado con certificado B7565C0C2821 E186 06F5C76D1513E746 61EC148A84CA5C4D F63037C6AFAAFA0A, ubicado en el índice 22 del expediente digital de primera instancia.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-01

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros

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primera, como en segunda instancia, circunscribirÆ su anÆlisis œnicamente a la providencia del 13 de junio de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo d el Casanare, por cuanto esta resolvió los argumentos elevados por la parte actora en su recurso de apelación y fue la providencia que puso fin al proceso de rep aración

providencia del 13 de junio de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo d el Casanare, por cuanto esta resolvió los argumentos elevados por la parte actora en su recurso de apelación y fue la providencia que puso fin al proceso de rep aración directa.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 16 de enero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Se gunda del Consejo de Estado, que negó las pretensiones del accionante.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela con tra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederÆ a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función d e los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 7 indicó que estas proceden si

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 7 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que habilitan la interposición de la tutela 8 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto9.

7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor ha ya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisió n de fondo que se estima violatoria de los derechos fundam entales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior de l proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en l os defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestio nada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser raz ón suficiente para el amparo constitucional. A saber:

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestio nada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser raz ón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se d ecida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cu enta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus0000

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-01

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros

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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial q ue se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración d e justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.

4.1. Relevancia constitucional.

cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración d e justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cu yo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”11.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que

para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

AdemÆs, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho mÆs estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el anÆlisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho

decisiones en el entendido que precisamente en esa moti vación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violaci ón directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

sus postulados. 9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 11 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.0000

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Demandante: Noel Palomino Palomino y otros

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fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privada s; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a d erechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constituciona l se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interØs pœblico, ya que el asunto debe trascender el interØs particular de las partes y generar un efecto mÆs amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

generar un efecto mÆs amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta œltima, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una provid encia que ha hecho trÆnsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en tØrminos de los defectos definidos por la jurisprudencia como œnicas causales que habilitan el control constitucional concreto12.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora argumentó q ue la autoridad accionada incurrió en defecto fÆctico por la indebida valoración prob atoria y en el defecto material o sustantivo, por violación al precedente horizontal y vertical, así como por desconocimiento de los precedentes vinculantes que seæalan e l carÆcter de fundamental de que goza el derecho de acceso a la administració n de justicia, a la igualdad y a la reparación integral.

5.2. La autoridad accionada indicó que uno de los reparos del demandante contra la decisión proferida por el juzgado radicó en que, a su juicio, la sentencia de Unificación de 29 de enero de 2020 no debía aplicarse a este caso, por cuan to la demanda

decisión proferida por el juzgado radicó en que, a su juicio, la sentencia de Unificación de 29 de enero de 2020 no debía aplicarse a este caso, por cuan to la demanda ordinaria se había radicado con anterioridad a su expedición, bajo unas posiciones jurisprudenciales diferentes, que habían generado en los demandantes una expectativa de Øxito en el medio de control, específicamente, porque en cuanto a la caducidad no se aplicaba en sentido estricto el tØrmino legal por la natu raleza del daæo.

12 Cfr. sentencia C-590 de 2005.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06317-01

Demandante: Noel Palomino Palomino y otros

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Al respecto, el tribunal sostuvo que esta posición no es compartida por la Sa la, por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, para el recurrente el conteo del tØrmino de caducidad debía inaplicarse por tratarse de crímenes de lesa humanidad, cuando la presunta responsabilidad del Estado se deriva de un hecho de desapa rición forzada, que cuenta con norma especial y, como ya lo ha decantado la jurisprudencia, tiene unos elementos específicos de anÆlisis. En palabras de la Corte Constitucion al en la Sentencia SU-312 de 2020.

5.3. Ahora bien, del anÆlisis de los aspectos abordados en la sentencia de seg unda instancia dictada por el tribunal Administrativo de Casanare, que puso fin a la actuación ordinaria, así como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el ad quem arribó a las siguientes conclusiones:

instancia dictada por el tribunal Administrativo de Casanare, que puso fin a la actuación ordinaria, así como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el ad quem arribó a las siguientes conclusiones:

7.6.1. Como y fue establecido, en este caso debe acudirse al inciso segundo del literal i), numeral 2, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en tanto resu lta aplicable por ser norma especial en casos de desaparición forzada como el que ocupa la atención de la Sala.

7.6.2. TambiØn debe precisarse, que esto es así porque pese a que las pretensiones de la demanda hacen referencia a las omisiones en el deber de protección de la Policía Nacional, lo cierto es que los hechos que sustentan la demanda y el caudal probatorio conducen a que se pretende la imputación de la entidad demandada en razón a la participación del Sargento William Castillo Mosquera junto con los miembros de las ACC en la desaparición de las víctimas. 7.6.3. De acÆ que, en primer lugar, al interior del plenario no se demostró que los restos de los seæores Oscar Palomino Castro, Luis Alfredo Castillo Castro, Carlos Augusto Castillo Castro y James Holguín Vargas hubieran sido reconocidos, mucho menos entregados a sus familiares.

7.6.4. Por tanto, se acude a la previsión normativa segœn la cual la caducidad