CE - Sentencia 11001031500020240636500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06365-00

Accionante: Leidy Yohana Franco Herrera

Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo

Lara Bonilla Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: Acción de tutela contra actos administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos / Improcedencia / Subsidiariedad - existencia de otro mecanismo judicial idóneo y eficaz – no se probó perjuicio irremediable

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. La señora Leidy Yohana Franco Herrera , instauró acción de tutela contra l a Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura, en busca de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a cargos públicos, así como los principios de confianza legítima y buena fe.

2. Por medio de la Resolución EJR24 -298 del 21 de junio de 2024, la accionada publicó los resultados obtenidos por los discentes que aplicaron a la evaluación de

2. Por medio de la Resolución EJR24 -298 del 21 de junio de 2024, la accionada publicó los resultados obtenidos por los discentes que aplicaron a la evaluación de la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial , en el marco de la Convocatoria 27. La demandante obtuvo un puntaje inferior a 800, lo que implica que reprobó.

3. La señora Franco Herrera interpuso recurso de reposición contra esa decisión, el cual fue resuelto mediante la Resolución Resolución EJR24-1673 del 7 de noviembre

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06365-00

Accionante: Leidy Yohana Franco Herrera Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2 de 2024, en el sentido de reponer de forma parcial, ajustando la calificación obtenida inicialmente por la discente a 784 puntos.

4. La demandante alegó que la decisión adoptada por la accionada comporta una vulneración a los derechos fundamentales que invoca, en tanto desconoció el Acuerdo Pedagógico que rige el concurso y el documento maestro del mismo, toda vez que: (i) no valoró la apropiación del contenido académico enfocado a la práctica

vulneración a los derechos fundamentales que invoca, en tanto desconoció el Acuerdo Pedagógico que rige el concurso y el documento maestro del mismo, toda vez que: (i) no valoró la apropiación del contenido académico enfocado a la práctica judicial, el desarrollo de competencias sobre la función judicial, la interpretación de textos jurídicos ni la lógica del razonamiento para la solución de los problemas jurídicos que fueron planteados en el examen; (ii) incluyó aspectos que no se informó serían objeto de calificación; (iii) modificó la forma de evaluación que allí se había determinado; y, (iv) omitió pronunciarse de forma congruente frente a los reparos propuestos en el recurso de reposición , lo que se debe, entre otras cosas, a los parámetros utilizados en la implementación de la inteligencia artificial para la resolución del recurso.

5. Para efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad , sostuvo que de no ser incluid a en la Subfase Especializada perdería la oportunidad de acceder al cargo que aspira, si se tiene en cuenta que un proceso ordinario podría tardar en resolverse más de un año, mientras que esa fase del concurso está prevista para culminarse en agosto de 2025.

6. Sumado a ello, adujo que la solicitud de amparo es procedente, toda vez que el problema que se plantea trasciende la esfera de la simple legalidad, en tanto lo que se discute es el cumplimiento del artículo 125 de la Constitución Política, y en esa medida el asunto desborda la competencia del juez de lo contencioso administrativo.

7. En tal sentido, las pretensiones están encaminadas a que se ordene a la entidad

se discute es el cumplimiento del artículo 125 de la Constitución Política, y en esa medida el asunto desborda la competencia del juez de lo contencioso administrativo.

7. En tal sentido, las pretensiones están encaminadas a que se ordene a la entidad accionada expedir un acto administrativo en el que se reconozca como acertadas las preguntas objeto de debate y, en consecuencia, se disponga su inclusión definitiva en la Subfase Especializada del IX Curso de Formación Judicial . De forma subsidiaria, pidió su inclusión -provisionalhasta tanto el juez de lo contencioso administrativo resuelva la de manda que impetraría en caso de concederse un amparo transitorio.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

8. Mediante auto del 26 de noviembre de 2024, se resolvió: (i) admitir la demanda ;

(ii) notificar de su presentación a la entidad accionada; (iii) vincular en calidad de terceros con interés a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a la sociedad E Distribution S.A.S., integrantes de la Unión Temporal de Formación Judicial 2019, así como a todos los discentes del IX Curso de Formación Judicial que se adelanta en el marco de la Convocatoria 27, que hubieran sido admitidos al curso de formación judicial para el cargo de juez penal del circuito ; (iv) comunicar laRadicación: 11001-03-15-000-2024-06365-00

Accionante: Leidy Yohana Franco Herrera Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3 decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Est ado; y, (v) negar la

Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3 decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Est ado; y, (v) negar la solicitud de medida provisional formulada por la actora.

(i) Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla2

9.Aseveró que la solicitud de amparo se torna improcedente, toda vez que la actora tiene a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento, y no acreditó la configuración de los supuestos que habilitan la procedencia excepcional del amparo, teniendo en cuenta que: (i) los cargos ofertados en la Convocatoria 27 no son aquellos de periodo fijo determinados por la Constitución o por la ley; (ii) todavía no se ha llegado a la etapa de conformación de la lista de elegibles, por lo que no puede hablarse de la existencia de trabas para nombrar en el cargo a alguien que haya ocupado el primer lugar en esa lista; (iii) no se probó una afectación a algún derecho fundamental; y, (iv) no se acreditó que la demandante se encontrara en alguna situación particular por razones de edad, salud, condición social u otras, que llevaran a considerar desproporcionada la exigencia de acudir al juez natural.

10.Esgrimió que el recurso de apelación interpuesto por la actora fue resuelto conforme a derecho, en cumplimiento de los acuerdos que rigen el concurso. Destacó que no ha hecho uso de la inteligencia artificial para redactar las decisiones que se han adoptado en el m arco de la Convocatoria 27. Las distintas solicitudes y

conforme a derecho, en cumplimiento de los acuerdos que rigen el concurso. Destacó que no ha hecho uso de la inteligencia artificial para redactar las decisiones que se han adoptado en el m arco de la Convocatoria 27. Las distintas solicitudes y recursos que han presentado los discentes se han atendido de forma individual y con fundamento en la razonabilidad y juicio profesional del equipo de trabajo.

11. Explicó que las inconformidades planteadas por la accionante se resolvieron con los insumos proporcionados por la Unión Temporal Formación Judicial 2019, a partir de los cuales se constató que en el proceso de construcción de la prueba se surtió un juicio de validación psicométrico, lingüístico, técnico y jurídico , avalado por expertos en varias disciplinas, que evidenciaron que los ítems cumplieron con los estándares adecuados para proceder con la aplicación de la evaluación.

(ii) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia3

12. Señaló que no ha incurrido en vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, pues todas las actuaciones adoptadas en el marco de la Convocatoria 27 se han ajustado a las reglas que rigen el concurso, en especial al acuerdo pedagógico.

(iii) Unión Temporal Formación Judicial 20194

2 Intervención digital contenida en 11 folios. 3 Intervención digital contenida en 4 folios. 4 Intervención digital contenida en 4 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06365-00

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Accionante: Leidy Yohana Franco Herrera Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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13. El señor Hernán Felipe Wilson Martínez, quien manifestó actuar en calidad de representante legal de la Unión Temporal Formación Judicial 2019 , solicitó su desvinculación del trámite de tutela, bajo el argumento de que la unión temporal carece de competencia para atender lo pretendido por la parte accionante.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestión previa

14. La Sala no se pronunciará sobre la solicitud presentada por el señor Hernán Felipe Wilson Martínez, pues a quien se vinculó fue a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a la sociedad E Distribution S.A.S, no a la unión temporal, que carece de capacidad para ser tenida como parte en los procesos de tutela5.

15. Para pedir la desvinculación de las personas jurídicas que integran la unión temporal -quienes ostentan la titularidad de los derechos fundamentales que podrían verse afectados en el presente asunto - resultaba necesario que lo solicitaran sus representantes legales. El señor Wilson Martínez no acreditó esa calidad ni aportó poder conferido por dichas personas.

D. Análisis del caso concreto

16. Esta Subsección declarará improcedente la solicitud de amparo por no encontrar acreditado el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad.

17.De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutel a únicamente procede cua ndo el accionante no dispone de otro medio de defensa,

acreditado el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad.

17.De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutel a únicamente procede cua ndo el accionante no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el interesado d ebió haber agotado todos los recursos -idóneos y eficacesque el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos. De lo contrario, la tutela deviene improcedente.

18. Esta regla de procedencia se torna aún más estricta cuando se busca cuestionar actos administrativos, los cuales se encuentran amparados por el principio de legalidad. Se parte del supuesto de que la administración, al momento de expresar su voluntad, acata las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra

5 Esta Sala de Subsección ha defendido la tesis de que los consorcios y las uniones temporales no se encuentran facultados para actuar como partes o terceros en un proceso de tutela, pues estas figuras se conforman con el propósito de presentar conjuntamente una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato con una entidad estatal, pero no constituyen una persona jurídica diferente de sus miembros individualmente considerados. De ahí que la titularidad de los derechos fundament ales se encuentre en cabeza de quienes integran o integraron los consorcios y las uniones temporales, mas no de los representantes legales de este tipo de asociaciones. Al respecto, se puede revisar -entre otrasla sentencia del 4 de noviembre de 2022

de quienes integran o integraron los consorcios y las uniones temporales, mas no de los representantes legales de este tipo de asociaciones. Al respecto, se puede revisar -entre otrasla sentencia del 4 de noviembre de 2022 proferida en el marco de la acción de tutela 11001 -03-15-000-2022-05036-00 (C.P. José Roberto Sáchica Méndez).Radicación: 11001-03-15-000-2024-06365-00

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5 subordinada. De manera que quien pretenda controvertir uno de tales actos, está obligado a acreditar que aquel se apartó del ordenamiento jurídico, y ese debate debe surtirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo6.

19.Los actos administrativos proferidos en el marco de un concurso de méritos no escapan de esa consideración; sin perjuicio de que se deba indagar sobre su naturaleza para establecer si son de carácte r definitivo y por ende susceptibles de control judicial, o si se trata de actos de trámite o de ejecución7.

20. Lo anterior no significa que una vez determinada la existencia de otros medios judiciales, la solicitud de amparo se torne improcedente de forma automática. Resulta imperativo que el juez constitucional examine la idoneidad y eficacia del mecanismo identificado para conjurar la posible afectación de los derechos fundamentales objeto de reclamo de cara a las circunstancias particulares del caso.

21. En el evento de encontrar que el instrumento judicial no es idóneo y eficaz se

identificado para conjurar la posible afectación de los derechos fundamentales objeto de reclamo de cara a las circunstancias particulares del caso.

21. En el evento de encontrar que el instrumento judicial no es idóneo y eficaz se activa la procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo. La intervención del juez constitucional también se habilita cuando se advierte que, siendo idóneo y eficaz , éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable 8, caso en el cual la solicitud de amparo procede de forma transitoria. Una tercera excepción a esa regla general de improcedencia, ocurre cuando en la solicitud de amparo se presenta una discusió n de índole constitucional que desborda el marco de competencia del juez de lo contencioso administrativo9.

22. En el presente asunto, la actora tiene a su disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 10 para cuestionar la legalidad de las dos decisiones que censura: la Resolución EJR24-305 del 24 de junio de 2024, por medio de la cual se excluyó a la accionante del XI Curso de Formación Judicial que se adelanta en el marco de la Convocatoria 27 ; y la Resolución EJR24-1673 del 7 de noviembre de 2024 , que resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra esa decisión.

23. Aunque la aludida convocatoria aún contin úa en trámite, la Resolución EJR241673 del 7 de noviembre de 2024 consolidó la situación jurídica de la actora como participante en el marco de esa actuación administrativa, en tanto l a excluyó de manera definitiva del concurso, lo que otorga a l acto cuestionado el carácter de

participante en el marco de esa actuación administrativa, en tanto l a excluyó de manera definitiva del concurso, lo que otorga a l acto cuestionado el carácter de

6 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018. 7 Al respecto, ver sentencias SU-067 de 2022, T-081 de 2022, entre otras. 8 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización d el perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela. 9 Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022. 10 El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 prevé que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (…)”.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06365-00

Accionante: Leidy Yohana Franco Herrera Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

6 definitivo y, consecuentemente, la posibilidad de acud ir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para discutir su validez.

24. Esta Corporación 11 ha considerado que el carácter definitivo de un acto no

6 definitivo y, consecuentemente, la posibilidad de acud ir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para discutir su validez.

24. Esta Corporación 11 ha considerado que el carácter definitivo de un acto no depende necesariamente de hallarse situado en el final del trámite, sino de los efectos que el mismo genere de manera concreta en cada participante. En ese sentido, cuando un acto administrativo impide a una persona continuar en el concurso -como acontece en el caso de marras - se considera de carácter definitivo con respecto a ella y, por tanto, se activa la posibilidad de suscitar su validez ante el juez de lo contencioso administrativo.

25. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho no solo le permite a la demandante debatir la presunción de legalidad del acto objeto de reproche y obtener el restablecimiento integral de sus derechos presuntamente vulnerados a causa de su expedición, sino que también le otorga la posibilidad de solicitar medidas cautelares en cualquier estado del proceso, incluso antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, como la suspensión provisional del acto o cualquier otra medida que considere necesaria con el fin de garantizar -provisionalmenteel objeto del proceso12.

26. Por lo tanto, el eventual tiempo que pueda llegar a tardar en decidirse ese asunto mientras el concurso continúa en trámite no resulta suficiente para poner en tela de juicio la efectividad y eficacia del medio de control, pues durante el curso del proceso la demandante tiene a su disposición diferentes instrumentos jurídicos para evitar la consumación o agravación de los daños que estima provienen de la presunta transgresión de los derechos invocados, hasta tanto se adopte una decisión definitiva.

la demandante tiene a su disposición diferentes instrumentos jurídicos para evitar la consumación o agravación de los daños que estima provienen de la presunta transgresión de los derechos invocados, hasta tanto se adopte una decisión definitiva.

27. En tales condiciones, para la Sala el medio de control de nulidad y restablecimiento del der echo se constituye como el mecanismo judicial idóneo y eficaz para perseguir la protección de los derechos fundamentales que la parte actora estima vulnerados con ocasión de la decisión de haber la excluido del concurso de méritos. Sin embargo, la actora ha optado por no hacer uso del mismo, sin que haya ofrecido una razón válida que justifique dicha abstención.

28. Tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio, pues para tales efectos la accionante se limitó aducir que la exigencia de acudir ante la jurisdicción

11 Al respecto, ver sentencias del 2 de octubre de 2019 (exp. 66001-23-33-000-2016-00794-01), 5 de noviembre de 2020 (exp. 25000-23-41-000-2012-00680-01), 3 de marzo de 2023 (exp. 11001-03-15-000-2023-00415-00), entre otras. 12 De conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 “En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidame nte sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en

adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidame nte sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (...)”.Radicación: 11001-03-15-000-2024-06365-00

Accionante: Leidy Yohana Franco Herrera Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

7 de lo contencioso administrativo conllevaría a que perdiera la oportunidad de acceder al cargo que aspira dentro del concurso de méritos, si se tiene e n cuenta el tiempo que podría tardar en resolverse el proceso ordinario, frente a lo cual debe reiterarse la posibilidad de solicitar medidas cautelares en el marco de ese proceso, cuyo objeto no es otro que asegurar la eficacia de los derechos reclamados mientras se decide de forma definitiva la controversia.

29. Otro aspecto que desvirtúa la configuración del alegado perjuicio irremediable es que las posibilidades de ejercer su profesión, no están limitadas por el curso de la referida convocatoria, de manera que no se advierte un compromiso a sus medios de subsistencia.

30. Aunado a todo lo anterior, no se advierte que se esté en presencia de una discusión que tra scienda la esfera de lo constitucional, pues aun cuando la actora afirmó que la controversia que planteaba desborda la competencia del juez natural, todos los argumentos que fundamentan su solicitud están orientados a debatir la

discusión que tra scienda la esfera de lo constitucional, pues aun cuando la actora afirmó que la controversia que planteaba desborda la competencia del juez natural, todos los argumentos que fundamentan su solicitud están orientados a debatir la legalidad del acto acusado, asunto que corresponde definir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

31. Por lo expuesto anteriormente, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela.

32.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

13 VFRadicación: 11001-03-15-000-2024-06365-00

Accionante: Leidy Yohana Franco Herrera Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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Accionante: Leidy Yohana Franco Herrera Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite v alidar su integridad y autenticidad en el enlace

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.