CE - Sentencia 11001031500020240667901 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06679-01

Accionante: Leidy Johana Vargas `ngel

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., doce (12) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06679-01

Accionante: Leidy Johana Vargas `ngel

Accionado: Tribunal Administrativo del Huila-Sala Segunda de

Decisión Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencias judiciales. Subtema: Requisitos generales de procedencia – relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia del 20 de febrero de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Leidy Johana Vargas `ngel 1, por intermedio de apoderado, presentó escrito de tutela en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al d ebido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la dignidad humana que consideró vulnerados por la Sala Segunda de Decisión del Tribun al Administrativo del Huila, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 11 de junio de 2024 dentro del proceso de reparación directa identificad o con el

humana que consideró vulnerados por la Sala Segunda de Decisión del Tribun al Administrativo del Huila, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 11 de junio de 2024 dentro del proceso de reparación directa identificad o con el nœmero de radicado 41001-33-33 006-2015-00135-00/01/02.

2. Hechos

2.1. Los seæores Jairo Vargas Valenzuela, Ubaldina `ngel MillÆn, Leidy Johana Vargas `ngel y María Sully Moreno Cruz, en nombre propio y en representación d e Isabel Sofía y María Del Mar Vargas Moreno presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra del municipio de Neiva, de la cooperativa de Motoristas del Huila y CaquetÆ Ltda-Coomotor Ltda, de La Eq uidad Seguros Generales, de JosØ Luis Díaz y de Ferney Puentes Polanía con el fin de

1 ˝ndice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 6B27EF B8D0356FE1

82CBB5168C278516 BE05C0A35DBD2607 E3898A0F480F2365.0000

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que se les declarara responsables de los daæos y perjuicios causados por la muerte de Ronald Alberto Vargas `ngel ocurrida el 16 de marzo de 2014 con oc asión de un accidente de trÆnsito. Adujeron que el siniestro ocurrió debido a la imprude ncia del conductor de un bus que circulaba con exceso de velocidad; ademÆs qu e los

un accidente de trÆnsito. Adujeron que el siniestro ocurrió debido a la imprude ncia del conductor de un bus que circulaba con exceso de velocidad; ademÆs qu e los semÆforos no estaban en funcionamiento por lo que el conductor no advir tió que la motocicleta había ingresado a la avenida, la impactó y provocó la caída del motociclista quien sufrió las lesiones que le causaron la muerte.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Neiva, bajo el radicado nœmero 41001-33-33 006-2015-00135-00.

2.3. El 29 de noviembre de 2017 el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva celebró audiencia inicial en la que fijó el litigio y ordenó la prÆctica de algunas pruebas. S in embargo, negó el decreto del dictamen pericial porque consideró extemporÆnea su solicitud. La parte demandante apeló esa decisión en lo atinente a la n egativa a decretar la prÆctica de pruebas por extemporÆneas. El recurso fue concedido en efecto devolutivo.

2.4. Posteriormente, la mencionada autoridad judicial, mediante sentencia del 2 de mayo de 2018, negó las pretensiones de la demanda. Consideró que, si bien quedó acreditado que los semÆforos ubicados en el lugar del accidente no funcionaban el día de los hechos, esta circunstancia o la no existencia de dicho elemento e n un cruce, no era indicativo de liberalidad en las actividades de los usuarios de las vías, bien sea que se trate de conductores de vehículos o peatones, pues la normatividad

día de los hechos, esta circunstancia o la no existencia de dicho elemento e n un cruce, no era indicativo de liberalidad en las actividades de los usuarios de las vías, bien sea que se trate de conductores de vehículos o peatones, pues la normatividad fija de manera clara las reglas que deben observar. En consecuencia, la ausencia de semÆforos no configura por sí sola una falla en el servicio, en la m edida que el accidente no se produjo por falta de regulación vial, sino por la imprudencia de l motociclista.

El despacho indicó que se encontraba demostrado que el seæor Varga s tenía un alto estado de alicoramiento, circunstancia que afectaba la capacidad de juicio, la coordinación, la percepción visual y auditiva, los reflejos y otras funciones psicomotoras, lo que sumado a la imprudencia al momento de realizar el cruce que va de la calle 4 a la carrera 7, desencadenó el accidente que llevó a su deceso.

2.5. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora presentó recurso d e apelación el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 11 de junio de 2024, que resolvió:

“PRIMERO: REVOCAR el auto emitido en audiencia inicial llevada a cabo el día 29 de noviembre de 2017, a travØs del cual el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva se abstuvo de pronunciarse respecto de la prueba pericial solicitada por la accionante a travØs del memorial adiado el 25 de septiembre de 2017, por medio del cual descorrió el traslado a las excepciones propuestas por las demandadas, por las razones expuestas en la parte motiva.0000

la accionante a travØs del memorial adiado el 25 de septiembre de 2017, por medio del cual descorrió el traslado a las excepciones propuestas por las demandadas, por las razones expuestas en la parte motiva.0000

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SEGUNDO: NEGAR la prÆctica de la prueba pericial solicitada por la parte demandante a travØs de memorial adiado el 25 de septiembre de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: REVOCAR el ordinal TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva el 2 de mayo de 2018, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demÆs la sentencia de fecha el 2 de mayo de 2018, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva.

QUINTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia”.

Frente al auto de 29 de noviembre de 2017 el tribunal seæaló q ue la prueba fue solicitada por la parte actora dentro del tØrmino en que se corrió el traslado de las excepciones, esto es, de forma oportuna. Por lo anterior, decidió «revocar» e l auto que negó la prueba pericial por extemporÆnea, pero negó la prÆctica del dictam en pericial solicitado, porque carecía de utilidad, pues en el proceso fueron apo rtados el informe policial del accidente de trÆnsito, el testimonio del agente de trÆnsito que

pericial solicitado, porque carecía de utilidad, pues en el proceso fueron apo rtados el informe policial del accidente de trÆnsito, el testimonio del agente de trÆnsito que atendió el siniestro, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y el dictamen de toxicología forense, de modo que contaba con elementos probatorios suficiente s para establecer las circunstancias del accidente.

En lo relativo a la responsabilidad de Ferney Puentes Polania, conductor del microbœs, anotó que las pruebas obrantes en el expediente no p ermitían concluir que incurrió en alguna infracción de las normas de trÆnsito. Esto sumado a que la investigación penal adelantada contra el conductor fue precluida por la Fiscalía General de la Nación, al determinarse que no existía responsabilidad en su conducta.

Respecto a la responsabilidad del municipio de Neiva por la falta de funcionamiento de los semÆforos, si bien, estos no estaban operativos el día del accide nte, debía resaltarse que el Código Nacional de TrÆnsito obliga a los conductores a detene rse por completo cuando ingresan a una vía principal sin semÆforos en funcion amiento. Sin embargo, la motocicleta no detuvo su marcha y no verificó la presencia de vehículos en la intersección. De modo que no se probó que el municipio de Neiva hubiera incurrido en una falla grave en la prestación del servicio.

Expuso que analizó la declaración de Rosalba Pulido Ospina, presentada por la parte demandante como œnica testigo presencial del accidente y encontró contradicciones en su declaración, pues existieron afirmaciones inconsistentes sobre su ubicación exacta en el momento del accidente, variaciones en su relat o

parte demandante como œnica testigo presencial del accidente y encontró contradicciones en su declaración, pues existieron afirmaciones inconsistentes sobre su ubicación exacta en el momento del accidente, variaciones en su relat o sobre si el motociclista se detuvo antes de cruzar y dudas respecto a su razón para encontrarse en el lugar de los hechos. AdemÆs, que su testimonio no ten ía la suficiente fuerza probatoria para desvirtuar las pruebas tØcnicas y documentales del caso. Por lo tanto, mantuvo la valoración realizada en primera instancia y no se le concedió mayor credibilidad a su declaración.0000

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En lo concerniente a una posible concurrencia de culpas, afirmó que estaba demostrado que el œnico responsable del accidente fue el motociclista, debido a que se encontraba en estado de embriaguez (con una concentración de alcohol de 156 mg/100 ml de sangre) y no respetó la prelación de la vía ni detuvo su marcha antes de ingresar a la intersección, por lo que invadió el carril del microbœs, lo que provocó el impacto. Por lo tanto, seæaló que se configuró la culpa exclusiva de la víctima y descartó la concurrencia de culpas.

Por œltimo, revocó la condena en costas, porque no se probó que l a parte demandante hubiera actuado con temeridad o mala fe.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales. En

demandante hubiera actuado con temeridad o mala fe.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales. En consecuencia, pidió que se dejara sin efectos la sentencia del 11 de junio de 2024 emitida por el Tribunal Administrativo del Huila y, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial a proferir una nueva decisión conforme a los argum entos presentados en el escrito de tutela.

Como argumento de sus pretensiones, sostuvo que la decisión cuestionada incurrió en defecto fÆctico, porque, si bien el Tribunal Administrativo del Huila reconoció que el Juzgado Sexto Administrativo se equivocó al negar la prÆctica de la prueba pericial por considerarla extemporÆnea, lo cierto fue que se abstuvo de ordenar la prÆctica y valoración del dictamen, a pesar de que sin esta prueba no era posibl e determinar de manera objetiva la velocidad del bus, la trayectoria de los ve hículos, el estado de la vía, el trasado de la huella de frenado y otras condici ones determinantes del accidente.

Explicó que al negar la prueba pericial impidió que se demostrara una posible concurrencia de culpas y no œnicamente la culpa exclusiva de la víctima. Sostuvo que, a pesar de que el Tribunal Administrativo del Huila afirmó que el seæor Ron ald Alberto Vargas `ngel se encontraba en estado de embriaguez, lo cie rto es que esta circunstancia no fue acreditada por una persona idónea, experta en la materia, esto es, un mØdico profesional de salud en toxicología.

Alberto Vargas `ngel se encontraba en estado de embriaguez, lo cie rto es que esta circunstancia no fue acreditada por una persona idónea, experta en la materia, esto es, un mØdico profesional de salud en toxicología.

Por œltimo, aportó la sentencia de tutela proferida el 6 de septiembre de 2023 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 2023 01943-01, en la cual, por hechos similares, se había ordenado proferir una nueva decisión en la que se tuvieran en cuenta todas las pruebas aportadas de ntro del proceso. Sostuvo que dicha sentencia sustentaba la presente acción constitucional, pues aquí no se dejó de valorar una prueba, sino que se dejó de practicar el dictamen pericial, prueba determinante de conformidad a lo estipulado en el Código General del Proceso que establece la procedencia de esta, pues es una generadora de conocimiento científico o tØcnico indispensable para el operador de justicia.0000

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4. TrÆmite de tutela e intervenciones

El despacho del magistrado ponente de la primera instancia, con auto del 10 de diciembre de 20242, admitió la acción; vinculó como terceros con interØs al Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, al municipio de Neiva, a la Cooperativa de Motoristas del Huila y CaquetÆ Ltda – Coomotor Ltda, a la Equidad Seguros Generales y a los

Sexto Administrativo de Neiva, al municipio de Neiva, a la Cooperativa de Motoristas del Huila y CaquetÆ Ltda – Coomotor Ltda, a la Equidad Seguros Generales y a los seæores JosØ Luis Díaz, Ferney Puentes Polanía, Jairo Vargas Valenzuela, Ubaldina `ngel MillÆn, Leidy Johana Vargas `ngel y María Sully Moreno Cruz, quien actuó en nombre propio y en representación de Isabel Sofía y María del Mar Vargas Moreno. Asimismo, ordenó la notificación a las partes y suspendió los tØrminos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

4.1. El Juzgado Sexto administrativo de Neiva aportó el expediente del proceso objeto de la solicitud de amparo sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda.

4.2. La Equidad Seguros Generales contestó la demanda y solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela. Afirmó que no existió vulneración de los derechos fundamentales del accionante como quiera que se surtió el debido proceso en cada una de las instancias que aquella parte adelantó a travØs d e la acción de reparación directa. Adicionalmente manifestó que, de la lectura de los hechos y pretensiones de la demanda, era posible colegir que la intención de la solicitante de amparo era reabrir un debate que ya había sido resuelto.

4.3. Los demÆs sujetos procesales a pesar de haber sido notificados en deb ida forma guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 20 de febrero de 20253,

forma guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 20 de febrero de 20253, negó las pretensiones de la demanda al considerar que el tribunal accionado no incurrió en defecto fÆctico y, por el contrario, la decisión proferida fue razonable , pues se ajustó a la norma aplicable y a las pruebas valoradas de forma integral.

Finalmente, sostuvo que la sentencia de tutela proferida el 6 de septiembre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente 2023 0194301, citada por la accionante, no guarda identidad de supuestos fÆcticos ni jurídicos con la presente acción de tutela, pues en aquella oportunidad el defecto fÆctico se configuró por la omisión absoluta en la valoración de un informe tØcnico que ya obraba en el proceso, mientras que en el presente caso la autoridad jud icial

2 ˝ndice 004 del expediente digital de primera instancia, certificado 0FA8B3C97 9E0FC2B A96980BB54313FAB 4480F2098855537E ED8E9AD06A8B29D4. 3 ˝ndice 25 del expediente digital de primera instancia, certificado 88C20 EC076081D55

D272A6F5A3488628 9AB24CBEDBDC709F FE853E1B07976EBC.0000

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demandada determinó que la prÆctica del dictamen pericial no era necesaria , dada

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demandada determinó que la prÆctica del dictamen pericial no era necesaria , dada la suficiencia probatoria que existía en el proceso.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación en contra de la decisión de primera instancia y reiteró los todos argumentos expuestos en el escrito de tutela.

El magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, a travØs de auto del 6 de marzo de 2025 4, concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Leidy Johana Vargas `ngel es la titular de las garantías constitucionales qu e afirma son vulneradas, en su condición de parte demandante dentro del proceso de reparación directa con radicado 41001-33-33 006-2015-00135-00/01/02.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva porque la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila fue la autoridad qu e profirió la sentencia del 11 de junio de 2024, que puso fin al proce so y que, segœn la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

profirió la sentencia del 11 de junio de 2024, que puso fin al proce so y que, segœn la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la impugnación tienen el alcance para modificar o revocar el fallo de primera instancia que negó el amparo.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preli minar, realizar

4 ˝ndice 34 del expediente digital de primera instancia, certificado 8C2E1C5A46F7E 895

EC159B6AEF05C40A B8B24EC0EC78EB68 A021C40DB16FBE25.0000

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un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento d e fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 5 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de

Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 5 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que habilitan la interposición de la tutela 6 y otros de carÆcter específico7, que tocan con la procedencia misma del amparo una vez interpuesto.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento jud icial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración d e justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”8.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuy o objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que

5 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 6 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: qu e el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos

requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proces o y; que el fallo censurado no sea de tutela 7 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia jud icial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de l os fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad

implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de l os fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Cor te Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinari o aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato cons agrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 8 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.0000

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el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la

jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”9.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un de recho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

AdemÆs, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho mÆs estricto, lo que impli ca verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el anÆlisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad imp lica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas ; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derecho s

fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas ; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derecho s fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del ju ez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de proced ibilidad relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el

9 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.0000

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interØs pœblico, ya que el asunto debe trascender el interØs particular de las partes y generar un efecto mÆs amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto a esta œltima, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que

y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto a esta œltima, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho trÆnsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en tØrminos de los defectos definidos por la jurisprudencia como œnicas causales que habilitan el control constitucional concreto10.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la accionante argument ó que la autoridad accionada incurrió en defecto fÆctico, porque, si bien resolvió que l a solicitud del dictamen pericial no fue extemporÆnea, lo cierto fue que negó el decreto de dicha prueba, a pesar de que era esencial para aclarar las circunstancias en las que ocurrió el accidente de trÆnsito en el que falleció el seæor Ronald Alberto Vargas `ngel.

5.2. Ahora bien, del anÆlisis de los aspectos abordados en la sentencia de segunda instancia dictada por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administra tivo del Huila que puso fin a la actuación, así como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el ad quem arribó a las siguientes conclusiones:

“Lo anterior permite a la Sala concluir que, al no haberse logrado acreditar la

Huila que puso fin a la actuación, así como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el ad quem arribó a las siguientes conclusiones:

“Lo anterior permite a la Sala concluir que, al no haberse logrado acreditar la existencia de otras circunstancias, si la víctima infringió la normatividad de trÆnsito por infracciones por las cuales es factible atribuírsele la responsabilidad en el accidente, pues existe una relación de causalidad directa entre tales circunstancias y el daæo causado como consecuencia de este. En otras palabras, el daæo se produjo a causa de la infracción.

En este orden, atendiendo que todos los componentes de verificación de las causas del siniestro establecidos orientan a la Sala a establecer con visos de realidad que la causa del siniestro en el que resultó muerto el seæor RONALD ALBERTO VARGAS, estuvo determinada por el comportamiento exclusivo de la víctima, la Sala confirmarÆ el fallo de primera instancia, que declaró probada esta circunstancia como eximente de responsabilidad”11.

5.3. En lo relativo a la apelación del auto que negó el decreto de la prueba pericial, sostuvo:

10 Cfr. sentencia C-590 de 2005. 11 ˝ndice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 6B27EFB8 D0356FE1

82CBB5168C278516 BE05C0A35DBD2607 E3898A0F480F2365.0000

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Accionante: Leidy Johana Vargas `ngel

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